El 13 de marzo de 1973, el cuerpo de Sarah Otten, estudiante de enfermería de 20 años, fue encontrado en su habitación de la residencia estudiantil en el campus de la Universidad de Iowa. Las evidencias físicas condujeron al arresto del futbolista James Hall, de la misma universidad, y a su sentencia, en 1974, a 50 años de prisión por asesinato en segundo grado. En 1983, dicha sentencia fue revocada por un tecnicismo, y James Hall fue liberado. En 1992 fue condenado por el estrangulamiento de otra mujer. El caso de Otten está aún abierto.
En la primavera de 1973, y en respuesta a la violación y el asesinato de Otten, la joven artista cubanoamericana Ana Mendieta, estudiante del curso de Intermedia Art, también en la Universidad de Iowa, invitó a sus compañeros de estudio a presenciar en su apartamento la recreación de la escena tal como fue reportada por la prensa. Ana permaneció inmóvil durante una hora, atada y cubierta en sangre, ante miradas perplejas.
Ana Mendieta declaró que a partir de Untitled (Rape Scene), su obra fue una respuesta personal a esta situación que la conmovió y asustó; una reacción a la violencia contra las mujeres. En Self Portrait With Blood y Moffitt Building Piece, del mismo año, también utilizaría la sangre como recurso simbólico para confrontar al público con la violencia y sus secuelas.
Según Mary Sabbatino[1], Ana utilizó también la deformación de su cuerpo en obras como Untitled (Cosmetic Facial Variations) o Untitled (Glass on Body Imprints – Face),de 1972, a modo de acción para subvertir la objetificación del cuerpo femenino a que somos sometidas las artistas por la mirada masculina (male gaze). Sabbatino también señala que Mendieta criticaba la tendencia del movimiento feminista a excluir a mujeres no blancas.
Ana seguiría usando la sangre y su propio cuerpo como medios artísticos; sin embargo, su hermana Raquel ha señalado que en su producción posterior se evidencia un deseo de hacer desaparecer su corporalidad en la naturaleza y el tiempo (entre sus 104 filmes, su cuerpo solo está presente en 37).
El pasado 8 de septiembre, el día de la celebración de la Patrona de Cuba, se cumplieron 35 años de la muerte de Ana Mendieta. A pesar de la absolución en 1988 de su esposo, el escultor minimalista Carl Andre, muchxs seguimos convencidxs de que fue él quien la lanzó por la ventana de su apartamento en Greenwich Village, luego de una violenta discusión que le dejó rasguños en los brazos y la nariz.
“Soy un artista muy famoso y ella no lo era. Quizás eso le pudo y en ese sentido, quizás yo pude haberla matado”, declaró Carl Andre a la policía.
Durante el arresto y juicio de Andre —tres años y tres acusaciones—, numerosas figuras del arte salieron en su defensa —incluyendo a Frank Stella, quien pagó su fianza— y algunos participaron en una campaña de difamación contra Ana Mendieta, para crearle una imagen póstuma de “cubana loca”. Andre y su abogado pidieron que el juicio fuera decidido por el juez, para evitar lidiar con un jurado que pudiera convertir el caso en un asunto feminista, según confesarían posteriormente. El abogado de Andre presentó la caída de Ana como un suicidio, y con este fin manipuló su obra. Durante el interrogatorio a una amiga íntima, dijo: “¿Sabía usted que una gran parte de la obra de Mendieta trataba de su cuerpo ‘impactando’ contra la tierra muchas veces bañada en sangre? ¿Estaba Ana interesada en casar el cuerpo humano con la tierra?”.
( En la actualidad, El Salvador es el único país que tipifica el suicido feminicida como delito).
Estos hechos propiciaron la articulación del movimiento feminista reivindicativo WHEREISANAMENDIETA, con la participación de Women’s Action Coalition (WAC) y de artivistas como las Guerrilla Girls, que protestaron por primera vez en 1992 ante la apertura del nuevo edificio del Guggenheim, en el SoHo, con una exposición all white de cinco artistas hombres y solo una mujer.
