Cuba, protestas sociales y sociedad civil

Introducción

Las protestas ocurridas en Cuba en los últimos años constituyen un punto de inflexión en el convulso escenario político cubano. 

Desde el 5 de agosto de 1994 hasta los sucesos del 11J, momento más crítico del denominado Período Especial en Tiempos de Paz, los cubanos no habíamos presenciado protestas sociales ni disturbios.

Desde esa perspectiva contextual existen marcadas similitudes y a la vez elementos diferenciadores entre el conocido Maleconazo del 94 y otras expresiones de descontento, como la sentada frente al MINCULT el 27 noviembre del 2020 —que originó la existencia del Movimiento 27N—, los hechos del 11J del 2021, el fracaso de la marcha cívica para el cambio prevista para el 15 de noviembre de ese mismo año y las frecuentes protestas ocurridas en Cuba durante el resto del 2022, cuando la crisis económica y social que atraviesa Cuba se agudiza.

Hay que reconocer que el denominador común entre ambos contextos radica en que el sistema socialista de partido único atraviesa una crisis estructural desde hace décadas que ha conducido el país a una encrucijada: promover un consenso nacional, para lo cual es imprescindible comenzar un proceso de democratización del sistema post totalitario imperante a través del diálogo con los diferentes sectores que conforman la sociedad civil, o la violencia asociada a las protestas y disturbios sumirán la nación en un estado de ingobernabilidad.

Desde esa lógica contextual hay que reconocer que entre los elementos diferenciadores se encuentran el tránsito de una sociedad totalitaria singularizada por el liderazgo autoritario de Fidel Castro, factor estabilizador de aquellas protestas del 94 debido al capital simbólico que representaba su figura con su respectivo impacto en el imaginario social cubano, a un régimen post- totalitario regido por una burocracia ineficiente e impopular representada en la figura del mandatario Miguel Díaz-Canel, quien sucedió al octogenario Raúl Castro en el 2018.

El escenario cubano donde se han producido las protestas del 11J y las posteriores ha estado marcado por profundas desigualdades sociales acumulas en las etapas precedentes que hicieron colapsar el mito de la supuesta equidad del socialismo cubano tras la aparición de las tiendas en MLC y el impacto innegable de las nuevas tecnologías de la comunicación, como las redes sociales, devenidas en un factor movilizador de la sociedad civil cubana y la aparición de la pandemia de COVID-19 con sus efectos desbastadores en la sociedad.

A diferencia de los escenarios precedentes caracterizados por el inmovilismo, la apatía de la ciudadanía tras la ausencia de una sociedad civil con capacidad movilizadora, hoy asistimos al surgimiento de una incipiente sociedad civil independiente, conformada por grupos muy heterogéneos como los cineastas independientes, las asociaciones de protección de animales, periodistas y académicos, artistas, líderes religiosos, abogados, activistas de derechos humanos que se resisten al monopolio estatal y a la represión y no han renunciado a las esencias que definen a nivel internacional la sociedad civil, requisito fundamental para alcanzar la democracia y el Estado de derecho.

No olvidemos que el mandatario Miguel Díaz-Canel al llegar al poder en el 20018 heredó los fracasos sistémicos del socialismo cubano y los errores de sus antecesores Fidel y Raúl Castro. En lugar de emprender reformas estructurales al sistema postotalitario y centralizado, su política ha estado orientada a la continuidad de un modelo que había entrado en crisis décadas atrás.

Con la extinción del socialismo real en Europa, por mucho que los ideólogos de la izquierda pretendan defender la idea de la viabilidad del sistema y apoyar la retórica de su continuidad es imposible. Los sucesos recientes como las protestas del 11J y la existencia de una sociedad civil independiente que desafía múltiples formas de represión en su enfrentamiento al sistema demuestran que Cuba está cambiando de manera irreversible.

En ese sentido, el principal objetivo de este ensayo consiste en el análisis de la interrelación existente entre las protestas sociales ocurridas en Cuba en los últimos años, específicamente el período comprendido entre el 2020 y el 2023, y la consolidación de una sociedad civil alternativa al modelo socialista, además de analizar los factores estructurales que han incidido en las diferentes protestas, cuyo antecedente se remonta al Maleconazo del 94; deteniéndome en el abordaje de las causas estructurales y consecuencias del estallido social del 11J del 2021, agudizadas en el contexto actual.

Es necesario reiterar que dentro de esos factores estructurales que generaron las protestas analizaré aspectos como la desigualdad social asociada a la implementación de políticas económicas erróneas, comparables a las terapias de choque de los modelos neoliberales que tanto el régimen suele denunciar en su retórica habitual, la continuidad de un régimen considerado postotalitario que niega y reprime sistémicamente la sociedad civil independiente. En síntesis, esos son los ejes transversales sobre los cuales se sustenta mi tesis tanto en el orden teórico como metodológico.

Es necesario agregar que en cuanto al estudio sobre la evolución de la sociedad civil independiente sólo haré referencia a las experiencias asociativas vinculadas al universo y accionar de las organizaciones y asociaciones encaminadas a promover cambios estructurales en la sociedad cubana y fomentar libertades cívicas y el respeto a los derechos humanos.

Mi elección se sustenta en el hecho que han sido las más perseguidas por el régimen cubano y pese a la represión que han sido objeto continúan trabajando por el beneficio, el progreso y la democratización de la sociedad cubana en coherencia con los pilares de los derechos humanos y el Estado de derecho como conquista universal.

Por otra parte, es una realidad que existen otras asociaciones dentro del amplio espectro de la sociedad civil con una vocación filantrópica y humanista y niveles aceptables de autonomía e independencia como las vinculadas a la Iglesia católica, ejemplo Caritas Cuba, y no necesariamente persiguen una agenda enmarcada en el cambio de régimen, pero su estudio escapa a los objetivos de mi investigación.

El Maleconazo del 94 y la crisis de los balseros

Analizar los disímiles factores políticos, económicos y sociales del estallido social del 5 de agosto de 1994 en Cuba desde el contexto actual, implica ciertos desafíos y riesgos, teniendo en cuenta las diferencias contextuales y similitudes entre sucesos cercanos en el tiempo, pero que han tenido mayor connotación e impacto mediático en el período comprendido entre el 2020 y el 2022, desde la protesta del 27 noviembre del 2020 protagonizada por los artistas y activistas independientes y las históricas jornadas del 11J del 2021 y eventos similares ocurridos posteriormente.

La dificultad para lograr una mirada desprejuiciada y lo más objetiva sobre el tema radica en la ideologización con la cual suele abordarse, tanto por los medios oficiales como los independientes, e, incluso, los enfoques académicos. Casi todo aquel que aborda el asunto pretende monopolizar su verdad y perspectiva sobre estos hechos.

Para ser objetivo hay que tener en cuenta en qué contexto se produce el Maleconazo del 94: en medio del momento más crítico de la crisis económica y social de los noventa, bautizada eufemísticamente como Período Especial en Tiempos de Paz.

A inicios de los años noventa se produjo la desintegración de la URSS y del resto de los países socialistas y por ende como un efecto dominó desapareció el CAME (Consejo de Ayuda Mutua económica), principal mercado que poseía la nación cubana y fuente de subvención económica.

