I. La raíz del problema
La crisis cubana no puede comprenderse únicamente como un problema de pobreza, gobernabilidad o polarización ideológica. Estamos ante una sociedad que ha perdido buena parte de las certidumbres que permitían organizar la vida cotidiana, construir trayectorias personales y proyectar un futuro compartido. Esta pérdida de certidumbre no es solamente material: afecta la relación de las personas con su pasado, su presente y su futuro, al tiempo que transforma sus formas de actuar y relacionarse con el poder.
Sucede que una sociedad precarizada no pierde necesariamente su capacidad de actuar, pero puede perder las condiciones que le permiten transformar sus acciones dispersas en un proyecto colectivo. La iniciativa individual aún persiste, se adapta y encuentra otras vías de realización; pero la posibilidad de articular esa iniciativa en formas autónomas de organización, representación y participación política se vuelve cada vez más difícil.
Estamos ante una contradicción que atraviesa la sociedad cubana: mientras el Estado pierde capacidad para garantizar las condiciones materiales de reproducción social, una parte creciente de la población busca soluciones fuera de los mecanismos institucionales existentes. Sucede al mismo tiempo, que la frustración acumulada se convierte en un terreno de disputa entre actores políticos que pretenden representar el malestar social, aunque sus objetivos no necesariamente coincidan con las necesidades de quienes se hayan en tal situación.
Siendo así, hallo que la cuestión del precariado, la capacidad de agencia y la polarización política deben abordarse como partes de un mismo problema. Porque no se trata únicamente de comprender por qué se precariza la sociedad, sino también de explicar qué hace esa sociedad para sobrevivir, qué posibilidades tiene de transformar su realidad y por qué su iniciativa puede terminar subordinada a proyectos políticos ajenos a los propios.
Evitar los extremos siendo más radicales significa, en este contexto, ir hasta las raíces del problema. Eso es, no confundir la transformación de las estructuras que producen la precariedad con la eliminación del adversario, ni la necesidad de cambios profundos con la aceptación de salidas que conviertan a la población en un mero instrumento de confrontación política entre bandos opuestos.
Cuestión de fondo: el precariado
Entiendo que el concepto de precariado, desarrollado por Guy Standing (2011), permite identificar dimensiones de la inseguridad social que las categorías estadísticas de pobreza o vulnerabilidad no siempre consiguen captar en su totalidad. Mientras los indicadores tradicionales suelen medir carencias de ingresos, bienes o servicios en un momento determinado, la precarización compromete también la posibilidad de construir una trayectoria vital relativamente estable en cada persona.
Hablo de una pérdida de certidumbre que afecta la relación del sujeto con el tiempo histórico: pasado, presente y futuro. Entiendo que la precariedad existencial no es simplemente la ausencia de recursos. También es la dificultad para convertir el esfuerzo acumulado en bienestar, habitar el presente sin quedar atrapado en la supervivencia inmediata y proyectar un futuro en el que la formación, el trabajo y las expectativas personales tengan alguna continuidad.
En otra ocasión me referí a quienes experimentan esa ruptura como personas que no logran lidiar con su frustración: trabajadores que han perdido el mundo al que pertenecían, migrantes y minorías que buscan un lugar desde el cual reconstruir su vida, y jóvenes que no encuentran un futuro en su propia comunidad. Aunque se sabe que no estamos necesariamente ante grupos cerrados ni ante identidades inmutables. Estas son, más bien, experiencias diferentes de una misma fractura social: la pérdida de continuidad entre lo que una persona fue, lo que puede hacer en el presente y lo que espera llegar a ser como persona.
La sociedad cubana aparece entonces como una multitud de personas que, aun compartiendo un espacio nacional, experimentan de maneras distintas la pérdida de sus anclajes vitales en la sociedad. Entonces hoy millones de cubanos se ven obligados a reorganizar sus vidas bajo condiciones que escapan en buena medida a su capacidad de decisión.
El pasado clausurado: la nostalgia inútil
Sucede que quienes antes dedicaron sus vidas a la realización de un proyecto de nueva sociedad acumulan hoy un capital moral, laboral y educativo que las condiciones actuales han vuelto insuficiente para garantizar su subsistencia. Queda en la memoria los años en que el trabajo, la educación o la pertenencia institucional ofrecían determinadas garantías, pero todo ello no encuentra continuidad en el presente. Para la mayoría de trabajadores y jubilados, la experiencia de una vida dedicada al esfuerzo se enfrenta a la pérdida de capacidad adquisitiva, al deterioro de los servicios y a la dificultad para sostener las condiciones materiales de su existencia personal y familiar.
