Imágenes por satélite publicadas por el Wall Street Journal y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) revelan una preocupante concentración militar del gobierno venezolano en la isla de Ankoko. Este territorio en disputa, situado en la frontera con Guyana, ha sido testigo de un aumento de la actividad militar venezolana, que incluye la construcción de almacenes adicionales, el despliegue de seis vehículos de transporte de personal, helicópteros y embarcaciones de tamaño medio, y mejoras en las infraestructuras locales.
Sin embargo, esta escalada militar del régimen del presidente Nicolás Maduro no debe confundirse con el preludio de una invasión total. Comparativamente modestas en escala, especialmente cuando se yuxtaponen con precedentes como la concentración de Rusia en la frontera de Ucrania en 2022, estas maniobras han sembrado la alarma entre las naciones de la región. A pesar del consenso subyacente de que una invasión a gran escala sería desacertada y probablemente desastrosa para Maduro, como la fallida aventura de Argentina en 1982 en las Malvinas, el ruido de sables ha provocado una oleada diplomática para prevenir un posible conflicto.
La reciente Declaración de Argyle, resultado de conversaciones mediadas por líderes caribeños en las que participaron Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, subrayó un compromiso colectivo con la paz, renunciando expresamente al uso de la fuerza. Este acuerdo, junto con los compromisos diplomáticos de Brasil y Estados Unidos, señala un esfuerzo regional e internacional para mantener la estabilidad y evitar una escalada de las tensiones.
Sin embargo, los motivos subyacentes de la postura militar de Maduro parecen ser más insidiosos que una mera estrategia territorial. El trasfondo de la lucha política interna de Venezuela, en particular el desprecio del régimen por el Acuerdo de Barbados —destinado a garantizar procesos electorales justos en 2024—, sugiere una desviación estratégica. El acoso a figuras de la oposición, las manipulaciones judiciales para excluir a la candidata presidencial María Corina Machado y la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel ponen de relieve un debilitamiento sistemático de las normas democráticas.
Las maniobras de Maduro en la frontera con Guyana podrían interpretarse como un intento de desviar la atención del descontento interno y de las críticas internacionales por su incumplimiento de los acuerdos democráticos. La escasa participación en el referéndum del año pasado sobre la región de Esequibo, reclamada por Venezuela, pero parte de Guyana, indica la disminución del entusiasmo público por las distracciones nacionalistas frente a una verdadera reforma política.
A nivel internacional, la estrategia de Maduro puede desviar temporalmente la atención de los problemas internos de Venezuela, ya que las partes interesadas regionales y mundiales dan prioridad a la prevención de conflictos interestatales frente a la presión para lograr reformas democráticas dentro de Venezuela. Sin embargo, este enfoque conlleva posibles errores de cálculo, donde incidentes menores podrían escalar hasta convertirse en enfrentamientos significativos, lo que subraya la importancia de un compromiso diplomático continuo para mitigar el potencial de un conflicto no intencionado.
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