Las principales consecuencias de estos acontecimientos geopolíticos se notaron en el sector energético. La escasez de petróleo generó cortes de suministro eléctrico que fluctuaban entre 12 y 16 horas en todo el país. La adopción de medidas como la despenalización del dólar y la carestía de los suministros esenciales produjeron una alta inflación, que, en términos económicos, alcanzó los cuatro dígitos.

Como resultado de la crisis se produjo un deterioro inédito en la calidad de vida de la población cubana, acostumbrada a las ventajas sociales derivadas de un modelo económico y político que apostaba por el igualitarismo. En esos años la crisis fue tan aguda que proliferaron enfermedades de desnutrición asociadas a la escasez de alimentos.

Por primera vez se quebró el mito de la homogeneidad social del sistema político cubano y se extendió como la pólvora el descontento social en la nación, tal como ha ocurrido en los últimos años, situación agravada por el reforzamiento del embargo de EE. UU. encaminado a promover un cambio de régimen político y social, sobre todo, tras la adopción de las Ley Helms-Burton por la administración de Bill Clinton.

Un análisis riguroso sobre las causas de las protestas sociales del Maleconazo del 94 no sólo implica reconocer la gravedad de la crisis económica y social que atravesaba la isla durante esos años, sino otra realidad. Diez después de los sucesos del Mariel, Castro continuaba criminalizando las salidas ilegales. Un dato que corrobora lo expuesto es el siguiente: “entre 1991 y 1994 el gobierno cubano había impedido la salida ilegal del país de 37.801 personas”. (Arboleya, 2013)

Como ha sucedido en crisis anteriores, el régimen cubano no ha tenido la voluntad política de reconocer que las oleadas migratorias cubanas hacia EE.UU. —tanto el éxodo del Mariel en 1980 como la posterior crisis de los balseros en los noventa—, han sido signos insoslayables de oposición a su sistema político ante el fracaso del modelo económico y social socialista y el inevitable descontento en la población cubana, y ante la ineficiencia del régimen para encontrar soluciones a la crisis, agravada aún más por la prolongación del embargo de EE.UU hacia la isla que ha persistido durante más de cinco décadas.

Una vez más, este escenario desencadenó una nueva crisis migratoria acompañada en esta ocasión por hechos trágicos y violentos como el secuestro de la lanchita de Regla y el hundimiento del remolcador 13 de marzo por fuerzas del régimen cubano en agosto de 1994, que causó la muerte de 41 personas con la respectiva condena de la comunidad internacional.

Debido a la presión interna ante la crisis migratoria y los sucesos del Maleconazo del 94, el 12 de agosto de 1994, el gobierno cubano decidió levantar las restricciones a las salidas ilegales y como resultado, alrededor de 36.000 personas se lanzaron al mar en embarcaciones precarias con destino al sur de la Florida.

Según el politólogo Rafael Hernández: “Como fenómeno político, la crisis de los balseros de 1994 expresó un cambio en las percepciones sobre la salida del país, que llevaría a despenalizarla definitivamente y a ponerla en camino de hacerse normal. Los que se iban ya no eran exiliados, ni escoria, ni gusanos, ni nada. De hecho, la reconciliación con los emigrados se volvió cada vez más real, en su significado básico: las relaciones intrafamiliares. Los vínculos entre los residentes en la isla y fuera del país tomaron un curso propio. La política se fue amoldando a ese nuevo curso”. (Hernández, “¿Trick or treat? La situación política cubana en 2021”, 2021)

Lamentablemente la adhesión de este académico al régimen cubano le impide reconocer que la adopción de esta medida constituye una conquista de la sociedad civil cubana que alzó su voz en las protestas exigiendo libertad y una reacción del régimen cubano ante la presión interna e internacional para atenuar el descontento social y, como es habitual, mantener su monopolio político, con sus innegables consecuencias a largo y corto plazo, porque las cifras de cubanos que perdieron la vida durante el éxodo de los noventa es enorme y dramática.

Además, se ha comprobado y es innegable que en todas las crisis migratorias producidas en Cuba que amenazan la estabilidad política del régimen cubano, éste ha utilizado y capitalizado dicho escenario para exportar el descontento social y como mecanismo de presión al gobierno de EE. UU. con la finalidad de obtener concesiones y flexibilización en la política de sanciones de EE. UU. hacia la isla, para así poder mantenerse en el poder.

Esa estrategia no ha cambiado y la ha retomado el gobierno del actual mandatario Díaz-Canel con el apoyo de otro enemigo regional de EE. UU, Nicaragua, quien flexibilizó totalmente la entrada de cubanos, hecho que se ha convertido en un negocio lucrativo para ambas partes con sus respectivos matices políticos que escapan al objetivo del ensayo.

Las protestas que se produjeron durante el día el 5 de agosto de 1994 en los alrededores del Malecón habanero y la calle de San Lázaro no fueron neutralizadas solamente con la presencia del líder Fidel Castro. Ese es un mito que ha persistido a lo largo del tiempo en el imaginario social cubano y que resulta necesario desmontar.

Si bien su inesperada aparición contribuyó a propiciar el diálogo y la búsqueda de una salida temporal a la crisis, la orden de Fidel Castro de prohibir el uso de armas de fuego para sofocar las protestas, apeló a la represión policial y paramilitar a través del uso de estructuras paramilitares conformadas por sujetos reclutados en centros de trabajo afines al gobierno, denominadas eufemísticamente Brigadas de Respuesta Rápida, cuyo antecedente se remonta a la crisis del Mariel, concretamente, a la situación que se había generado frente a la Sección de intereses de EE.UU en La Habana en 1980.

El más impactante testimonio visual de los sucesos del Maleconazo de 1994 fue registrado por el fotógrafo holandés Karel Poort. En una de las fotografías es perceptible el uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de Seguridad pese al llamado del mandatario Castro de no usarlas innecesariamente.

Las claves sociológicas para interpretar el estallido social del 11J y el contexto actual

Hasta la fecha, se han publicados bastantes artículos de opinión en medios de prensa internacionales sobre los sucesos del 11 julio del 2021 sin profundizar suficientemente sobre sus causas estructurales y lecciones desde una perspectiva sociológica alejada del periodismo tradicional y la crónica sensacionalista.

Por tanto, resulta imposible analizar desde una perspectiva coherente lo sucedido el 11J en Cuba sin referirnos a varios aspectos esenciales estrechamente interrelacionados desde la lógica del protagonismo alcanzado por la sociedad civil independiente en los últimos años, como el surgimiento y evolución del Movimiento San Isidro (MSI) y los hechos ocurridos en noviembre de ese año, el arresto de Denis Solís que desencadenó un conflicto entre el MSI y las estructuras del poder y como consecuencia sus principales líderes Luis Manuel Otero Alcántara, Maikel Osorbo y Anamely Ramos iniciaron una prolongada huelga de hambre cuyo desenlace fue la intervención de la Seguridad del Estado y el arresto de los mencionados líderes.

Una vez más el sistema ignoró las demandas de un sector de la sociedad civil del ámbito cultural y artístico, lo cual trajo como consecuencia que se produjera un hecho inédito en la historia de la política cultural cubana cuyas claves sociológicas escapan a los objetivos de este ensayo, me refiero a la protesta de los artistas frente al MINCULT, el 27 de noviembre del 2020, con el objetivo de exigir la liberación de los líderes del MSI y dialogar con las autoridades del sistema institucional de la cultura, cuya política ha actuado como una extensión de los mecanismos represivos existentes para neutralizar el disenso y la libertad de creación artística.

