Durante la última semana de diciembre fueron entregados en Cuba los premios nacionales (2023) de Literatura, Ciencias Sociales y Humanísticas, Patrimonio Cultural y Edición. En esta ocasión fueron galardonados María Elena Llana, Juan Jesús Guanche, Miguel Barnet y Enrique Pérez, respectivamente. En el caso del escritor y etnólogo Miguel Barnet, fue celebrado por la obra de toda la vida, en reconocimiento a su “extensa labor de investigación y preservación” y “consagración al rescate y promoción de los elementos patrimoniales y más autóctonos de la cultura de la nación”. Asimismo, el Ministerio de Cultura (Mincult) entregó el Premio Nacional de Investigación Cultural al ensayista y director de la revista Temas, Rafael Hernández Rodríguez.
El ODC considera necesario recordar que estas personalidades de la cultura cubana oficialista, congratuladas por el régimen y en posiciones privilegiadas, forman parte de una tradición intelectual dentro del proceso político con una función altamente instrumental. Tanto Llana, como Barnet y Pérez han sido firmantes de comunicados oficiales en respaldo a la represión policial y a los juicios ejemplarizantes, ejecutados por el Gobierno tras las manifestaciones ciudadanas contra la pésima gestión de este (11J-2021 y 10-2022).
En la misiva “Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países” (La Jiribilla, 5-10-2022), por ejemplo, los firmantes ya mencionados, junto a la dirección de la política cultural del país, ofrecían total respaldo a las autoridades y negaban la violencia ejercida contra los manifestantes, alegando que “la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la Patria”. Asimismo, miembros de los jurados de Literatura y Ciencias Sociales de este año, como Nancy Morejón, Miguel Barnet, Marilyn Bobes y Alberto Prieto, también secundaron este mensaje.
Morejón, directora de la revista Unión y Premio Nacional de Literatura, y Barnet, Presidente de Honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), presidente de la Fundación Fernando Ortiz y también Premio Nacional de Literatura, han sido reincidentes en esta postura ante eventos con talante profundamente totalitario. En ocasión de la condena a muerte por fusilamiento contra tres jóvenes cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos secuestrando una embarcación, Barnet y Morejón, entre otros intelectuales, rubricaron el texto titulado “Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos” (Granma, 20-04-2003), que tenía el objetivo de aunar a personalidades culturales como mecanismo de legitimación del régimen ante el rechazo de la comunidad internacional. Los comisarios convocados para la firma de este fatídico documento también suscribieron y justificaron el proceso conocido como Primavera Negra, donde setenta y cinco periodistas, historiadores, y otros intelectuales disidentes fueron encarcelados con condenas de hasta veintisiete años de privación de libertad por “propaganda enemiga” y otros “delitos contra la Seguridad del Estado”.
El ODC invita a reflexionar sobre la intelectualidad y cultura nacionales, quienes deben su existencia al reclamo constante de su autonomía y singularidad. Pero este gesto perfectamente reconocible en la tradición del intelectual público es coartado por la subordinación que ejercen los Estados autocráticos. En ellos, el espacio público como escenario vital de debate y disenso para el desarrollo de políticas en aras del avance de la nación está secuestrado por la presencia, vigilancia y condicionamiento del poder de una élite autocrática. En esta atmósfera, los intelectuales y demás figuras públicas funcionan como comisarios y cadenas conductoras del mensaje oficial, tanto para difundir las medidas autoritarias como para legitimarlas hacia el exterior.
La entrega de premios y demás prebendas que disfrutan estos personajes son una moneda de cambio para el abandono de la neutralidad en el campo intelectual en favor de una organicidad militante, cómplice con la represión social y la expoliación del patrimonio nacional. Extendida esta política hacia las ciencias sociales y humanísticas no afecta solamente a la cultura, sino a la libertad de cátedra y a la producción científica del país. Por tanto, el ODC subraya el peligro de naturalizar y laurear una interpretación tergiversada y perversa del compromiso social de las personalidades de la cultura y las ciencias en Cuba.
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