Mientras todos los ojos estaban sobre lxs atrincheradxs en el número 955 de la calle Damas, en el barrio de San Isidro, a solo un kilómetro de distancia ocho mujeres, casi todas madres, también estaban sitiadas por la policía.
Víctimas de la violencia económica[1] e institucional ejercida por el Estado cubano, sobre todo por el Instituto Nacional de la Vivienda, ellas permanecen desde el 13 de noviembre ocupando un taller abandonado, propiedad de la Oficina del Historiador de La Habana, con el reclamo de mejores condiciones para sus viviendas. De este modo se suman a una historia de resistencia —que debe ser sistematizada por investigaciones— de mujeres cubanas marginalizadas que ocupan locales estatales abandonados, como bodegas, refugios antiaéreos, edificios de viviendas destinadas a militares, entre otros, en forma de protesta e, incluso, para su supervivencia.
Cuando se revisan los reportes de desalojos denunciados por la prensa independiente en Cuba, enseguida llama la atención la marca de género.
¿Cuántas de estas mujeres podrían haber estado huyendo, además, de la violencia doméstica?
No existen estadísticas —al menos públicas— que relacionen estos dos problemas actuales de la sociedad cubana: el déficit habitacional y la violencia de género.
Según datos publicados en 2018, el déficit de viviendas asciende a más de novecientas mil, y su recuperación estaba fijada en diez años. La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 reveló que el 35 % de las mujeres identifica la escasez de vivienda como uno de sus problemas principales, mientras que un 10 % reconoció la presencia de violencia y maltrato, aunque la encuesta no aclara en qué contexto. Sin embargo, a partir del análisis de las respuestas a preguntas más específicas, se pudo detectar que el 36,9 % de las mujeres se había encontrado en una situación de violencia machista dentro de sus relaciones de pareja en algún momento de sus vidas. Ante una agresión, el 57,4 % de las mujeres se divorciaría de su pareja, mientras que solo el 8,1 % optaría por irse de la casa. De las mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja, únicamente el 3,7 % de las encuestadas ha acudido a alguna institución o servicio para pedir ayuda.
La abogada y activista feminista Alina Herrera ha señalado que la carencia de una vivienda alternativa, ya sea en calidad de refugio o de bien personal adquirido, es uno de los mayores problemas para las mujeres víctimas de la violencia de género intrafamiliar. Advierte además que, aunque las casas de orientación a la mujer y la familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) pueden ofrecer asesoría a mujeres en situación de violencia machista, en nuestro país no contamos con ningún centro de acogida, y las políticas de prevención y protección a las víctimas son tibias o inexistentes.
El marco normativo internacional que insta a la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia de género incluye la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en vigor desde 1981, firmado y ratificado por Cuba; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, para la cual existe en Cuba un Plan de Acción Nacional de Seguimiento (PAN) por Acuerdo del Consejo de Estado desde 1997; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), de 1995, la cual Cuba no ha firmado, al no ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Desde el inicio de la pandemia, la ONU alertó del peligro del aumento de la violencia doméstica, acentuada por los confinamientos y la crisis económica. En Cuba, a diferencia de otros países, no se impulsaron medidas específicas para combatir esta crisis paralela, más allá de la publicación de una Guía de intervención integral y el anuncio de la habilitación de una línea de ayuda por parte de la FMC que aún no ha entrado en funcionamiento.
Las denuncias y la presión ejercida en redes sociales por colectivos de mujeres, plataformas feministas y aliades, resultaron en la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 12 de noviembre, de un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aunque no se detallaron las 44 medidas que comprende. La Solicitud de Ley Integral Contra la Violencia de Género presentada en 2019 por cuarenta cubanas, y rechazada por el Parlamento cubano, propone la implementación de “un sistema integral de prevención y atención” que, entre otras medidas, “considere la necesidad de la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas”.
En lo que va de año se han denunciado en Cuba 26 feminicidios, incluyendo uno durante la última semana.
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Según el Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 creado por ONU Mujeres y el PNUD, solo 48 de los 206 países y territorios analizados consideraron los servicios relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas como parte integral de sus planes de respuesta nacionales y locales frente a la pandemia, y muy pocos previeron financiación adecuada para tales medidas.