Lo acontecido el 27 de noviembre frente al MINCULT sólo es comparable con el impacto mediático y cultural de la “Guerrita de los e-mails” diez años atrás, salvando las distancias contextuales, pues las motivaciones que impulsaron a los artistas que participaron en las acciones del 27N trascienden las demandas concretas que los convocó a protestar, es un fenómeno más complejo que escapa a los objetivos de este ensayo, pero no son muy diferentes a las asumidas por los artistas e intelectuales resentidos con el pasado represivo que caracterizó la política cultural cubana entre la década del setenta y el ochenta.

Desde esa perspectiva los hechos del 27N y los que sucedieron el 27 de enero del 2021 frente al MINCULT constituyen puntos de inflexión que representan el despertar de una emergente sociedad civil cubana hastiada de la censura y la represión, ávida de conquistar espacios de libertad y derechos, pero a diferencia de la “Guerrita de los e-mails” que no trascendió la esfera virtual, en esta ocasión se transitó a la esfera pública, teniendo en cuenta el poder monopolizador de las redes sociales y su vocación libertaria. 

Según el sociólogo especializado en temas sobre la sociedad civil Julio César Guanche: “Lo sucedido frente al MINCULT expresa también la toma de conciencia y la elaboración propia de un lenguaje de derechos y de repertorios de contestación hasta hace poco desconocidos en Cuba. Confirma el desplazamiento de la oposición tradicional —que nunca estuvo en el centro del escenario— y hace más visible una nueva zona crítica, parte importante de la cual no se identifica como “disidente” —etiqueta que otorga un margen de maniobra muy controlado por el Estado—, al tiempo que posee una visión cuestionadora del desempeño estatal”. (Zerá, 2020)

Después de lo sucedido el 27 de noviembre en Cuba se produjeron debates en los medios oficiales cubanos inéditos en la historia de la Revolución cubana, generalmente manipulados por el poder institucional, que históricamente se ha negado a dialogar con sectores artísticos e intelectuales que tienen el derecho legítimo a reclamar espacios de libertad de expresión en el panorama cultural de la isla y realizar propuestas de consenso que difieren de la ideología oficial y no necesariamente tienen que responder a agendas encubiertas.

Y el tercer aspecto de gran relevancia para comprender el panorama de vulnerabilidad social con muchas posibilidades de un estallido social fue la aparición en febrero del 2021 del video-clip Patria y Vida, dirigido por el realizador audiovisual Asiel Babastro. En esencia, Patria y Vida ha sido legitimada por diferentes sectores de la sociedad cubana cansados y hastiados de un discurso que sólo le exige al cubano resignación ante las penurias y la escasez, la falta de libertades y horizontes, mientras las élites políticas en Cuba viven rodeadas de lujos y privilegios.

En ese sentido, la canción ha tenido un efecto movilizador de la conciencia de la nación cubana, haciéndola reaccionar después de décadas de inmovilismo y apatía. Según Christina Azahar, etnomusicóloga de la Universidad de California, Berkeley: “La música de protesta significativa denuncia actos injustos. Llama a la acción política directa y proporciona un relato alternativo de la historia desde la perspectiva de los grupos marginados. Ayuda si la canción usa metáforas y alegorías para difundir su mensaje, para que no sea censurado o enterrado, y conmueve a la gente de alguna manera. Una gran canción de protesta crea un sentido de comunidad entre sus oyentes”. (Andrew, 2021)

Para el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, colaborador del Washington Post: “Patria y Vida dinamita la falsa dicotomía patriotera con la que han tenido que convivir los cubanos desde 1959, una elección forzosa e ineludible: el socialismo o la muerte. La canción intenta romper con la lógica del castrismo: o estás conmigo o estás contra mí. Y de ese modo, desde la triste y cruda realidad de la isla hoy, dibuja una salida imaginaria a la Cuba del futuro sin las ataduras totalitarias del presente”. (Henken, 2021 )

Después de lo acontecido en las jornadas del 11J considero oportuno realizar una primera observación: la negativa del régimen de reconocer que se trata de un estallido social que trascendió la magnitud de lo acontecido durante el Maleconazo del 94.

Históricamente ante las diferentes situaciones de desestabilización ocurridas en Cuba el régimen ha reaccionado con el mismo patrón: culpando a su enemigo histórico, el gobierno de EE.UU. de inducir directamente el fenómeno de inestabilidad social con la finalidad de minimizar su responsabilidad ante el malestar social generado por el fracaso del modelo socialista estatista y la desconfianza de la sociedad ante las políticas gubernamentales económicas destinadas a encontrar soluciones a una crisis cuya prolongación se debe a su naturaleza estructural, al agotarse las reformas para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

A diferencia del Maleconazo de 1994 nadie había presenciado en Cuba protestas masivas gestadas inicialmente en San Antonio de los Baños y que se expandieron como pólvora al resto del país, ocurridas en el momento más crítico de la pandemia en Cuba, cuando las personas estaban asfixiadas por la carencia de medicamentos, alimentos, los interminables apagones, una inflación galopante que ha llegado a niveles alarmantes hoy en día y aunque resulta innegable que hubo incidentes vandálicos como saqueos a comercios y otras expresiones de violencia callejera, el régimen ha intentado capitalizar esas realidades para reprimir a los que protestaron pacíficamente y criminalizar la protesta social y cívica de los cubanos.

El discurso y retórica del gobierno ante el estallido social del 11J insiste una vez más en culpabilizar al prolongado embargo de EE. UU sobre Cuba haciendo énfasis en la denominada estrategia de guerra no convencional, teniendo en cuenta el innegable papel que tuvieron los llamados influencer en el ámbito de las redes sociales con su innegable poder de convocatoria en un escenario de extrema vulnerabilidad social.

Según el sociólogo Julio César Guanche: “Pretender que la narrativa del golpe blando explique cada expresión de malestar social o su capitalización por el enemigo equivale a obturar cualquier espacio a la autenticidad de las demandas nacionales. En Cuba hay también agendas cubanas, problemáticas cubanas, activismos cubanos”. (Cava, 2021)

Aunque no podemos excluir la incidencia de factores externos si pretendemos realizar un análisis académico sobre el tema, tampoco pueden magnificarse, porque estaríamos legitimando la narrativa del régimen que ha pretendido descalificar las protestas bajo su retórica del golpe blando y resulta innegable que sus raíces estructurales son de índole estrictamente interno y multifactorial y está asociado directamente a la crisis estructural de sistema post totalitario agravado en el contexto de la pandemia y como consecuencia de la Tarea de Ordenamiento Monetario y la apertura de las tiendas de moneda libremente convertibles.

En ese contexto, el acceso a los bienes básicos para la subsistencia de la sociedad comenzó a depender del acceso a divisas y remesas, lo cual se traduce en un incremento inusual de la desigualdad social y niveles de pobreza superiores a etapas precedentes.

Como he expresado en párrafos anteriores, antes las reformas económicas de los noventa los niveles de equidad social que situaban la sociedad cubana entre las más igualitarias de la región era una verdad innegable, mito que se desvaneció a partir de las medidas adoptadas en esas circunstancias sin llegar a niveles alarmantes que fueran una amenaza para la estabilidad política y económica del régimen como ha sucedido en los últimos años.

