En octubre de 2020, una abrumadora mayoría de la ciudadanía decidió embarcarse en un proceso constituyente para reemplazar la Constitución de 1980 como viga maestra del andamiaje político institucional chileno.
El triunfo del “Apruebo” en el plebiscito de entrada fue tan resonante —casi 80% de las preferencias emitidas—, que muchos pensaron que la aprobación final del texto ofrecido por la Convención Constitucional convocada al efecto sería un trámite. Un penal sin arquero, en jerga futbolística. Los resultados de la elección de convencionales, en mayo de 2021, se leyeron como una confirmación del anhelo transformador: caras nuevas, representantes del verdadero pueblo, activistas de causas justicieras, independientes ajenos a la partidocracia de la transición.
En lenguaje teológico-político, la Convención cumpliría un rol redentor al entregarnos una nueva norma, capaz de lavar democráticamente nuestros pecados. Un amor naciente parido por la rabia heroica frente a un sistema injusto. Sin embargo, desde hace varios meses, las encuestas anticipan, con mayor o menor margen, un triunfo de la opción “Rechazo”. Y aquí nos encontramos, a días del plebiscito de salida, con el gobierno de Gabriel Boric desplegado frenéticamente para dar vuelta un insólito marcador en contra.[1]
En lenguaje teológico-político, la Convención cumpliría un rol redentor al entregarnos una nueva norma, capaz de lavar democráticamente nuestros pecados.
Aunque el resultado es incierto, corresponde analizar qué ocurrió con un proceso constituyente que partió con tanta esperanza y terminó generando sensaciones muy encontradas. Este artículo ofrece cinco claves interpretativas al respecto.
1. Cambio en el clima político
La primera hipótesis es que el clima político cambió. El proceso constituyente ha sido interpretado como la canalización institucional del estallido social y, por tanto, debía hacerse cargo de las demandas allí expresadas, por difusas que fueran: contra los abusos de la élite económica, hacia una mayor igualdad en el acceso a bienes y servicios de calidad, por una mayor inclusión de grupos desaventajados, por una mejor distribución del poder.
La izquierda sostuvo que la única manera de satisfacer estas demandas era a través de cambios sustantivos al modelo político y económico consagrado en la “Constitución de Pinochet”, que ninguna de las sucesivas reformas pudo alterar en su esencia. Según esta primera hipótesis, el clima de apoyo a la protesta y a su anhelo de justicia social se proyectó hasta la elección de los constituyentes, inclusive, pero luego se fue disipando.
Uno de los fenómenos más interesantes en torno al estallido social es que una mayoría de los chilenos estaba dispuesto a asumir ciertos costos presentes en la esperanza de un futuro mejor. Muchos validaron la violencia como la única forma de remecer al poder establecido. Si Chile despertó, es porque lo despertaron a patadas.
Muchos validaron la violencia como la única forma de remecer al poder establecido.
Si se quiere conservar honestidad intelectual, uno no se puede alegrar de lo primero sin justificar o condonar lo segundo. Entonces, por así decirlo, los chilenos aceptaron tácitamente retroceder un paso —destrucción pública y privada, frenazo económico, incertidumbre general— bajo la promesa de luego avanzar dos pasos en justicia, igualdad y calidad de vida.
Y luego llegó la pandemia.
En su primera fase, la pandemia se “estallidizó”: al gobierno de Sebastián Piñera le fue imposible generar un sentido de unidad ante la adversidad sanitaria, como ocurrió en otros países, porque la animadversión y baja credibilidad que arrastraba desde octubre de 2019 seguía instalada en el ambiente. Pero, a mediados de 2021 —justo cuando empezó el trabajo de la Convención—, ya era evidente que los chilenos estaban cansados de tanta incertidumbre refundacional. Habían retrocedido un paso, pero no estaba claro que estuvieran avanzando alguno.
Dos viejos temas reemergieron con fuerza en la agenda y se ubicaron en las primeras prioridades de los chilenos: por un lado, orden público (inseguridad ciudadana, descontrol migratorio, violencia en la Araucanía, el ritual de los viernes en el centro de Santiago, etc.), y por otro, economía (bajo crecimiento, desempleo, efecto inflacionario, etc.). Este momento coincide con la irrupción de José Antonio Kast por el flanco derecho, que desbanca al candidato oficial del sector.
