Observatorio de Derechos Culturales: historiar para no errar

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 estableció una política de Estado que ensombrecería todos los ámbitos, incluido el cultural. Sin embargo, a inicios de este período, numerosos intelectuales y artistas participarían de manera activa en el proceso de cambio, apoyando una masificación de la cultura, aun cuando eso significara contribuir a un proceso de censura que se hizo evidente apenas dos años después y que continuaría a lo largo de más de seis décadas de manera ininterrumpida.

La censura al documental PM, de Alberto (Sabá) Cabrera Infante^[1] y Orlando Jiménez-Leal, en 1961, abrió la puerta, de manera oficial, a la política que regiría el arte y la cultura en la Isla a partir de ese momento. La polémica que levantó este suceso entre los intelectuales y artistas cubanos derivó en una serie de reuniones en la Biblioteca Nacional, las cuales fueran cerradas con un discurso de Fidel Castro: sus “Palabras a los intelectuales”. En él, el entonces primer ministro del Gobierno Revolucionario dejaría algo bien claro: la Revolución tenía derecho a existir y a defenderse; por tanto, dentro de la Revolución todo y contra ella, nada. No dejaba lugar a duda: todo artista e intelectual que se preciase de serlo, en Cuba, tendría que estar al servicio de la Revolución; no de él, ni del arte.

Esto trajo como consecuencia un rompimiento de aquellos artistas que consideraban se debían al arte y no a un proceso con una política cultural impuesta por el nuevo Gobierno. Poco a poco, de manera más o menos silenciosa, comenzó un exilio e insilio obligatorio de quienes no claudicaban de su deber como artistas, tanto como su silenciamiento por parte de las instituciones culturales oficiales, totalmente sujetas a funcionarios y políticas que respondían a todo, menos al arte.

Diez años después, en 1971, parte de la comunidad artística e intelectual de izquierda de la época, que hasta el momento había apoyado a la Revolución, se separaría de ella definitivamente, repudiando y denunciando dicha política cultural a raíz de la censura, encarcelamiento y autoinculpación del escritor cubano Heberto Padilla. Figuras como el escritor Mario Vargas Llosa, quien había participado en 1968 en el Congreso Cultural de La Habana, estuvieron entre estos.

Todo artista e intelectual en Cuba tendría que estar al servicio de la Revolución.

En abril de ese mismo año, en el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, Fidel Castro reafirmaría que no se toleraría ni daría visibilidad a ningún artista u obra que no encajase en los marcos de la Revolución determinados por él en 1961. Entretanto, la Declaración del Primer Congreso expresaba claramente que se evitaría que toda aquella persona que no respondiera a la moral revolucionaria no podría representar a Cuba en el plano artístico, pues el arte era un arma de la Revolución. Vale recordar que en esa categoría incluían a los homosexuales, a quienes definieron como falsos intelectuales con una patología social.

Diversas leyes respaldarían este comportamiento: en 1971 se aprobó la Ley contra el diversionismo ideológico; en 1974, la Ley contra el homosexualismo y otras conductas socialmente reprobables; y en 1976, la Constitución estableció que la creación artística era libre siempre que no fuera contraria a la Revolución.

El Quinquenio Gris, en la década de 1970, sería el pico más alto de la censura y la represión a los artistas hasta ese momento. Cientos de creadores serían separados de sus puestos de trabajo y enviados a otros nada relacionados con su quehacer artístico o formación, sobre todo a la agricultura o a cubrir como obreros en fábricas. Esos serían los más afortunados. Los menos, fueron encarcelados en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) o internados en hospitales psiquiátricos para una supuesta rehabilitación de sus desviaciones morales y sociales.

En 1980, durante el éxodo del Mariel, muchos de esos artistas reprimidos y censurados encontrarían una vía de escape y emigrarían, exiliados, a Estados Unidos. La gran mayoría de ellos nunca regresaría a Cuba.

Con la caída del campo socialista y la apertura de Cuba al mundo en los años 90, se evidenció que el proyecto político que había regido en general la vida del país, y al cual había estado supeditada la cultura nacional pos-59 hasta ese momento, era un fracaso. No obstante, se aplicaría aún con más fuerza, si se quiere, la represión y la censura a los artistas, llegando a encarcelarlos, con la anuencia de las instituciones culturales oficiales. 

Incluían a los homosexuales, como falsos intelectuales con una patología social.

