Los procesos de lucha y resistencia en la Abya Ayala siempre han contado con la participación protagónica de las mujeres como impulsoras de estos cambios, a pesar de su deliberada ausencia en los grandes relatos de la historia. En Venezuela, nombres como Juana Ramírez “La Avanzadora”, Josefa Camejo, Eulalia Ramos, Luisa Cáceres, son algunos de los pocos referentes que se han visibilizado de mujeres al frente de las luchas independentistas. Incluso antes de que se dieran estos procesos, las africanas esclavizadas emprendían a diario múltiples acciones para debilitar el sistema económico esclavista; entre estas, el control de la fertilidad a través del aborto (Meléndez, 2009).[1]
La Revolución Bolivariana no ha sido la excepción, las mujeres venezolanas estuvieron y están al frente de la implementación de los distintos programas sociales, siendo el indiscutible músculo en las bases que permitió durante los gobiernos de Hugo Chávez alcanzar grandes logros. Sin embargo, los procesos revolucionarios en el país no han modificado la deuda histórica que existe con las venezolanas, en particular con las mujeres pobres, que han afrontado obstáculos y discriminaciones en diversos ámbitos; los mismos que hoy en día se recrudecieron frente a una crisis estructural que prácticamente ha dilapidado lo logrado en la década pasada en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
En el presente artículo abordaremos a grandes trazos la situación respecto a los derechos humanos de las mujeres venezolanas, visibilizando datos de diversas fuentes oficiales e información alternativa, para de esta manera justificar la necesidad de pensar e impulsar una agenda feminista en el país.
El artículo no pretende ser exhaustivo en el abordaje de tan complejas problemáticas, sino ofrecer una visión inicial y general del tema.
Mujeres venezolanas y la Revolución Bolivariana
En Venezuela, abordar este tema es controversial porque para muchas personas la actual crisis tiene claros cimientos en los gobiernos de Hugo Chávez; así, el control estatal de la economía, el mantenimiento de una economía rentista y la confrontación directa con la principal potencia bélica del mundo (EE.UU.) son parte de las razones esgrimidas. Sin embargo, es inexcusable para mí no reconocer la contundencia de las mejoras sociales vividas por la mayoría del país hasta 2013, fecha en que culmina el mandato de Chávez tras su repentina muerte.
Los siguientes datos pueden respaldar esta afirmación, teniendo en cuenta que previo a la llegada de Chávez se había aplicado en Venezuela durante más de una década un paquete neoliberal con importantes consecuencias sociales; entre ellas la sistemática represión de movilizaciones populares.[2]
Observemos en la Gráfica 1 cómo disminuyó la pobreza en el período 2000-2013 por método de medición. Un comportamiento similar tuvo la indigencia que pasó de 14.9% en el año 2000 a 8.8% en 2013 (por ingreso) y de 19.9% a 5.5% por el método de necesidades básicas insatisfechas.
Fuente: INE (2015).
El economista Luis Salas afirma que de los años 1999 a 2013 hubo un crecimiento del PIB, acompañado de una disminución de la pobreza y de la desigualdad, en contraste con la década anterior, donde podían observarse períodos de crecimiento económico. Esto no se traducía en la disminución de la pobreza y/o de la desigualdad porque el aumento del PIB no tenía su correlato en mayor inversión pública en políticas sociales; es decir, la riqueza producida por el país se concentraba en pocas manos (2016).
En materia educativa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció que durante los años 2000-2015 Venezuela era uno de los países con mayor gasto público en educación (s/f), lo cual permitió la erradicación del analfabetismo y su reconocimiento internacional en 2004. En 2010, Venezuela se convirtió en el segundo país en Latinoamérica con mayor matrícula estudiantil universitaria y el quinto en el mundo, a través de la estrategia de universalizar y municipalizar la educación universitaria (Telesur, s/f).