En países como España, estos servicios son financiados por el gobierno y gestionados fundamentalmente por las comunidades y ciudades autónomas. Durante el Estado de Alarma, el gobierno aprobó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el reparto de fondos que respaldaran su declaración como servicios esenciales.
Las primeras Casas de Acogida en España se crearon en 1984. Hoy, el Convenio entre las Comunidades Autónomas para la Coordinación de sus Redes de Centros de Acogida a la Mujer Víctima de Violencia de Género, en asociación con el Instituto de la Mujer, articula estos espacios a nivel nacional, con el fin de garantizar la protección y seguridad de las víctimas de la violencia de género y lxs menores a su cargo, en particular cuando se hace necesario alejarles de su agresor para comenzar un proceso de recuperación y empoderamiento, fuera de la región de residencia.
Estos centros de acogida, que suman más de 90 en España, permanecen abiertos las 24 horas del día todo el año, y tienen diferentes modalidades: Centros de Emergencias para estancias de hasta 30 días, Centros Integrales atendidos por un equipo —psicóloga, trabajadora social y educadoras— para estancias de hasta 6 meses, y pisos tutelados para estancias aproximadas de un año. Durante el Estado de Alarma, también se habilitó la posibilidad de trasladar a las víctimas —mujeres e hijxs— a alguno de los 364 hoteles que permanecieron abiertos.
El gobierno ofrece además a estas mujeres otras garantías de justicia reparativa, como ayudas económicas en forma de exenciones en las contribuciones a las Seguridad Social o programas de inserción laboral con incentivos a empresas; prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores; becas y ayudas al estudio, entre otras. Lxs expertxs coinciden en que la reinserción laboral es clave para cerrar el círculo de violencia.
Estos centros también contribuyen a generar empleo para mujeres especializadas en el tema. Muchas de las mujeres que llegan a estos espacios acaban de vivir experiencias traumáticas de maltrato extremo, y como consecuencia rechazan la presencia de figuras masculinas. Una de las condiciones para que estos espacios sean seguros, es que el acompañamiento esté a cargo de personal femenino.
Es importante señalar que aún existen barreras administrativas o burocráticas que impiden el acceso a estos centros a todas las mujeres por igual, en especial a las migrantes y las trabajadoras sexuales. Algunas investigaciones señalan incluso que un 59 % de las mujeres pueden retrasar o negarse a ir a un recurso de emergencia o una casa de acogida porque estos no admiten animales de compañía.
Por otra parte, en México, con una población y una tasa de feminicidios muy superiores a las de España, la gestión de los centros de acogida es mucho más descentralizada. La Red Nacional de Refugios (RNR), organización feminista sin fines de lucro, inició actividades en 1999 impulsando la articulación y movilización de diversos sectores de la sociedad —gobierno, academia, iniciativa privada, medios de comunicación y ciudadanía— para la creación, profesionalización y fortalecimiento de espacios seguros para la prevención, atención integral y protección para mujeres en situación de violencias de género y sus hijxs.
Actualmente esta red, operada por organizaciones de la sociedad civil (85%) y organizaciones estatales (15 %), está integrada por más de 72 espacios —en 22 estados del país— que se dividen en Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y Casas de Transición. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Gobierno de México destina fondos estatales para su sostén.
Estos refugios deben garantizar a las usuarias y sus hijxs, de forma gratuita, un sitio seguro y digno para el alojamiento temporal, protección, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica y apoyo emocional, con el objetivo de apoyar un proceso de toma de decisiones hacia una vida libre de violencia. Con el fin de promover la autonomía de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos y su participación en la vida privada, pública y social, deben además ofrecer programas reeducativos integrales y capacitación laboral, así como acceso a una bolsa de trabajo.
El Gobierno mexicano declaró estos espacios como servicios esenciales que deben permanecer abiertos durante la pandemia, pero las subvenciones se han entregado con retraso. A pesar de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México ha registrado datos que confirmaron el aumento de los feminicidios con respecto al 2019, y de que la Red Nacional de Refugios, durante los meses de confinamiento, dio respuesta a un 51 % más de solicitudes que en el mismo período del año anterior, el Gobierno de López Obrador anunció recortes masivos de presupuestos que amenazan la financiación de los Refugios para Mujeres que Viven Violencia Extrema.