Según datos ofrecidos por la Dra. Ailynn Torres Santana en su ensayo sobre la pobreza en Cuba en 1990, el índice de Gini^[1] en la isla era de 0,24% y los niveles de pobreza se calculaban en 6,6%, relativamente bajos para la época y “aunque no existen datos oficiales recientes sobre pobreza porque la última cifra es de inicios del 2000 con un índice de 20% de pobreza urbana, en cambio en el 2020 se estima una incidencia de pobreza multidimensional de 0,4% de la población”. (Santana, “Pobreza y desamparo en coyuntura cubana”, 2021)

Aunque estas cifras vistas fríamente a algunos no le ofrezcan conclusiones al respecto son una evidencia innegable que las medidas económicas adoptadas por el régimen en los últimos años encaminadas a garantizar su continuidad no sólo están lejos de ser una solución, sino que han agravado el panorama actual y han sido las claves del desmontaje progresivo e irreversible del mito sobre la equidad e igualdad social que había caracterizado al modelo socialista en etapas precedentes.

Cada vez más el Estado está desmontando sus políticas sociales destinadas a subsidiar el acceso a los recursos básicos que anteriormente habían funcionado como contención de la vulnerabilidad y precariedad social. Con esas medidas drásticas el eslogan de que la Revolución no dejará desamparado a nadie hoy es una consigna vacía sin credibilidad ninguna.

En ese sentido, las élites de poder en Cuba con la implantación de la Tarea Ordenamiento han generado un verdadero apartheid social que ha empobrecido la sociedad con muchos más perdedores con respecto a crisis de los noventa.

Por tanto, resulta entendible que el referido escenario de vulnerabilidad social fue el detonante principal de las protestas del 11J y la existencia de factores que he abordado con anterioridad y sobre los cuales me detendré más adelante, como la represión permanente sobre los diferentes sectores de la sociedad civil independiente y la ausencia de derechos civiles como la libertad de asociación y expresión.

Un elemento que expone la autora y que refuerza la idea anterior es que “durante más de una década de reformas, el gasto social ha disminuido proporcionalmente al presupuesto social y al PIB. Entre el 2006 y el 2018 se evidencia una reducción del gasto del presupuesto asignado a la asistencia social y se contrajo a dos puntos porcentuales, de 2,2% a 0,3%”. (Santana, “Pobreza y desamparo en coyuntura cubana”, 2021)

Considero que el punto de inflexión en la política económica y social cubana se sitúa a partir del mandato de Raúl Castro. Si el período anterior se caracterizó por una fuerte inversión social, mayor equidad y atención a la vulnerabilidad social el rumbo comenzó a torcerse con la implantación de Los Lineamientos de la Nueva Política Económica del Partido Comunista a partir del 2011, orientada en rasgos generales a desmontar progresivamente supuestas subvenciones y distorsiones del modelo anterior sustituyéndolo por una visión más pragmática con énfasis en la inversión extranjera, la iniciativa privada y el sector del turismo plasmada en el eslogan del socialismo próspero y sustentable que terminó teniendo efectos contrarios a sus objetivos estratégicos.

Los argumentos más coherentes para definir las esencias del modelo socialista cubano fueron expuestos por el destacado sociólogo Juan Valdés Paz, perteneciente a la izquierda y defensor del proceso revolucionario cubano, pero exponente de un pensamiento coherente y crítico con el sistema socialista que ha sido la clave de la trascendencia de su obra.

Es necesario aclarar que algunos de esos argumentos críticos hacían el sistema postotalitario cubano provienen de voces defensoras del sistema, pero poseedoras de una legitimidad que no debe desestimarse. La historia del pensamiento anticomunista tiene ejemplos dignos de admirar en ese sentido como el libro La gran estafa del peruano Eudocio Ravines y el del yugoslavo Milovan Djila en su libro La nueva clase, un ensayo magistral sobre el modelo soviético.

El prestigioso sociólogo resumió los rasgos que caracterizan ese modelo fallido: “El modelo de socialismo de Estado que hace de esta institución un poder omnímodo en todos los sistemas sociales, un diseño de Estado caracterizado por la centralización de las atribuciones y recursos, el verticalismo de la dirección, las manifestaciones de su corrupción, la burocratización de sus funciones y el muy bajo control democrático sobre su desempeño”. (Guanche, 2021)

Al igual que en la antigua URSS y sus satélites de Europa del Este, la burocracia ha sido la sepulturera del socialismo, porque esa visión estalinista del socialismo que niega los fundamentos democráticos y la existencia de una sociedad civil se arraigó profundamente en las bases estructurales del sistema político cubano. Según el investigador Renier Gary Angulo: “El proceso de estancamiento responde a un fenómeno que causó la quiebra de otros proyectos revolucionarios en el pasado: la burocracia. El sistema político e institucional cubano es altamente burocrático”. (Angulo, 2022)

Y para reforzar la tesis en relación al cambio de política social del modelo cubano en el período de transición entre Fidel Castro y su hermano Raúl Castro Valdés añade que “en la segunda década del 2000, la sociedad cubana ha devenido más estratificada, más diferenciada y desigual”. (Guanche, 2021)

Estos indicadores económicos son expresión de factores estructurales que tuvieron un peso relevante dentro de las causas de las protestas del 11J en Cuba y aunque no pueden aplicarse arbitraria y dogmáticamente develan una arista del fenómeno silenciada por el discurso oficial que ha pretendido criminalizar los actores sociales que protagonizaron estos hechos, incluso hoy en día muchos continúan reproduciendo el discurso que plantea que la gran mayoría de los que protestaron ese día eran delincuentes y vándalos, pero, incluso, quienes cometieron esos hechos como saqueos de tienda tienen derechos y no merecieron las condenas excesivas que el código penal cubano les impuso.

La investigadora Ailynn Santana, aunque condenó el vandalismo y los hechos delictivos que deslegitiman el carácter cívico de cualquier protesta como las que estamos acostumbrados a presenciar en Europa y otras naciones de la región, reconoció que ese componente vandálico y violento que acompañó las protestas del 11J también “es expresión del hartazgo de al menos una parte de la sociedad con la imposibilidad de sostener materialmente su vida, el estrechamiento acelerado de las zonas de igualdad, fundamentalmente la relacionada con la salud pública que antes amortiguaba las crisis sucesivas que vive Cuba desde los noventa, la ausencia de garantías insuficientes para derechos civiles y políticos de asociación, participación, expresión, la ausencia o inefectividad de respuestas institucionales de cara a su creciente precarización, la convicción de que esa situación insostenible se sostendrá”. (Santana, “11J en Cuba: sobre lo bueno y justo”, 2021)

Una cuestión esencial para comprender ese componente violento que acompañó estas protestas lo encontramos en el área de la Sociología y específicamente en la categoría de anomia, formulada por el sociólogo francés Emile Durkheim, quien adaptó el concepto de anomia de las Ciencias psicológicas al ámbito de la Sociología.

Hasta ese momento era empleado para explicar ciertos estados de desequilibrio patológicos de los individuos. Empleándolo por primera vez en su obra De la división social de las tribus (1893), en su libro tercero lo define “como aquella situación patológica en que la división social del trabajo no produce la solidaridad natural entre los miembros de una sociedad y los individuos se sienten dominados por la carencia de lazos que los vinculen”. (Diccionario enciclopédico Salvat Universal, 1978)

Aunque las raíces estructurales de la existencia de escenarios sociales marcados por comportamientos anómicos en la sociedad cubana no es algo exclusivo de la crisis económica y social de los noventa mucho menos del estallido del 11J.