Aunque pueda existir controversia respecto a los datos, todas las estadísticas de este período fueron replicadas y reconocidas por diversas instancias internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 2013), la UNESCO, entre otras, que avalaron los avances en materia social, muy evidentes para las y los venezolanos.[3]
En este contexto, las mujeres venezolanas se vieron beneficiadas como parte de la población en su conjunto, accediendo a los diversos programas sociales que se implementaron y satisfaciendo sus necesidades prácticas.[4] Sin embargo, otros datos estadísticos dan cuenta de una mejora relativa de la situación socioeconómica para ellas y de un impacto muy limitado en la modificación de la posición subordinada de estas en el orden social de género.
La CEPAL registra que durante el mismo período hubo un aumento de la feminización del empobrecimiento. Eso implica que los hogares pobres estaban concentrando mayor cantidad de mujeres, como muestra la Gráfica 2. Para el año 2013, por cada 100 hombres había 142.7 mujeres en hogares en extrema pobreza (o indigencia).
Gráfica 2. Índice de Feminidad por Condición de Pobreza e Indigencia
2000-2013[5]
Fuente: CEPALSTAT (2016).
Para ver estas cifras en contexto, en México, por cada 100 hombres hay 110 mujeres en hogares pobres; mientras que el promedio del índice de feminidad en hogares pobres en América Latina es de 112.7, ubicándose Venezuela por encima en ambos casos (Observatorio…, 2019).
La feminización del empobrecimiento no es un debate concluido. De hecho, no existe consenso respecto a una sola explicación; por ejemplo, puede deberse a un incremento de la tasa de mortalidad de hombres en sectores poblacionales con alta concentración de pobreza o simplemente a una “distribución poblacional”. Sin embargo, los estudios de pobreza realizados desde una perspectiva de género (PEG) ponen de relieve que factores como la División Sexual del Trabajo —y dentro de esta la imposición de los Trabajos No Remunerados (TNR) para las mujeres, en particular las pobres—, así como la subvaloración de las labores remuneradas que realizan las mujeres, el embarazo adolescente —y abandono escolar por esta causa—, entre otros elementos como consecuencia del orden social de género, contribuyen a la multiplicación de obstáculos que vienen a sumarse a otros sistemas de opresión que son fuente de discriminación para mujeres y hombres, como el sistema capitalista.[6]
Aunque no hay datos oficiales de cómo está la pobreza en el país hoy en día, sí existe mucha producción de información desde otros espacios[7] —especialmente cualitativa— que sirve para aproximarnos a conocer la magnitud de la crisis actual.
En febrero de 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, señora Alena Douhan, realizó una visita al país y en su informe destacó los siguientes elementos respecto a la situación en el país:
[…] el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener la infraestructura y ejecutar los proyectos sociales. Hoy en día, Venezuela enfrenta una carencia en rubros muy necesarios, como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos de Venezuela congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan USD 6 mil millones […] Los impedimentos para la importación de alimentos que constituyen más del 50% del consumo han traído como consecuencia el crecimiento progresivo de la desnutrición en los últimos seis años y hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa […]
La Relatora Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y apoyar los programas sociales, lo cual ha tenido un efecto devastador en toda la población venezolana y, en especial, en aquellos que están en situación de pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados o pacientes con enfermedades crónicas o que amenazan la vida, así como la población indígena (Consejo…, 2021).
Considerando lo expuesto por la relatora de la ONU y las preexistentes brechas de género en el país, se puede estimar que, para las mujeres, la situación actual es de profunda precariedad material. En Venezuela, la feminización del empobrecimiento se complementa con otros datos que pueden sostener que este fenómeno, efectivamente, guarda relación con la posición subordinada de las mujeres venezolanas. Por ejemplo, para 2015, casi 51% de las mujeres en edad laboral formaban parte de lo que el INE califica como “población inactiva”.[8] Dentro de este grupo existían casi 3 300 000 venezolanas dedicadas, exclusivamente, a trabajos no remunerados en sus hogares; es decir, mujeres que dependían en lo económico de otras personas para poder adquirir alimentos y servicios esenciales para el desarrollo de la vida. Mientras, solo había 73 562 hombres en dichas labores; es decir, 2.2% del total de personas en el renglón.
