Totalitarismo en Cuba y violencia estatal institucional

Las formas de sujeción, control y dependencia ciudadana al Estado, son inéditas en otros regímenes políticos contemporáneos. Los enfoques históricos, filosóficos, ideológicos o políticos sobre los regímenes totalitarios, no se han ocupado, hasta el momento, de los niveles de control social estatal de estas sociedades, que difieren de los que podemos encontrar en sociedades autoritarias o en sociedades democráticas. La cualidad específica de estos tipos de control social estatal ha sido solo mencionada en algunos aspectos, en el debate académico sobre el concepto y los regímenes políticos totalitarios realmente existentes (Traverso, 2001).

El presente texto toma el término “totalitarismo” usado en el lenguaje coloquial mediático y lo somete a un análisis profundo, en su condición de concepto analítico para explicar los múltiples tipos de control social estatal y las consecuencias que implica ese régimen político y económico contra las poblaciones que aún hoy las sufren, como Corea del Norte y Cuba.

En los últimos sesenta años, Cuba ha sido leída por la progresía internacional como una “caja negra” indescifrable, en tanto no se ha analizado por sus leyes, sus instituciones (organizaciones y reglas del juego) y sus políticas públicas. Salvo los pilares de salud y educación —siempre citados a partir del discurso oficial y con cifras fabricadas a puertas cerradas y sin control público—, el resto de la vida cotidiana de Cuba ha quedado invisibilizada, bajo ríos de propaganda del gobierno.

Aunque existen rasgos totalitarios que se observan en las dictaduras de partido único de China, Vietnam, Rusia, Venezuela y Nicaragua, a saber: la omnipresencia y privilegios de la policía política en esas sociedades, el terror estatal sistemático contra los ciudadanos y una vasta nomenclatura partidista parasitaria encargada de encuadrar y controlar a la población, los cinco países mencionados no presentan todos los rasgos del concepto totalitarismo. Los modelos económicos de esos países tienen amplios espacios de economía de mercado, tienen aún pequeños resquicios de oposición política legal, algunos medios de difusión independientes, algunos derechos restringidos de manifestación pacífica, algunas organizaciones de la sociedad civil independiente, aunque el actual gobierno de Nicolás Maduro pretenda copiar hasta el suspiro el modelo estalinista cubano.

En otras palabras, todos los países mencionados aplican el terrorismo de Estado^[1] contra sus ciudadanos, pero solo Corea del Norte y Cuba son regímenes totalitarios estalinistas, aunque el régimen coreano se vista de la idea “Juche” y Cuba se vista de instituciones formales, vacías de contenido y contrarias a las “reglas de juego” democráticas. Como el “Putinismo” —hoy en Cuba—, las organizaciones y las leyes con alguna tolerancia hacia algunos derechos —“letra muerta”— se crean para no atemorizar tanto a los aliados y adversarios, y parecer menos impresentables ante la comunidad internacional.

Como dice el politólogo Leandro Querido en su artículo La moda de los datos: falacias y desinformación en datos sin contexto, los datos fuera de contexto que proporciona el gobierno cubano son una falacia:

“La falacia es un concepto muy bien conocido por quienes se dedican a las Ciencias Sociales o la academia, dado que es una afirmación o conclusión que se basa en la presunción de correspondencia entre ciertos datos o hechos que, en realidad, no es tal. Como ejemplo citaremos una aclaración que solemos sostener en la ONG: afirmar que un país es democrático solo porque celebra elecciones es una falacia, dado que la calidad de esa democracia puede delatar la presencia de un autoritarismo competitivo o incluso una dictadura, como en los casos de Venezuela (1999-2016) y Cuba, respectivamente.

Mal puede estudiarse la calidad de un fenómeno allí donde no existe, por lo que no hay estudios sobre calidad democrática que incluyan a Cuba o a Arabia Saudita, una dictadura una, y una monarquía teocrática absoluta otra… resaltar la paridad de género en un régimen totalitario es un dato vacío, porque para el dato comparativo solo debemos contemplar a los regímenes democráticos o competitivos. Las mujeres en el parlamento cubano representan al Partido Comunista, no a las mujeres cubanas” (Querido, 2020: 13).

En efecto, el 53.2 % de mujeres cubanas diputadas en la Asamblea Nacional no tienen voz política independiente al Partido Comunista de Cuba (PCC) y las mujeres discrepantes son sistemáticamente violentadas por las autoridades represivas del Estado.

La ausencia de discusión, prohibida de facto por el dictador Fidel Castro, sobre qué tipo de “socialismo” se reprodujo en Cuba, en sus leyes, instituciones (organizaciones y reglas del juego) y políticas públicas, impiden el conocimiento del país, sus estructuras de funcionamiento y la sistemática represión de todos los derechos universales, ninguno reivindicable ni justiciable. Hoy Cuba y Venezuela resultan los gobiernos que de manera más integral violan todos los derechos humanos: económicos, laborales, sociales, civiles, culturales y políticos en Latinoamérica.

La academia, dentro y fuera de Cuba, en su abrumadora mayoría, califica el régimen político y económico cubano como autoritario; no se permite el término de totalitarismo, parece ser que por la ausencia de campos de trabajo forzado o de campos de exterminio, o porque no aparecen comúnmente ciudadanos muertos en las cunetas (aceras, calles)^[2]. El problema es que solo comprenden dicho término por las brutales consecuencias del “totalitarismo histórico” fascista, nazi y estalinista, y no actualizan el concepto ni su capacidad analítica para dar cuenta de la realidad.

Dicha academia atenúa y desconoce la gravedad de las consecuencias (costo social, económico, educativo y cívico) que ha traído para la ciudadanía seis décadas de dictadura, y a partir de los inicios de los años 70 del siglo pasado, de una dictadura estalinista totalitaria con todos sus mecanismos de violencia y control social estatal. 

Por otra parte, se califica de “hegemónico”^[3] al partido único cubano, cuando en realidad es un partido totalitario: al margen del control público y por encima de las leyes y la constitución. Esta “ligereza” en la utilización de los conceptos obedece también a la mordaza a las ciencias sociales y su sovietización desde los años 70, así como la eliminación de la carrera de Ciencias Políticas en 1970. Es decir, se mantiene en el país una falta de información y formación del aparato conceptual y académico para discernir los tipos de regímenes políticos modernos.