Sin embargo, cada vez más aumentaba el número de artistas, galerías y publicaciones independientes que defendían un concepto muy distinto y alejado del arte de aquel esgrimido por Fidel Castro. La política cultural de la Revolución había masificado la cultura y graduado a miles de artistas, que ahora reemplazaban a las generaciones de las décadas anteriores, menos dispuestos a ceder terreno ante aquello con lo cual no comulgaban y más propensos a un artivismo.

Una vez más, el Gobierno y las instituciones culturales redactarían nuevas leyes, después de los años 2000, para respaldar la censura y la represión a los artistas que disentían de la política cultural del régimen. Tal es el caso del Decreto-Ley 349 o la obligatoriedad a pertenecer al Registro del Creador, entre otros ejemplos.

Sin embargo, a lo largo de estas más de seis décadas, el Gobierno cubano ha exportado la idea de Cuba como paraíso cultural. 

Sobre este complejo y contradictorio panorama, Hypermedia Magazine conversa con el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), organismo que ha comenzado a reportar y denunciar de manera sistemática las violaciones a los derechos culturales de los artistas cubanos y sus obras, tanto dentro como fuera de la Isla. Y es que no existe para este Observatorio una fragmentación, dada por fronteras geográficas, en el arte nacional. 

¿Cómo surge el ODC?

Cuando la Seguridad del Estado allanó la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara por segunda vez, robando y destruyendo un conjunto de sus obras, creadores de diferentes ámbitos artísticos e intelectuales comentaron a varios de nosotros acerca de sucesos similares ocurridos tiempo atrás. Un artista plástico refirió a uno de los futuros miembros del equipo, del todavía inexistente ODC, sobre la posibilidad de emplazar legalmente en instancias internacionales para que los afectados puedan reclamar al Estado cubano la devolución de sus obras o, en su defecto, la indemnización correspondiente; bromeando, comentó que algún día se podría acceder a esa especie de almacén de la infamia. 

Menos dispuestos a ceder terreno y más propensos a un artivismo.

Todo esto a partir de precedentes legales que establecen pautas para dirimir estos casos con base en el derecho a la propiedad intelectual. Vislumbrado tal escenario, una vez se haya implantado la democracia y establecido un Estado de derecho que haga valer las normas básicas del respeto a la propiedad privada en toda su extensión. Sin embargo, la idea de adelantar una sistematización de los derechos culturales vulnerados en Cuba se hizo tentadora para varios de nosotros. 

Muchas sociedades, al superar sus antiguos regímenes dictatoriales, comienzan a reconstruir los hechos para conformar archivos que viabilicen la impartición de la justicia; tratando de evadir los naturales impulsos de venganza que, a la postre, solo perpetúan dinámicas donde la arbitrariedad termina por frustrar el tránsito democrático. ¿Por qué no comenzar entonces a generar una memoria histórica que allanara el camino a un futuro proceso de reparación de víctimas? Creemos en el valor de historiar para no errar.

Ese fue el incentivo inicial. Luego nos motivó el poder acompañar a quienes actualmente padecen la censura, denunciando los ataques a su trabajo y a sus personas, reivindicando el valor de sostener sus proyectos pese a la persecución constante. Finalmente, comprendimos que no bastaba con exponer los actos represivos contra los creadores si no intentábamos canalizar por vías alternativas la supervivencia de sus iniciativas.

Estas son, a grandes rasgos, las derivas del trabajo de nuestro Observatorio. Partimos de una preocupación específica que nos llevó a insertarnos en una problemática mucho más abarcadora.

¿Cuál es la función de los observatorios de este tipo dentro de los regímenes autoritarios?

Los observatorios independientes son de vital importancia dentro de contextos autoritarios porque estos tienden a ignorar o invisibilizar las estadísticas que le son incómodas a su mensaje oficial. De esta manera, flagelos sociales y económicos o errores políticos y administrativos no pueden ser identificados, tributando a la escalada del problema en sí. Si no se reconoce un tema desde su origen y no se aborda tomando en cuenta su contexto real, entonces no se resuelve nada de raíz. Es lo que ocurre en Cuba con muchas medidas ad hoc, maquilladas y con más peso ideológico que pragmático.

Comprendimos que no bastaba con exponer los actos represivos contra los creadores.