Otro dato revelador es la subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos. Para las mujeres venezolanas, el techo ronda 30% (Observatorio…, 2020), tanto en los cargos de elección popular, como en aquellos de confianza en el ejecutivo nacional; lo cual contrasta con su movilización y representación mayoritaria en los espacios de organización comunitaria donde, de forma no remunerada, ponen en marcha los programas sociales. En múltiples ocasiones se ha reconocido y aplaudido que 70% de los Consejos Comunales son liderados por mujeres (Maduro, 2018). Cómo no van a ser mayoría, si los hombres no están dispuestos a hacer labores no remuneradas.
En este punto, es importante señalar que la apuesta por la organización popular, por crear comunidad no solo en un sentido material, sino también simbólico, ha sido uno de los elementos más importantes de los gobiernos de Chávez; transitar de la democracia representativa a la democracia protagónica implicó grandes cambios en la articulación comunitaria, especialmente en sectores populares. Incluso, debe reconocerse como un paso importante que las mujeres venezolanas salieran del ostracismo de sus hogares y se apropiaran del espacio comunitario. Esto, por supuesto, ha modificado los imaginarios colectivos porque ahora las mujeres acceden a espacios de toma de decisiones con efectos reales en su entorno social más cercano. Pero la cosa no es tan romántica como parece.
Las políticas públicas que han potenciado la presencia de las mujeres en el espacio comunitario también han reproducido para estas roles de género como madres abnegadas, que no solo cuidan de sus familiares más cercano, sino a la comunidad en su conjunto, produciendo sobrecarga de trabajo con al menos dos jornadas laborales. Por otro lado, estos compromisos comunitarios —de facto— obstaculizan la búsqueda de trabajos remunerados, lo cual mantiene a las mujeres pobres en una situación de dependencia económica que limita la transformación sostenible de su posición.[9]
La mortalidad materna ha sido uno de los problemas de salud pública que se ha agudizado consideradamente en la última década en el país y que afecta solo a las mujeres. En 2015, el Gobierno reportó que fue el único Objetivo del Desarrollo no alcanzado por el país; vale decir que la meta establecida era lograr reducir la tasa a 14.5. Sin embargo, en 2020 el Estado venezolano informó ante la Corte Penal Internacional (CPI) que la tasa de mortalidad materna se ubicaba, en 2016, en 135.22 defunciones por cada 100 000 nacimientos.[10]
Fuente: PNUD (2020) y CPI (2020).
El aumento de la mortalidad materna es consecuencia visible de múltiples violencias que afrontan las mujeres venezolanas vinculadas a la no garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el embarazo adolescente —Venezuela tiene la tercera tasa más alta de la región, con 95 nacimientos por cada 1 000 adolescentes entre 15 y 19 años (UNFPA, 2019)—, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, de información para la planificación del embarazo[11] y la penalización del aborto.
El aborto es prácticamente un tema prohibido en los espacios gubernamentales y en/entre los liderazgos políticos de la oposición, prevaleciendo un panorama desolador sobre el tema en la agenda pública. El país tiene una de las leyes más restrictivas del continente al respecto, siendo legal solo si se demuestra que la vida de la gestante corre peligro; es decir, para casos de violación, es ilegal abortar. El Código Penal venezolano establece de seis meses a dos años de prisión para quien se provoque un aborto (art. 432) y con uno a dos años y medio para quien lo provoque. Con este “soporte legal” criminalizan a las colectivas feministas que informan sobre el tema o acompañan los abortos clandestinos.
En este punto es imposible no hablar de la defensora de Derechos Humanos Vanessa Rosales, quien fue detenida el 12 de octubre de 2020 por proporcionar información para la interrupción del embarazo de una menor de edad (13 años), en condición de pobreza, que había sido sistemáticamente violada por un hombre de 52 años que permanece prófugo. Su caso es emblemático, no solo por el proceso de criminalización, sino también por el hostigamiento judicial, imputándosele múltiples delitos para privarla de libertad: agavillamiento (asociación criminal), asociación para delinquir y aborto inducido por tercero, enfrentando una pena de doce años. No solo se buscaba sancionar a Vanessa; se creaba así un precedente altamente simbólico para lo que puede ocurrir con todas aquellas que aborten o acompañen un aborto.
Gracias a la enorme resonancia nacional e internacional que tuvo el caso, el 21 de julio de 2021 fue puesta en plena libertad, no sin antes vivir múltiples episodios de violencia judicial.