Hablar de dictadura y totalitarismo en Cuba es cruzar la barrera de la inclusión a la exclusión social, de la pertenencia social al ostracismo, de la “tranquilidad” ciudadana a la represión y la cárcel. Para los académicos cubanos en el exterior, pasar esta barrera cuesta el destierro y la imposibilidad de visitar de nuevo su país. Un procedimiento no escrito en ninguna ley de la República, pero sistemáticamente aplicado a todos los ciudadanos cubanos o de origen cubano y extranjeros que discrepen de manera pública de alguna política vigente en el país. El control del léxico —pleno de distorsiones y ausencias— con el cual se describe la realidad y la historia, es uno de los primeros síntomas del totalitarismo cubano y ha sido aplicado durante las últimas seis décadas.

Sin diagnóstico certero de la realidad, con un corrimiento y dilución de los conceptos que pudieran aprehender y explicar la realidad, la academia, los periodistas, la comunidad internacional y los propios ciudadanos cubanos —cautivos y desinformados en su mayoría—, no son capaces de generar una propuesta válida de cambio profundo y viable para la nación: sobre cuáles leyes, cuáles instituciones y cuáles políticas públicas erradicar, y cómo deben ser las “nuevas reglas del juego”^[4], para luego no comenzar de nuevo la lucha contra el capitalismo militar de Estado, orientación actual del gobierno según las señales que da el actual presidente designado, Miguel Díaz-Canel, y los funcionarios de su gobierno, también designados.

La violencia que genera la ausencia de diagnóstico certero de la realidad, la ausencia de derechos económicos, laborales, sociales, civiles, culturales y políticos, empuja a la ciudadanía a la revuelta popular, como único medio de ser escuchada por el poder totalitario, y/o al mantenimiento del “caos social” cotidiano por la arbitrariedad de dicho poder y sus funcionarios. Los canales de participación ciudadana están herméticamente cerrados con los mecanismos del terrorismo de Estado, pero también por el encuadramiento ciudadano obligatorio y compulsivo a las organizaciones estatales que no los representan, creadas y financiadas por el PCC.

Las recientes declaraciones de Díaz-Canel sobre “destrabar” las empresas estatales dentro de las cuales los militares controlan los activos fundamentales, mientras las empresas no estatales están asfixiadas por decretos leyes y resoluciones ministeriales, manifiesta esta orientación hacia el capitalismo militar de Estado como línea central estratégica para el año 2020 y los posteriores. La empresa privada individual y cooperativa está pensada por el gobierno como una economía de “timbirichis”^[5], sin valor agregado y en funciones marginales de servicio de baja calificación.

La lectura que hace la academia nacional e internacional de la realidad cubana, a través del discurso oficial, hace a investigadores rigurosos deslizarse hacia la superficialidad e irresponsabilidad. Así, el historiador Enzo Traverso, alerta sobre Cuba en la primera página del prólogo de su libro:

“En Cuba, los medios de comunicación son monopolizados por el Estado, la creación cultural está asfixiada por una autoridad de corto entendimiento, la palabra de Fidel se transformó en doctrina oficial, la expresión democrática de los ciudadanos está paralizada por un aparato burocrático omnipresente, pero la mayor parte de la población sigue percibiendo el régimen como el heredero de una revolución que liberó al país del yugo colonial. Una revolución desfigurada no es necesariamente sinónimo de aniquilación totalitaria de la política. Que hoy el fantasma del totalitarismo sea agitado por los sectores cubanos de Miami tiene más que ver con la propaganda anticastrista que con el debate intelectual y político (Traverso, 2001)”.

Esta visión de Enzo Traverso responde a la desinformación que ofrece el discurso oficial y su prensa maniatada, que el investigador constata pero no asume. La extinción totalitaria de la política se consumó en Cuba en los primeros cinco años después de enero de 1959.^[6] Varios aspectos que describe Traverso resultan irresponsables:

1. Como se hace evidente, el autor no se percata de los tipos de violencia estatal que permiten todas estas desfiguraciones, las cuales, según él, no son rasgos del totalitarismo. Lamentablemente, el totalitarismo queda constreñido a los gulags soviéticos y los campos de exterminio nazi.

2. Hablar de “la mayoritaria percepción de la población” sobre los orígenes de la revolución, no cancela la posibilidad del totalitarismo en Cuba, como la revolución antizarista de 1917 no invalida el totalitarismo estalinista ni lo circunscribe al período en que gobernó Stalin.

3. “La percepción mayoritaria de la población” o “la propaganda anticastrista en Miami”, están tomadas de la narrativa oficial del partido único. Elemento “clásico” y repetitivo en el desconocimiento sobre Cuba^[7], que no excluye su irresponsabilidad como académico.

Siendo su libro un valioso recorrido y una sistematización del debate sobre el totalitarismo, sus limitaciones académicas y sus preferencias políticas no le permiten al autor visibilizar las múltiples violencias estatales implementadas contra los ciudadanos.

En su libro El Telón de acero: la destrucción de Europa del Este (1944-1956), Anne Applebaum estudia el concepto de totalitarismo en Italia bajo Mussolini, y el estalinismo en la URSS, Europa del Este, Corea del Norte y China bajo Mao. También analiza el concepto desde la perspectiva de académicos y políticos, algunos detractores y otros que lo sostienen, para concluir:

“Sin embargo, aunque la idea de ‘control absoluto’ pueda ahora parecer absurda, ridícula, exagerada o tonta, y aunque la propia palabra haya perdido la capacidad de impresionar, es importante recordar que el ‘totalitarismo’ es algo más que un insulto mal definido. Históricamente hubo regímenes que aspiraron al control absoluto. Si esperamos entenderlos —si esperamos entender la historia del siglo XX—, tenemos que comprender cómo funcionaba el totalitarismo, tanto en la teoría como en la práctica. Además, el control absoluto no está totalmente pasado de moda. El régimen de Corea del Norte, establecido en el de la línea de Stalin, ha cambiado poco en 60 años. Si bien las nuevas tecnologías parecen dificultar la aspiración al control absoluto, y aún más su consecución, no podemos estar seguros de que los teléfonos móviles, Internet, y las fotografías por satélite no terminen convirtiéndose en herramientas de control en manos de regímenes que también aspiran a ‘abarcarlo todo’. El término ‘totalitarismo’ sigue siendo una descripción empírica útil y necesaria. Ya va siendo hora de recuperarlo” (Applebaum, 2014: 26).