En este nuevo clima, sentenció el sociólogo Alfredo Joignant, se “extinguió el hechizo del estallido social” (Soto, 2021). La primera mayoría relativa de Kast en la primera vuelta presidencial hizo que algunos convencionales comentaran la necesidad de moderarse (Fernández, 2021). En la práctica, eso no ocurrió. Las propuestas aprobadas por las respectivas comisiones de la Convención siguieron su tránsito maximalista y refundacional.
Mientras afuera el clima comenzó a cambiar en una dirección más conservadora, la Convención siguió inmersa en una temperatura octubrista.
En síntesis, mientras afuera el clima comenzó a cambiar en una dirección más conservadora, la Convención siguió inmersa en una temperatura octubrista. Mientras el debate constituyente continuó operando sobre la premisa de que la derecha representa apenas 20% de la población, la segunda vuelta presidencial elevó esa sensibilidad a un piso de 45%.
2. La caída reputacional de la Convención Constituyente
En medio del descalabro de la confianza a las instituciones y autoridades tradicionales, la Convención se convirtió casi automáticamente en símbolo de restauración democrática. Varias de las figuras que protagonizaron la protesta obtuvieron un escaño en el espacio institucional que redibujaría las reglas del juego. La inexperiencia en tramitación legislativa o los limitados conocimientos de derecho constitucional de la mayoría de los convencionales no parecían problemáticos. La idea era justamente que las nuevas reglas no fuesen escritas por los sospechosos de siempre. Teníamos, se dijo, el cuerpo más representativo de la diversidad de Chile posible (Piscopo y Siavelis, 2021).
La polarización ideológica tampoco era, en principio, una mala noticia. En línea con un sector de la literatura, podría dar cuenta de la integración efectiva de nuevos actores sociales que hasta entonces no tenían un lugar en la mesa donde se toman las decisiones (Stavrakakis, 2018). Pero desde la accidentada instalación de la Convención se reveló una dificultad en la autocontención de pasiones y emociones, incluyendo rabias y reivindicaciones postergadas, que generaron una dinámica tensa y confrontacional, lo que suele alejar a los públicos más moderados.
Desde vestimentas tradicionales de los pueblos originarios a disfraces del estallido social, discursos con guitarra, sufragios desde la ducha y referencias a la era de Acuario.
Parafraseando a un rector de la plaza, los convencionales no domesticaron sus subjetividades. Los medios de comunicación, es cierto, tienden a mostrar las escaramuzas antes que los acuerdos, y los convencionales de lado y lado aportaron con lo suyo. Esto puede relacionarse con la fragmentación política de la Convención, que dificulta la conducción de los procesos, pero también a la escasez objetiva de liderazgos en el sentido tradicional. La elección de la segunda mesa directiva se decidió por los nombres menos “funables” (Fernández, 2022).
Por otro lado, la diversidad política y cultural también tuvo una expresión estética y performática: desde vestimentas tradicionales de los pueblos originarios a disfraces del estallido social, discursos con guitarra, sufragios desde la ducha y referencias a la era de Acuario. Todo esto provocó resistencia en los sectores más formalistas. La Convención pasó a ser, para muchos, “un circo” (Valenzuela, 2022). Nada hizo más daño que el episodio de Rojas Vade. Mucha gente pensó: se suponía que estos representantes eran distintos, pero también usan medios fraudulentos para acceder al poder. Nadie lo tiene más presente que los propios convencionales (El Mostrador, 2021).
La hipótesis del descalabro reputacional es confirmada por el “apruebismo” que celebra el fin del trabajo de la Convención. Parafraseando a la periodista Andrea Moletto, los convencionales son como el “grupo curso”, que integra personalidades a veces francamente insoportables que se potencian en patota (Castro, 2022). Pero, una vez que el grupo curso se silencia, la fuerza del texto emerge y el Apruebo se potencia. Es decir, se reconoce que los convencionales son un pasivo del Apruebo.
3. Las dos almas del Apruebo (de entrada)
La tercera hipótesis nos exige volver al plebiscito de entrada: ¿quiénes componen ese 80% que votó a favor de un cambio de Constitución?
Algunos políticos alardearon de que se trataba de una abrumadora mayoría de chilenos que quería transformaciones profundas en la misma dirección ideológica. Pero sería absurdo presumir que ese 80% es de izquierda, a secas. Por el contrario, ahí convergieron distintas posturas políticas, grupos etarios y socioeconómicos, convirtiéndolo en un auténtico “arco iris” (Sajuria, 2020). Una fracción relevante de la derecha estuvo por el Apruebo de entrada. De hecho, así lo manifestaron públicamente los cuatro candidatos que participaron en la primaria de la derecha en 2021: Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel.