En la Ciudad de México se denuncian al menos 50 casos de violencia y abuso sexual cada día, sumados a los casi 10 feminicidios diarios en todo el país, la mitad de ellos atravesados por otros tipos de violencia vinculadas al crimen organizado. El índice de impunidad en estos casos es elevado: apenas 1 de cada 5 asesinatos de mujeres en México se clasificaron como posible feminicidio, pese a que protocolos de la Corte y del Consejo Nacional de Seguridad indican que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como presuntos casos de violencia de género.
El pasado 4 de septiembre, Erika Martínez, integrante del frente feminista Bloque Negro, inició la ocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) —ubicado en el número 60 de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México—, en protesta por la impunidad del agresor sexual de su hija, denunciado desde 2017. El inmueble, que ya cumplió tres meses de ocupación, ha sido renombrado “Okupa Cuba-Casa Refugio”, y se ha convertido en un espacio de resistencia a la violencia machista, llegando a albergar a más de 40 personas.
El edificio, lleno de pintadas, ha sido transformado en función de la organización autogestiva y autónoma, con diez comisiones que se encargan de los alimentos, la limpieza, la medicina, la seguridad y las finanzas. Los cuadros de próceres mexicanos que decoraban la institución fueron intervenidos, exhibidos y subastados para beneficio de la casa Okupa, y se han organizado festivales, marchas y performances de acción directa que contribuyan a su autogestión. Además, reciben donaciones de ropa, alimentos, medicamentos, juguetes y contribuciones monetarias que sostienen los gastos cotidianos y los viáticos de las familias que se acercan desde otras ciudades.
Las demandas del colectivo OKUPA Bloque Negro incluyen justicia y reparación para los casos de violencia machista de “las personas que estuvieron dentro, de las que siguen dentro y de las que están afuera viviendo violencia”, pero también la modificación de leyes y un reconocimiento público por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las fiscalías, de la gravedad de la violencia de género y violencia feminicida en México.
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Los acontecimientos de las últimas semanas en Cuba demuestran que la ocupación de un inmueble estatal queda fuera del panorama de posibilidades para el activismo en Cuba. ¿Sería posible entonces el establecimiento de refugios solidarios e independientes del Estado para víctimas de violencia machista en Cuba?
En la novela 1Q84, de Haruki Murakami, el personaje de la viuda Shizue Ogata, una anciana acaudalada, patrocinaba un refugio para mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales en las afueras de Tokio, a quienes brindaba un espacio seguro y atención psicológica, con la protección de un guardaespaldas privado. Aomame, la protagonista, ajusticiaba a los victimarios según le encargaba la viuda. Las demandas de justicia feminista se distancian cada vez más del enfoque punitivista, enfatizando la necesidad de políticas integrales de prevención de violencia contra la mujer y de rehabilitación tanto de las víctimas como de los agresores. Sería interesante, sin embargo, que alguna viuda del antiguo reparto del Country Club en la Habana habilitara un espacio para proteger a mujeres que sufren la violencia machista en Cuba, así como garantizar su protección, aprovechando la proximidad a zonas militarizadas de alta seguridad.
“No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, es uno de los lemas más repetidos por los colectivos feministas este año. En Cuba esto no es menos cierto, según confirman varias denuncias realizadas en la plataforma #YoSíTeCreo. La criminalización y persecución de los activismos en el país, que pasa por la difamación en los medios de prensa del Estado, dificultan la articulación de cualquier iniciativa independiente y autogestionada. Sin embargo, han existido algunas iniciativas exitosas.
Desde el 27 de marzo de este año hasta finales de julio, a través de la primera consejería telefónica para víctimas de violencia machista en la isla, #YoSíTeCreo en Cuba acompañó a 30 mujeres de entre 18 y 70 años —víctimas de violencia física, psicológica, policial y sexual, más un caso de violencia obstétrica—; además, ha dado visibilidad en las redes sociales a numerosas denuncias, llamando la atención de las instituciones y acelerando su actuación.
“La Bombonera”, en Centro Habana, es una casa de renta exclusiva para mujeres trans y sus parejas, administrada por Agustín Díaz. Desde 2010, cuando habilitó oficialmente el Libro Registro de Arrendatarios, y hasta noviembre de 2019, había hospedado a 266 parejas en las seis habitaciones independientes del inmueble. Agustín declara que alquila por una cuestión humanitaria, a precios asequibles en comparación con la media de los alquileres en la Habana. También asevera haber sido citado repetidas veces por la policía y haber sufrido numerosas detenciones arbitrarias.