El pasado se convierte así en una referencia ambivalente. Puede ofrecer identidad, memoria y sentido de pertenencia, pero también convertirse en un espacio de comparación permanente con un presente que no satisface las expectativas construidas durante décadas. La nostalgia resulta inútil cuando se transforma en el único recurso para interpretar la realidad y no permite construir alternativas. Entiéndase bien, no porque recordar sea un problema, sino porque la memoria de las garantías perdidas no basta para recuperarlas.
Sabemos que la vejez, en estas circunstancias, puede convertirse en un ejercicio de duelo continuado ante el deterioro de las condiciones de vida individuales y colectivas. Porque el problema no reside únicamente en la insuficiencia de los ingresos, sino también en la pérdida de reconocimiento social de una trayectoria vital que ya no garantiza la seguridad que prometía.
El presente suspendido: la vivencia del desarraigo
Entiendo que para quienes hoy sobreviven en los márgenes de la informalidad, los sectores migrantes internos y las personas que carecen de redes estables de apoyo, la vida cotidiana puede reducirse a una lucha por resolver las necesidades inmediatas. Conseguir alimentos, mantener una vivienda, acceder al transporte o encontrar una fuente de ingresos absorbe los recursos materiales y mentales que serían necesarios para construir estabilidad. Siendo así la planificación queda subordinada a la urgencia.
Lograr un anclaje se vuelve particularmente difícil cuando las reglas del juego cambian de manera recurrente y los mecanismos institucionales no ofrecen respuestas previsibles. Luego se suma a ello el desgaste de los vínculos comunitarios bajo la presión de la escasez y la necesidad de movilizar los recursos familiares para garantizar la supervivencia.
¿Significa eso que estas personas carezcan de iniciativa o sean incapaces de construir relaciones de solidaridad? No. Porque muchas veces ocurre lo contrario: esas personas logran desarrollar estrategias de cooperación, intercambio y ayuda mutua que permiten sostener la vida cotidiana. Aunque se sabe que esa capacidad de adaptación no siempre se traduce en seguridad duradera. Porque se puede ser muy eficaz para resolver las urgencias del presente y, al mismo tiempo, carecer de condiciones para transformar la propia situación. Cuando eso ocurre el presente queda suspendido entre la necesidad de resolver el día de hoy y la imposibilidad de organizar con suficiente certidumbre el día de mañana.
El futuro cancelado: la frustración de la juventud
Estamos ante un joven precarizado que se enfrenta a la desconexión estructural entre el esfuerzo de formación y las expectativas de desarrollo personal. Significa que la educación, la cualificación profesional y el trabajo dejan de garantizar una trayectoria previsible cuando sus rendimientos materiales resultan insuficientes para sostener un proyecto de vida personal. La situación se hace particularmente visible entre quienes han invertido años en su formación y no encuentran condiciones para ejercer su profesión, independizarse económicamente o construir una familia.
Cuando emigrar o abandonar la profesión se convierten en las alternativas más plausibles para mejorar las condiciones de vida, el futuro deja de actuar como horizonte de posibilidad en la comunidad de origen que es abandonada.
Advierto que no todos los jóvenes viven esa experiencia de la misma manera, ni todos responden mediante la emigración. Aunque la dificultad para proyectarse localmente constituye una dimensión central del problema: el esfuerzo individual pierde capacidad para producir las certidumbres que se esperan de él como persona.
Luego el futuro no desaparece como categoría abstracta. Este se desplaza hacia otro territorio, queda aplazado o se convierte en una expectativa cada vez más difícil de realizar dentro de la propia sociedad. ¿Por qué se excluye el precariado del debate público? ¿Por qué, tanto en el oficialismo como en sectores de la oposición, la discusión sobre los desfavorecidos suele permanecer en los límites de la pobreza, la vulnerabilidad o la asistencia social?
Entiendo que esa manera de abordar la cuestión puede invisibilizar la naturaleza estructural de la precarización por varias razones.