En Cuba, dada la diplomacia incisiva del Gobierno para mostrar un mensaje al exterior que lo legitime, el desconocimiento de otras problemáticas ha sido sistemático. De este modo, en un terreno autocrático, donde los medios de comunicación son administrados exclusivamente por el Estado, lo que no se registra por el discurso oficial “no sucede”. De hecho, Cuba, como otros gobiernos autoritarios, no comparte mucha de la información que otros países democráticos tributan para el balance de mecanismos regionales. 

Más bien, los números que sí comparte son contabilizados por organismos nacionales subordinados al Estado y muchas veces ajustados a su conveniencia. La propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) no ofrece datos actualizados en muchas esferas “sensibles” porque el Gobierno los entiende como “información oficial que pudiera ser útil para los planes subversivos y agresivos contra la República”, dentro del Decreto-Ley 199 (“Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial”).

Como resultado, los visitantes académicos y estudiosos de Cuba replican solamente estadísticas e información documental selectiva y custodiada por el Gobierno, ya que ningún extranjero puede investigar en Cuba sin permiso y conducción oficial. Esto promueve una falsa imagen de la Isla en el exterior, a la vez que silencia las voces de los cubanos, los verdaderos protagonistas y víctimas de la realidad insular.

Ante este panorama, la observación, monitoreo, inventario y registro de fenómenos sociales por organismos independientes es de vital importancia. Primero, para reconocer y denunciar problemas reales en el país y, a la larga, generar un cambio; segundo, para contrastar la narrativa tan falsamente triunfalista del Gobierno hacia el exterior. En el caso del ODC, resulta también importante para rescatar el patrimonio y la memoria cultural nacional perdida por esta misma narrativa y política cultural dominantes.

Por supuesto, esto no es nada fácil, teniendo en cuenta que, como observatorio, operamos sobre todo con trabajo de campo, compilando información inédita, testimonios y documentación, en un país sin esfera pública, altos niveles de autocensura y ejercicios constantes de represalia por cualquier colaboración. Debemos trabajar priorizando la seguridad de nuestros investigadores, muchas veces publicando desde el anonimato, lo que limita tanto metodologías que pudiéramos usar así como el reconocimiento personal y profesional de nuestros asociados. Pero ese es un trabajo investigativo de resiliencia que todos los observatorios en contextos inseguros deben afrontar.

Lo que no se registra por el discurso oficial “no sucede”.

¿Qué diferencia o iguala al ODC en Cuba de otros observatorios similares?

Como todo observatorio adscrito al área de los derechos humanos, partimos de la detección, denuncia y monitoreo de incidentes de violación de estos. No obstante, nos circunscribimos al ámbito específico de la cultura e incorporamos otras funciones relacionadas con el sostenimiento de ejercicios creativos y la generación de una memoria histórica en medio de un contexto hostil a la libertad intelectual como es el cubano. Siendo la más joven de estas instituciones, nos insertamos en la recién conformada Red de Observatorios Independientes de Cuba, imbricándonos en una dinámica de retroalimentación que tributa a la calidad de los reportes que estructuramos.

Al surgir de la necesidad de una institucionalidad alternativa que ordene lo que en materia cultural ha representado el totalitarismo para el arte en Cuba, complementamos la labor de los otros grupos de trabajo que van cubriendo zonas veladas a la honestidad intelectual de las investigaciones sociales e historiográficas. En ese sentido, vale destacar que, en ocasiones, compartimos el sujeto investigado con el Observatorio de Libertad Académica (OLA), debido al ejercicio de la pedagogía o la investigación que desarrollan frecuentemente intelectuales y artistas. 

Esta asociación es una práctica regular entre organizaciones e instituciones que operan en estos ámbitos. Tal es el caso de la propia UNESCO, direccionada a la educación, la ciencia y la cultura.

De nuestros análogos extranjeros captamos las claves metodológicas para desarrollar informes que nos pudieran ubicar en una posición referencial al momento de evaluar el estado de los derechos culturales en Cuba por parte de organismos globales. Estas instituciones son, en alguna medida, contempladas por las autoridades del país. Tal es el caso de la UNESCO, cuya representación en la Isla constituye, hasta ahora, un canal de confirmación de la matriz de opinión positiva que sobre la observancia del respeto a los derechos culturales sostienen buena parte de los decisores internacionales.

Ningún extranjero puede investigar en Cuba sin permiso y conducción oficial.

¿Cómo se interconecta el trabajo del ODC con el de otros organismos internacionales de Derechos Humanos?