En 1995, en respuesta a lo que consideraron como una ola nacional de violencia contra la mujer, y en reacción a la absolución de O. J. Simpson, las Guerrilla Girls lanzaron el poster “What do these men have in common?”(“¿Qué tienen estos hombres en común?”), que contraponía las fotografías de Andre y Simpson con el subtítulo “Every 15 seconds, another woman is assaulted by her husband or boyfriend” (“Cada 15 segundos, otra mujer es asaltada por su esposo o novio”).
A pesar del llamado de artistas como Coco Fusco a que la muerte de Mendieta no defina su legado, y de una verdadera reivindicación de la obra de la artista cubanoamericana en numerosas colecciones, este movimiento sigue convocando regularmente a protestas cada vez que un museo expone la obra de Carl Andre.
Mejor conocidas por su valla publicitaria “Do women still have to be naked to get into the Met. Museum?” (“¿Aún tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met Museum?”) (1989, 2005 y 2012), que denuncia la ausencia de mujeres artistas en las colecciones de los grandes museos, en contraste con su representación, las Guerrilla Girls también han criticado la hipocresía de las instituciones culturales y su falta de diversidad y compromiso con la justicia social, así como la cultura de la violación en la sociedad y en particular en el mundo del arte. En su obra “3 ways to write a museum wall label when the artist is a sexual predator” (“3 maneras de escribir una cartela cuando el artista es un predador sexual”) señalan a Chuck Close y Bill Clinton.
En 1994, Bill Clinton firmó el Acta de la Violencia Contra la Mujer (Violence Against Women Act), patrocinada por el entonces senador Joe Biden. Hoy, tanto el expresidente como el actual presidente de Estados Unidos están acusados por varias mujeres de supuestos delitos de actos lascivos contra menores y acoso o abuso sexual, aunque no se ha iniciado un proceso penal contra ninguno.
Tara Reade, quien presentó la renuncia más reciente contra Biden, no obtuvo ningún apoyo de Time’s Up Legal Defense Fund, organización independiente fundada con el fin de apoyar a las víctimas de abuso sexual, especialmente de hombres poderosos como el productor de Hollywood Harvey Weinstein, cuyos abusos motivaron el movimiento #MeToo en 2017. Es sospechoso que Anita Dunn, directora de la firma SKDKnickerbocker, que lleva las relaciones públicas de Time’s Up, fuese también la asesora principal de la campaña presidencial de Joe Biden. Dunn, además, ofreció asistencia gratuita a Weinstein, hoy condenado predador sexual, cuando aparecieron las primeras acusaciones en su contra.
Las acusaciones contra Bill Clinton se han reavivado tras la aparición de nuevas evidencias que lo vinculan al traficante de menores Jeffrey Epstein, a raíz del arresto de su cómplice Ghislaine Maxwell. El expresidente Donald Trump también mantenía relación con ambos.
En 2015, las Guerrilla Girls lanzaron un póster reclamando al MoMA que rompiera vínculos con Leon Black y Glenn Dubin, donantes y miembros del consejo del museo quienes también mantenían estrechas relaciones con Epstein. Y a raíz del estreno de la serie documental Filthy Rich en Netflix, se lanzó una petición para remover inmediatamente a Eileen Guggenheim de la presidencia del consejo de la New York Academy of Art, por su complicidad en la violación de la artista Maria Farmer, una de las supuestas víctimas de Epstein.
El presunto suicidio de Epstein antes de su condena, dejó a sus víctimas en espera de justicia.
¿Dónde está Ana?
La irrupción de Ana Mendieta en la escena artística cubana de los años ochenta tuvo un impacto importante en la definición de la proyección estética de varias generaciones, así como en el acceso de los artistas cubanxs al mercado del arte y a las becas en Norteamérica.
La obra de Mendieta ha sido reescenificada o reinterpretada por artistas como Tania Bruguera y Susana Pilar Delahante. Aldeide Delgado se ha referido a estas prácticas como “sororidad espiritual”: “una suerte de invocación al espíritu que coloca a Ana como fuente de energía —conectada a la naturaleza— pero también como modelo de lucha”.