Finalmente, me gustaría hablar de la violencia feminicida. Para abordar este tema es necesario recurrir a datos de fuentes alternativas ante la ausencia de información oficial, lo cual es un elemento revelador del desinterés en una problemática que va en ascenso en el país. Según el monitor de feminicidios de Utopix, realizado por la antropóloga Aimee Zambrano Ortiz, los casos han aumentado sostenidamente:
Fuente: Zambrano (2021).
Las cifras no son las únicas que nos hablan; también las formas en que el Estado aborda la violencia feminicida. Por ello mencionaré tres feminicidios que terminaron siendo muy mediáticos y que ofrecen información de la actuación del Estado frente a tales casos.
Se trata de los feminicidios de Mayell Hernández (25 años, 2018), Ángela Aguirre (16 años, 2019) y Karla Ríos (39 años, 2020). Tanto Karla como Mayell habían recurrido a la justicia para denunciar a sus agresores y demandar protección de las autoridades frente al acoso sistemático de sus exparejas. En ambos casos el Estado las abandonó y no cumplió con la obligación de garantizarle el derecho a la vida.
Las denuncias previas tampoco fueron suficientes para que las autoridades sospecharan que habían sido las exparejas, evidenciándose un desconocimiento absoluto de cómo opera la violencia de género. En el caso de Mayell, incluso interrogaron a la expareja para luego liberarlo por falta de pruebas. Fue gracias a la presión de las colectivas feministas —quienes no dudaron ni un segundo en saber quién era el feminicida— que se logró acceder a la justicia. Sin embargo, para los familiares de Karla ha prevalecido una absoluta impunidad.
En el caso de Ángela, la primera autopsia reveló abuso sexual y un golpe contundente antes de ser arrojada al río aún con signos vitales. Posteriormente, la fiscal a cargo solicitó una segunda autopsia para “demostrar” que había sido un “accidente” y que había muerto por inmersión, alterando las pruebas y desechando en la investigación el último audio que Ángela envió a una amiga donde le decía que había sido violada. Gracias a la constancia de la familia en un particular contexto de amenazas y corrupción, y al movimiento feminista, se logró dos años después que se condenaran a las personas involucradas, para dos de las cuales se emitieron veintinueve años de privación de libertad.
El ascenso de los feminicidios y la prohibición del aborto son fenómenos consustanciales. Se presentan los cuerpos de las mujeres como un campo en disputa y se le dice a la sociedad que las mujeres no deciden sobre sus cuerpos. Entonces, ¿quién decide?, ¿a quién les pertenece? ¿Al Estado androcéntrico?, ¿a los esposos, a los padres…?
A manera de cierre
La información y los datos enunciados nos hablan de problemas estructurales, de la prevalencia de enfoques androcentristas en la agenda pública y en la definición de prioridades para el diseño e implementación de las políticas públicas que terminan siendo ajenas a los sensibles problemas que afectan a las mujeres. Podemos reconocer que el bloqueo y la crisis económica han exacerbado estas y otras problemáticas para las mujeres venezolanas, pero siempre teniendo en cuenta que no son coyunturales, sino históricas.[12]
Dicho de otra manera, durante la Revolución Bolivariana se han implementado políticas universales ciegas al género, complementadas con un enfoque maternalista de los programas que presuntamente están dirigidos a las mujeres; en particular los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada,[13] como la misión Madres del Barrio, donde se enuncia —o enunciaba— a las mujeres como las principales beneficiarias. Sin embargo, eran el medio —las operadoras— al servicio del Estado para garantizar satisfacer las necesidades del grupo familiar en su conjunto, en particular de niñas(os)(es) y personas mayores.[14]
Con tantas urgencias, el ejercicio de plantear una agenda feminista sería complejo de aprehender; pero es ideal que la crítica venga acompañada de ideas y planteamientos que enriquezcan el debate.
