El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un de los hito en el avance de los derechos de las mujeres al proclamar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta significativa fecha conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas en República Dominicana, a manos de la dictadura de Trujillo.
El recuerdo de las hermanas Mirabal se convirtió en el punto de partida para una serie de acciones globales destinadas a poner fin a la violencia de género. Aunque de manera extraoficial, los orígenes de esta jornada se remontan a 1981, cuando militantes y activistas alzaron sus voces contra la violencia de género.
En la concientización sobre este tipo de violencia, Naciones Unidas han desempeñado un papel central, marcando pautas y estableciendo herramientas para combatir la violencia basada en el género. En 1979, se logró la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la persistencia de la violencia llevó a la necesidad de medidas específicas.
El papel de las Naciones Unidas y la lucha global contra la violencia de género
En 1993, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentando las bases para un futuro deseado libre de violencia de género. La generación de conciencia también se convirtió en una herramienta importante, destacada por la resolución que designó, como se ya se mencionó, el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta iniciativa llamó a gobiernos, organizaciones internacionales y a la sociedad civil a coordinar actividades que elevaran la conciencia pública sobre esta problemática.
Es innegable que la violencia no discrimina, pero también es cierto que existe una violencia específica, arraigada en estructuras sociales y culturales, que se cierne sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. Mientras reconocemos que la violencia también puede afectar a los hombres, debemos entender que la violencia de género es una manifestación de desigualdad que pone a las mujeres en una posición de vulnerabilidad.
Las estadísticas lo evidencia, actualmente solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, y en 37 Estados aún no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además en otros 49 Estados no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. Son datos que ponen en evidencia la necesidad urgente de un compromiso global para cambiar estas realidades alarmantes.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, define la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico».
Los efectos psicológicos de esta violencia impactan la salud y el bienestar de las mujeres a lo largo de sus vidas. Los obstáculos tempranos en la educación limitan el acceso a oportunidades de empleo y restringen las posibilidades de desarrollo. A pesar de estos impactos, la violencia contra la mujer sigue siendo un tema relativamente silenciado, perpetuado por estigmatización social, lo cual a su vez facilita la impunidad de los perpetradores.
En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 5, destacan la importancia de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Sin embargo, la realidad actual refleja una brecha significativa entre la promesa de estos objetivos y la implementación efectiva de medidas para erradicar la violencia de género.
La realidad de la violencia de género y la necesidad de acción urgente
La violencia de género, en todas sus formas, constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en la actualidad. Según datos de 2021 de 87 países, una de cada cinco mujeres y niñas menores de 50 años ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental en el lapso de un año.
Para avanzar hacia la igualdad de género de aquí a 2030, fecha en la cual tendremos que rendir cuentas sobre el logro de los ODS, se requiere una acción urgente para eliminar las causas profundas de la discriminación que afecta los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Esto implica modificar leyes discriminatorias y adoptar medidas que promuevan activamente la igualdad. Sin embargo, el camino hacia la eliminación de la violencia de género se ve obstaculizado por la falta de asignación de recursos económicos. A nivel mundial, solo un 5% de la ayuda gubernamental se destina a la violencia de género, y menos del 0.2% se invierte en su prevención.
Es fundamental redoblar los esfuerzos y destinar más recursos económicos a organizaciones que trabajan en pro de la igualdad de género. La mejora de la legislación y la efectiva aplicación de la justicia son elementos cruciales en esta batalla. Además, se requiere fortalecer los servicios destinados a los supervivientes y proporcionar capacitación a los agentes del orden público para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de violencia de género.
Obstáculos y desafíos en la lucha contra la violencia de género: El caso de Cuba
Y es aquí en donde encontramos otro obstáculo mayor, en muchos contextos identificamos que el principal perpetrador de las violencias es precisamente el llamado a proteger, el Estado. A este tipo de violencia, se le conoce como violencia institucional. La violencia institucional, se entiende como aquella ejercida por el Estado, ya sea de manera directa o mediante políticas y prácticas que perpetúan la discriminación y la desigualdad, especialmente dirigidas hacia las mujeres. Esta forma de violencia se manifiesta en la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones gubernamentales ante la violencia de género, así como en la promulgación de leyes, normas o prácticas que contribuyen a la vulnerabilidad y marginación de las mujeres.
Es por ello, que se entiende como necesario para combatir la violencia contra las mujeres, democracias sólidas y saludables. En democracias sólidas, las instituciones están diseñadas para garantizar la igualdad y la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a vivir libre de violencia. Una democracia saludable se caracteriza por la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Cuando estas características están presentes, se crea un entorno propicio para abordar la violencia de género de manera efectiva. Las mujeres pueden confiar en que las instituciones responderán adecuadamente a la violencia que puedan enfrentar, y las leyes y políticas se diseñarán y aplicarán para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia basada en el género.
Teniendo clara la relación entre la violencia institucional, la democracia y la violencia contra las mujeres, es esencial analizar contextos específicos que presenten desafíos particulares. Un ejemplo de ello es el caso cubano, donde la intersección de la violencia institucional y la vulnerabilidad de las mujeres demuestra la complejidad de abordar esta problemática en entornos autoritarios.