Un modelo similar pudiera ser efectivo para establecer casas de acogida autogestionadas para víctimas de violencia de género en Cuba, con los permisos necesarios para el arrendamiento de habitaciones a nacionales, cuyos gastos se pudieran financiar con campañas de crowdfunding y contribuciones mensuales solidarias.
Varias campañas exitosas de crowdfunding en Cuba también han sido atacadas desde instituciones estatales, como ha sido el caso de algunas producciones de cine independiente, o como ha ocurrido con el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) dirigido por la artista Tania Bruguera. Luego del tornado que azotó a algunos barrios de La Habana en 2019, numerosos actores de la sociedad civil articularon varias iniciativas de crowdfunding y, en colaboración con algunos negocios privados, se movilizaron para contribuir a la recuperación de las personas afectadas.
Otro problema sería quién asumiría la titularidad del inmueble y de los permisos. Hasta ahora, la plataforma #YoSíTeCreo en Cuba ha sido exitosa, entre otros motivos, por el anonimato que han logrado mantener en las acciones que han articulado. Perder esta garantía de seguridad pudiera resultar en acosos, por parte de agresores y de la policía, a las gestoras de este proyecto. Asimismo, la replicación de esta iniciativa en otras provincias y la articulación de traslados de víctimas de un lugar a otro sería compleja, pues la legislación cubana actual pone trabas a la migración interna.
En abril de 2019, en La Habana, lxs activistas animalistas encabezaron la primera protesta independiente con autorización oficial de los últimos 60 años, para exigir el fin del maltrato a los animales y la aprobación de una legislación que garantice el derecho de los animales a recibir cuidados y protección jurídica en Cuba. Diferentes asociaciones de defensa de los animales, así como activistas independientes, ya han gestionado por varios años espacios en distintas provincias para el refugio y la rehabilitación de animales callejeros, garantizando su protección hasta el momento de la adopción.
A pesar de los ataques que han recibido también desde la prensa oficialista, estxs activistas lograron recientemente un acuerdo inédito con la institucionalidad: la Ley de Bienestar Animal incluirá la creación de centros de gestión estatal para la rehabilitación de animales y el establecimiento de procesos de adopción.
Otra posibilidad pudiera ser una colaboración del sector privado extranjero con el Estado, que incluso pudiera ser apoyado por fondos humanitarios de organismos internacionales. Un supuesto similar a lo ocurrido en España durante el confinamiento, cuando los empresarios brindaron las habitaciones vacías de los hoteles que administran para acoger a víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. En septiembre de 2019, el sector hotelero cubano, con presencia en todas las provincias del país, presentaba una tasa de ocupación de un 43%. Este año, con las sanciones económicas y la reducción de viajerxs que llegan al país como consecuencia de la pandemia, esta tasa no ha hecho más que reducirse.
Si el Estado cubano, movido por las presiones del activismo feminista, llegara a asumir eventualmente la responsabilidad de crear casas de acogida, ¿cuán inclusivas serían estas instituciones? ¿Tendrían acceso a ellas las mujeres que el Estado no reconoce como ciudadanas con derechos, por causa de su activismo político?
Para el funcionamiento de casas de acogidas solidarias en Cuba es necesario, por un lado, que el Estado cubano reconozca y permita los activismos, y por otro, la activación de la sociedad civil cubana, dentro y fuera del país, que se comprometa con el sostenimiento de estos espacios hoy tan necesarios.
Ya existen las condiciones para la articulación de diferentes agentes de la sociedad civil. ¿Qué rol va a asumir el Estado?
Este artículo se realiza en colaboración con la Plataforma de Acompañamiento a Víctimas de Violencia Machista #YoSíTeCreo en Cuba.
Nota:
[1] Según datos revelados en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016, el principal problema para las mujeres en Cuba es el de los bajos ingresos económicos, que afecta al 72,8 % de las encuestadas.
Tecnoviolencia machista y Decreto-Ley 370 en Cuba
Pensar que el Decreto-Ley 370 pudiera subvertirse atravesándolo con una perspectiva de género, es cuando menos ingenuo. La movilización de recursos humanos y tecnológicos para ejercer la censura, y no para proteger de violencias sexuales a los usuarios de las redes, así lo demuestra.