Mi primera exposición al feminismo como movimiento reivindicativo fue a través de las obras de Ana Mendieta y Judy Chicago (The Dinner Party), cuando era estudiante de escultura en la Academia de Bellas Artes San Alejandro (aunque ya había leído El color púrpura, de Alice Walker, y la obra celebratoria de la masturbación femenina de Betty Dodson). A pesar de que en Cuba la definición de un arte feminista como tendencia es tan borrosa como la existencia de un movimiento feminista, en este contexto de la escuela participé de la producción de arte con una estética feminista, no desde lo femenino.
A través de performances violentos y catárticos, acompañé a una de mis compañeras en la externalización del trauma que cargaba desde que fue acosada por un vecino en su infancia. En uno de esos performances, ella trataba de narrar su historia mientras yo, frente a ella y como su reflejo, la abofeteaba para que no terminara las frases; en otro, yo la asistía en la extracción de sangre de su cuerpo, que luego utilizaría como material para escribir con alfabeto braille una frase hermética de denuncia.
En 2009, nuestro grupo de escultura organizó una excursión a Jaruco para visitar las Esculturas rupestres realizadas por Ana Mendieta en 1981. Llegar al sitio donde se encontraban las tallas era un ejercicio de sumergir el cuerpo en el paisaje: dar machete para atravesar el marabú y las cañas bravas que crecen descontroladas desde hace varios años. Una de mis compañeras se fotografió desnuda en las grietas de la formación de roca cársica. Luego del viaje, alguien filtró sin su consentimiento esas imágenes entre los estudiantes de San Alejandro. Las fotografías nunca fueron exhibidas como obra de arte, para lo que fueron creadas.
Nadie le preguntó a mi compañera si su intención era convertirse en otro cuerpo que los hombres evocan, desde el deseo, cuando escriben de arte, política o sociedad.
Así, he encontrado varios textos donde el cuerpo de Ana Mendieta aparece fetichizado, en función de fantasías sexuales. Textos escritos por hombres hoy dedicados a cambiar el país.
Me opongo rotundamente a que el cuerpo de Ana Mendieta sea despolitizado y sexualizado en su ausencia, cuando toda su obra se construyó en oposición a esto.
La misoginia en la intelectualidad cubana es agotadora.
#MeToo
En el antes Instituto Superior de Arte (ISA), hoy Universidad de las Artes, también se ha hecho arte feminista. Entre los ejemplos más invisibilizados están los performances del colectivo 609. Si bien no han sido estudiados, los motivos por los que esta estética no se ha desarrollado con mayor fuerza no pueden separarse del carácter patriarcal de la estructura de la institución.
La Facultad de Artes Visuales puede verse como un modelo de la estructura patriarcal que se reproduce en otras instituciones culturales y educativas en Cuba. La mayoría de sus profesores —quienes conforman además el jurado de selección para el ingreso a la carrera de Artes Visuales—, históricamente, han sido hombres. Las mujeres ocupan, por lo general, puestos de secretarias o profesoras de asignaturas teóricas. Los hombres conducen también la crítica de los ejercicios creativos en los talleres de especialidad. De muchos de ellos, se conoce que han acosado a sus alumnas o iniciado relaciones sexo-afectivas con ellas, en condiciones de desigualdad de poder.
En este contexto, los procesos de selección tienen sesgo de género y pueden verse atravesados por la sexualización de las artistas jóvenes. Parte de estos procesos se desarrollan en residencias estudiantiles.
Para una mujer que haya sido víctima de violencia sexual en el pasado, esta estructura puede resultar extremadamente violenta, sobre todo cuando no existe un trabajo preventivo desde la educación ni mecanismos específicos para denunciar y sancionar el acoso —ya sea desde los profesores, o entre estudiantes— o el abuso de poder en este contexto.
Como parte de la investigación regional #PasóEnLaU, Distintas Latitudes investigó los protocolos contra el acoso sexual en las instituciones de educación superior en Cuba. El reportaje señala que, en los más de 50 centros supeditados al Ministerio de Educación Superior, en casos de violencia sexual se aplica un reglamento disciplinario donde esta no se menciona específicamente: se habla, en general, de la integridad física. El reportaje señala que esta forma de violencia está normalizada desde niveles de enseñanza anteriores, sobre todo en las Escuelas de Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) y los Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC). En los medios independientes han trascendido también denuncias públicas de violencia sexual ejercida por profesores en las escuelas primarias. La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba ha compartido recientemente varios testimonios anónimos de violencia sexual en estos espacios.