Aquí propongo que podemos distinguir dos almas, relativamente equivalentes en tamaño, en el amplio Apruebo de entrada. Por un lado, el Apruebo Sustantivo (AS), por el otro, el Apruebo Procedimental (AP).
El AS nunca pensó que el problema fuera solamente la ilegitimidad de origen de la Constitución vigente, sino el contenido ideológico del texto: su carácter neoliberal. El objetivo era, por tanto, cambiar el modelo por algo más cercano a los principios socialistas democráticos y a la idea de un Estado de bienestar. Si la nueva Constitución no cumplía con ese objetivo, el esfuerzo no valdría la pena. Por lo mismo, los convencionales que portaron las banderas del AS se sintieron con autoridad refundacional. El AS es el mundo político que nunca se tentó con el Rechazo de salida, y conforma el núcleo duro del Apruebo de cara al plebiscito de septiembre.
Profundamente desconfiado de la “democracia de los acuerdos” y pródigo en retórica maniquea que divide entre el pueblo y la élite, nosotros contra ellos, amigos y enemigos.
En la otra vereda están quienes aprobaron procedimentalmente. No andaban buscando una reversión del modelo, en la medida que vinculan la prosperidad y estabilidad relativas de Chile en las últimas décadas con una serie de vigas institucionales adecuadas.
El AP buscaba un proceso de legitimación democrática de la norma, en la esperanza de que el contenido de esa norma tuviese mayor continuidad con la noción de una democracia liberal, representativa y capitalista como la que actualmente tenemos, y menos con otros modelos como los que últimamente se han adoptado en la región, a propósito de la influencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano (Gargarella, 2018). Según esta hipótesis, una mayoría del AP (aunque no todos) se movió hacia el Rechazo de salida. Si a este voluminoso grupo —que podría representar cerca de 25% de los electores—, le agregamos los 22 puntos del Rechazo de entrada, ya nos estamos acercando a 50%.
Una consideración adicional a esta hipótesis: he sostenido que el proceso constituyente también reveló dos formas alternativas de comprensión de la herramienta constitucional (Bellolio, 2022b). Por un lado, una comprensión consensual, propia de la tradición liberal, que funda la legitimidad en la identificación de un consenso racional, al cual acceden las partes en ciertas condiciones de deliberación. Por otro lado, una comprensión agonista o adversarial, propia de la tradición populista o radical, que funda la legitimidad en el poder, que a su vez es el resultado de una disputa democrática por la hegemonía. Rawls y Habermas contra Chantal Mouffe.
Mi impresión es que la segunda comprensión se impuso por sobre la primera, lo que no es extraño dado el clima político de los últimos años en Chile, profundamente desconfiado de la “democracia de los acuerdos” y pródigo en retórica maniquea que divide entre el pueblo y la élite, nosotros contra ellos, amigos y enemigos (Bellolio, 2022a).
Quizás el vocablo “personas” ya incluía a todos, sin distinción de sexo, género, edad o capacidad.
Cuando el presidente Boric advierte sobre la importancia de contar con una Constitución “no partisana” (Cooperativa, 2021), lo hace sabiendo que la comprensión adversarial reivindica la naturaleza partisana de la política y que aquello es complejo para elaborar relatos unitarios en torno a la propuesta de Constitución. Hago esta consideración adicional para especular que el AS acepta la comprensión agonista o adversarial, en la medida que transparenta un nuevo equilibrio de fuerzas, donde la derecha y sus ideas han sido efectiva y democráticamente reducidas a 20%. Cualquier apelación teórica a un “mínimo común denominador” es darle a la derecha y a los defensores del neoliberalismo poder de veto en la práctica.
Por el contrario, el AP tiene una comprensión más bien consensualista. Por eso son los que más abiertamente demandan una “casa de todos”, un “punto de encuentro”, “una Constitución que nos una”, y expresiones similares. Para este grupo, una lealtad constitucional transversal solo se logra sobre unas pocas cosas básicas, para que luego gobiernos de izquierda y de derecha puedan gobernar con el mismo texto. Así como el AS sigue aprobando de salida porque le satisface el contenido y suscribe la comprensión adversarial, el AP se pasó al Rechazo de salida porque tiene diferencias relevantes con el contenido y suscribe la comprensión consensual, que fue derrotada.