Applebaum señala los cinco rasgos más sobresalientes del totalitarismo según los autores más reconocidos que han tratado el tema durante las décadas de 1940 y 1950 del siglo pasado: “Una ideología dominante, un único partido en el poder, una fuerza policial secreta dispuesta a utilizar el terror, el monopolio de la información y una economía planificada” (Applebaum, 2014: 24). La autora reconoce a Hanna Arendt como la estudiosa más importante al plantear el surgimiento de “la personalidad totalitaria”: hombres y mujeres cuya identidad dependen por completo del Estado, y las similitudes más que diferencias entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

Las leyes y violencia del sistema jurídico y legal del totalitarismo cubano

La nueva constitución cubana de 2019 conserva la jurisprudencia soviética estalinista en cinco aspectos claves que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba:

• La unidad de poderes, que anula los contrapesos de los poderes judicial, legislativo, electoral y ejecutivo.
• El partido único se mantiene por encima y al margen de la ley. No existe control público sobre sus decisiones y funcionamiento, no existe tampoco ley que lo regule: el partido nunca rinde cuentas a la ciudadanía.
• Como la constitución estalinista de 1976, no existen garantías constitucionales, jurídicas ni procedimentales para reivindicar y juzgar las violaciones de los derechos humanos universales en el país.^[8]
• La supremacía mayoritaria de la propiedad estatal “socialista de todo el pueblo” y la planificación centralizada de la economía por el partido-Estado, así como su control directo de todos los mecanismos de exportación-importación, mercados mayoristas, financiamiento y capital económicos.
• El monopolio de los medios de comunicación, los cuales el gobierno considera “socializados”. Aún hoy, es el secretario ideológico del Comité Central del PCC el encargado de censurar lo que se puede publicar y qué no, y qué enfoque utilizar en cada publicación. La agenda de la prensa oficial, la televisión y la radio, la decide un pequeño grupo de altos funcionario del PCC, específicamente la comisión ideológica de su Comité Central (Azor, 2019b).

Los derechos proclamados en la nueva constitución, económicos, sociales, culturales y civiles, siguen siendo, un año y medio después, “letra muerta”. La ley electoral recientemente aprobada mantiene las comisiones de candidatura paralelas a los Consejos electorales en el nivel de circunscripción electoral, municipal, provincial y nacional, las cuales se encargan de elegir a los representantes —similar al sistema soviético— e impedir la elección de estos por la ciudadanía, a la que únicamente se les permite votar (Azor, 2019a).

Las nuevas normas en el sector de la cultura contra la libertad e independencia de creación —Decreto-Ley 349 y 373—, contra la gestión privada —Decreto-Ley 35—, contra las cooperativas —resolución ministerial del verano del 2017–, contra la gestión privada y los contenidos publicados en Internet —Decreto-Ley 370—, y contra el desarrollo de la pesca cooperativa e individual privada —Ley de pesca 2019—, establecen en blanco y negro las prohibiciones aplicadas por el partido-Estado de manera discrecional durante las últimas seis décadas.

El cambio de gobierno en los últimos tres años ha consistido en “legalizar” las prácticas totalitarias, aunque la narrativa oficial asegure que pretende acercarse a la ley^[9] (Azor, 2019 a). El partido-Estado impone la unidad de poderes y no permite ninguna institución de contrapeso. Por eso el sistema judicial no imparte justicia, pues se somete a las orientaciones del partido y, en el caso de los discrepantes, a las arbitrariedades de los órganos represivos de la policía política y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria). El ciudadano no puede acceder a abogados no estatales: los abogados independientes cubanos no pueden representar a los ciudadanos en los tribunales, aún siendo graduados de las instituciones educativas del país. Una norma no escrita pero aplicada desde hace sesenta años: “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado”.

La nueva constitución de la República mantiene la imprecisión de los derechos, una narrativa más política que jurídica que condiciona los mismos y sus garantías a leyes complementarias hasta el 2028. No existe ningún canal ciudadano para participar y controlar el contenido de las leyes elaboradas por el partido-Estado, ni tampoco para exigir leyes no contempladas y menos aún para priorizar unas leyes respecto a otras obedeciendo a un determinado interés ciudadano colectivo o consenso popular. El reciente Decreto-Ley 6 y su reglamento sobre la información gubernamental, exige un convenio de confidencialidad con el ciudadano, impedido de difundir información pública y también la exigencia de explicar para qué se va a utilizar la información, contraviniendo los estándares internacionales sobre la información pública^[10].

En la nueva ley electoral aparece un acápite sobre las “consultas populares” en los centros de trabajo y estudio estatales, así como en los barrios, pero sin valor vinculante. Es decir, los funcionarios —con la información cautiva por el partido-Estado— no están obligados a publicar el contenido de las demandas ciudadanas resultado de esas consultas, mucho menos a explicar a los ciudadanos las que pueden o no aplicarse. Las “consultas populares” en Cuba son decorativas para la ciudadanía y de cara a la comunidad internacional. No hay compromiso gubernamental con las demandas ciudadanas ni efecto vinculante para los funcionarios públicos.

En el reciente referendo para aprobar la nueva constitución se ocultó la demanda ciudadana sobre los siguientes aspectos, recogidos a lo largo del territorio nacional:

• La exigencia de eliminar el papel “superior” del PCC en el sistema político cubano y someterlo a una ley que lo controle, para que rinda cuenta de sus fuentes de financiamiento y de los activos y bienes económicos que maneja.
• La exigencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales para monitorear la discrecionalidad con la cual se aplican e interpretan la vieja y nueva constitución por los funcionarios públicos, con efecto vinculante.
• La exigencia de eliminar el capítulo tres donde se establece el derecho a utilizar la violencia, incluida la militar, contra los ciudadanos considerados “traidores”: un término utilizado por el partido y la policía política contra todos los discrepantes del discurso oficial, y que legaliza los “actos de repudio” y el vandalismo contra los mismos.
•  La exigencia de creación de una Comisión nacional o una Oficina Nacional que monitoree los derechos humanos en el país y con efecto vinculante^[11].

Ninguna de estas demandas ciudadanas se publicó en los medios de comunicación monopolizados por el partido-Estado, tampoco se les dio respuesta a los demandantes.

En el código penal cubano existe el delito de “seguridad pre-delictiva”, descrito y con las penas correspondientes en los artículos del 73 al 84. Según este delito, las autoridades definen a los acusados por conductas “antisociales” que atentan contra las “buenas costumbres”. Esta laxa definición permite a los órganos represivos imponer la falta de libertad y confinamiento en centros especiales de trabajo y estudio, durante uno o cuatro años, a ciudadanos que no han cometido ningún delito tipificado, los que serán monitoreados por la policía política y la PNR.

Las organizaciones de derechos humanos cubanas han contabilizado decenas de miles de ciudadanos encarcelados por esta figura delictiva en los últimos cuarenta años. Por supuesto, ha sido y es una figura delictiva para castigar la discrepancia política. Como correlato de la actual legislación, el gobierno se ha permitido declarar durante más de seis décadas que no existen presos políticos en Cuba.