Este fenómeno psicosocial posee su origen en la implantación progresiva del totalitarismo en su versión estalinista en Cuba con sus efectos devastadores, no sólo en el plano político y económico, sino axiológico, al desmontarse la escala de valores de una sociedad democrática y plural basada en valores cívicos y no dogmas ajenos a nuestros pilares fundacionales como nación como la simulación, el arribismo y ese oportunismo brutal a todos los niveles de la sociedad que copiamos del Socialismo real que sucumbió en la URSS y que aún no acaba de morir en el contexto cubano.

Los efectos antropológicos del totalitarismo en la sociedad cubana son considerados irreversibles hoy en día y la tendencia ha sido su agudización. Según lo expresado por Durkheim en su obra El Suicidio (1987): “Las causas que explican el comportamiento anómico no son psicológicas, sino de orden estructural”. (Diccionario enciclopédico Salvat Universal, 1978)

En ese sentido el principal aporte de la referida investigadora estriba en expresar que los estallidos sociales son el resultado del quiebre de la sociedad, de la ruptura del pacto social que Juan Jacobo Rousseau describió en esa gran obra que es El contrato socialen 1762 en relación a las relaciones entre ciudadanos y el Estado, obra que constituye un referente filosófico y sociológico para comprender las causas que generaron la Revolución francesa de 1789.

La crisis cíclica en el contexto cubano neutralizadas por la violencia del Estado en sus múltiples formas devela una realidad innegable, la insostenibilidad cada vez del sistema post totalitario porque la sociedad y sus instituciones en su totalidad demandan cambios estructurales radicales.

La realidad ha demostrado que la reacción del gobierno ante las diferentes protestas ha tenido un denominador común: cuando cambian las circunstancias concretas que dieron lugar a las dichas protestas todo continúa como antes y se retorna a la normalidad sin producirse cambios ni estructurales.

Las respuestas gubernamentales han estado orientadas generalmente a emprender reformas superficiales que no alteren su status quosin beneficio alguno para el fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil independiente y en la esfera comunicacional la tendencia ha sido el intento de monopolizar la narrativa sobre las causas que han provocado las protestas que en la era de las redes sociales resulta imposible, dos mundos paralelos confrontan entre sí, el mundo irreal que dibujan los medios oficiales y ese mundo virtual con sus luces y sombras, pero que constituye el referente comunicacional que mayor impacto tiene en la sociedad.

Para el politólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas y columnista de OnCuba, la anomia es definida como “una situación donde se desintegran normas y valores previamente establecidos; una reacción típica de períodos de cambios drásticos y rápidos en las estructuras sociales, económicas o políticas de la sociedad”. (Hernández, “Conflicto, consenso, crisis. Tres notas mínimas sobre las protestas”, 2021)

En ese sentido las protestas del 11 de julio, que tienen como precedentes los hechos tanto del Maleconazo del 94 como los relativos al MINCULT el 27 de noviembre explicados anteriormente, reafirman las ideas anteriores en relación al deterioro económico y social sistemático que ha atravesado la sociedad cubana desde la década del noventa hasta la actualidad, con las respectivas ruptura de normas de comportamiento a nivel social, no sólo en los entornos marginales, el fenómeno es mucho más complejo y se ha extendido como un cáncer que ha hecho metástasis en el resto de la sociedad.

En ese sentido “los grupos sociales que experimentan reacciones anómicas pueden sentirse desconectados, como si no pertenecieran a su sociedad y como si esta no valorara su identidad. La anomia puede provocar falta de propósito, desesperanza, y alentar la desviación y el delito”. (Hernández, “Conflicto, consenso, crisis. Tres notas mínimas sobre las protestas”, 2021)

En ese sentido la sociología estadounidense realizó considerables aportes a lo formulado por Durkheim al definir este fenómeno “no como la ausencia total de normas pues en este caso la sociedad estuviera sumida en el caos. La anomia es el resultado de la concomitancia de varios factores, algunos estructurales y otros no, sin que sea sencillo precisarlos. Debe tenerse en cuenta que los factores estructurales afectan a toda la sociedad y si conduce a individuos a la desviación es porque de alguna manera sobre esta pesa de una manera más directa o porque se combinan con otros factores no estructurales”. (Diccionario enciclopédico Salvat Universal, 1978)

En ese sentido Robert Merton, sociólogo estadounidense en su obra Teoría Social y estructura social, partiendo de las ideas de Durkheim sobre las causas que generan la anomia planteó que la principal estriba en que “a muchas personas la sociedad les exige esforzarse por conseguir ciertos objetivos sin facilitarles los medios legítimos y adecuados, institucionalizados para alcanzarlos”. (Diccionario enciclopédico Salvat Universal, 1978)

Aunque tanto Durkheim como Merton son exponentes del estructuralismo en sus postulados sociológicos sus teorías no pueden extrapolarse arbitrariamente a otros escenarios sociales, aunque el caso cubano hay elementos que son aplicables. En ese sentido un aporte insoslayable de Merton estriba en considerar que la anomia se genera también como el resultado del desequilibrio que genera las contradicciones existentes en una sociedad entre las aspiraciones sociales de los estratos más bajos de la sociedad y las posibilidades para alcanzarlas y el contexto cubano está marcado por los desequilibrios económicos y sociales, tendencia que viene agudizándose desde la crisis de los noventa.

El enfoque de Merton resulta totalmente aplicable al contexto cubano si pretendemos comprender las causas estructurales que incidieron en las diferentes situaciones y comportamientos vandálicos que presenciamos tanto durante las protestas del 94 como en el estallido social del 11J, como los saqueos de tiendas y otras situaciones violentas, porque resulta innegable que el desequilibrio derivado de la aplicación de reformas económicas erradas provocaron grandes desequilibrios en relación a la equidad social y la calidad de vida del ciudadano cubano con sus respectivo riesgo para su supervivencia social.

En un panorama tan desolador resulta comprensible que los niveles de exclusión social hayan desencadenado conflictos sociales, porque resultan incoherentes cada vez más con el discurso y la retórica gubernamental alejada cada vez más de la doctrina socialista y ese divorcio entre ese discurso mesiánico y la realidad marcada por la desigualdad social ha generado una crisis más profunda y compleja que la ocurrida en los noventa.

Resulta comprensible que las reacciones de los sectores sociales durante las protestas hayan sido diferentes y en eso intervienen varios factores, desde el status social, los niveles educacionales, el estrato social en un escenario donde la marginalidad ha sido un fenómeno invisibilizado por los medios oficiales cuyo incremento ha sido abismal en las últimas décadas. En ese sentido el cine independiente cubano posee el mérito de revelar al mundo esa realidad silenciada durante muchos años.

Aunque en las protestas del 11J prevaleció el carácter pacífico con demandas concretas por parte de diferentes sectores de la sociedad civil bastantes ignoradas por la narrativa del régimen, si comparamos la crisis del 94 donde hubo vandalismos y violencia, con presencia de jóvenes lanzando piedras contra las autoridades, en las protestas del 11J se han incorporado elementos novedosos e inéditos en cuanto a la intensidad y dimensión de la violencia con una respuesta represiva excesiva por parte del régimen con su carácter parapolicial superior al Maleconazo del 94.