4. El énfasis identitario
La elección de Elisa Loncón, mujer y mapuche, como primera presidenta de la Convención, envió un mensaje de un simbolismo potente: el proceso constituyente sería protagonizado por aquellas identidades históricamente oprimidas, marginadas o desplazadas de la toma de decisiones.
La adopción aparentemente acrítica de las demandas identitarias aliena a capas medias de la población que se sienten abandonadas por el discurso político.
Esta característica fue importada del estallido social: después de la protesta por el costo de la vida, representada en el aumento del precio del transporte público, el malestar adoptó ribetes más identitarios: mientras las banderas de pueblos originarios se tomaron las calles, el colectivo Las Tesis sentaba al patriarcado en el banquillo de los acusados.
En el trabajo de la Convención propiamente tal, paridad y plurinacionalidad son conceptos recurrentes y centrales en el andamiaje político del nuevo texto. En menor medida, el reconocimiento a la diversidad sexual, y a cualquier otro grupo o minoría en condiciones de relativa vulnerabilidad.
“¿Sabía usted que la actual Constitución no menciona a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos mayores, ni a las personas con discapacidad?”, preguntó en Twitter el ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. Una de las respuestas sugirió que quizás el vocablo “personas” ya incluía a todos, sin distinción de sexo, género, edad o capacidad.
Muchos intelectuales liberales son criticados por “no haber visto venir” el malestar que combustionó en el estallido social. Hoy se les puede hacer la misma pregunta a los intelectuales de izquierda.
Este intercambio grafica las dos posiciones: mientras Domínguez entiende que el reconocimiento de las minorías vulnerables debe ser explícito y que subsumirlas en una categoría supuestamente neutral —“personas”— acaba invisibilizando la diferencia, su contradictor apela a la vieja noción de igualdad liberal “ciega a la diferencia”, avance civilizatorio ilustrado, en favor de categorías universales, imparciales e indeterminadas respecto de sus existencias concretas. Iris Marion Young versus Brian Barry. Sin duda, un debate fascinante entre derechos individuales y grupales, distribución y reconocimiento, liberalismo y política identitaria, etcétera.
Pero, estratégicamente, quizás la Convención no era el mejor lugar para promover posiciones de vanguardia, al menos respecto de aquellos temas que no habían sido suficientemente socializados en la opinión pública. Independiente del mérito normativo de la disposición, ¿cuánta gente había leído o escuchado de “sistemas paralelos de justicia”, previo a la Convención Constitucional? ¿Cuánta gente tuvo dificultades, siguiendo la intuición del convencional Agustín Squella, para entender con naturalidad la noción de “disidencia sexogenérica”?
Estos son solo ejemplos para ilustrar el desacople. Muchas de estas disposiciones identitarias, que se traducen típicamente en derechos especiales y acciones afirmativas, en pos de una mayor “igualdad sustantiva”, generaron un cierto resentimiento en el resto de la población que no comparte esos rasgos identitarios. Llamémosles identidades residuales: hombres, blancos, heterosexuales, etcétera.
El Rechazo comienza a convertirse en una alternativa seria a comienzos de abril de 2022, pocas semanas después de la entrada de Boric a La Moneda.
Muchos intelectuales liberales son criticados por “no haber visto venir” el malestar que combustionó en el estallido social. Hoy se les puede hacer la misma pregunta a los intelectuales de izquierda: si ya teníamos antecedentes de la reacción conservadora que genera la intensificación de un discurso identitario en las identidades residuales que ven amenazado su (trabajado) estatus, como fue ampliamente discutido a propósito de la elección de Trump y otros populismos de derecha en el mundo (Fukuyama, 2018; Lilla, 2018), ¿por qué nadie levantó la voz o advirtió públicamente de este posible efecto?
En resumen, esta hipótesis sostiene que la adopción aparentemente acrítica de las demandas identitarias aliena a capas medias de la población que se sienten abandonadas por el discurso político, que hasta entonces promovía el ascenso social a través del mérito, por una parte, y políticas públicas universalistas, por la otra, ambas consideraciones teóricamente impermeables al particularismo identitario.
5. Referéndum sobre Boric
Finalmente, la última conjetura se sostiene sobre la observación de las curvas de adhesión y reprobación al gobierno de Gabriel Boric, y su relación con la trayectoria de la intención de voto Apruebo y Rechazo: cuando baja el gobierno, baja el Apruebo; cuando sube el gobierno, sube el Apruebo.