El Código Penal cubano actual no define la violencia con sesgo de género y presenta de por sí definiciones problemáticas de los delitos de violencia sexual, pues se requiere del uso de fuerza o intimidación o la incapacitación previa para ser considerados como violación. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica —Convenio de Estambul— recomienda la actualización de la definición de los delitos sexuales en base al consentimiento, y que se consideren como agravantes la violencia física y la intimidación.
La definición de estupro, en la ley cubana, es en sí misma una violación de la Declaración de los Derechos del Niño (1990), que establece la mayoría de edad en los dieciocho años. El Código Penal cubano sanciona con privación de libertad de tres meses a un año al “que tenga relación sexual con mujer soltera mayor de 12 años y menor de 16, empleando abuso de autoridad o engaño”. El delito de incesto prevé sanción de privación de libertad de dos a cinco años al “ascendiente que tenga relaciones sexuales con el descendiente”.
Los delitos de corrupción, venta y tráfico de menores fijan de igual manera la mayoría de edad en los dieciséis años, y suponen penas de privación de libertad de hasta quince años. Esto es especialmente preocupante considerando las elevadas cifras de matrimonio infantil que se han registrado en Cuba en los últimos años, con tendencia hacia el aumento, y que han incluido casos de trata. “El que, no obstante existir una prohibición legal, formalice matrimonio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.
Más allá de un marco punitivo según el cual se pudieran considerar estas sanciones como insuficientes, sobre todo en comparación con las que se aplican por delitos politizados, la ley no prevé otras acciones que garanticen la no repetición, como programas de educación para la prevención del acoso sexual, o un registro de agresores sexuales. Tampoco existen refugios que permitan la separación de los entornos donde ocurren estas violencias.
La vulnerabilidad que se genera a partir de marcos legales sancionadores insuficientes, de la ausencia de estructuras de prevención y mecanismos seguros para la denuncia, constituye una forma de violencia institucional. La criminalización de los activismos que exigen su modificación, es violencia política.
Desde el 2 de diciembre de 2020 y hasta el 26 de abril de 2021, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) presenta una retrospectiva de Kcho: En ningún lugar como en casa. Esta exposición, y la propaganda que la acompaña, constituyen la rehabilitación definitiva del destituido diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y exmiembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento cubano.
En 2017, Alexis Leyva Machado (Kcho) fue acusado en los tribunales de la opinión pública por delitos de lesiones contra su esposa y por corrupción y trata de menores: era de dominio público que pagaba por recibir servicios sexuales de niñas del barrio marginalizado donde estableció su centro de arte. Apadrinado por Fidel Castro durante décadas, el artista también estaba envuelto en escándalos de malversación de bienes y consumo de sustancias ilícitas.
Mucho antes de ese escándalo, recuerdo haber asistido a un concierto en el Museo Orgánico de Romerillo durante el cual todxs comentaban estas acusaciones. Y antes de eso, ya se hablaba del acoso sexual a que estaban sometidas las curadoras, las artistas y las estudiantes de Historia del Arte que asistían a las fiestas del campamento de la Brigada Martha Machado en La Cabaña, durante la X Bienal de La Habana (2009). Esta brigada, fundada en 2008 y compuesta por alrededor de 50 artistas, desarrolló durante varios años una “labor humanitaria” en diferentes municipios del país (y también a nivel internacional: cuando se instaló en Haití en respuesta al terremoto de 2010).
Kcho no podía ser juzgado en 2017, por tener inmunidad parlamentaria, pero luego de su destitución tampoco ha sido sometido a proceso penal, a pesar de que sus delitos no han proscrito. El decomiso de su restaurante en Varadero, unos meses en una clínica de rehabilitación, y un par de años relativamente distanciado de la opinión pública, fueron suficientes para que el Consejo de Estado orientara al Ministerio de Cultura, y al MNBA, restituirle al artista el prestigio perdido. Sin ninguna disculpa.
En una situación donde se hubiese impartido justicia, según los estándares actuales de la ley cubana, Kcho estaría cumpliendo al menos quince años de privación de libertad. Pero incluso desde una perspectiva anticarcelaria, lo mínimo para garantizar justicia —además de una reparación económica y asistencia psicológica a las víctimas— es que le sea negado el acceso a los espacios de poder o a los recursos que le han permitido ejercer estas violencias.