Las leyes cubanas están explícitamente escritas de una manera difusa —no es posible entender que existan juristas y filólogos graduados en las universidades cubanas con tales errores e imprecisiones técnicas e idiomáticas—, para permitir la interpretación discrecional de cada funcionario público: “todo contra la ciudadanía”. Por eso, la demanda de un Tribunal de garantías constitucionales y de una Comisión de derechos humanos son relevantes, si bien fueron no escuchadas u ocultadas por el gobierno.

Sistema de control y violencia institucional en Cuba

Las organizaciones legales en Cuba, sean estatales o civiles, tienen como condición de existencia y cooptación “la lealtad política” al PCC. Por lo tanto, el criterio de selección de sus miembros no está basado en la competencia especializada, habilidades de desempeño, intereses ciudadanos y/o concursos de oposición. Las organizaciones independientes al PCC son ilegales, por lo que sufren represión sistemática, y cuando son toleradas, actúan con la incertidumbre de que tal tolerancia termine en algún momento (Cárdenas Lema, 2020). La permanente persecución y criminalización de la autonomía ciudadana es otro rasgo sobresaliente del totalitarismo cubano (Azor, 2019a).

Por otra parte, las organizaciones fundamentales del Estado, el PCC y las organizaciones civiles masivas o gremiales creadas por este —que son la mayoría—, tienen una estructura piramidal y jerárquica, carecen de transparencia y control público, y sus dirigentes son designados y aprobados por el PCC. Sus métodos de funcionamiento son militares —de “ordeno y mando”—; no discuten las órdenes de instancias superiores, las cumplen. Los reglamentos internos de estas organizaciones son desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos y se utilizan de manera discrecional por los funcionarios públicos que las dirigen, para sancionar, promover, premiar, separar y expulsar a sus miembros.

El tráfico de influencias es el segundo criterio más utilizado, luego de “la lealtad política”, para incorporar nuevos miembros a las organizaciones oficiales: “ser amigo de alguien en el poder” trae ganancias financieras y/o de promoción y “protección” social. 

El tercer criterio de cooptación es la compulsión obligatoria y automática cuando se llega a cierta edad, se reside en determinado barrio, se ingresa a un empleo estatal o se arriba a un centro de estudios: desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. Los ciudadanos son reprimidos si no se incorporan a estas organizaciones barriales, estudiantiles, gremiales —según la profesión—, femeninas —como la Federación de Mujeres Cubanas—, o del sindicato único.

Todo el que no quiera pertenecer a estas organizaciones controladas y creadas por el partido-Estado —o pretenda crear asociaciones y organizaciones alternativas—, es violentado con represalias que van desde la pérdida del puesto de trabajo o estudio, el impedimento de salida del país, citaciones ilegales de la policía política y la PNR, arrestos y multas arbitrarias, hasta la cárcel, como sucede con los miembros de organizaciones civiles independientes. Este sistema de encuadramiento, regimentación y control de la ciudadanía, tanto a nivel individual como por sectores, solo acontece en regímenes totalitarios vigentes como el cubano.

Las “reglas del juego” resultan indefinidas y arbitrarias. La ausencia de responsabilidad y transparencia, así como la negligencia de las instituciones estatales frente a la precariedad económica y la pésima calidad de los servicios públicos, hace coexistir la represión política con las reglas del “más fuerte” y “sálvese quien pueda” en la sociedad: otra violencia cotidiana en la convivencia pública que genera el totalitarismo^[12].

Las “reglas del juego” nunca están claras o son abiertamente represivas. Todo lo que no se reprima por ley está prohibido de facto para la ciudadanía, similar a la experiencia estalinista soviética. En este sentido, coincido con los autores que describen el régimen totalitario como el “caos permanente” que vive la ciudadanía y no como la aplicación de la técnica de manera instrumental en los campos de exterminio nazi. En Cuba, la irracionalidad —el fermento de las pasiones de amor y odio, actos de repudio, vandalismo social contra las casas de los opositores y el canto a la estulticia—, es promovida por el partido totalitario para provocar los enfrentamientos cotidianos entre los ciudadanos. La irracionalidad es el discurso y la práctica de una sociedad encuadrada y regimentada bajo la violencia estatal institucional y discursiva.

El MININT y la PNR allanaron la casa de la periodista independiente Iliana Hernández sin orden legal, le “confiscaron” laptop y teléfono y le impusieron una multa utilizando el Decreto-Ley 370,^[13] según su artículo 6, por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” (AA, 2020). Este tipo de represión, habitual en los últimos tiempos, evidencia que el interés social, las buenas costumbres, la moral y la integridad de las personas, las define el PCC de manera arbitraria y de espaldas al consenso ciudadano.

Las instituciones y organizaciones estatales, partidarias, masivas y gremiales en Cuba, ¿son débiles o fuertes? Las organizaciones construidas con criterios políticos de exclusión, escoltadas por la represión, obligadas a defender los intereses del partido y no los del ciudadano, son un cascarón vacío de legitimidad, como evidenció el derrumbe del totalitarismo soviético. Las instituciones fuertes son aquellas transparentes, con claras “reglas del juego”, bajo control público, con probidad en su desempeño y que siguen funcionando normalmente y con eficacia de servicio, al margen del partido político que se encuentre en el poder. Para el PCC, sin embargo, las instituciones cubanas son “fuertes” porque están militarizadas y bajo su mando. Sin alternancia de poder frente a otras corrientes políticas y sin control público independiente, el PCC pasó de representar la “vanguardia revolucionaria” a ser la retaguardia reaccionaria que obstruye el desarrollo y viola todos los derechos y garantías constitucionales.

La crisis estructural del sistema desde hace 30 años no se debe al embargo estadounidense, sino a la incompetencia del partido-Estado para facilitar y comandar el desarrollo, y permitir con ello el bienestar ciudadano. No existe ninguna justificación para mantener estas formas de sujeción, control y represalias estatales contra los ciudadanos: económicas, laborales, cívicas, sociales, culturales y políticas. Si los militares cubanos se han apropiado de los mayores activos de la economía dizque estatal y se han centrado en el turismo, es cierto que padecen el embargo. Una economía diversificada, sin monopolios, con formas de propiedad y gestión medianas y pequeñas, permitiendo su respaldo jurídico, sin impuestos leoninos como los existentes, eliminaría de facto las consecuencias del embargo estadounidense.

En Cuba se puede acceder gratuitamente a una operación de corazón abierto —otro asunto es cuánto tiempo se sobrevive—, pero la economía centralmente planificada no logra mantener una venta de jugo natural en las esquinas de cualquier ciudad, en un país productor de cítricos.

