Boris González Arenas: “El castrismo no puede reformarse”

A propósito del sistema electoral cubano, converso con Boris González Arenas.

La dinámica electoral en Cuba está atravesada por irregularidades, trampas y disímiles ejercicios de fuerza por parte del Partido Comunista desde hace décadas. Difiere mucho ese escenario del republicano. ¿Podemos comenzar con tus criterios respecto a las diferencias entre la República y la Revolución en materia electoral?

En 1959, en Cuba se produce una ruptura absoluta en la práctica legal, tanto en el ordenamiento jurídico, las leyes, como en el sistema de administración de justicia, que es totalmente arbitrario. En las leyes cubanas está perfectamente caracterizada la dictadura y, si no bastara, está la administración arbitraria de la justicia para consagrar el carácter opresor del castrismo.

El sistema electoral no es una excepción. Debemos recordar, y los activistas lo hacemos, que en 1959 se prometieron elecciones porque no había un restablecimiento del Estado de derecho, sino un llamado inmediato a elecciones. Eso fue burlado por la ejecutoria del castrismo. Pero durante el sistema democrático, que rige entre 1901, cuando se estrena la República, y 1959, hay dos leyes electorales que son fundamentales: una es la que codifica las disposiciones legales de la Constitución de 1901, en 1903, y la otra es la que hace lo similar con la Constitución del 40, en 1943.

La Constitución de 1901 estableció el sufragio universal, limitado a los hombres, pues el voto femenino en Cuba no llegó plenamente hasta enero de 1934 con Ramón Grau San Martín. Pero decir sufragio universal, aún con esa limitación de género, es decir bastante. Durante la misma Convención Constituyente hubo quienes quisieron esquivar esa universalidad para buscar limitaciones al voto que dejaran sin ese derecho o se lo limitaran, principalmente, a la población negra, pobre o analfabeta.

En las leyes cubanas está perfectamente caracterizada la dictadura.

Aquí vale la pena decir algo: de haber triunfado aquella visión restrictiva, se habría establecido una democracia de las élites, en la definición más excluyente de ese término. Habría sido una vergüenza para la República que nacía merced a una guerra de independencia, donde era, precisamente, esa población negra, pobre y analfabeta, la que había llevado la peor parte.

Pero esas élites, aún con ese criterio excluyente, habrían estado sometidas al escrutinio de la población con derecho al voto, algo que no pasa desde 1976 en Cuba. Ese año el Partido Comunista de Cuba quedó consagrado como una élite retrógrada en el artículo 5 de la Constitución, al dictaminar en su letra que el Partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, sin que la población ni los miembros del Partido tengan derecho a votar por sus figuras dirigentes. O sea, cuando hablamos de sistema electoral lo hacemos sobre un sistema que, arbitrario o no, es ajeno a la organización que rige el funcionamiento del país: el Partido Comunista de Cuba. Apenas este detalle contrasta la superioridad de la sociedad política que se abrió a la libertad en 1901 frente al ocaso dictatorial castrista.

El Código electoral de 1943 recogió algunos de los logros más significativos que tuvieron lugar entre 1901 y el año de su aprobación en esa materia. A su vez, instauró el voto obligatorio y creó el Tribunal Superior Electoral que había sido establecido por la Constitución de 1940.

El Tribunal Superior Electoral es un órgano independiente con carácter permanente encargado de la organización de los procesos electorales y de referéndums. Resulta importante porque estableció en Cuba lo que después ha generalizado América Latina, que es separar del órgano legislativo, o cualquier institución de Estado o Gobierno, las funciones propias del proceso electoral.

No es la práctica universal, pero en América Latina los órganos electorales independientes han garantizado la limpieza en la realización de las elecciones. Tanto es así, que oyes de muchos escándalos de diverso tipo en nuestra área geográfica, pero no de fraudes electorales. América Latina destaca, lo cual es reconocido por los especialistas en esta materia, por la organización y calidad de sus procesos electorales. México, Perú, Colombia, tienen órganos electorales independientes como el que definió la Constitución de 1940 en Cuba.

En 1976 el Partido Comunista de Cuba quedó consagrado como una élite retrógrada.

Fíjate si es importante, que yo me atrevería a decir que, para la transición de la dictadura a la democracia, algo que nos ha puesto a pensar por décadas a los cubanos, un órgano electoral legítimo se bastaría en la cima de la pirámide de transformaciones.

A un órgano electoral, por ejemplo, se le exige imparcialidad, transparencia, publicidad y celeridad. En un proceso de transición, cualquiera que este sea, estos son atributos imprescindibles para la rehabilitación de la confianza entre los antagonistas. Luego de sesenta años no hay objeciones que hacerle a esta necesidad: por la vía que se produzca el fin del castrismo, la rehabilitación de la confianza es imprescindible.

¿Hay algún órgano electoral de esa naturaleza en la práctica electoral después de 1959?

La Ley Fundamental de 1959 reconocía al Tribunal Superior Electoral en término idénticos a los de la Constitución de 1940, pero desconozco si fue disuelto poco después, como el Tribunal de Cuentas en 1960, o si tuvo una existencia atenuada y desapareció a propósito de la primera Ley Electoral castrista de 1978, al no estar contemplada su existencia allí; de manera semejante a como desapareció la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales en 1973, a propósito de la entrada en vigor de la ley de Organización del Sistema Judicial.