El estrato social más implicado en estas acciones vandálicas y violentas eran jóvenes y adolescentes de raza negra provenientes de los barrios marginales, cuyo resultado más nefasto fue un fallecido reconocido por los medios oficiales, el ciudadano Diubis Laurencio Tejera que murió tras un disparo de la policía, incluyendo el caso del ciudadano Osiris Puerto que sobrevivió a varios disparos de la policía cubana.

Una de las imágenes que mayor impacto mediático han tenido de aquellas jornadas han sido las de autos pertenecientes a la policía volcados por manifestantes, imágenes que poseen una carga simbólica extraordinaria y refuerza lo expuesto anteriormente por diferentes autores.

Al igual que en el Maleconazo del 94, el régimen apeló a las Brigadas de Respuesta Rápida para socavar las protestas y ese patrón se repitió durante las más recientes protestas ocurridas a fines de septiembre del 2022, cuando el sistema eléctrico colapsó durante varios días que generó disturbios de menor magnitud que las ocurridas el 11 de julio del 2021, estrategia represiva de naturaleza paramilitar cuestionada por la comunidad internacional porque están usando jóvenes reclutas del servicio militar para tales acciones consideras ilegales e ilegítimas desde la perspectiva jurídica del Derecho internacional. 

Si históricamente la violencia del Estado ha sido desproporcionada ante las frecuentes protestas por parte de la sociedad civil, la violencia derivada de las protestas del 11J y en escenarios posteriores son una muestra tangible del impacto estructural que han tenido las reformas económicas emprendidas en las últimas décadas sobre diferentes sectores de la sociedad.

Tal panorama ha sembrado una total incertidumbre en la sociedad e instaurado la desesperanza, como expresaron los investigadores Rodrigo Amírola y Julio Martínez Cava: “Pensamos que la supervivencia de la Revolución depende precisamente de su capacidad para abrirse a las demandas de una sociedad civil cada vez más articulada y crítica. Le pelota está en el tejado del gobierno”. (Cava, 2021)

La sociedad civil cubana. Antecedentes y debates epistemológicos

En el contexto cubano, la inserción de Cuba a la órbita del bloque soviético durante la Guerra Fría tuvo resultados nefastos para el pensamiento social cubano, de modo que el estudio sobre la sociedad civil no fue sólo un tabú, sino que había desaparecido del panorama intelectual cubano.

El debate a nivel académico sobre la sociedad civil cubana fue retomado precisamente durante la crisis de los noventa, en un contexto que comenzaba a tornarse más plural y flexible en comparación con las décadas estalinistas, tanto en el pensamiento como en la cultura. Ese despertar incipiente sobre la sociedad civil es expresión de la profundización de desigualdades y asimetrías sociales que eran consecuencias del impacto social de las reformas estructurales de esos años.

En un estudio sobre las reformas de Gorbachov publicado antes de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, la sociedad civil fue definida de la siguiente manera:

“Sociedad civil es una donde los derechos son efectivamente garantizados y en la cual los grupos de interés pueden hacer valer sus derechos (…) La sociedad civil representa a la naciente clase empresarial, las agrupaciones independientes, la libertad de expresión, la libertad religiosa y otras mil fuerzas que fueron sofocadas y hostigadas después de la Revolución de 1917”. (Tejada, 2009)

Aunque son realidades y contextos diferentes en Cuba durante la existencia del bloque soviético proliferó una visión bastante estatizada sobre la sociedad civil al subordinar las diferentes agrupaciones que conforman la sociedad civil a la ideología oficial, visión que resulta incompatible con los presupuestos universales sobre la sociedad civil.

Entre los académicos cubanos que han estudiado la referida concepción de la sociedad civil como antípoda de los regímenes socialistas de Europa Oriental se encuentran autores como Rafael Hernández y el sociólogo Aurelio Alonso. Según Alonso esta concepción tuvo su origen en Polonia entre fines de los setenta y principios de los ochenta cuando el movimiento Solidaridad funcionaba en la clandestinidad.

Cualquier régimen totalitario no importa su sustento ideológico anula la sociedad civil al pretender legitimar una forma de asociacionismo que no es legítimo ni verdadero, un espejismo donde asociaciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) intentan erigirse como representantes del sector intelectual, cuando en la práctica detrás de esa aparente autonomía se esconde el verdadero rostro de esas asociaciones: crear una imagen de autonomía y libertad en la creación artística, cuando en la realidad actúan como mecanismos para ejercer control del estado sobre el sector intelectual y académico.

Aunque no pretenda profundizar en el análisis del ámbito asociativo en el contexto cubano resulta necesario tener en cuenta su importancia para el estudio de la Sociedad Civil porque en el plano jurídico las asociaciones fueron reconocidas legalmente por el Ministerio de Justicia de Cuba a partir del 27 de diciembre de 1985 bajo el amparo de la Ley 54.

El asociacionismo como un factor esencial de la sociedad civil no ha tenido un desarrollo normal en Cuba, ni ha estado ajustado a los estándares internacionales, debido al control estricto que ha impuesto el régimen cubano sobre el ámbito asociativo. En ese sentido ha prevalecido una concepción estatista que establece restricciones y límites cuando se trata de temas relacionados con derechos humanos, democracia y otras formas de activismo social.

La realidad cubana ha demostrado que aquellos proyectos orientados a crear asociaciones sobre perfiles considerados tabú como los referidos mencionados suelen ser vetados y otros aspectos como los religiosos suelen mirados con desconfianza y sospecha.

El germen de una sociedad civil alternativa al modelo totalitario imperante se remonta a la década del noventa como resultado de la escasez de bienes y servicios asociada a la agudización de la crisis económica y social de la década. En ese sentido la gestión de líderes religiosos evangélicos afines al régimen e intelectuales reformistas fue crucial.

Durante ese contexto surgieron expresiones de la sociedad civil pro democráticas que desafiaron la represión desatada por el gobierno de Fidel Castro (Cilano, 2022), como el Comité Cubano Pro- Derechos Humanos, los colectivos de periodistas independientes, el Centro cívico ubicado en la Diócesis de Pinar del Río encabezado por el activista Dagoberto Valdés y su gestión al frente de la revista Vitral, cuyo impacto social al interior de las comunidades católicas cubanas y en la sociedad en general ha recibido el reconocimiento nacional e internacional por su defensa de los derechos humanos y constitucionales del pueblo cubano.

Un punto de inflexión en la historia de la sociedad civil ha sido el surgimiento del Movimiento Damas de Blanco conformado por las esposas de los 75 disidentes y periodistas independientes encarcelados durante la Primavera Negra del 2003^[2], hecho que desencadenó una contundente condena de la comunidad internacional y la denominada Posición Común de la Unión Europea derogada en el 2017.

Otro referente insoslayable en la historia de la sociedad civil que constituyó un hito en su intento por democratizar el escenario sociopolítico y constitucional cubano marcado por el monopolio totalitario del estado cubano ha sido el denominado Proyecto Varela liderado por el demócrata cristiano y representante del Movimiento Cristiano de Liberación Oswaldo Payá Sardiñas.

El proyecto fue concebido en 1998 y como resultado se lograron recoger 11.200 firmas de ciudadanos cubanos que fueron presentadas al Parlamento cubano en el 2002 y en el 2004 se recogieron mucho más 14 000, con el objetivo de reformar la Constitución e introducir cambios democráticos.