El totalitarismo fabrica una pantalla irreal para la comunidad internacional. Por eso, la información sobre la mortalidad infantil (Sánchez, 2020), los índices de pobreza, los resultados de votaciones, la seguridad alimentaria, el crecimiento de la economía, todos datos fabricados a puertas cerradas y sin control público independiente al PCC, carecen de credibilidad.

Todas las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen prohibida la entrada a Cuba: o no son invitados, o tienen prohibición expresa de entrar al país, como Amnistía Internacional. Todos los Relatores especiales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), dedicados a evaluar las condiciones carcelarias, los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzadas, la libertad de expresión, reunión, manifestación pacífica, libertad sindical, o no son invitados a visitar el país, o directamente se les niega la entrada. En los últimos 12 años han visitado el país tres relatores de la ONU: alimentación (2007), trata de personas (2017), y cooperación internacional (2017), los tres con “visitas dirigidas”^[14] y acceso solo a la información gubernamental. Los resultados evaluativos de estas visitas son desconocidos por la ciudadanía.

La base del terrorismo de Estado en Cuba

Siendo una política del Estado la represión a los distintos tipos de discrepancia económica, social, civil, política y cultural, la violación cotidiana de los derechos fundamentales es ejercida por las autoridades en los arrestos y en todos el resto de procedimientos judiciales, laborales y penales.

El procedimiento es el siguiente: la policía y los Instructores del MININT tienen un catálogo de delitos comunes en el código penal, del cual imponen cualquiera de ellos por delitos no cometidos.^[15] El Fiscal siempre confirma dichos delitos fraudulentos, no hay revisión de la pertinencia o no de las acciones de los detenidos y el delito que se le imputa, y el proceso sigue su curso con otras tantas violaciones al propio código penal y a su reglamento. Los tribunales reciben las informaciones de la fiscalía y no existen mecanismos de defensa para impugnar los resultados de las investigaciones de los fiscales. Los abogados defensores tampoco pueden impugnar los resultados de la investigación fiscal y pedir una investigación independiente. Los abogados defensores tienen, por ley, acceso al expediente del preso cinco días antes del juicio, es decir, la ley los incluye una vez terminado el proceso investigativo^[16]; pero como estos pueden demorar ocho meses o más, los prisioneros pueden morir en prisión y no haber tenido acceso nunca a un abogado defensor (Agencia EFE, 2017).

La discrepancia política no está contemplada en las leyes cubanas como delito; es más, la crítica de los ciudadanos aparece como derecho en la Constitución de la República de 1976; tampoco está contemplado el delito de manifestación pacífica. Sin embargo, para paliar estas ausencias, la PNR, los instructores del MININT, los fiscales y el sistema de tribunales, imponen con total impunidad delitos no cometidos por los supuestos infractores: “atentado contra la autoridad” cuando es el detenido quien sufre detención violenta, “receptación ilícita” aún cuando se muestran los documentos que demuestran la propiedad de los bienes incautados, “usurpación de la capacidad legal” para los periodistas independientes, “disturbios del orden público” cuando hay manifiestación pacífica. Por eso muchos activistas de Derechos Humanos, periodistas independientes y activistas políticos no firman las actas de detención, porque en las mismas aparecen delitos que no se han cometido (Azor, 2017).

El asesinato estatal de la reputación de los opositores en la televisión nacional

Al líder de UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), José Daniel Ferrer, preso desde el 1 de octubre del 2019, se le imputó una causa por “lesiones” a otro ciudadano, que fueron desmentidas por testimonios de la propia familia de la supuesta víctima y otros activistas de UNPACU. A finales de noviembre del 2019 la televisión estatal difundió un video con material creado por la policía política para liquidar la reputación del activista, presentándolo como un delincuente común y reincidente, sin contar con las versiones del acusado, los testigos, familiares de la supuesta víctima y activistas de la organización. Este ejercicio televisivo violó la presunción de inocencia del incriminado antes del juicio oral y ocultó toda la información precedente de un activista que también había estado preso a raíz de la Primavera Negra del 2003.

En febrero del 2020, la televisión vuelve a intentar legitimar el sistema jurídico cubano contra Ferrer, aún sin abogado defensor y sin ser presentado ante los tribunales; por lo cual, la difamación viola nuevamente el derecho de presunción de inocencia. Dos habeas corpus fueron presentados por activistas de la organización y familiares del líder opositor, pero este recurso del derecho internacional no existe en el Código Penal cubano. Una vez que el fiscal dicta prisión provisional con la fecha discrecional que él entienda, el preso no tiene derecho al habeas corpus.^[17] Esta arbitrariedad orientada por el partido-Estado a todos sus órganos represivos, judiciales y laborales, constituye la base del terrorismo ordinario en Cuba (Azor, 2017).

El juicio a puertas cerradas aplicado a José Daniel Ferrer contó con todas las irregularidades. El abogado defensor de oficio y estatal solo tuvo nueve días para preparar la defensa, luego de casi seis meses de privación de libertad, y no tomó como testigo a los familiares del supuesto afectado que contradijeron la denuncia del acusador. El testimonio de los familiares de Ferrer, subrayó cómo fue reprimido el léxico y cómo un agente de la policía política le hacía señas al tribunal para que cortara testimonios que podían evidenciar la inocencia del acusado. Aunque recientemente Ferrer ha sido excarcelado, sigue confinado en su domicilio con una licencia extrapenal que le indica cumplir cuatro años y medio más. Los tres activistas de UNPACU presos y encausados junto con José Daniel Ferrer fueron excarcelados bajo las mismas condiciones y tiempo de reclusión domiciliaria.

El control, la violencia territorial y de los espacios deliberativos ciudadanos

El Decreto-Ley 217 del 22 de abril del 1997 (López Benítez, 2012) sobre la movilidad territorial interna, reprodujo el mismo mecanismo de control soviético de los ciudadanos. No solo para residir en un territorio de la república y para tener una cartilla de racionamiento es necesario tener un permiso de las autoridades: también visitar y permanecer en casa de los amigos es un delito, por lo que el ciudadano puede ser desterrado a su ciudad de origen si es un discrepante público. Muchos activistas y periodistas independientes han sido obligados por la policía política y la PNR a montarse en un transporte público para regresar a sus provincias sin poder realizar las gestiones que los llevaban a trasladarse a otras provincias del país. También las autoridades prohíben arbitrariamente a los activistas y periodistas independientes salir de sus provincias de origen.