Nada de esto ha ocurrido: ningún medio ha condenado la impunidad de Kcho, y muy pocxs intelectuales han expresado públicamente su indignación por la restauración de su estatus en el mundo del arte.
En su lugar podría estar exponiendo otra persona, quizás una mujer, en las salas del MNBA. A propósito: ¿cuántas mujeres han sido homenajeadas con retrospectivas en ese mismo escenario?
La impunidad de Kcho no es un caso aislado. En 2011, Agustín Bejarano fue arrestado en Miami y sentenciado, un año después, a 42 meses de cárcel y 10 años de probatoria, además de ser registrado como agresor sexual, por el delito de conducta lasciva contra un menor. Su abogado alega que se declaró culpable para evitar una pena mayor. Su confesión, hecha pública por la policía, está disponible en Internet.
Al momento de la acusación, Bejarano se encontraba en Estados Unidos junto a su esposa, participando en la feria Arte Américas. ¿Habría viajado con pasaporte oficial gestionado por el MINCULT? Luego de su arresto, circuló una declaración en su defensa, firmada por más de 600 intelectuales cubanos y de otros países —incluida la entonces directora del MNBA—, quienes organizaron también una Subasta Solidaria para sufragar los honorarios del abogado.
Luego de cumplir el 85% de su condena, Bejarano fue deportado a Cuba en abril de 2014. En junio de ese mismo año, volvía a exponer. Desde entonces ha sumado a su currículum varias exposiciones dentro y fuera de Cuba.
Es importante señalar que Bejarano fue profesor de la Escuela Nacional de Arte en 1993, y en Cuba no existe actualmente ninguna ley que le impida volver a ejercer el magisterio.
La misoginia en el mundo del arte, por supuesto, no se expresa solamente en la violencia sexual o en las agresiones físicas: existen numerosas formas de discriminación y exclusión.
En lo que va de 2021, antes de finalizar el mes de febrero, se han denunciado al menos siete feminicidios en Cuba, que se suman a los treinta feminicidios confirmados por redes comunitarias en 2020, incluidos tres feminicidios infantiles, y a las más de cien mujeres muertas por agresiones que registra el anuario estadístico de salud cubano cada año.
Se han conocido también varios casos de violación —incluso a niñxs— que el Ministerio del Interior se niega a investigar. Las trabajadoras sexuales aseguran que ha aumentado la persecución policial contra ellas. Las personas trans han visto cancelados sus tratamientos y consultas. El acceso a productos de higiene menstrual en la isla es extremadamente limitado.
Son alarmantes los intentos cada vez más frecuentes de desalojar, en medio de una crisis sanitaria y económica, a madres solteras que han ocupado locales vacíos al no tener acceso a otra alternativa habitacional, un derecho garantizado en la constitución cubana. Anyell Valdés, una de estas madres en situación de vulnerabilidad, acaba de ser víctima de un acto de odio promovido por el Estado.
Periodistas, artistas y activistas han sido víctimas de detenciones domiciliarias arbitrarias, interrupción de servicio telefónico, secuestros, torturas y abusos sexuales por parte de oficiales de la policía. El propio ministro y varios viceministros de Cultura participaron en una agresión física a varias mujeres y hombres el pasado 27 de enero. Las mujeres encarceladas por delitos políticos no han sido liberadas, a pesar del riesgo de transmisión de la COVID-19 en los centros de reclusión. Las cubanas migrantes en situación irregular, nos enfrentamos a la exclusión de los países donde residimos y al abandono al que nos condena el Estado cubano.
La emergencia de violencia de género que se vive actualmente en Cuba se ve atravesada y agravada por la intensificación de la violencia institucional, económica y política. Las mujeres cubanas seguimos sin una ley contra la violencia de género y sin conocer las medidas que incluye el Plan de Adelanto para las Mujeres anunciado por el gobierno. Quienes se articulan de manera voluntaria en organizaciones femeninas y feministas, y en redes comunitarias, son víctimas también de esta precariedad.