Desde 1976, el año de la primera Ley Electoral castrista, hasta 2019, cuando se crea el Consejo Electoral Nacional con carácter permanente, los órganos electorales en nuestro país se conforman para la realización de las elecciones y se disuelven inmediatamente después. Así que la respuesta es que en estos años carecemos de un órgano de las características del Tribunal Superior Electoral.

América Latina destaca por la organización y calidad de sus procesos electorales.

La Constitución de 2019 delinea el Consejo Electoral Nacional, pero le niega la condición de tribunal; aunque no es una excepción cubana. En nuestro país, considero que esto tiene propósitos de control político y de atenuación de la autoridad de sus funcionarios. Sería aun así un gran paso si fuera independiente de verdad; pero, cuando constitucionalmente establece que sus funcionarios serán puestos o retirados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, o por el Consejo de Estado, su independencia queda reducida muy notablemente. Y la Ley Electoral determina que su presupuesto lo recibe del presupuesto del Estado y del Plan Anual de la Economía (disposición especial, segunda).

La Constitución del 40 establecía que el Tribunal Supremo Electoral sería conformado por magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia de La Habana, nombrados por esas mismas instituciones. Y el Código Electoral del 43 describió detalladamente la cartera de gastos de todos los miembros del Tribunal (disposición final, primera), tanto a manera de salarios como de funcionamiento. El poder del Estado y el Gobierno no podían incidir en dos áreas tan importantes como la elección de sus miembros ni la confección de su presupuesto.

Ahora bien, hay una seudo institución presente en todas las leyes electorales castristas que es una abominación inconstitucional desde el principio: la Comisión de Candidaturas.

En la práctica, es un órgano electoral no permanente que se arroga la nominación política, bloqueando así el derecho consignado en el artículo 204 de la Constitución de 2019, según el cual todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado. Si no tienes forma de candidatarte ese derecho, simplemente, queda bloqueado. Esto, por supuesto, no tiene comparación alguna con la república ni con la democracia. Como la elección del Presidente se realiza en la Asamblea Nacional, nuestra intervención es bloqueada aún más para el caso de la máxima figura del Estado.

Carecemos de un órgano de las características del Tribunal Superior Electoral.

Uno de los efectos pirotécnicos que realiza el Partido Comunista de Cuba para aparentar que hay un proceso democrático cuando se efectúan las elecciones consiste en mostrar esas asambleas barriales en que los cederistas proponen, a mano alzada, a los candidatos a delegados de la circunscripción. Lo hemos visto muy bien en el análisis que acabas de hacer. Pero no sucede algo similar, ni por asomo, en el modo en que el PCC decide los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es obvio que el ciudadano cubano no tiene absolutamente ninguna participación en ese proceso. Háblame un poco de esto.

El sistema electoral cubano está diseñado en dos niveles. Uno es el definido para la elección de los delegados de circunscripción, que es la unidad política a nivel de barrio; el otro, para la elección de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es, a su vez, la que elige al presidente del país.

Para llamar elección a un proceso de determinación de un representante político es necesario que el elector tenga, como mínimo, dos propuestas de candidatos. No puedes elegir donde hay una única opción. La Ley Electoral castrista, a nivel de circunscripción, preserva la nominación directa y establece que a la elección deben concurrir, como mínimo, dos candidatos. Para el caso de los diputados de la Asamblea Nacional la misma ley establece que el elector vota por un candidato para un puesto; es decir, no hay elección ninguna. Votas o no votas. El candidato se considera electo al obtener la mitad más uno del total de los votos válidos, lo que hace del proceso un referendo y no una elección.

Esa divergencia entre las elecciones de circunscripción y las de la Asamblea Nacional ha determinado históricamente la diferencia de posturas de la oposición. Entretanto, para la elección de circunscripción, vas a encontrar quienes desean participar frente a los que se abstienen de ello; en las elecciones para la Asamblea Nacional la posición unánime es la no asistencia a la votación o la anulación de la boleta. Esas son las elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de marzo.

No puedes elegir donde hay una única opción.

¿Cuáles son los argumentos de los que han promovido históricamente la participación en las elecciones de circunscripción?

El delegado de circunscripción sí es nominado. Eso es un problema para el castrismo. Los que hemos promovido la participación en las elecciones de circunscripción nos hemos basado en esa particularidad. La demostración de que no le hacemos ningún juego a la dictadura, que es la acusación más importante, está en la represión que el régimen implementa contra los que tienen esa intención.

En 2015, Hildebrando Chaviano y Yuniel López fueron seleccionados como candidatos a delegados de circunscripción. No salieron electos, pero pusieron en evidencia detalles de la maquinaria ilegal castrista. El mejor ejemplo fue la organización de un mitin de repudio contra Yuniel que, para sorpresa de todos (hablamos de 2015), recibió una respuesta de sus vecinos, que se organizaron, con la frase: “Yuniel, tranquilo, el pueblo está contigo”.