En Cuba la violencia institucional se ve exacerbada por la limitación de libertades y la violación sistemática de los derechos en general. La falta de acceso a datos confiables dificulta la evaluación el alcance del problema de la violencia contra las mujeres en la isla. A pesar de los informes de organizaciones internacionales y los testimonios de activistas, el control gubernamental sobre la información impide una comprensión completa de la situación.
Como se mencionó anteriormente, la violencia contra las mujeres se manifiesta de múltiples formas, y su impacto se extiende a esferas tan fundamentales como lo es el derecho a la alimentación. La vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género a menudo se traduce en limitaciones significativas en su capacidad para acceder a una nutrición adecuada y sostenible.
En el contexto cubano, la intersección entre la violencia contra las mujeres y el derecho a la alimentación se torna aún más compleja debido a las dinámicas específicas del régimen. La represión política no solo limitan la capacidad de las mujeres para denunciar casos de violencia de género, sino que también influyen directamente en su acceso a recursos esenciales, incluyendo la alimentación. Esta situación ha sido constatada por el trabajo realizado en Food Monitor Program, numerosas mujeres nos han compartido sus testimonios como evidencia de la violencia sistemática que se ejerce en su contra.[1]
El día a día de mujeres como Yuneisy, Rita, Tamara y Francisca se desenvuelve entre la violencia normalizada reflejada en la escasez y el difícil acceso a alimentos esenciales. Estas historias revelan cómo las mujeres cubanas enfrentan no solo la batalla cotidiana por la supervivencia, sino también una lucha más profunda y silenciosa contra la violencia que se esconde tras la precariedad alimentaria.
Yuneisyc con treinta y cinco años lucha en medio de un sistema alimentario marcado por el desabastecimiento y la regulación estatal. Su familia depende de un solo salario, el de su esposo, quien trabaja como cuentapropista. A pesar de no ganar mal en comparación con las escalas salariales estatales, Yuneisy y su familia gastan el 107% de sus ingresos mensuales, unos 7500 pesos en moneda nacional, en alimentos. La búsqueda constante de alimentos la lleva a agromercados, al mercado negro y a tiendas virtuales en un proceso desgastante y frustrante. La situación alimentaria precaria afecta no solo la variedad de alimentos en la dieta de su familia sino también la salud de Yuneisy, aumentando sus problemas reumatológicos.
Rita, maestra de escuela primaria y embarazada, se enfrenta a desafíos similares. Diagnosticada con diabetes gestacional a las 16 semanas, Rita lucha por mantener un peso adecuado y una dieta balanceada. Sin acceso regular a alimentos esenciales como carne de res o pescado, se ve obligada a recurrir al mercado negro, donde los precios fluctúan abruptamente. La escasez de productos y las limitaciones presupuestarias generan un estrés adicional durante su embarazo, un periodo que ya está marcado por la presión constante de los médicos de la familia.
Tamara, con de 36 semanas de embarazo, experimenta problemas de bajo peso y anemia leve. Las consultas médicas, lejos de proporcionar orientación detallada sobre su dieta, se convierten en meros trámites. Su situación se complica por la falta intermitente de suplementos alimenticios y las dificultades para acceder a productos como carne de calidad y frutas. La inestabilidad en la oferta y la calidad de los alimentos normados agrega preocupaciones adicionales a su estado de ansiedad durante el embarazo.
Francisca de 55 años, lucha diariamente contra la devastadora crisis alimentaria en Cuba. Ama de casa, depende de una ayuda esporádica del exterior y ahorros que apenas llegan a los 4 mil pesos cubanos. Su salud se resiente, sometida a tratamientos psiquiátricos y estrés continuo.
La desesperación la lleva a vender pertenencias personales para comprar comida. La calidad de los productos estatales es deficiente, con precios elevados y adulteraciones. Los apagones y ciclones empeoran aún más la situación, llegando al extremo de pasar días sin comida.
La experiencia de Francisca, Tamara, Rita y Yuneisy son relatos de hambre y desesperanza. Mientras luchan por sobrevivir, enfrentan no solo la violencia alimentaria sino también la violencia de un sistema que ignora sus necesidades básicas. En un país donde la crisis afecta a todos, las mujeres como ellas son víctimas doblemente vulnerables.
Estas mujeres, en distintas etapas de sus vidas, enfrentan la violencia estructural de un sistema que limita su acceso a alimentos básicos. La escasez, los precios fluctuantes y la falta de variedad en la dieta afectan no solo su salud física sino también su bienestar emocional.
La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas; es un costo para toda la sociedad. Su erradicación no solo depende de las acciones de unos pocos, sino de la voluntad colectiva de construir un mundo donde las mujeres vivan libres de miedo y opresión. En este Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, renovemos nuestro compromiso con la igualdad de género.
* Nastassja Rojas Silva es Investigadora del Food Monitor Program.
Nota:
[1] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-mercado-negro-y-sobrevivencia
Se agrava la crisis económica cubana
Funcionarios cubanos revelan la grave escasez de alimentos y combustible, con una reducción de los suministros esenciales de más del 50%.