Por otra parte, este decreto y la creación del Ministerio de Planificación Física, aplican el desalojo de las familias que han construido barrios “llega y pon” para huir de las condiciones paupérrimas de sobrevivencia en sus provincias de origen. Estas poblaciones vulnerables no tienen alternativas de estadía y construcción, a no ser que sean necesarias como mano de obra en las empresas estatales. A veces son toleradas, otras no. El grave problema de vivienda acumulado desde hace décadas ha provocado la aparición de numerosos cinturones de miseria alrededor de la capital (López Benítez, 2012).

Los espacios deliberativos en instituciones estatales están fuertemente reprimidos. Los espacios de las pocas revistas u organizaciones civiles toleradas, o cualquier peña literaria en los domicilios de los autores, están custodiadas por la policía política. Los espacios estatales, como por ejemplo los Últimos jueves de la revista Temas, existen a condición de que los panelistas sean cuidadosos y no se salgan del discurso oficial. Las peñas y encuentros privados de escritores o de organizaciones de la sociedad civil independiente son sencillamente abortados y reprimidos.^[18]

Las “consultas populares” son dirigidas por funcionarios sin resultado vinculante, y bajo la presión de ser reprimidos si discrepan de la línea aprobada por el partido. Por ejemplo: fue una orientación expresa del PCC prohibir la discusión, en las asambleas antes del referendo, del lugar y el papel del partido, la violencia legalizada contra los discrepantes y el carácter irreversible del socialismo en la nueva constitución.

La nueva ley migratoria de 2013 eliminó un permiso de salida que costaba 150 dólares y un permiso de residencia en el extranjero que costaba 900 euros en 1999, sin el cual se perdían los bienes familiares heredados y el derecho a ellos. Si no se pagaba este permiso, los bienes eran confiscados por el Estado al cabo de 11 meses. Sin embargo, la nueva ley obliga a regresar al país cada 24 meses, de lo contrario los bienes son confiscados. 

La ley del 2013 deja el margen para impedir salir del país a los activistas de derechos humanos y periodistas independientes según “el interés público” y “los criterios de la Seguridad del Estado”, dos figuras no definidas en la ley y utilizadas discrecionalmente por el gobierno totalitario, cuya cifra de regulados sin razones legales entre 2019 y los primeros meses del 2020 superan las 240 personas, en su mayoría notificadas en el momento de subir al avión.  

La violencia discursiva y la represión del conocimiento

El término y contenido de la “neolengua” aparece bien definido en la novela 1984 de George Orwell. Se trata de resemantizar el léxico habitual y convertirlo en un arma de dominación del partido único sobre los ciudadanos. Eliminar la riqueza del lenguaje, simplificarlo; eliminar radicalmente algunas palabras y dar a otras un nuevo significado: todos son procedimientos que generan una manera de nombrar un mundo alternativo al real, impidiendo el pensamiento discrepante y asfixiando la autonomía ciudadana (Azor, 2018: 70).

Por ejemplo, en el discurso oficial cubano no encontraremos el término “autonomía ciudadana”. El PCC no entiende que los ciudadanos puedan tener autonomía económica, social, civil, política y cultural. Este término desapareció del lenguaje popular y de los medios masivos de comunicación. Por eso, quien reivindique autonomía ciudadana y respeto a los derechos humanos es tildado de “enemigo”, sufriendo represalias económicas, sociales, culturales, civiles y políticas.

Los derechos humanos están ausentes de la opinión pública y de la investigación social dentro de Cuba. Cuando aparece este término en el discurso oficial es para mencionar los derechos a la salud y la educación, el acceso a la “ornamental” cultura permitida, y a los deportes.^[19] Los derechos humanos restantes son invisibles y no nombrados por el discurso oficial.

El término de “políticas públicas” apenas se utiliza en el discurso oficial, que no se permite el análisis de las mismas como parte de la opinión pública, ni tampoco en las ciencias sociales. Quien intente hacerlo, deberá atenuar la realidad y acercarse al discurso oficial: de cualquier manera, no es escuchado.

“Democracia” es igual a partido único; “democracia participativa” significa obedecer las órdenes del PCC de manera militarizada. La “sociedad civil” se compone de organizaciones subvencionadas por el Estado que trasmiten las órdenes del PCC al resto de la población y se dedican a controlar, vigilar y reprimir a los discrepantes.

El término “pobreza” solo se utiliza para describir la realidad exterior, nunca para describir la pobreza en el país. Un tema tabú imposible de conocer, porque el gobierno cubano es el único en Latinoamérica que oculta los índices de pobreza y desigualdad desde hace más de 30 años. 

El término “libertad” es igual a independencia nacional, pero no existe como derecho individual ni colectivo. Los términos patria, nación, revolución y partido comunista son intercambiables: para el poder y sus medios oficiales, significan lo mismo (Azor, 2018).

Además de resemantizar las palabras habituales y hacer desaparecer otras, el aparato ideológico del partido reprime la construcción del conocimiento sobre la realidad cubana y del mundo. 

Las represiones gnoseológicas que el partido totalitario impone a los medios masivos de comunicación y a las ciencias sociales en Cuba incluyen: ocultar la realidad económica, social, cultural, civil y política en el país; permitir una historia oficial y reprimir la historia nacional; ausencia de datos vitales para la información ciudadana y la investigación social; prohibición de evaluar las políticas públicas y las decisiones gubernamentales en curso, con represalias de diferente grado: desde multas exorbitantes hasta la expulsión al exilio o la cárcel. 

Está prohibida la comparación con las leyes, instituciones (organizaciones y reglas del juego) y políticas públicas de los países del mundo y de la región más eficientes en estos aspectos. Está prohibido el análisis del “socialismo real” soviético y su copia en Cuba, así como de la institucionalidad soviético-cubana vigente en el país (Azor, 2018).

Otras represiones gnoseológicas: imponer el discurso oficial único del determinismo histórico, cultural y geopolítico para justificar la dictadura de partido único y el subdesarrollo endémico; la negativa gubernamental a difundir, educar y aplicar los derechos humanos y los Pactos Internacionales aprobados en la ONU; la prohibición de difundir la represión política y civil, la arbitrariedad de policías y tribunales, y la brutalidad policial contra la ciudadanía. (Azor, 2018).

Escenarios posibles, a manera de conclusión

Según las señales públicas del gobierno y la normativa elaborada en los últimos tres años, que no han hecho más que “legalizar” las prácticas totalitarias de todo el aparato estatal y partidario, el escenario más probable es el deslizamiento a un “capitalismo militar de Estado” sin derechos ciudadanos, en los cuales la nomenclatura estatal y partidaria se distribuya los activos económicos del país comandados por el conglomerado GAESA, dirigido por los militares. 