En primer lugar, definir a una persona únicamente como vulnerable tiende a presentar su situación como una condición que puede resolverse mediante subsidios, transferencias de bienes o intervenciones puntuales. Estas medidas pueden ser necesarias, pero no sustituyen el análisis de los mecanismos que producen la inseguridad material y la pérdida de autonomía. Hablar de precariado obliga a preguntar por las condiciones laborales, la capacidad adquisitiva, la distribución de los costes del ajuste económico y la posibilidad real de construir una trayectoria vital estable.
En segundo lugar, los marcos analíticos centrados exclusivamente en la existencia formal de determinadas instituciones pueden pasar por alto la distancia entre su disponibilidad nominal y su eficacia material. Contar con acceso formal a la educación o la salud pública, o disponer de una vivienda, no garantiza por sí mismo una vida digna cuando faltan medicamentos, recursos básicos, ingresos suficientes o condiciones adecuadas para sostener esos servicios. Precisamente el estado de precariedad se manifiesta en ese hiato entre los derechos reconocidos, las instituciones existentes y la capacidad efectiva de las personas para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
En tercer lugar, el precariado no se limita a un grupo marginal excluido del sistema. Puede abarcar a trabajadores estatales, jubilados, profesionales cualificados y personas que desarrollan actividades económicas informales, aunque sus condiciones y mecanismos de precarización sean diferentes.
Sucede que una parte de la sociedad ha sido precarizada dentro de las propias estructuras que antes organizaban su vida laboral, social y personal. Por eso, la tarea no consiste únicamente en atender a quienes han quedado fuera, sino en comprender qué ocurre cuando las instituciones dejan de garantizar condiciones suficientes de reproducción social a sectores amplios de la población. Porque se está ante una multitud que experimenta distintos grados de inseguridad y frustración, expuesta a interpretaciones políticas que proceden tanto de las izquierdas como de las derechas. La cuestión es que el malestar no constituye, por sí mismo, un proyecto político ni garantiza una orientación ideológica determinada.
La historia nos dice que la precariedad no conduce automáticamente a la protesta, al conservadurismo, a la emigración o a una posición radical en política. Eso sí, crea condiciones que pueden favorecer respuestas distintas, según las oportunidades disponibles, las experiencias acumuladas y las redes de relación de cada grupo.
Insisto en la idea de que el precariado no es solamente la ausencia de recursos. También es la pérdida de capacidad para convertir el esfuerzo individual en certidumbre y para construir un futuro que pueda compartirse con otros en igualdad y libertad.
Luego se entiende que al no encontrar un pasado al cual regresar, un presente donde asentarse ni un futuro proyectable en su propia comunidad, el sujeto popular queda despojado de una parte de su agencia histórica. Pero esa pérdida no significa que haya dejado de actuar. Significa que las condiciones para transformar sus acciones en capacidad colectiva se han debilitado.
II. Capacidad de agencia versus sistema de dominación
Estamos ante una sociedad que, aunque desarmada en términos de organización colectiva, continúa buscando soluciones para reproducir su vida cotidiana. Sociedad que se enfrenta a un Estado que ha perdido capacidad para garantizar determinados bienes y servicios y un mercado informal que, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de supervivencia, puede reproducir desigualdades y relaciones de dependencia que son extremas.
Será en ese contexto que aparecen nuevas formas de iniciativa económica, redes de solidaridad y estrategias de autonomía. La expansión de estas prácticas plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante la desaparición de la capacidad de agencia de la sociedad cubana o ante su transformación bajo condiciones de precariedad?
Adelanto una hipótesis: la agencia no desaparece, no necesariamente. Hallo que se desplaza, se fragmenta y adopta formas que no siempre encuentran expresión en las instituciones existentes. Pero no deja de estar presente y actúa con una eficacia relativa.
Durante décadas, el Estado cubano organizó buena parte de la reproducción social mediante la provisión de bienes y servicios, la centralización de las decisiones económicas y la intermediación de organizaciones institucionales. Dentro de esa relación se combinaban garantías materiales, expectativas de seguridad y mecanismos de integración política, aunque no todos los sectores sociales la vivieron del mismo modo.
La crisis de ese modelo altera las condiciones de la relación entre Estado y sociedad. Cuando el estado deja de garantizar de manera suficiente determinados bienes y servicios, las familias, las redes personales y el mercado informal asumen una parte creciente de las responsabilidades necesarias para sostener la vida cotidiana.
Luego el problema no es únicamente que disminuya la capacidad material del Estado. También se modifica la percepción social de la utilidad de las instituciones, la relación entre obligaciones y expectativas, y la disposición de los ciudadanos a participar en mecanismos de intermediación que consideran poco eficaces.