El artículo “Revictimizada mil veces”, publicado en el periódico Granma en agosto del año pasado, generó indignación por la acusación que Javier Gómez Sánchez lanzaba hacia estos colectivos, calificándolos como “un feminismo esnobista, fanatizado, superficial, asumido como un estilo de vida, y para algunos oportunistas, fuente de beneficios”. Y agregaba:
“La importación forzada de iniciativas surgidas en otros países al estilo de las campañas extranjeras Me Too y Yo Sí Te Creo, para utilizarlas de manera tóxica, a modo de linchamiento, en el acoso individual o institucional, en la destrucción del prestigio de personas, y propiciar casos judiciales para convertirlos en shows, es el escenario cubano que algunos anhelan”.
Hoy este funcionario ha pasado a desempeñarse, sin gran revuelo, como Decano de la Facultad de Medios Audiovisuales del ISA.
Los feminicidios son la expresión más extrema de la violencia con sesgo de género. Marcela Lagarde los define no solo como el acto de matar, sino también como “el acto misógino de asesinar a una mujer en medio de una enorme tolerancia social”.
“Patria y Vida” se ha vuelto el mantra de lxs cubanxs en las últimas semanas, pero las peticiones feministas de una intervención urgente del Estado ante esta superposición de crisis, no han encontrado demasiada resonancia entre la mayoría de los sectores de la sociedad cubana que hoy se articulan para lograr el fin de la dictadura.
Cancel culture
Ibrahim Hernández, editor de la revista Rialta, cuestionaba en Facebook hace unos días:
“¿Dónde está el movimiento feminista cubano? El feminismo caviar no cuenta. ¿Qué bolá con lo contrahegemónico? Está muy bien lo de las copas menstruales pero, ¿y el patriarcado?”.
Antes de superar las quince reacciones, la publicación alcanzó un centenar de comentarios que cuestionaban el ataque gratuito a un colectivo —no movimiento— actualmente demonizado y que ha sido desarticulado en varias ocasiones en los últimos 60 años. Esta generalización parecía especialmente malintencionada, considerando que Rialta cubrió, el 26 de noviembre, una vigilia feminista por San Isidro en La Habana, y su equipo editorial firmó la Declaración de Feministas y Aliades Cubanes sobre Violencia contra Mujeres en la Política, un documento sin precedentes. Sin mediar disculpas, el post fue borrado y el debate, cancelado.
José Luis Aparicio publicó entonces su opinión, considerando como malsano el interés de un grupo de personas en asociar la opinión de un editor con la proyección de un medio. Esta publicación, carente de contexto, también fue refutada por quienes habíamos participado del debate anterior. Lamentablemente su autor decidió cerrar su cuenta en Facebook temporalmente, y este debate quedó también interrumpido.
Ibrahim Hernández, en una disculpa que hizo pública, recalcó el compromiso de la revista con el abordaje de “zonas de la cultura con un enfoque de género”. Pero, ¿cómo se materializa esto? ¿En cubrir estas zonas de la cultura para luego negarlas?
En mayo de 2020, Rialta fue criticada por la publicación de una entrevista con el catedrático cubano Roberto González Echevarría que —además de presentar un extenso currículum que demostraba su valía como intelectual— omitía las acusaciones por acoso sexual y abuso de poder de las que ha sido centro como profesor de Yale.
“‘Pregúntale sobre las demandas por acoso sexual de los estudiantes de Yale’, me dice un amigo cubano-americano”, escribía Gilberto Padilla en la introducción a su entrevista a González Echevarría para Hypermedia Magazine.
Susan Byrne, una excolega de su departamento, alegó en una demanda legal que González Echevarría jugaba con el cabello de las estudiantes y hacía comentarios groseros acerca de otras profesoras, e incluso que la besó en la boca en una fiesta, frente a cientos de colegas. Byrne sostiene que, como represalia por sus denuncias, se le negó la titularidad en 2015 y su contrato fue terminado, luego de meses de apelaciones. La violencia sexual tiene consecuencias no solo psicológicas sino también económicas.
En una de las entregas de “Hypermedia Interroga”, leíamos: “¿Volverá a publicarse algún libro del dominicano-estadounidense Junot Díaz, acusado de acoso sexual en los tribunales del MeToo?”