En este escenario, las reformas económicas, políticas y civiles que permitan el respeto a los derechos humanos serán postergadas indefinidamente. Privatizadas o no, la autonomía que logren las empresas estatales sin igualdad de condiciones y derechos con otros sectores no estatales, mantendrá la inoperancia, la ineficiencia y la opacidad de la economía cubana, además de —como hasta el momento— la violación de los derechos humanos, ninguno reivindicable ni justiciable en el país^[20].

Un segundo escenario sería posible solo con el apoyo internacional y la presión ciudadana para pasar a un capitalismo liberal, con economía de mercado y Estado benefactor como los existentes en Canadá, los países nórdicos, Suiza, Bélgica, Francia y Alemania, que son los países con mayor respeto a todos los derechos universales.

Un tercer escenario posible con apoyo internacional y presión ciudadana sería la transición a un capitalismo liberal de estado mínimo y economía de mercado con respeto a los derechos fundamentales de expresión, reunión, manifestación, prensa libre, libertad de cátedra y autonomía universitaria.

Los dos escenarios últimos implican reformar la constitución, las leyes, las instituciones (organizaciones y reglas del juego) y las políticas públicas actuales y plantearse un estado de derecho inexistente en Cuba. Una mezcla de estos dos últimos escenarios aparece en la “Propuesta a la nación” de la UNPACU, el movimiento opositor más numeroso del país.^[21]

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Bibliografía:
AA, (2020): “La Policía multa y decomisa sus herramientas de trabajo a Iliana Hernández”, Editorial Diario de Cuba, 10 de febrero.
Agencia EFE en la Habana (2017): “La disidencia cubana denunció la muerte de un preso político en una cárcel de máxima seguridad cerca de La Habana”, en Infobae.com, 7 de marzo.
Applebaum, Anne (2014): El Telón de Acero: La destrucción de Europa del Este 1944-1956. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Azor Hernández, Marlene (2013): “Los cerrojos del sistema electoral cubano”, Cubaencuentro.com, 28 de mayo.
— (2017): “El terrorismo de Estado en Cuba”, Cubaencuentro.com, 6 de abril.
— (2018): “Democracia y derechos humanos: la “neolengua” del gobierno cubano y sus intelectuales orgánicos”. En Las Ciencias Sociales en contextos autoritarios: producción académica, censura y represión en los escenarios de postguerra fría, CADAL, Fundación de Derechos Humanos, ITAM y Campus de León en México.  
— (2019a): “La dictadura y su nueva ley electoral estalinista”, Cubaencuentro.com, 25 de junio.
— (2019b): “La dictadura cubana criminaliza toda autonomía ciudadana”, Cubaencuentro.com, 10 de julio.
— (2019c): “La diplomacia cubana se hace de espaldas al soberano” (I), (II), (III), Cubaencuentro.com, 18 de junio, 19 de junio, 20 de junio.
— (2019d): “Cuba: punta de lanza de la izquierda colonial”, Cuabencuentro.com, 28 de octubre.
Cárdenas Lema, Harold (2020): “Camino a la impunidad”, La Joven Cuba, 21 de enero.
Even Sandvik (2017): Cuba fue diferente: El derrumbe del socialismo euro-soviético visto desde el Partido Comunista de Cuba (1989-1992). Tesis de doctorado. Universidad de Bergen.
Helman, Pablo (2017): “El que crea que la oposición cubana es solo la derecha de Miami está equivocado” en https://www.perfil.com/noticias/elobservador/el-que-crea-que-la-oposicion-cubana-es-solo-la-derecha-de-miami-esta-equivocado.phtml , 6 de mayo.
López Benítez, René (2012): “Decreto-Ley 217. Regulaciones migratorias en la Habana”, Referencia Jurídica, 24 de mayo.
Querido, Leandro (2020): “La moda de los datos: falacias y desinformación en datos sin contexto”. Revista digital Desafíos de la Democracia en America Latina, Edición 11, febrero.
Sánchez, Yoani (2020): “El ‘pinchazo’ de las estadísticas en Cuba”, 14ymedio, 6 de enero.
Traverso, Enzo (2001): El Totalitarismo. Historia de un debate. Buenos Aires: EUDEBA.
UNPACU, (2020): “Propuesta a la Nación cubana”, unpacu.org, 25 de mayo.