Podemos hablar, en este sentido, de un quiebre del pacto social: no de la ruptura de un contrato formal, sino del deterioro de las expectativas recíprocas que sostenían la relación entre el Estado y la sociedad.
La inoperancia de los canales institucionales
Cuando las organizaciones de masas y otras instituciones dejan de ser percibidas como espacios eficaces para formular demandas, negociar soluciones o resolver problemas concretos, su función de intermediación se debilita. El poder instituido puede seguir conservando sus estructuras formales, pero esas estructuras corren el riesgo de convertirse en mecanismos administrativos con escasa capacidad para procesar las necesidades de la población.
Entonces es que la sociedad se ve obligada a ensayar otras formas de resolver sus asuntos. Vistas en ese contexto las redes familiares, los intercambios informales, las iniciativas comunitarias y las relaciones personales adquieren una importancia creciente para la sociedad. Porque no se trata necesariamente de una ruptura abierta con el orden existente. Puede ser una retirada silenciosa, un distanciamiento de las instituciones o una búsqueda pragmática de soluciones fuera de las mismas.
También se sabe que esa autonomía cotidiana tiene límites puntuales e inevitables. Quiere eso decir que resolver problemas al margen de las instituciones no equivale a disponer de mecanismos colectivos capaces de modificar las reglas que los producen los mismos.
La transferencia de los costes de la reproducción social de la sociedad
Cuando las familias y el mercado informal deben asumir responsabilidades que antes se esperaba que fueran garantizadas por las instituciones públicas, una parte creciente de los costes de reproducción social se desplazan hacia los propios ciudadanos. Significa que el tiempo dedicado a conseguir alimentos, resolver problemas de transporte, buscar medicamentos o completar ingresos insuficientes se convierte en un recurso fundamental para la supervivencia.
Sabemos que, en esas condiciones, la participación institucional pierde atractivo si no ofrece respuestas concretas. La ciudadanía puede comenzar a percibir tal participación como una obligación sin retorno, mientras que las estrategias individuales adquieren mayor importancia.
Conviene que se haga la distinción entre autonomía y desprotección. Porque el hecho de que una familia encuentre mecanismos para sobrevivir por sus propios medios no significa que haya alcanzado una independencia real y efectiva. Sucede en ocasiones que la informalidad amplía las posibilidades de acción; pero en otras, reproduce la inseguridad y obliga a depender de relaciones personales desiguales. También existe una contradicción en la respuesta institucional: cuando surgen formas autónomas de organización, las autoridades pueden intentar incorporarlas a los mecanismos de control existentes, en lugar de reconocer su capacidad para actuar con independencia.
La cuestión central es si las nuevas iniciativas sociales podrán desarrollarse como espacios autónomos de cooperación o si permanecerán subordinadas a relaciones de dependencia económica y política en los marcos del orden instituido.
Una agencia política que se transforma
La pérdida de certidumbres no anula el malestar social, pero puede alterar las formas en que se expresa. Albert O. Hirschman distinguió entre la salida de una organización o relación deteriorada (exit) y el intento de modificarla mediante la expresión de demandas (voice). Advierto que esta distinción permite analizar una parte de las respuestas de la sociedad cubana, siempre que no confundamos la emigración con una decisión exclusivamente política ni la permanencia con una voluntad de participación institucional.
Cuando los canales para expresar demandas pierden eficacia y los costes de la protesta aumentan, la emigración puede adquirir mayor atractivo frente a la acción organizada. Luego en otras circunstancias, el malestar se expresa mediante el distanciamiento institucional, la informalidad económica, la desobediencia cotidiana o la participación en protestas.
Desde luego, estas respuestas no son equivalentes. Algunas permiten resolver necesidades individuales; otras expresan desacuerdo político, y unas pocas pueden contribuir a construir formas sostenidas de acción colectiva. La distinción resulta fundamental: la agencia para sobrevivir no equivale a la agencia para transformar el sistema.
Una persona que desarrolla una actividad económica informal demuestra iniciativa. Una red de vecinos que organiza ayuda mutua construye una forma de cooperación. Una protesta colectiva expresa una demanda pública. Pero ninguna de estas acciones, por sí sola, garantiza la existencia de un sujeto político organizado con capacidad para definir objetivos comunes y sostenerlos en el tiempo.