El ODC ha desarrollado una estrategia de incidencia internacional en tres frentes: la participación en audiencias, reuniones y grupos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el envío de los informes de denuncia a las relatorías de Naciones Unidas; y la participación en diferentes coaliciones para presentar contribuciones en el Examen Periódico Universal (EPU). 

En nuestro corto tiempo de trabajo, nos hemos concentrado en consolidar un equipo y reconstruir la memoria histórica, contribuyendo al trabajo ya desarrollado por otras organizaciones como Artist at Risk. Por ello, esperamos seguir construyendo redes y visibilizar los derechos culturales en diferentes escenarios al trabajar en conjunto con las demás iniciativas de sociedad civil.

Es en esta línea que se proyecta la participación del ODC en el primer Informe Cuba con capítulo para cada uno de los observatorios independientes. Una iniciativa que promete convertirse en referente para toda persona interesada en contrastar las estadísticas oficiales del régimen cubano.

¿Cómo establece el ODC la verificación, estudio y seguimiento de los casos en sus notas e informes?

Nuestra metodología de trabajo para conformar los informes, notas y otras publicaciones en las redes sociales (@CubaODC) parte de la detección de casos históricos y recientes, la revisión bibliográfica exhaustiva y, cuando es posible, la entrevista a las víctimas de la censura cultural. La suma de toda la información es triangulada. Llegamos a recabar testimonios de testigos (a veces hostiles) y nos mantenemos todos en la disposición de confrontar los datos si aparecen dudas sobre la posibilidad de constatación de los hechos referidos.

Nos insertamos en la recién conformada Red de Observatorios Independientes de Cuba.

Cada investigador asume un caso que, generalmente, está vinculado a su práctica profesional. Todos tenemos formación humanística, fundamentalmente en el área de los estudios artísticos y filológicos.

El seguimiento tiene que ver con la verificación periódica del estado de las violaciones denunciadas. En este punto aportan también las personas cercanas, familiares o no, del afectado por la censura, ya que puede tratarse de un artista privado de libertad por mostrarse contrario al régimen.

Como observatorio, la relatoría de los hechos debe ser imparcial. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los mismos implicados o sus familiares no dan permiso para reportar los casos correspondientes?

Con los procesos históricos resulta más fácil pues la información es pública, muchas veces expuesta por los protagonistas, y nuestra labor entonces es más investigativa y compilatoria.

Los casos recientes revisten otras complejidades; máxime teniendo en cuenta que estamos inmersos en un ámbito represivo con total y brutal vigencia. Sí ha ocurrido que hay detalles que el artista censurado prefiere omitir porque su revelación pudiera afectar a personas de su entorno afectivo. 

La voluntad de la víctima está por encima de cualquier afán investigativo o reparador. De lo contrario, estaríamos siendo parte de un proceso de revictimización. A veces hay que apelar al tiempo. Esta no es, ni con mucho, una obra terminada.

Esperamos seguir construyendo redes y visibilizar los derechos culturales.

Pero es de vital importancia que la sociedad civil, los familiares y las víctimas de la censura entiendan que las denuncias de violación de derechos a un artista respecto al ejercicio de su profesión o sobre su propia persona en circunstancias represivas, donde se afectan su integridad psicológica, física o su libertad, significan alarma. Con la presión derivada de la intensidad con que tratemos la noticia, podemos incidir positivamente sobre los casos vigentes y urgentes. En ese momento, la prioridad es lo que acontece. 

¿Cuál es, según el ODC, el estado de la cultura en Cuba desde 1959?

A primera vista, la administración cultural cubana ha priorizado en las últimas seis décadas la promoción de una cultura popular, amplificada, accesible. Cuba es anfitriona de numerosos festivales internacionales de danza, cine, teatro; existen escuelas de enseñanza artística de diferentes niveles en los que estudian miles de jóvenes cubanos.

Sin embargo, en el ODC reconocemos el estado de la cultura en la Isla no como una voluntad política genuina de fomento, sino de instrumentalización política para moldear herencias, repertorios y conductas culturales. La reivindicación cultural en Cuba se ha basado en su función de dominación y propaganda para una legitimación a nivel regional e internacional del proceso; también para la construcción de narrativas homogeneizadoras, de una política de la memoria muy específica. Como resultado, la cultura nacional ha sido una y otra vez moldeada y estado sujeta a parametraciones, un arbitrio cultural que ha enterrado a artistas, creadores e intelectuales de todo tipo, que actualmente no figuran en la memoria cultural de la nación, como si nunca hubieran existido.