Una vez más la esperanza libertaria se disolvió ante la represión que fue objeto el Movimiento Cristiano de Liberación encabezado por Oswaldo Payá. Su activismo en pro de los derechos humanos y las libertades democráticas de los cubanos fueron reconocidas por el Parlamento Europeo que le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia creado por este organismo en 1989, en honor al activista ruso Andréi Sájarov.

Un punto de inflexión en la evolución de la sociedad civil cubana ha sido el surgimiento en el 2010 de Cubalex, tal como expresa su página web oficial, es una ONG cuyas funciones principales son restablecer el Estado de derecho, la democracia y las garantías de respeto a los derechos humanos en Cuba.

Su misión principal se orienta a ofrecer servicios de asesoría legal a ciudadanos que le son violentados sus derechos en procesos penales y fomentar una cultura cívica y jurídica dentro de la población incluyendo promover la defensa de los derechos humanos.

Sus fundadores y principales líderes radicados hoy en el exilio en EE.UU. son Laritza Diversent, —abogada graduada en La Universidad de La Habana, máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law—, quien, pese a la represión y acoso que sufrió en Cuba durante los seis años de ejercicio al frente de esta ONG, realizó una extraordinaria labor que es reconocida internacionalmente; y, como secretaria ejecutiva, se encuentra María de los Ángeles Bonet Hevia, activista defensora en Derechos Humanos desde el 2013.

La sede de Cubalex fue allanada por la Seguridad del Estado en el 2016 y desde esa fecha sus líderes tuvieron que partir al exilio y recibir el estatus de asilados políticos y aún en medio de un contexto represivo ha continuado su encomiable labor y cumpliendo con sus principios fundacionales, en un escenario donde las arbitrariedades jurídicas y violación a los derechos humanos se han agudizado en la isla.

En los últimos años han existido otras experiencias asociativas como el Movimiento San Isidro que promueve la libertad de creación artística comentado anteriormente; el Movimiento 27N; el Instituto de Artivismo Hannah Arendt fundado por la activista y artista exiliada Tania Bruguera, donde se coordina y promueve un festival de cine independiente que ya cuenta con dos ediciones hasta la fecha; Articulación plebeya, de corta duración, que llegó a agrupar hasta 514 miembros; la Asociación Cubana Sindical Independiente (ASIC), fundada en el 2016 por el expreso de conciencia de la Primavera Negra del 2003 Iván Hernández; Archipiélago, mencionada anteriormente; Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC); Cuba Próxima, de proyección católica y liberal liderada por el intelectual Roberto Veiga, antiguo editor de la revista Espacio Laical; y la más reciente, el Frente Democrático de Concertación.

Estos movimientos y asociaciones de la sociedad civil cubana han tenido que enfrentar la represión en sus múltiples formas, sobre todo el linchamiento mediático por parte de voceros oficiales del régimen. La violencia ejercida por el Estado hacia la sociedad civil independiente ha sido sistemática y permanente porque su consolidación y crecimiento favorecen el pluralismo político y por ende debilitan la naturaleza totalitaria del modelo cubano.

En su gran mayoría las referidas asociaciones tienen como objetivo brindar autonomía y empoderar a la ciudadanía desde aéreas como derechos civiles y constitucionales, emprendimiento económico, derechos humanos, liderazgo, entre otras esferas que le confieren cierta protección ante la represión y la arbitrariedad estatal, razón por lo cual la gestión de una ONG como Cubalex ha sido tan perseguida y acosada.

Ante la variedad de definiciones sobre la sociedad civil marcadas por sesgos ideológicos como lo relativo al contexto cubano permeado por la cosmovisión filosófica del Marxismo-Leninismo considero que el enfoque teórico que mejor se ajusta a la perspectiva objeto de estudio es la definición expuesta por el politólogo Armando Chaguaceda, para quien “la SC está conformada por una multiplicidad de grupos auto constituidos, que coexisten de manera pacífica en colectivo la subordinación al estado, al mismo tiempo que exigen su inclusión en las estructuras político sociales”. (Cilano, 2022)

Desde la perspectiva expuesta por Chaguaceda, la SC nos posibilita designar “aquellos grupos socialmente interconectados, asociaciones y redes que operan de forma clandestina, y se caracterizan por la resistencia de las bases al gobierno post totalitario en los regímenes unipartidistas de Socialismo de estado como la extinta Unión Soviética y China”. (Cilano, 2022), vertiente donde también se incluye naciones como Corea del Norte e Irán, aliadas del régimen cubano.

Según Chaguaceda, en su análisis sobre el campo asociativo y su magnitud dentro de la esfera de accionar de la sociedad civil “ésta expresa la autoorganización independiente de la sociedad, constituido por acción voluntaria en actividades públicas dentro de un contexto de relaciones legalmente definidas entre el estado y la sociedad”. (Noriega, 2008)

Aunque resulta necesario destacar que la sociedad civil no se reduce a las asociaciones éstas juegan un rol trascendental desde una lógica movilizativa de la sociedad al igual que las ONG poseen un peso fundamental para equilibrar las asimetrías generadas por las políticas económicas del estado nación, teniendo en cuenta que existen varios paradigmas sobre la SC, analizados exhaustivamente por el referido académico quien reconoce el carácter indiscriminado en su definición, heterogeneidad marcada por los sesgos ideológicos de los contextos nacionales, los cuales se resumen de la siguiente manera, son dos visiones que se contraponen a la visión socialista y estatista, incluso a las sostenidas por el discurso de izquierda anti neoliberal.

Primero se encuentra el enfoque que defienden diversos autores occidentales como la mencionada Jean Kirpatrick, considerado como “empresarial y anti estatista, excluyente, que busca compensar las desigualdades sociales mediante acciones caritativas puntuales, además de reivindicar una concepción binaria e inorgánica sobre la sociedad civil y el segundo enfoque pluralista y liberal acompañados de denuncias al sistema capitalista y aboga por la demanda de reformas sociales que defiende una independencia y codeterminacion con relación al estado y se centra en las ONG”. (Noriega, 2008)

Precisamente el denominador común que caracteriza la interpretación reduccionista y equivoca del contexto cubano sobre la SC es su contraposición a ambas visiones sustentadas en los pilares democráticos de la modernidad y el mundo occidental, incompatibles con la visión marxista y estatista, razón que explica la resistencia y persecución del régimen cubano hacia organizaciones como USAID, Open Society, NED, Fundación Ford, entre otras.

Debo precisar que tanto mi investigación como mi posición ideológica se ajusta al segundo enfoque al considerarlo más flexible y menos excluyente, sin despreciar el primero, pero resulta evidente que el modelo cubano no se ajusta al esquema internacional, porque una vez más considero que la condición postotalitaria niega la sociedad civil independiente, sobre este último aspecto y su articulación me detendré en el próximo epígrafe de la investigación.

La condición postotalitaria del régimen cubano y la desmovilización de la sociedad civil

Históricamente el sistema político cubano ha sido catalogado como régimen totalitario partiendo de los elementos conceptuales que definen este fenómeno sociopolítico del siglo XX definido por la politóloga alemana Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo y otros autores que han estudiado con rigor teórico el mapa sociopolítico del pasado siglo, marcado por el ascenso y caída del nazismo y el comunismo soviético, como el politólogo español Juan Linz, quien partiendo del concepto de totalitarismo, introdujo una categoría más flexible denominada postotalitarismo.