Podemos ver en la sociedad cubana diferentes manifestaciones de esta transformación y sus resultados. La expansión de actividades económicas no estatales, el uso de remesas para financiar pequeños negocios, las redes de intercambio y las iniciativas familiares muestran que existen capacidades sociales que no dependen enteramente de las instituciones formales. Asimismo, la acción de distanciamiento de organizaciones oficiales y la participación en las protestas pueden expresar la pérdida de confianza en los canales establecidos.
Sin embargo, para comprender la relación entre estos fenómenos es necesario estudiar sus trayectorias concretas. Entiendo que no basta con establecer una sucesión cronológica entre acontecimientos. Debemos identificar qué continuidades existen entre los debates públicos de 2019, las protestas de julio de 2021, las movilizaciones y episodios de descontento posteriores, y las estrategias de emigración y adaptación económica. Porque cada proceso tiene motivaciones, participantes y condiciones muy específicas.
La hipótesis que propongo es que, cuando disminuyen las posibilidades de influir en las decisiones colectivas, una parte de la energía social se desplaza hacia estrategias individuales o ámbitos colectivos más reducidos. Significa que la agencia no desaparece, pero encuentra dificultades para convertirse en organización política estable. Los cacerolazos y otras protestas episódicas pueden interpretarse dentro de este problema. Expresan malestar y hacen visible la insuficiencia de las mediaciones institucionales, pero su aparición no demuestra por sí misma la existencia de una plataforma política común en la ciudadanía.
Sabemos que su carácter discontinuo puede responder a la ausencia de organizaciones capaces de sostener demandas en el tiempo, a los costes de la participación pública o a la diversidad de intereses de quienes se movilizan para las acciones de protesta. Entonces el desafío no consiste únicamente en identificar las formas de resistencia que persisten en la vida cotidiana. También se debe entender por qué esas formas encuentran dificultades para coordinarse y producir una capacidad de transformación colectiva de la sociedad.
La paradoja de una sociedad activa y desarticulada
Podría parecer contradictorio describir a la sociedad cubana como desarmada y, al mismo tiempo, reconocer su capacidad para crear redes de apoyo, emprender actividades económicas, emigrar y protestar. Pero esa contradicción es solo aparente. Porque una sociedad puede mostrar una enorme capacidad para resolver problemas cotidianos y encontrarse debilitada en su capacidad para decidir sobre las estructuras que producen esos problemas. Puede existir iniciativa sin coordinación, cooperación sin representación y resistencia sin un proyecto político compartido.
Sucede que la precarización del tiempo contribuye a profundizar esa separación. Cuando la supervivencia se convierte en la prioridad cotidiana, los recursos necesarios para sostener una participación colectiva duradera se reducen hasta el límite de producir la parálisis de la sociedad. Tampoco el pacto social se renegocia necesariamente de manera explícita. Puede disolverse en el pragmatismo individual de la vida cotidiana, en la retirada de las instituciones y en la búsqueda de soluciones que no requieren transformar el orden existente.
La sociedad continúa actuando, pero buena parte de su energía se consume en garantizar su reproducción inmediata. De ahí que la cuestión de la agencia no pueda reducirse a la oposición entre resistencia y pasividad. Debemos preguntarnos qué condiciones permitirían convertir las capacidades dispersas de la sociedad en formas autónomas de organización, deliberación y representación de la misma.
III. La sociedad como rehén de los extremismos
El análisis de cómo la incertidumbre puede convertir a una sociedad en rehén de actores extremistas toca un punto central del conflicto político cubano hoy mismo. Cuando las certidumbres cotidianas se debilitan, las instituciones pierden eficacia y los canales de intermediación dejan de ofrecer respuestas, el espacio público se vuelve más vulnerable a las interpretaciones que presentan el conflicto como una confrontación sin alternativas.
Entiendo que la precariedad no produce automáticamente extremismo. Aunque sí puede crear condiciones favorables para su expansión cuando la desesperación reduce la confianza en las soluciones graduales, las instituciones no permiten procesar las demandas y los actores políticos convierten el sufrimiento social en un recurso de confrontación entre bandos políticos.
La pregunta es entonces cómo se produce el secuestro político de una sociedad.
