Ante la presión de la emigración, Texas promulga la ley antiinmigración más estricta de Estados Unidos en las últimas dos décadas. El gobernador Greg Abbott firmó una ley, conocida como SB4, que entrará en vigor en marzo de 2024. Esta disposición permite a las autoridades locales detener e iniciar procedimientos de deportación contra las personas que entren ilegalmente en el estado.
Texas, el segundo estado más poblado de EE.UU. con un 40% de población hispana, se enfrenta a importantes repercusiones de esta legislación. El gobernador Abbott, en una declaración realizada en el muro fronterizo entre EE.UU. y México, defendió la ley citando la “deliberada falta de acción” del gobierno federal bajo la administración del presidente Joe Biden. Subrayó la necesidad de que Texas se proteja, especialmente dados los desafíos en sus fronteras. Abbott destacó el riesgo para la seguridad nacional, refiriéndose a los intentos de entrada ilegal de 24 000 ciudadanos chinos el año pasado.
La ley SB4, aprobada por el Congreso estatal de mayoría republicana, forma parte de una iniciativa más amplia para frenar la afluencia récord de inmigrantes en la frontera este año. Criminaliza los cruces ilegales, permitiendo a la policía local y a los jueces dar luz verde a las deportaciones, un poder tradicionalmente reservado a las autoridades federales. La ley impone duras penas a los reincidentes, con posibles condenas de prisión de hasta 20 años por reingreso ilegal.
Abbott también destacó el mecanismo de la ley para deportar a los inmigrantes al país desde el que cruzaron ilegalmente, lo que afecta principalmente a México, con el que Texas comparte una extensa frontera. El gobierno mexicano ha condenado la ley, expresando su preocupación por la separación familiar, la discriminación racial y la elaboración de perfiles.
Las organizaciones de derechos humanos se están preparando para impugnar la ordenanza. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas, dirigida por Oni Blair, critica la disposición por anular la legislación federal, promover la elaboración de perfiles raciales y autorizar deportaciones sin el debido proceso. Además, treinta ex jueces de inmigración de administraciones tanto demócratas como republicanas han tachado la ley de inconstitucional.
La promulgación de estas leyes sigue a la promesa del expresidente Donald Trump de deportaciones masivas si es reelegido en 2024. El gobernador Abbott, partidario de Trump, ha tomado medidas para frenar la migración, como el envío de autobuses de migrantes a ciudades demócratas y la instalación de barreras físicas a lo largo del Río Grande.
Junto con la ley SB4, Abbott firmó una ley que asigna 1500 millones de dólares a las autoridades locales para la vigilancia fronteriza y la continuación de la construcción del muro fronterizo. Estas medidas han sido criticadas como inhumanas, lo que ha provocado un aumento de las muertes de migrantes y numerosas impugnaciones legales. Un juez federal ordenó recientemente la retirada de las barreras instaladas en el río Grande, que también habían provocado disputas diplomáticas con México.
Por último, una tercera ley que entrará en vigor en febrero de 2024 intensifica las penas por trata de seres humanos. La nueva legislación aumenta las penas a 10 años por tráfico de personas y a 5 años por operar o ayudar a casas de seguridad utilizadas por cárteles y bandas de traficantes. Estas casas sirven como centros de retención para migrantes cuyas familias deben pagar sus deudas antes de ser liberados.
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