¿Cuánto cuesta limpiar de libros prohibidos las bibliotecas en Florida?

Para cumplir con una ley estatal recientemente promulgada, los distritos escolares de Florida están destinando decenas de miles de dólares, tratando de inventariar digitalmente los libros disponibles en las bibliotecas escolares K-12. El mayor escrutinio —y posterior retirada— de libros específicos ha empujado a muchas escuelas a buscar ayuda externa para esta importante empresa, informa una investigación de ‘POLITICO’.

La ley exige que todos los centros cataloguen digitalmente cada libro disponible para los alumnos en las bibliotecas de aula. Ante la escasez de personal y las vastas colecciones de libros, muchos centros han optado por subcontratar la tarea de garantizar que todos los libros puedan consultarse en los sitios web locales. Los servicios de terceros para este trabajo oscilan entre 34 000 y 135 000 dólares anuales, según los contratos analizados por durante la investigación.

Candace Allevato, directora del plan de estudios de secundaria de las escuelas del condado de Lee, destacó la importancia de contar con bibliotecas completas en las aulas. “Pero”, señaló, “primero tenemos que pasar por el proceso de inventario y asegurarnos de que todos los libros cumplen con los nuevos requisitos”.

Este año, la Legislatura de Florida, dirigida por los republicanos, reforzó las leyes de transparencia educativa, aplicando una supervisión más estricta sobre los libros que podrían considerarse inapropiados para menores. 

Además, la ley responsabilizó a los distritos escolares de los libros que los profesores llevan a los campus para las bibliotecas de las aulas. Esta intensificación de las políticas surge de un impulso conservador más amplio en Florida, defendido por el gobernador Ron DeSantis, con el objetivo de regular los programas escolares, especialmente en lo que respecta a temas de raza e identidad de género.

Sin embargo, la aplicación de la ley ha provocado varias controversias. Libros como “Beloved”, de Toni Morrison, han sido retirados de las bibliotecas escolares, e incluso el poema de Amanda Gorman sobre la investidura presidencial ha visto limitado su acceso tras la denuncia de unos padres.

Los demócratas, junto con los defensores de la libertad de expresión, critican estas medidas por considerar que dan prioridad a la censura sobre una revisión adecuada. Los republicanos, por su parte, sostienen que su objetivo es proteger a los niños de contenidos explícitos.

El cambio crítico de tener bibliotecas de aula inventariadas y evaluadas por un especialista en medios educativos acreditado ha sido un motor importante para buscar ayuda externa. Varios distritos, como los condados de Lee, Broward, Hillsborough, Pasco, Collier y Okaloosa, han recurrido a una empresa con sede en Washington D.C., Beanstack.

El software de Beanstack ofrece una solución eficaz, que permite a los educadores determinar al instante el estado de un libro dentro del distrito. Los contratos con Beanstack han variado; por ejemplo, la junta escolar de Hillsborough gastó más de 135 000 dólares, mientras que el condado de Lee acordó un trato de 88 000 dólares.

La empresa, sin embargo, se ha enfrentado a sus luchas internas con la decisión de ayudar a la ley de Florida. Beanstack enfatiza su creencia en proporcionar a los estudiantes acceso a literatura diversa. A pesar de las preocupaciones potenciales, el cofundador de Beanstack, Felix Brandon Lloyd, cree que el software está ayudando en última instancia a mantener más libros accesibles a los estudiantes.

Hasta ahora, los distritos parecen satisfechos con la oferta de Beanstack. “Beanstack parece que va a suponer una gran mejora”, afirma Samuel Fisher, miembro del Consejo Escolar del condado de Lee.

A medida que se acerca el semestre de otoño en Florida, las consecuencias de esta ley, tanto financieras como ideológicas, aún están por ver. 





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