La incertidumbre como terreno de confrontación
Cuando una parte importante de la población experimenta pérdida de ingresos, interrupciones de servicios básicos, escasez y dificultades para proyectar su futuro, la moderación pierde su atractivo pragmático. Sucede esto no porque las personas se vuelvan más radicales en sus convicciones, sino porque dejan de percibir resultados concretos en las vías disponibles para resolver sus problemas. Advierto que en ese escenario se desarrollan dos dinámicas de confrontación que conviene distinguir por sus posiciones, sus recursos y su capacidad para imponer costes a la población.
El extremismo inmovilista o defensivo: la inercia del poder
Desde sectores del oficialismo, la incertidumbre puede interpretarse principalmente como una amenaza para la estabilidad del sistema. Bajo esa lectura, las demandas de reforma o apertura política corren el riesgo de ser presentadas como expresiones de desestabilización, en lugar de ser reconocidas como manifestaciones de problemas sociales que requieren respuestas urgentes. Siendo así, la apelación a la seguridad nacional, a la amenaza externa o a la defensa del orden establecido puede desplazar la discusión sobre las causas internas de la crisis y reducir los márgenes para la crítica dentro del sistema. El resultado es una dinámica en la que el atrincheramiento ideológico sustituye al reconocimiento del conflicto y dificulta la búsqueda de soluciones negociadas.
El extremismo punitivo o rupturista: la lógica de la confrontación total
Desde sectores de la oposición, en cambio, el sufrimiento de la población puede interpretarse en función de estrategias que priorizan la ruptura inmediata con el orden existente y rechazan cualquier salida gradual o negociada. Desde esas posiciones, las medidas de presión económica o política, la deslegitimación indiscriminada de quienes proponen reformas y la presentación del conflicto como una confrontación de suma cero pueden relegar a un segundo plano las condiciones materiales de quienes viven dentro de la Isla.
Creemos se debe hacer la distinción entre las críticas a las políticas gubernamentales, las propuestas de transformación profunda y aquellas estrategias concretas cuyos costes recaen sobre la población. Porque no toda oposición al Gobierno es extremista, del mismo modo que no toda demanda de cambio gradual supone conformidad con el sistema existente. El problema aparece cuando una estrategia política convierte el sufrimiento social en un instrumento para alcanzar sus objetivos y considera secundarios los costes humanos de su realización.
Estas dos dinámicas no operan en condiciones equivalentes. Porque se sabe que el Estado dispone de recursos coercitivos e institucionales que no están al alcance de los actores opositores. Entender que existe esa asimetría no impide, en cambio, analizar cómo los discursos maximalistas de distintos sectores de la oposición que reducen el espacio disponible para el diálogo y bloquean la solución del conflicto.
Ahora lo que interesa es comprender un mecanismo compartido: cuando el adversario se convierte en una amenaza absoluta, las propuestas intermedias dejan de evaluarse por sus resultados y comienzan a juzgarse por la identidad de quienes defienden o comparten las mismas.
El atropello del espacio intermedio
El verdadero rehén de esta dinámica es el ciudadano que busca soluciones funcionales, autonomía económica, garantías para sus derechos y reformas institucionales capaces de producir resultados. La existencia de ese ciudadano no debe confundirse con la de un sujeto ideológicamente moderado. Puede defender cambios económicos profundos, una democratización amplia o una transformación de las relaciones de propiedad y, al mismo tiempo, rechazar la criminalización del adversario y la imposición de soluciones sin una previa deliberación pública.
Entiendo que lo que define el espacio intermedio no es necesariamente la posición que ocupa en una escala entre izquierda y derecha, sino la posibilidad de discutir las diferencias sin convertirlas automáticamente en motivos de exclusión.
El vaciamiento del espacio de deliberación
La polarización afectiva describe una dinámica en la que la identificación con un bando y el rechazo al contrario adquieren más importancia que la discusión de los problemas concretos. Sucede en Cuba que una persona que reclama servicios básicos, medicamentos o libertades cívicas puede ser deslegitimada desde un oficialismo que interpreta su demanda como una amenaza política en contra del régimen.
También se da el caso de una persona que defiende reformas desde la izquierda crítica, el cooperativismo autónomo, la economía mixta o el gradualismo institucional sea acusada por determinados sectores opositores de colaborar con el sistema o contribuir a su legitimación. Advierto que estos ejemplos deben analizarse atendiendo a sus contextos y a las evidencias concretas. Porque no se trata de afirmar que todos los actores actúan de la misma manera, sino de identificar una dinámica por la cual las etiquetas sustituyen al examen de las propuestas. Cuando esto ocurre, el debate deja de centrarse en qué soluciones pueden mejorar la vida de la población y pasa a concentrarse en quién tiene derecho a formularlas.