Por tanto, considerando los elementos abordados en el presente artículo, me atrevo a presentar algunos temas —muy importantes en sí mismos— que pudiesen detonar importantes cambios; a saber: 1. que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, lo cual implica legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito, siendo el piso mínimo necesario, el punto de partida para abordar los aspectos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (embarazo adolescente, embarazo/mortalidad materna, anticoncepción, entre otros); 2. la distribución de los trabajos no remunerados entre el Estado, sector privado, hombres y mujeres, lo cual pasa por crear un sistema nacional de cuidados, así como por darle un viraje a la participación de las mujeres en el espacio comunitario —no para que dejen de hacerlo, sino para que sea remunerado)—; 3. implementar protocolos de actuación con perspectiva de género para la investigación de feminicidios y la oportuna atención de víctimas de violencia de género como medida mínima para acabar con la impunidad y garantizar la protección integral de las víctimas, respectivamente.
Si pensamos en lo precarizadas que están las mujeres venezolanas actualmente y en lo poco que se transformó el orden social de género durante dos décadas, llegaríamos a la conclusión de que, para ellas, no hubo una revolución. Con esto no pretendo desconocer ni los importantes logros de los gobiernos de Chávez ni el efecto criminal de las Medida Coercitivas Unilaterales (MCU) o sanciones económicas y financieras emprendidas principalmente por EE.UU.[15]
Pero sí es importante tener en cuenta que la incapacidad para investigar con perspectiva de género los feminicidios o la criminalización del aborto nada tiene que ver con el bloqueo económico, sino con un problema estructural de indolencia o misoginia; no hay otra opción. Por ello, es necesario y urgente repensar —desde todos los espacios— estrategias que permitan la feminización de la política y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Referencias bibliográficas
AVESA (2021): “La salud de las mujeres venezolanas. Crisis del sistema sanitario y Covid-19”, en https://avesa.blog/2021/04/22/la-salud-de-las-mujeres-en-venezuela-crisis-del-sistema-sanitario-y-covid-19/.
Boada Guglielmi, Isabela (2018): “La perspectiva de género en los marcos interpretativos del programa Madres del Barrio y su contraste con las representaciones del expresidente Hugo Chávez”, tesis de maestría, FLACSO.
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) (2013): “Se enlentece la reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina», en https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/desacelera-se-reducao-pobreza-indigencia-america-latina.
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPALSTAT) (2016): “Base de Datos y publicaciones estadísticas de Género”, en https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2782&idioma=e.
Consejo de derechos humanos de la ONU (2021): “Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, en https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26747&LangID=S.
CPI (2020): Gobierno de Venezuela, “Annex II to the Prosecution’s Provision of the Supporting Document of the Referral Submitted by the Government of Venezuela ante la Corte Penal Internacional”, en https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/20-4-AnxII.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES) (2020): “Encuesta nacional de condiciones de vida. La pobreza en sus múltiples dimensiones”, en https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5f03875cac6fc11b6d67a8a5_Presentaci%C3%B3n%20%20ENCOVI%202019-Pobreza_compressed.pdf.
Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) (2015): “Estadísticas Sociales, Pobreza”, en http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45.
Maduro, Nicolás (2018): “El 70% de las personas que lideran los consejos comunales son mujeres”, en https://versionfinal.com.ve/politica-dinero/maduro-el-70-de-las-personas-que-lideran-los-consejos-comunales-son-mujeres/.
Meléndez, Sharon (2009): “Del machete al hechizo. Formas de resistencia entre los esclavos y esclavas de origen africano y afro-caribeño durante el período colonial”, en https://revistas.upr.edu/index.php/cih/article/view/16468/14012.
Observatorio de Igualdad de género Género de América Latina y El Caribe (2019): “Índice de feminidad en hogares pobres”, en https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres.
Observatorio de Igualdad de género Género de América Latina y El Caribe (2020): “Poder legislativo: porcentaje de escaños ocupados en los parlamentos nacionales”, en https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) (2013): “Reconocimiento de la FAO a Venezuela”, en http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/230150/.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (s/f): “En América Latina y el Caribe solo solo Cuba alcanzó los objetivos globales de la Educación para todos en el período 2000-2015”, en https://es.unesco.org/news/america-latina-y-caribe-solo-cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-periodo-2000-2015.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2020): “La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno. República Bolivariana de Venezuela”, en http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/VEN.pdf.