En su momento, instituciones culturales como la Casa de las Américas, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos o la Biblioteca Nacional fueron espacios artífices de una cultura selectiva, promotores del arte guerrillero y socialmente comprometido. Esto se logró mediante censuras y violaciones de derechos culturales hasta convertir a dramaturgos como Virgilio Piñera o escritores como Severo Sarduy en “no personas”, enviar a artistas que no respondían al canon oficial a campamentos de trabajo para su “reformación”, incitar a otros a autoinculparse ellos mismos o a colegas; una pugna no muy diferente a la sufrida por los intelectuales en la Unión Soviética. Como resultado, muchos intelectuales y artistas de las tres primeras décadas “revolucionarias” escogieron el exilio (o fueron obligados a él) y una gran parte de sus obras fueron creadas fuera de Cuba. Muchas de estas obras, como sus creadores, están aún proscritos en la Isla.

Puede tratarse de un artista privado de libertad por mostrarse contrario al régimen.

Sin embargo, muchos creen que el mal llamado Quinquenio Gris y otros procesos catárticos en la cultura cubana fueron meramente “errores” puntuales, sin conexión con el presente. Esto es desconocer la restricción drástica y sistemática de las libertades creativas de artistas e intelectuales cubanos. Hay que tener en cuenta la verdadera naturaleza de la esfera cultural cubana, que ha pujado como sociedad civil, sobre todo desde los años 80 y llegando hasta la jornada del 27N, siendo una especie de agente de cambio. 

Los movimientos y espacios artísticos independientes, surgidos mayormente en la década de 1980, han sufrido diferentes formas de represión: desde la vulneración del derecho a la integridad física, psíquica y moral, del derecho a la creación y a la expresión, hasta del derecho a la libertad personal. Todo esto ha sido registrado en los informes del ODC.

La situación actual es aún más precaria porque el Gobierno ha instrumentalizado figuras penales que asisten jurídicamente a la criminalización, persecución y procesamiento de artistas y ciudadanos creadores en general. La dependencia de poderes en Cuba permite que los artistas e intelectuales sean coactados y amenazados por el Departamento de Seguridad del Estado, sujetos a restricciones de movimiento o “regulados”. Hoy en día, tenemos a artistas reconocidos en el ámbito internacional como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, cumpliendo condenas arbitrarias de 5 y 9 años, respectivamente.

Por estas circunstancias, en los últimos tres años se ha generado una ola impresionante de éxodo de artistas cubanos. Muchos proyectos e iniciativas han sido forzados a cerrar o descontinuados por la ausencia de sus miembros. El panorama actual de la cultura en Cuba es realmente lamentable, incluso en la esfera oficial, ya que muchos artistas orgánicos también han marcado distancia, sobre todo desde los eventos represivos del 11J.

Por todo ello, tratamos desde el ODC de ser pragmáticos a la hora de abordar el estado de la cultura nacional, lamentando la pérdida de la memoria cultural y el patrimonio material e inmaterial nacional, y asumiendo, sobre todo, una labor revisionista, de rescate y reivindicación cultural.

La voluntad de la víctima está por encima de cualquier afán investigativo o reparador.

A partir de sus investigaciones, ¿cuánto considera el ODC que se respetan o no los derechos culturales en Cuba?

Habría que comenzar por entender que ningún derecho humano está a salvo en Cuba. La propia preceptiva constitucional establece en su artículo 5 la supremacía del Partido Comunista sobre la sociedad, la política y, por supuesto, el derecho cubano. Es decir, según este criterio, los tribunales no pueden ser de ningún modo independientes en tanto responden a la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La interpretación y aplicación del derecho sigue, entonces, los derroteros ideológicos trazados por el Partido Comunista. Está centrado en la defensa de los intereses del Partido/Estado, no en la de los derechos humanos. 

Dicho esto, no es de extrañar que el trabajo investigativo del ODC haya constatado la violación sistemática de los derechos culturales por parte de las autoridades cubanas. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dos dimensiones fundamentales de los derechos culturales que han sido desarrolladas y ampliadas luego en otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Estas dos dimensiones son, en primer lugar, el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad y, en segundo lugar, el derecho de los creadores a la protección de los derechos morales y materiales que tienen sobre sus obras.