El Rechazo comienza a convertirse en una alternativa seria a comienzos de abril de 2022, pocas semanas después de la entrada de Boric a La Moneda. Como la llamada “luna de miel” fue más corta de lo habitual, producto de la persistencia en la agenda de los temas de orden público y economía que vimos en la primera hipótesis, el Apruebo comenzó a desplomarse junto con la popularidad del gobierno. El propio Boric está fuertemente identificado con el proceso, del cual es uno de sus padres políticos.
En corto: si el Apruebo quiere ganar, los números del gobierno deben mejorar.
Es decir, aunque no haya sido la intención de nadie, el plebiscito del 4 de septiembre comenzó a parecerse cada vez más a un referéndum sobre Boric. Intuyéndolo, el presidente habló poco del proceso constituyente en su cuenta pública. Quizás no quiso perjudicar al Apruebo. Pero lo cierto es que mejoró la imagen del gobierno, y a la semana siguiente subió el Apruebo.
Aunque el oficialismo ha insistido en instalar la narrativa “Constitución en democracia versus Constitución de dictadura”, o bien “de los privilegios”, o bien “de los abusos”, lo cierto es que nada parece mover más la aguja que el desempeño del propio gobierno. En corto: si el Apruebo quiere ganar, los números del gobierno deben mejorar. Y eso lo entendió hace poco el gobierno, lo que explica su intenso despliegue, donde la línea entre informar y promover una opción de cara al plebiscito es siempre delgada y controvertida.
Concluimos así la revisión de cinco hipótesis que no son incompatibles y que podrían ser, incluso, complementarias, que contribuyen a entender qué pasó entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida, y por qué lo que inicialmente parecía un penal sin arquero se transformó en una cruzada cuesta arriba para dar vuelta al marcador.
Sobre el autor:
Cristóbal Bellolio es abogado y licenciado en Ciencia Política UC. Doctor en Filosofía Política, University College London. Actualmente se desempeña como investigador, docente y académico de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de columnista en varios medios de comunicación. Su libro más reciente es ‘El momento populista chileno’ (Taurus, 2022).
Referencias bibliográficas:
Bellolio, C. (2022a): El momento populista chileno, Debate.
Bellolio, C. (2022b): “Sin agonismo no hay paraíso: Polarización y populismo en el proceso constituente chileno”, en Revista Stultifera, 5(2).
Castro, F. (2022): “El grupo curso y el apruebo”, en Timeline Antofagasta, 3 de julio.
Cooperativa (2021): “Boric: ‘Una Convención partisana, al servicio de nuestro gobierno, no corresponde’», 21 de diciembre.
El Mostrador (2021): “Atria por el caso Rojas Vade: ‘A mi juicio su permanencia podría causarle un daño a la Convención y al proceso constituyente que es hoy lo más importante de defender’», 7 de septiembre.
Fernández, P. (2021): “La verdad del viaje al Biobío”, en El Mostrador, 28 de noviembre.
Fernández, P. (2022): “Una Convención sin liderazgos”, en El Mostrador, 22 de enero.
Fukuyama, F. (2018): Identity: The demand for dignity and the politics of resentment, Farrar, Straus and Giroux.
Gargarella, R. (2018): “Sobre el ‘Nuevo constitucionalismo latinoamericano’», en Revista Uruguaya de Ciencia Política, 27(1).
Lilla, M. (2018): The once and future liberal: After identity politics, Oxford University Press.
Piscopo, J. & P. Siavelis (2021): “Convención Constituyente: ¿Caras nuevas o las mismas de siempre?”, en Ciper Académico, 2 de junio.
Sajuria, J. (2020): “Rechazo: el arco iris que no fue”, en Ciper Académico, 29 de julio.
Soto, M. (2021): “Alfredo Joignant: ‘Estamos viviendo la extinción del hechizo del estallido social’», en Ex Ante, 10 de noviembre.
Stavrakakis, Y. (2018): “Paradoxes of polarization: Democracy’s inherent division and the (anti-) populist challenge”, en American Behavioral Scientist, 62(1).
Valenzuela, C. (2022): “El circo constituyente”, en La Tercera, 9 de febrero.
Nota:
[1] El 1º de Agosto de 2022, la encuesta semanal Cadem arrojaba un 48% de intención de voto Rechazo y un 38% para el Apruebo.
* Este artículo publicado en ‘Crisálida’, No 2, primavera de 2022 (Segunda edición, agosto de 2022).
El efecto Otaola
“¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Se abren las puertas del rancho anticomunista del chisme… ¡Y hemos comenzado!”
