En un significativo cambio de política, la administración Biden anunció a última hora del miércoles que concederá autorización legal de trabajo a unos 472 000 migrantes venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos. La decisión permite a estos inmigrantes vivir y trabajar en el país durante los próximos 18 meses.
El intenso cabildeo de los demócratas neoyorquinos allana el camino para la decisión
El anuncio se produjo tras una rigurosa labor de presión por parte de destacados demócratas neoyorquinos, como la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Eric Adams y líderes del partido en el Congreso como el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries. Estos funcionarios se habían manifestado sobre el riesgo de colapso de la red de seguridad social de la ciudad debido a la afluencia de más de 110.000 inmigrantes recién llegados. Argumentaron que los inmigrantes necesitaban poder trabajar legalmente para aliviar la presión sobre los servicios públicos.
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, citó el deterioro de las condiciones en Venezuela como una razón clave para la medida, afirmando que estas condiciones “impiden su regreso seguro”. Sin embargo, aclaró que las protecciones no se extenderían a los migrantes que llegaron después del 31 de julio de 2023, y dijo que tales individuos serían “removidos cuando se encuentre que no tienen una base legal para permanecer”.
Implicaciones políticas y económicas de la medida
La decisión ha sido recibida con amplia aprobación entre los demócratas, no sólo en Nueva York, sino también en estados como Illinois, donde las autoridades también han estado pidiendo reformas migratorias. En una declaración conjunta, Schumer y Jeffries describieron la política como un “bienvenido paso adelante”, destacando que “reduciría sustancialmente el coste para los contribuyentes neoyorquinos en relación con la acogida de solicitantes de asilo”.
Sin embargo, las ramificaciones políticas son complejas. A medida que aumenta el número de inmigrantes en las ciudades del norte de Estados Unidos, a los líderes demócratas les preocupa que la crisis de la inmigración pueda afectar negativamente al sentimiento de los votantes, sobre todo en distritos indecisos clave. Los republicanos de Nueva York ya han aprovechado la oportunidad para fomentar una narrativa de discordia y mala gestión demócrata.
El presidente Biden evitó hablar de los problemas de inmigración de la ciudad durante su reciente viaje de cuatro días a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero se reunió en privado con la gobernadora Hochul para tratar el asunto.
Retos actuales y medidas futuras
A pesar de la aprobación para los migrantes venezolanos, la alcaldesa Adams reiteró sus llamamientos para que el gobierno de Biden extienda protecciones similares a decenas de miles de migrantes de otras naciones que actualmente buscan asilo en la ciudad de Nueva York. En la actualidad, la ciudad da cobijo a 60 000 solicitantes de asilo, y el coste de su alojamiento, educación y atención sanitaria podría ascender a 12 000 millones de dólares en los próximos años. Permitir que estos inmigrantes trabajen podría aliviar considerablemente la carga financiera de los servicios públicos y generar nuevos ingresos fiscales.
El gobierno de Biden también ha asignado 140 millones de dólares en fondos de emergencia para Nueva York y está buscando financiación adicional en el Congreso. Funcionarios federales se encuentran sobre el terreno en la ciudad de Nueva York para ayudar en la tramitación de los inmigrantes que reúnen los requisitos para trabajar. pero aún no han presentado las solicitudes.
Aunque la nueva política marca un cambio significativo, también pone de relieve los retos que plantea la revisión del sistema de inmigración estadounidense. Los funcionarios de la Casa Blanca siguen insistiendo en que sólo una reforma integral por parte del Congreso puede ofrecer una solución duradera.
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