Preguntas como estas se lanzan por lo general desde el miedo a la “cultura de la cancelación”, un fenómeno que ha cobrado notoriedad recientemente en las redes sociales —en particular en Twitter— cuando alguna persona en posición de poder, tras publicar opiniones violentas, discriminatorias o políticamente incorrectas, es emplazada por una masa de usuarios. Es un mecanismo que se ha articulado sobre todo desde colectivos minorizados, para emplazar a quienes se ubican en posiciones más elevadas en las jerarquías de poder. Las consecuencias de esta cancelación, por lo general, no van más allá de una pérdida masiva de seguidores.
En tanto se ejerce desde una posición de desventaja, la “cultura de la cancelación” en las redes no es lo mismo que la censura o los intentos de borrado o reescritura de la historia. La cancelación que acarrea consecuencias en la vida real no se puede ejercer sin estas jerarquías de poder.
El editor de un medio, por ejemplo, tiene el poder de “cancelar” a una escritora. Cuando una escritora critica a un editor o al medio para el que trabaja, otro editor sale en defensa del medio e intenta, además, desacreditar a la escritora. Cuando otras personas se interponen en favor de quien tiene menos poder y no se logra la anulación, se activan mecanismos tácitos del pacto patriarcal como la reversión de culpa[2], una forma de gaslighting. Se puede acusar entonces, a quien ha quedado excluidx de un debate, de haberlo cancelado.
Los hombres (cisheteronormativos) no están acostumbrados a ser sometidos al bochorno público del mismo modo que las mujeres, a quienes se nos juzga desde la moralidad si somos promiscuas o no suficientemente pudorosas, o cuando nuestra intimidad es expuesta sin nuestro consentimiento.
En 2015, Editorial Hypermedia publicó Última sinfonía de Ángel Santiesteban —reconocido con el Premio Internacional Václav Havel 2020 para la disidencia creativa—, donde Amir Valle lo introduce como “un fabulador tozudamente apegado a la violencia humana como tema y eje central de su narrativa. Una violencia que él ha sabido desnudar en sus vertientes más cotidianas, en sus aristas más conocidas o invisibles, en sus implicaciones íntimas o públicas, en sus resonancias éticas o ideológicas (…)”.
En febrero de 2013, Santiesteban fue condenado por el delito de violación de domicilio y lesiones. Su exesposa, Kenia Rodríguez, lo denunció en 2009. Según declaraciones de testigos, ella había sido amarrada, amordazada, golpeada y violada, aunque decidió no denunciar esta agresión sexual para evitar la alta sanción de privación de libertad que le supondría a su hijo pasar dos décadas separado del padre. Al escritor también se le acusó de incendiar el apartamento que Kenia alquilaba, lo cual la forzó a refugiarse durante varios meses con una amiga. En 2010, el testigo de este incendio denunció haber sido coaccionado por Santiesteban para que alterara su declaración original en un video que sería circulado en internet, invalidando así ante la opinión pública los testimonios de Kenia y de la amiga que le dio refugio.
Las reacciones en apoyo al escritor no se hicieron esperar: calificaron el proceso de enjuiciamiento político, a pesar de que demoró tres años (tiempo durante el cual, su exesposa quedó desprotegida por las instituciones competentes). Rafael Alcides, sin embargo, lamentó que Santiesteban pasara a engrosar la larga lista personalidades que han sufrido cárcel en Cuba no por razones políticas, sino “por una simple riña con tu exmujer y madre de tu hijo. O sea, nada nuevo en el mundo”. En su carta, Alcides relataba otros casos de este “drama de carácter folklórico que tan divertido suele ser”, y concluía:
“(…) me están diciendo que se te hará justicia, Ángel, que saldrás bajo un régimen de prisión domiciliaria a purgar esa riña familiar, con una pena acorde a lo que dentro de unos años, después de todo, será folklore en el barrio, chiste incluso de tu exesposa: ‘El susto que le hice pasar’, la oigo diciendo mientras ella allá en esos días de entonces juega dominó o le sirve té a las visitas”.