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Notas:
^[1] Concepto de terrorismo de Estado: Los Estados poseen el monopolio de la fuerza para poder cumplir sus fines, pero deben usar ese derecho racionalmente y de acuerdo a las leyes. Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso. Aunque existen otras definiciones de especialistas del derecho, todas coinciden en dos puntos: arbitrariedad de las autoridades en la aplicación de la ley y generar el temor sistemático en la población para imponer el dominio de las autoridades sobre la población (Azor, 2017).
^[2] Este es el rasgo privilegiado por el historiador Enzo Traverso, para delimitar que aquellos regímenes políticos que no presenten en sus realidades campos de trabajo forzado o campos de exterminio, no pueden ser considerados regímenes totalitarios. En Cuba es un ejemplo de campo de concentración con trabajo forzado las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), pero aún hoy hay campos de trabajo forzado como las poblaciones penales utilizadas para la producción de carbón de marabú. 
^[3] La hegemonía gramsciana no tiene nada que ver con el partido totalitario que impone —por la fuerza de la represión y los medios de difusión cautivos por el PCC— una única visión del país y del mundo, un discurso incontestable. No hay intelectuales “orgánicos” sino súbditos a las órdenes del partido. Quien rebase este límite es sistemáticamente reprimido.
^[4] Los derechos humanos son un tema tabú en Cuba; quienes intenten discutirlos y analizarlos son brutalmente reprimidos. Aún hoy, la declaración universal de derechos humanos es confiscada en la aduana. Todos los señalamientos hechos por la ONU en las Evaluaciones Periódicas Universales (EPU) del 2009, 2013 y 2018, son desconocidas por la ciudadanía cubana. Todas las evaluaciones de los comités de la ONU sobre los convenios de los que el gobierno cubano es estado parte, son igualmente desconocidas por la población cubana (Azor, 2019c).
^[5] Economía de “timbirichis” quiere decir: permitir pequeños puestos de comiderías o reparación de zapatos o equipos domésticos o de autos, que no puedan desarrollarse y carecen de insumos nacionales. Las PYMES que existen el país, como restaurantes y hostales, no tienen respaldo jurídico, porque se les considera instituciones personales y no jurídicas. No tienen derecho a mercados mayoristas, no tienen derecho a importar ni a exportar al margen del Estado. 
^[6] Si se entiende por “extinción totalitaria de la política”: sepultar los conflictos lógicos de la pluralidad económica, social, cultural y política mediante el terror material, legal y simbólico. Para ello se fusila a los adversarios, o se les encarcela con largas penas de prisión, se elimina la sociedad civil existente y se regimenta y encuadra la sociedad en nuevas organizaciones obedientes al partido único o al líder mesiánico. 
^[7] En el 2017, la autora fue entrevistada por un periodista argentino que descubrió en ese momento que la oposición al régimen cubano no era un asunto de Miami sino de millones de cubanos dentro y fuera del país. Ver Pablo Helman: “El que crea que la oposición cubana es solo la derecha de Miami está equivocado”, 6 de mayo, 2017.
^[8] Aunque aparecen algunos derechos civiles y jurídicos no contemplados en anteriores constituciones como la del año 1976, o la reforma de 1992, estos siguen siendo letra muerta un año y medio después de aprobarse la constitución.
^[9] La Ley 88, conocida por “ley mordaza” de febrero de 1999, impedía con penas de cárcel, la difusión de información ciudadana sobre la realidad cubana si estás se publicaban en sitios extranjeros. El Decreto-Ley 370, penaliza con multas astronómicas, acoso y arrestos arbitrarios, publicar en Internet fotos y textos sobre la realidad nacional. No se trata de información “delicada” para la seguridad del país, se trata de anular la posibilidad de comunicar internamente y hacia el exterior, la vida cotidiana de la población y los índices económicos y sociales necesarios para evaluar la realidad por académicos y especialistas.
^[10] En el contexto regional, la Ley modelo interamericana de acceso a la Información establece los indicadores del derecho a la Información, en su página 6, punto 5, incisos a, b, c, d, e, f, g y h. Por otra parte, el punto seis regula la necesaria apelación cuando no se obtiene la información, y la protección para no recibir represalias por demandar información pública. 
^[11] Estas demandas fueron escritas y pedidas por varios comentaristas en el foro oficial de Cubadebate.cu a propósito de la nueva constitución y antes del referendo, también en la prensa online independiente —compuesta por más de 20 sitios de prensa y blogs— bloqueada para el territorio cubano por el gobierno, pero también, la ausencia de información gubernamental pública ha sido señalado por académicos cubanos y extranjeros.
^[12] La persistente precariedad material de alimentos, medios de transporte, intermitencia de medicamentos, de fluido eléctrico, de agua potable, la sistematización de los derrumbes de viviendas, los albergues estatales temporales en condiciones deplorables convertidos en albergues permanentes para los afectados de derrumbes, colocan al ciudadano en una lucha por la sobrevivencia similares a las de un país recién salido de una guerra. En este contexto, “las reglas de la jungla” afloran en la convivencia ciudadana.
^[13] Los órganos represivos no “confiscan”, roban arbitrariamente los instrumentos de trabajo a los discrepantes del PCC con total impunidad, y la mayoría de las veces no existen documentos entregados a la víctima donde conste los objetos confiscados. Es otra arbitrariedad y violencia del partido estado totalitario contra los discrepantes.
^[14] Las “visitas dirigidas” se anuncian en los medios, pero no se puede consultar en Cuba el informe de los relatores. Estos son acompañados en sus visitas por funcionarios públicos que antes han seleccionado, embellecido, reparado y/o mejorado los centros de estudio y trabajo a visitar, así como han seleccionado los ciudadanos que van a interactuar con los relatores. No hay nada improvisado en estas visitas dirigidas.
^[15] En los tribunales laborales, los representantes del PCC, los patrones y la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), “amarillista” despiden y sancionan a los trabajadores sin posibilidad de apelación: las sanciones y expulsiones siempre son confirmadas por los órganos superiores de los tribunales laborales.
^[16] Artículo 281: Formuladas las conclusiones por el Fiscal o, en su caso, por el acusador particular, el Tribunal, de estimar completas las diligencias necesarias para proceder, abrirá la causa a juicio oral, teniendo por hecha la calificación, y dispondrá se requiera a los acusados y terceros civilmente responsables, con entrega de las copias presentadas, a fin de que designen Abogado para su defensa, de no tenerlos ya designados, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el acto o, a más tardar, dentro de cinco días, se les nombrará Defensor de oficio. Ley de procedimiento penal 1977.
^[17] En el caso que nos ocupa, la resolución de privación de libertad del fiscal fue conocida por los familiares de José Daniel Ferrer un mes después de permanecer en prisión. La misma tenía fecha de un mes anterior y como hemos señalado sin abogado defensor, puesto que éste es permitido solo cinco días del juicio o en su defecto, en caso que el encausado acepte firmando un documento los delitos que se le imputan, lo que implica la negación de la presunción de inocencia antes del juicio. Documento que se negó a firmar Ferrer antes y después del juicio. La sentencia del tribunal y la posterior excarcelación para cumpliera condena en el domicilio, aún no le ha sido entregada a Ferrer, con lo cual, el proceso transcurre de forma oral y sin documentos que lo respalden.
^[18] Son los casos por ejemplo de la peña de escritores de Matanzas dedicada al estudio de la obra de José Martí o las reuniones del Comité Cubano para la Integración Racial (CIR) en La Habana.
^[19] Reitero que no se deben considerar derechos aquellos que no pueden reivindicarse ni justiciarse en el país. Si durante las décadas de 1960 y 1970 se impuso “el realismo socialista soviético” como único referente estético para la producción cultural, en los años 90s, luego de la expulsión de los artistas y escritores contestatarios a mediados y finales de los años 80s, la creación cultural se ha vuelto “la cultura florero” para ornamentar las reaccionarias políticas del PCC. El que se salga del “guion” es brutalmente reprimido. El totalitarismo trata a sus ciudadanos como al “buen salvaje colonial”, siempre en harapos, siempre sumisos, siempre sonrientes y siempre sin derechos (Azor, 2019d).
^[20] Boris Yeltsin privatizó la economía estatal permitiendo comprarla por centavos. En el caso cubano, incluso sin darle la propiedad de las empresas estatales a sus funcionarios, solo con ampliar sus márgenes de autonomía se conforma la nueva “mafia” de la nomenclatura por el contexto arbitrario y sin leyes que regulen las empresas y sobre todo por la falta de competencia con el sector no estatal de la economía asfixiada: Una economía de los “compinches”, como bien señaló el opositor Antonio Rodiles, con impuestos desmesurados para el sector no estatal de la economía y sin derechos iguales para todos los actores económicos.
^[21] Ver en unpacu.org “Propuesta a la Nación cubana” 25 de mayo 2020.

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