Las prácticas violatorias de las autoridades cubanas se manifiestan en ambas dimensiones y de manera sostenida en el tiempo. A lo largo de más de seis décadas han sido constantes los actos de censura, la represión y el acoso a creadores; la hostilidad y la clausura de espacios independientes; la confiscación y destrucción de obras; el esfuerzo por monopolizar y manipular ideológicamente los espacios culturales, etcétera. 

Estas prácticas violatorias sostenidas en el tiempo siguen, además, una metodología en escalada que va de la intimidación y el hostigamiento a la represión y la supresión. Metodología consistente con una política de Estado, no con la acción espontánea y coyuntural de determinadas autoridades en determinado contexto. 

La cultura nacional ha sido moldeada y estado sujeta a parametraciones.

A partir de nuestras investigaciones, podemos concluir que los derechos culturales en Cuba no solo carecen de garantías para su ejercicio, sino que son violados sistemáticamente por las autoridades cubanas como parte consustancial de una política de Estado.     

¿Cuáles han sido los casos más connotados, tanto históricos como actuales, que haya hasta ahora reportado el ODC?

El encarcelamiento de artistas e intelectuales a causa de la proyección política que alcancen sus ideas y presupuestos estéticos resulta siempre estremecedor. Cuba se encuentra en medio de una situación revolucionaria donde el término recobra significado para una ciudadanía que reivindica hasta el derecho de existir, de incidir para transformar la realidad social. Los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), y de Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) resultan emblemáticos de la mixtura pueblo-artista que descoloca al poder al extremo de llevarlos a prisión por no poder lidiar con sus propuestas y reclamos. 

La puesta en crisis del estamento gubernamental atraviesa a la institución cultural que propicia los juicios de valor y da pie a la descalificación social de estos artistas para dar paso, finalmente, a la reclusión penitenciaria. Conocidos y colegas devienen en comisarios avaladores de la represión, produciéndose una realidad muy degenerada desde el punto de vista ético.

Es una pregunta difícil de responder y que pasa por el tamiz subjetivo de cada integrante del ODC. A cada uno de nosotros le afecta de diferentes maneras las historias que trabajamos. A unos, la proscripción social para intentar convertir en no-persona a alguien como Virgilio Piñera, sin derecho ni a compartir libremente en casa de amigos. A otros, la persecución encarnizada a los miembros de El Puente y los 12 electrochoques que le propinó el servicio de psiquiatría a Ana María Simo. Quizás, el encarcelamiento de Ángel Delgado o las golpizas propinadas a los de Art-De (Arte y Derechos), seguidas de cárcel y exilio. Recientemente, las amenazas de internamiento en una institución de salud mental contra Abel Lescay o la tachadura de las paredes de la obra de Yasser Castellanos o Yulier P en medio de una ciudad que transpira desidia y deshumanización. Son muchos casos y las atrocidades se renuevan con cada uno. 

Muchos proyectos e iniciativas han sido forzados a cerrar o descontinuados por la ausencia de sus miembros.

A veces se siente como si necesitáramos terapia para que nos afecte menos tanta barbarie; pero inmediatamente nos enteramos de que detienen a alguien, de que un artista apenas subsiste gracias a la desatención de las instituciones o la prisión se hace invivible para los presos políticos-artistas. Y hay que seguir.

En 2023 el ODC cumple un año de haberse fundado. ¿Cuál pudiera decirse ha sido su alcance e incidencia en los objetivos que se ha propuesto?

Construir un observatorio en el que los protagonistas sean las mismas víctimas de censura, hostigamiento y represión constituye un avance significativo en la reconstrucción de la memoria histórica y la denuncia ante organismos internacionales. El ODC no es la primera organización de la sociedad civil que denuncia las violaciones a los derechos artísticos y culturales de los cubanos; pero sí es la primera organización concentrada en recuperar la memoria histórica y demostrar que esta persecución ha sido una política de Estado desde la llegada de la Revolución en 1959. En este primer año se podría hablar de cinco logros: el haber consolidado un equipo de monitoreo y denuncia proveniente del mundo de las artes y la cultura en Cuba; el reconocimiento ante instancias interamericanas e internacionales como una organización de monitoreo y denuncia; el posicionamiento de los informes publicados, cambiando el imaginario sobre los derechos culturales en la Isla; el establecimiento de redes de colaboración y posicionamiento con otros observatorios y organizaciones de la sociedad civil independiente afines; y la participación, por primera vez, en un EPU con la presentación de informes.

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Nota:
^[1] Hermano de Guillermo Cabrera Infante.

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