La trampa de la supervivencia como anestesia política
Entonces ocurre que el precariado queda atrapado entre la necesidad de resolver sus problemas inmediatos y las dificultades para participar en la transformación de las condiciones que los producen la situación. Finalmente, son la estricta vigilancia estatal, los altos riesgos de la organización independiente y la grave insuficiencia de los canales institucionales las que elevan los costes de la participación cívica de la ciudadanía. Luego son las retóricas maximalistas las que ofrecen objetivos políticos generales sin proporcionar respuestas concretas a las urgencias cotidianas de las personas.
Explica esto por qué la sociedad en ocasiones se retrae hacia las soluciones individuales, mientras la emigración se convierte para muchas personas en una alternativa para reconstruir sus trayectorias vitales a futuro.
También se sabe que la supervivencia no siempre equivale a despolitización de la agenda de la sociedad. Sabemos que las estrategias cotidianas pueden producir solidaridad, transmitir experiencias de injusticia y crear vínculos que posteriormente favorezcan la acción colectiva. La cuestión consiste en identificar qué condiciones permiten que esas experiencias compartidas se traduzcan en organización y cuáles favorecen su fragmentación dela sociedad.
La sustitución de la política por el encono
Cuando los canales institucionales para la deliberación y la representación son insuficientes, una parte de la discusión sobre el futuro del país se desplaza hacia las redes sociales y otros espacios informales de comunicación y relaciones entre personas. Estos son espacios que permiten compartir información, denunciar problemas y formular demandas que pueden quedar fuera de los medios institucionales. Pero eso también pueden favorecer la confrontación cuando las dinámicas de atención privilegian los mensajes más estridentes y las posiciones que generan mayor hostilidad.
El debate sobre el modelo económico, la justicia social, la distribución de los recursos o el papel del Estado corre entonces el riesgo de quedar subordinado a las consignas y a los ataques personales. Creemos que sería un error atribuir toda la polarización a las plataformas digitales: sus dinámicas interactúan con conflictos sociales previos, restricciones institucionales y experiencias acumuladas de desconfianza que hacen de telón de fondo en el conflicto.
Pienso que el problema de fondo es la ausencia de espacios suficientemente protegidos y plurales en los que las diferencias puedan traducirse en deliberación, propuestas y mecanismos de negociación que resuelve o supera las diferencias.
La trampa del precariado: sin representación suficiente
La paradoja del precariado cubano es que distintos actores hablan en su nombre, pero los sectores precarizados disponen de oportunidades limitadas para controlar a quienes afirman representarlos.
Desde el discurso gubernamental, las carencias pueden interpretarse principalmente como consecuencia de la agresión externa y el sacrificio necesario para defender el proyecto político. Entiendo que ese tipo de explicación puede reconocer factores internacionales relevantes, pero resulta insuficiente si desplaza el examen de las responsabilidades internas, las decisiones económicas y los mecanismos de rendición de cuentas a la población.
Desde sectores opositores, en cambio, el sufrimiento de la población puede convertirse en un argumento para acelerar una ruptura política, incluso cuando no se han definido con suficiente claridad las condiciones materiales, institucionales y sociales de la transición propuesta.
Luego, en ambos casos, el problema de la representación aparece cuando las necesidades de la población quedan subordinadas a objetivos que esta no puede discutir, modificar o controlar de manera efectiva.
Pero sería excesivo concluir que nadie representa nunca al precariado o que todos los actores persiguen los mismos fines. La cuestión que debemos plantear es más precisa: ¿qué mecanismos permiten que los distintos sectores precarizados expresen sus demandas, seleccionen a sus representantes y cuestionen las decisiones adoptadas en su nombre?
Se sabe que la representación no consiste solamente en hablar por otros. Requiere de recursos y procedimientos mediante los cuales quienes son representados puedan intervenir en la definición de las prioridades, evaluar los resultados y sustituir a sus portavoces.
Aclaro que, sin esos mecanismos, la población puede convertirse en objeto de políticas, destinataria de asistencia o recurso discursivo de la confrontación, sin disponer de una capacidad equivalente para decidir sobre su propio futuro.