Salas, Luis (2016): “Hugo Chávez: en defensa de su política económica y su economía política”, en https://questiondigital.com/luis-salas-hugo-chavez-en-defensa-de-su-politica-economica-y-su-economia-politica/.
Telesur (s/f): “Logros de la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez”, en https://www.telesurtv.net/news/Logros-de-la-Revolucion-Bolivariana-con-Hugo-Chavez-20160722-0071.html#.
UNFPA (2019), en https://www.amnistia.org/ve/blog/2020/10/16785/la-perspectiva-juvenil-femenina-respecto-a-la-sociedad-actual.
Zambrano, Aimee (2021): “En Julio de 2021 la violencia continúa: En Venezuela han ocurrido 131 casos de femicidio en 7 meses”, en https://utopix.cc/pix/en-julio-de-2021-la-violencia-continua-en-venezuela-ocurrieron-131-casos-de-femicidio-y-13-casos-de-femicidios-frustrados/.
Notas:
[1] Sharon Meléndez enumera diversas formas de resistencia de las y los esclavos, que van desde protestas violentas como las rebeliones y confrontaciones, hasta acciones cotidianas como ausentarse en las plantaciones y cultivos, fingiendo enfermedades. El suicidio, el aborto, e incluso el infanticidio cuando se trataba de niños producto de la violación de los blancos a las esclavas, formaban parte de las acciones cuyo objetivo eran debilitar el sistema esclavista.
[2] Quizás el episodio más emblemático en este sentido es El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, como consecuencia de la implementación del paquetazo neoliberal del Fondo Monetario Internacional, que detonó la movilización del pueblo venezolano. Según cifras oficiales, la jornada dejó 276 muertos; pero diversas organizaciones sociales hablan de más de 3 000 personas desaparecidas. Hoy en día se identifica El Caracazo como un antecedente central de la asunción de Hugo Chávez.
[3] A partir de 2008 y durante varios años, la población venezolana fue colocada entre las más felices del mundo, según diversas mediciones: Guinness World Records (2008), Mapa Mundial de la Felicidad realizado por Adrian White (2009).
[4] Aquí nos apoyamos en las conceptualizaciones que se han realizado desde el feminismo (Maxine Molyneux, 1985; Caroline Moser, 1993) acerca de las necesidades prácticas, referidas a las condiciones materiales para el desarrollo de la vida y para el cumplimiento del rol de género; por ejemplo, en el caso de las mujeres, satisfacer las necesidades prácticas sería garantizar el acceso al agua para la realización de los trabajos no remunerados en el hogar. Mientras, los intereses estratégicos son acciones encaminadas a cuestionar la posición de las mujeres en el orden social de género; por ejemplo, las leyes de paridad de género que garantizan una representación de 50% en los Parlamentos.
[5] Es importante tener en cuenta que el INE de Venezuela tiene unos datos de “Índice de feminidad por condición de pobreza” diferentes a los presentados en esta investigación, con un índice de 107.93 para pobreza y 112.78 para indigencia, en el II semestre de 2013. Consideramos que la diferencia radica en el método utilizado. Tanto el INE como la CEPAL realizan el cálculo a partir del Método de Línea de Pobreza; sin embargo, la CEPAL agrega otros elementos para la estimación de la pobreza que incluye un monto adicional en los ingresos para satisfacer necesidades básicas no alimentarias (CEPALSTAT, Ficha Técnica del Índice de Feminidad de la Pobreza y la Indigencia, 2014).
[6] Me identifico con la lucha del feminismo decolonial; por tanto, no creo en una transformación social separada de los hombres ni concibo los sistemas de opresión como ajenos entre sí, sino más bien como un todo que atraviesa los cuerpos oprimidos. En este sentido, y apelando a los aportes de Ochy Curiel, se usa la interseccionalidad como herramienta que permite observar e identificar la magnitud o complejidad de la discriminación que afrontan las mujeres, porque —definitivamente— no todas están igual de jodidas y marginadas.
[7] Según estudio realizado por varias universidades del país, hubo un aumento de más de 200% de la pobreza respecto a 2013 (IIES, 2020).