Sus palabras fueron respondidas con un pronunciamiento feminista —al que se fueron sumando adhesiones— que se oponía a las acusaciones lanzadas contra la víctima y llamaba a combatir “la violencia de todo tipo, especialmente la que se ejerce contra la mujer”. Antonio José Ponte, entre otros, acusó entonces a las feministas de politizar el caso.
Para disminuir la sanción contra Santiesteban se lanzó una campaña internacional que incluyó el dosier “Elogio de la Decencia” y el apoyo, entre otros, de Reporteros sin Fronteras, Estado de Sats, las Damas de Blanco y Lilo Vilaplana. En 2015, el escritor fue excarcelado bajo libertad condicional, luego de cumplir dos años y medio de una condena de cinco. Amnistía Internacional no lo declaró preso político o de conciencia.
Este es un caso extremadamente complejo y doloroso para quienes estuvieron implicadxs. Kenia Rodríguez fue revictimizada y su experiencia instrumentalizada tanto por la policía política como por un amplio sector de la intelectualidad y la oposición cubana, al igual que quienes la defendieron con la exigencia de una ley contra la violencia de género.
El encarcelamiento del escritor produjo poca justicia. Ocho años después, no se ha tipificado siquiera la violencia doméstica, no se garantiza el cumplimiento de las actas de advertencia para alejar a victimarios de sus víctimas, ni existen refugios para mujeres violentadas y sus hijxs.
Hoy, probablemente, si la pareja de un opositor fuese agredida, no se atrevería a denunciar o a buscar ayuda en las instituciones del Estado.
El miedo a la “cultura de la cancelación” no es más que una consecuencia de vivir en una sociedad punitivista y carcelaria, donde la culpa se construye desde la moralidad judeocristiana. Estas estructuras de crimen y castigo carecen de enfoques dirigidos a la justicia reparativa. En este sentido, y para construir una sociedad diferente, es esencial desarrollar y normalizar desde lo comunitario estructuras para la resolución de conflictos, que garanticen la no repetición de actitudes violentas o discriminatorias. Es necesario el compromiso con un diálogo constructivo, desde el respeto de posiciones diferentes y la no tolerancia de la violencia.
Los medios de comunicación y los productos culturales tienen una responsabilidad social y deben ser receptivos a las críticas de quienes los consumen. A un ministro de un país totalitario no se le puede exigir el diálogo, ni condenar su violencia, si dentro de la sociedad civil no somos capaces de tener discusiones complejas sin sentirnos atacados.
Por otro lado: el #MeToo también va a llegar a Cuba.
Si no existiera la tolerancia de la violencia en el ámbito íntimo, no sería posible su normalización en la esfera pública, con un sesgo ideológico. Todxs participamos de la violencia patriarcal. Un enfoque de justicia reparativa requiere de asumir responsabilidades, reconocer y corregir las estructuras que refuerzan las formas de violencia, la discriminación y la exclusión ejercidas sobre las mujeres, las personas racializadas, los cuerpos no cisheteronormativos y otras disidencias.
Las feministas cubanas tampoco somos un bloque homogéneo. Nos estamos reconociendo, nos estamos acompañando en la articulación de un movimiento transfronterizo. No nos van a ver, por ahora, en desfiles fotogénicos con las tetas al aire, y no se nos puede exigir que nos enfrentemos solas al poder.
#NoResinguenMás
© Imagen de portada: Guerrilla Girls.
Notas:
[1] Mary Sabbatino es vicepresidenta de Galerie Lelong, que maneja el Estate de Ana Mendieta.
[2] Jennifer J. Freyd, Profesora de Psicología de la Universidad de Oregon, propuso en 1997 la definición DARVO (abreviatura en inglés para Deny, Attack, Reverse Victim & Offender) en referencia al mecanismo detrás del cambio de culpa que practican los manipuladores y abusadores cuando son confrontados. Como resultado, el/la abusador/a se absuelve de la responsabilidad y el/la víctima internaliza la culpa.
La guerra de todo el pueblo
Para desmovilizar a los instrumentos de la violencia, es urgente abolir la estructura antagonista Amigo-Enemigo. Lxs artistas, intelectuales y periodistas que hoy enfrentan al poder en Cuba, desafían esa lógica porque manejan las herramientas semióticas para desarmarla, pero también porque cuentan con amplias redes de afecto.