Es esta la razón por la que es problemática, para el castrismo, la instancia municipal. Una vez que los ciudadanos excluidos del resto del sistema mostramos afán de participación, necesita implementar formas de frenar ese proceso completamente ajenas a la ley. Ahí entran a jugar un papel sus instituciones represivas de la Seguridad del Estado.

Está el ejemplo de Confesor Verdecia, que en las elecciones siguientes a las de 2015, en 2017, fue impedido de asistir a la asamblea de nominación en su circunscripción de Mayarí. Él quería ser candidato desde la oposición. Había tenido hacía un tiempo conjuntivitis hemorrágica, pero ya estaba curado. Sin embargo, una comisión médica se le presentó en la casa y le dijo que no podía salir para evitar la propagación. En vísperas de la reunión, ese día, dos paramilitares vestidos con bata de médicos se apostaron frente a su casa y le impidieron, por la fuerza, salir de ella. Lo amenazaron con inyectarlo.

No hay lógica en crear leyes de espaldas al ser humano si no es precisamente para prevalecer sobre él o ella.

Usar al personal de salud con fines de extorsión política y vestir de uniforme médico a esbirros es el tipo de acciones que expone la naturaleza ilegal del ejercicio político castrista. Recuérdese que el 26 de noviembre de 2020, cuando atacaron la sede del Movimiento San Isidro, los paramilitares comunistas iban vestidos de médicos, pues, supuestamente, allí se estaban violando las regulaciones contra el contagio de la COVID-19. Recuerdo que Omara Ruiz Urquiola me dijo que, frente a ella, aquellos esbirros se quitaron las batas de médicos y las metieron en sacos.

La última pregunta es un ejercicio de imaginación, que es de lo poco que podemos hacer. Porque, como bien has explicado, el castrismo impone una ley que le permite beneficiarse del ejercicio electoral y, si esta ley tuviera alguna grieta, tiene un organismo represor para enmendar cualquier cosa que no le favorezca. ¿Podrías aventurarte a sugerir, con toda la ironía que pueda implicar la respuesta, algo que el PCC pudiera hacer para simular más democracia, incluso en términos totalitarios, pero que no hace?

El castrismo no puede reformarse. Y no solo no puede, sino que en su evolución exagerará su carácter antidemocrático. Lo que en los años 60 se podía permitir, ya no puede hoy. Esa es la razón por la que vemos en los 60 una adoración considerable a Fidel Castro y en pleno 2023 millones de personas detestamos su legado político. El castrismo podría respetar las leyes que él mismo ha creado, a pesar de ser adversas para el ciudadano frente al Estado; pero no hay lógica en crear leyes de espaldas al ser humano si no es precisamente para prevalecer sobre él o ella.

Ese prevalecer no expresa suficientemente la devoción por el terror, el sometimiento y el dolor del ser dictatorial. Si respetaran sus leyes, Confesor Verdecia se hubiera presentado a las elecciones y habría sido apenas un delegado de los miles que tiene el país, pero eso habría sido un ejemplo y el edificio totalitario se habría venido abajo de inmediato. Las leyes en una dictadura son para someter al ciudadano al Estado. Es el sino fascista y comunista, ambos muy similares.

Por ejemplo, muchos de los manifestantes del 11 de julio fueron procesados legalmente por propagación de epidemia, por hacer aglomeración durante las manifestaciones por la libertad, pero los cubanos llevábamos dos años en colas multitudinarias para comprar alimentos y durante ellas el castrismo no intervenía para evitar la aglomeración. Podías estar hacinado una cola, pero no podías acercarte a otro para exigir el respeto de tu libertad y derechos.

Será difícil salir de esta hecatombe por una sola vía.

Es por eso por lo que apoyo la participación en todo resquicio legal, administrativo y creativo. Porque será difícil salir de esta hecatombe por una sola vía. Y porque el sacrifico por sobrevivir ha sido muy grande para pedir más sacrificio. Siempre he apoyado la disposición al diálogo, a salir por esa vía de la condición castrista; porque terminar con esta desgracia para todos es mucho más urgente que realizar las reivindicaciones de algunos, entre los que me incluyo.

Yo quiero ver juzgados a los fiscales de este país y los jueces del Tribunal Supremo que han violado sus obligaciones para encerrar en prisión a los opositores cubanos, a los guardafronteras que han asesinado migrantes y a los dirigentes de Estado y de Gobierno responsables del hambre y la insalubridad que padecemos. Pero más que todo eso, quiero que mis hijos crezcan en una Cuba libre. Que no experimenten nuestros niños el dolor que experimentamos sus padres.

Mi disposición a la negociación siempre ha estado clara, no es una disposición excluyente del tipo “no denuncies al castrismo para obtener beneficios”, que a los opositores nos ha tocado ver tantas veces, y que siempre lleva consigo cierto menosprecio contra nosotros. No. Yo estoy entre los que denunciamos al castrismo por criminal y estamos dispuestos a negociar con sus herederos por el mañana. Un mañana del que hemos carecido por sesenta años, para desgracia compartida de víctimas y victimarios.