Una grave crisis ambiental y de salud pública se está desarrollando en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que 100 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar amenazan la salud y la seguridad de los residentes en la zona sur del condado de San Diego. La alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, ha declarado la situación de emergencia, con más de 800 días de cierre de playas y enfermedades generalizadas en la comunidad.
El río Tijuana, clasificado como una masa de agua contaminada por la Ley de Aguas Limpias de Estados Unidos, es el desafortunado conducto de esta contaminación. Con origen en México, el río transporta aguas residuales sin tratar, residuos industriales y escorrentía urbana a través de la frontera hacia California, afectando directamente a las regiones costeras de Imperial Beach, San Ysidro y Coronado antes de llegar al océano Pacífico.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha documentado esta catástrofe medioambiental, señalando el asombroso volumen de contaminantes vertidos al río Tijuana en los últimos cinco años. Un informe reciente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego ha calificado la situación de “crisis de salud pública”, aludiendo a la inadecuación de las actuales medidas de regulación y control.
Los contaminantes no sólo incluyen enfermedades humanas y del ganado, sino también patógenos con genes resistentes a los antibióticos y sustancias químicas industriales prohibidas en California. Las muestras de suelo de la zona han revelado niveles peligrosos de arsénico y cadmio, que superan los umbrales de seguridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Los profesionales sanitarios locales, como los doctores Kimberly y Matt Dickson, de South Bay Urgent Care, en Imperial Beach, informan de un aumento significativo de pacientes que sufren enfermedades gastrointestinales, atribuidas no al contacto directo con aguas contaminadas, sino a la propagación más amplia de bacterias y virus por la comunidad. Esto indica el carácter generalizado de la contaminación, agravado por las fuertes lluvias recientes que han extendido las aguas residuales por las calles de la ciudad.
En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en 2020 un fondo de 300 millones de dólares para la ampliación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de San Ysidro. Sin embargo, la asignación de estos fondos se ha visto comprometida por la necesidad de mantenimiento urgente tras el paso del huracán Hilary y las tormentas posteriores. Se han solicitado otros 310 millones de dólares de fondos federales para seguir abordando la cuestión, aunque su aprobación sigue pendiente.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas anunció un proyecto de Rehabilitación y Ampliación Progresiva de Diseño y Construcción para la planta de tratamiento de aguas residuales en diciembre de 2023, con el objetivo de mejorar la infraestructura y evitar la contaminación en el futuro. Sin embargo, la alcaldesa Aguirre y otros funcionarios subrayan la necesidad de una acción y un apoyo más inmediatos tanto a nivel federal como estatal para mitigar este desastre medioambiental en curso y salvaguardar la salud de las comunidades afectadas.
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