Chaguaceda va más allá en su definición al explicar que estos regímenes postotalitarios que niegan la SC “surgen de una lucha sostenida, ideológica y violenta, cuyo establecimiento se acompañó de una movilización masiva e importantes esfuerzos para transformar las estructuras estatales y el orden social existente”. (Cilano, 2022)

A partir de los aportes teóricos de Juan Linz el académico cubano Armando Chaguaceda definió el régimen cubano como postotalitario, al sostener que “el régimen cubano se encuentra aún en una fase temprana y dura, susceptible de recaídas, de la evolución post totalitaria”. (Chaguaceda, 2017)

Para Chaguaceda, de régimen totalitario en el sentido más estricto e inflexible éste ha transitado a un estadío “postotalitario inicial en el que varios núcleos totalitarios, partido único, control político y policiaco, ideología de estado, siguen siendo centrales en la Constitución, reproducción y financiamiento cotidiano del orden político, pero de donde se pasa de un liderazgo carismático a otro colegiado y burocrático”. (Chaguaceda, 2017)

Para Jeane Kirkpatrick: “Esta es la clave que diferencia los regímenes totalitarios de los autoritarios. La diferencia entre unos y otros, según esta insigne autora, es en que los autoritarios (como las dictaduras militares que existían en el Cono Sur de América Latina) permitían esa pluralidad de intereses, que dejaba un margen para la libertad; mientras que los totalitarios (como, digamos, Cuba) tapan todos los resquicios de ejercicio posible de la libertad”. (Enrique, 1995)

Desde la perspectiva de Kirkpatrick, exembajadora de EE.UU ante la ONU, al menos en los regímenes autoritarios del Cono Sur no se eliminaron los espacios a los que suelen acceder la sociedad civil en cualquier sociedad democrática, como la libertad de asociación y el pluralismo político.

Desde una perspectiva similar resulta necesario referenciar los aportes conceptuales de dos académicas independientes cubanas asociadas al medio independiente La Joven Cuba, me refiero a Ivette González y Alina Bárbara López, ambas prestigiosas historiadoras.

Para Ivette, aunque el régimen cubano no sea un sistema totalitario en el sentido estricto del término y se encuentra en un proceso de decadencia y pérdida de legitimidad social, sus rasgos totalitarios han sido invariables y coinciden con la concepción antes señalada del teórico español Juan Linz en su definición de régimen post totalitario, como la existencia de “un gran líder que es incuestionable; Partido e ideología únicos; no se admiten una sociedad civil independiente ni oposición; Estado fuertemente centralista, con carácter monopólico u oligopólico y desmedido sector público, que facilita dirigir y controlar las mayorías; fuertes y múltiples mecanismos de control social; sociedad ideologizada; febril propaganda política, censura, control de los medios de comunicación y manipulación de la opinión pública; movilización extensa, pérdida de poder real del Parlamento y control policial con fuerzas represivas altamente especializadas”. (González, 2022)

Desde una perspectiva contextual lo único que ha cambiado realmente es la ausencia de ese líder carismático que apeló el populismo con ropajes democráticos para impulsar el modelo totalitario apoyándose en un discurso mesiánico funcional para aquel contexto social, donde prevalecía un clímax eufórico y romántico hacia el proceso revolucionario, que, definitivamente, como ha sucedido en escenarios similares, terminó estancándose y envejeció durante el proceso de transición generacional, tanto a nivel social como al nivel de las elites políticas.

Un factor determinante en ese proceso de desgaste y de credibilidad ha sido el innegable desmontaje de las promesas de justicia social y equidad que había prometido en sus inicios y por ende ha estado inmerso en un proceso sistemático e indetenible de pérdida de legitimidad social y sólo se sostiene bajo represión y aparentes consensos de grupos de poder.

En las últimas décadas la disonancia existente entre ese discurso retórico sobre la justicia social y la realidad cubana no sólo resulta abismal, sino que ha sepultado la credibilidad y legitimidad del régimen vigente, pues se ha quebrado el consenso en torno a una Revolución fundada sobre la base del respaldo popular. En ese sentido el totalitarismo agoniza y se sostiene sobre la base de la represión y el terror.

Ambas historiadoras han explicado con rigor teórico este fenómeno de estancamiento de totalitarismo en Cuba. Según Alina Bárbara: “Tales dispositivos se establecieron como parte de un proceso popular, pero autoritario y vertical desde su génesis. Con el tiempo, la sociedad se tornó obediente, manejable a través de supuestas instituciones populares —si bien no puede negarse el origen popular de muchas de ellas—, y poco cuestionadora; hasta difuminarse y perder la capacidad de actuar como actor político”. (Hernandez, 2022)

Y Para Ivette “el régimen está estancado por envejecimiento, falta de reacción de la élite partidaria que ha perdido capacidad de articular consensos y, al parecer, también por la purga de quienes intentan reformarlo. Junto al desgaste, se incrementa el debate público con voces disonantes al poder, que a pesar de la represión encuentran eco en parte de la ciudadanía”. (González, 2022)

Para dicha ensayista: “Desde los años noventa el diseño original de nuestro totalitarismo fue subvertido. La puja sobre el poder derivada de consensos a escala de la sociedad civil fue importante en los cambios, aun cuando no transformaron la institucionalidad política ni la esencia del modelo. Hasta hoy el Partido estado ha podido maniobrar con cambios cosméticos o que descompresionan la situación emergente sin alterar el statu quo”. (González, 2022)

A modo de conclusiones, desde la década del noventa hasta la actualidad el surgimiento y desarrollo progresivo de una sociedad civil independiente al control y represión del estado enfrenta múltiples desafíos para impulsar cambios estructurales dentro de un sistema considerado por varios sociológicos como post totalitario, porque si bien algunos rasgos del totalitarismo clásico se mantienen invariables, como el partido único, el control de los medios de comunicación y la policía secreta existen espacios para el pensamiento divergente gracias al impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información que han quebrantado ese control absoluto del estado en esa esfera.

Por tanto el sistema enfrenta vulnerabilidades no sólo en esa esfera sino en otras como el crecimiento de nuevas formas de oposición asociadas a la sociedad civil que difieren de la oposición tradicional con agendas más originales y atractivas para la sociedad en su conjunto y para el sector intelectual.

En últimas décadas se ha incrementado la pobreza extrema y la desigualdad social lo cual ha sido la clave principal y el detonante de las protestas sociales ocurridas tanto en durante la crisis del 94 con el Maleconazo como durante el estallido social del 11J y en las más recientes protestas, factor de índole estructural y revelador que el consenso nacional hacia el proceso revolucionario se ha quebrantado y ha perdido total legitimidad social y si el sistema cubano no ha colapsado totalmente se debe a la sistemática represión en sus múltiples formas con diferentes mecanismos de control social, pero esa dominio totalitaria resulta cada vez más insostenible en el tiempo en la medida que la sociedad civil se empodera y se fortalece.

---

Notas:
^[1] Herramienta de las Ciencias Económicas creada formulada por el economista italiano Conrado Gini para medir los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza en diferentes países.
^[2] Consistió en una serie de arrestos contra 75 opositores, activistas de Derechos Humanos y otros líderes de la sociedad civil en el 2003, durante el régimen de Fidel Castro que desencadenó la condena de la comunidad internacional, no sólo de EE. UU., sino de la Unión Europea.

---