[8] Casi todo lo que tiene que ver con estadísticas en Venezuela sigue produciéndose sin considerar relevante las desigualdades a partir del sexo. No compartimos la terminología “inactiva”, siendo esta expresión parte del engranaje patriarcal y del lenguaje que invisibiliza las labores no remuneradas y su contundente impacto en el desarrollo de las personas y los Estados. Según la economista Pascualina Curcio: “[E]l Producto Interno Bruto en Venezuela incrementaría 22% si le sumamos todo el trabajo no remunerado que se realiza en la economía, el cual, como ya mencionamos, en un 85% lo realizan las mujeres” (2020).
[9] Últimamente, también se han reportado asesinatos de líderes comunitarias por el crimen organizado. Caso emblemático el de Elizabeth Aguilera en 2016, en la Cota 905, zona popular en Caracas que ha estado controlada por grupos paramilitares. También en mayo de este año fueron descuartizadas Glendy Teresa Castillo (48 años) y Yanir Coromoto Castillo (33 años) en Barlovento, estado Miranda, según las investigaciones: “Ambas pertenecían a las estructuras del poder popular encargado de distribuir las cajas Clap [cajas de alimentos con precios regulados], las bombonas de gas y las jornadas de salud. Según fuentes policiales, fueron ajusticiadas por ‘colaborar con las autoridades’” (https://twitter.com/latablablog/status/1394696552602554368).
[10] En informe de 2020, el PNUD reportó que el promedio de la tasa de mortalidad materna para América Latina y El Caribe era de 72.7; por tanto, la tasa en Venezuela casi duplicaba el promedio de la región (http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/VEN.pdf).
[11] Algunas conclusiones señalan que 9 de cada 10 mujeres entrevistadas entre 15-59 años no han podido planificar sus embarazos; 7 de cada 10 mujeres no utilizan actualmente métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual; 6 de cada 10 mujeres no pueden costear consultas de medicina general, ginecología y mastología (AVESA, 2021).
[12] Podemos identificar problemáticas que con la crisis han tenido un importante surgimiento y consolidación, como la trata de personas, que está afectando también de forma diferenciada y exponencial a mujeres y niñas.
[13] En Venezuela se conoce poco que este tipo de programas fuer promovido por entes financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en toda Latinoamérica para paliar las consecuencias de la embestida neoliberal en la región.
[14] Entre los compromisos que el programa Madres del Barrio le asignaba a las “beneficiarias” estaba que las labores de cuidados se realizaran “con amor y respeto”. Su artículo 9 establecía que en el contexto de los Comités de Madres del Barrio se brindara “afecto y ayuda a las amas de casa más pobres y sus familias”. La exaltación de estos sentimientos también guarda relación con estereotipos de género que ubican a las mujeres como portadoras y proveedoras “naturales” de amor, ternura y capaz de realizar abnegadamente infinitas acciones para sus hijos(as), reforzando las representaciones de mujer-madre que actúa movida por la entrega absoluta a las demás personas, incluso por encima de sus propios intereses (Boada, 2018:91).
[15] El Estado venezolano presentó en 2020 ante la Corte Penal Internacional un informe acerca de las consecuencias de las MCU, asegurando que las sanciones son la causa de la disminución de los ingresos al país por concepto de venta petrolera, los cuales pasaron de 42 millones de dólares en 2013 a 4 000 millones de dólares en 2018 (Gobierno de Venezuela ante la CPI, 2020:8); en consecuencia, el Estado dejó de importar buena parte de los insumos básicos para el desarrollo de la vida, desde compuestos químicos para la elaboración de medicamentos hasta repuestos para las maquinarias de los sectores productivos.
La actual situación económica y social en Venezuela es profundamente dolorosa, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, en Landaeta y otros, 2017:14, 20): 9 de cada 10 venezolanos(as) no pudieron pagar su alimentación diaria; en un año, 6 de cada 10 venezolanos(as) perdieron 11 kilos de peso por hambre y, en consecuencia, para 2017, 80% de los hogares venezolanos presentaban inseguridad alimentaria.
Los “humanos” de los Derechos Humanos
Ya me había quedado claro que “ser de los Derechos Humanos” representaba ser disidente u opositor/a del Estado cubano.