Más radicales: ir a las raíces del problema
Llegados a este punto, la pregunta inicial adquiere otro significado. ¿Qué significa evitar los extremos siendo más radicales?
Significa comenzar por las raíces materiales e institucionales de la precariedad, en lugar de reducir el conflicto a una disputa entre identidades políticas irreconciliables. Significa, además, reconocer que una sociedad necesita condiciones materiales para ejercer sus derechos, pero también espacios de autonomía y organización para intervenir en las decisiones que afectan su vida de toda una sociedad. Y significa por fin comprender que la iniciativa económica individual no sustituye la existencia de instituciones capaces de garantizar derechos, del mismo modo que la provisión estatal de determinados servicios no elimina la necesidad de autonomía ciudadana y control democrático.
Finalmente, lo dicho significa que la transformación política no puede evaluarse únicamente por la identidad de quienes la promueven o por la rapidez con que promete resolver el conflicto. Creemos que también debe evaluarse por las condiciones de vida que permite construir, los derechos que garantiza y la capacidad que ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones colectivas en sociedad.
Entonces la alternativa al inmovilismo no tiene por qué ser la ruptura indiscriminada, del mismo modo que la alternativa a la confrontación no tiene por qué ser la aceptación del orden existente. La idea es construir condiciones para que las diferencias puedan expresarse sin que la supervivencia de unos dependa de la derrota absoluta de otros.
IV. De la precariedad a la reconstrucción de la agencia colectiva
Después de décadas de incertidumbre y de una crisis prolongada de las condiciones materiales de vida, la sociedad cubana enfrenta dificultades para articular un proyecto de cambio que sea autónomo, democrático e incluyente.
Sucede que la precarización erosiona la confianza, reduce los márgenes de planificación y obliga a dedicar una parte creciente de los recursos individuales a resolver necesidades inmediatas. Las familias y las redes informales asumen responsabilidades fundamentales, mientras la participación en los canales institucionales puede perder eficacia o credibilidad. Sin embargo, esta situación no equivale a la desaparición de la sociedad como sujeto de acción colectiva. La iniciativa continúa presente en las estrategias económicas, las redes de solidaridad, las decisiones migratorias y las expresiones de descontento. El problema es que esa capacidad de actuar no siempre se traduce en capacidad para transformar las estructuras que producen la precariedad.
Esto nos obliga a hacer la distinción entre una sociedad que encuentra maneras de sobrevivir y una sociedad que dispone de mecanismos para decidir colectivamente cómo quiere vivir y ser ella misma. La primera puede persistir incluso bajo condiciones extremas de inseguridad. La segunda requiere algo más: instituciones capaces de procesar demandas, organizaciones autónomas, espacios de deliberación, garantías para el ejercicio de los derechos y mecanismos de representación sujetos al control de la ciudadanía.
Construir una agencia colectiva no significa imponer una identidad política común a una sociedad que es heterogénea y compleja. Significa crear condiciones para que las diferencias puedan expresarse, organizarse y producir decisiones sin quedar subordinadas a una confrontación permanente. Tampoco eso nos debe llevar a ignorar las asimetrías de poder hoy existentes. Porque la transformación de la relación entre Estado y sociedad exige reconocer que las instituciones estatales disponen de recursos y capacidades que los ciudadanos individuales no poseen, y que la apertura de espacios autónomos de participación depende en buena medida de garantías efectivas para el ejercicio de los derechos.
La cuestión del precariado conduce así a una pregunta que atraviesa toda él ensayo: ¿qué condiciones permitirían convertir la iniciativa dispersa de una sociedad precarizada en capacidad colectiva para decidir su futuro?
Entiendo que la respuesta no puede reducirse a una política de asistencia, a la expansión de la iniciativa privada ni a la sustitución de un grupo dirigente por otro en nada diferente. Definitivamente, hallar una solución al problema exige abordar simultáneamente las condiciones materiales de la vida, la autonomía económica, la capacidad de organización social y los mecanismos institucionales mediante los cuales la ciudadanía puede formular demandas y exigir responsabilidades.
Sabemos que una sociedad no recupera su futuro únicamente porque desaparezcan determinadas restricciones. Únicamente lo recupera cuando sus integrantes pueden construir proyectos vitales, organizarse para defender intereses comunes y participar en la definición de las reglas que rigen su convivencia. Evitar los extremos siendo más radicales significa, en última instancia, no aceptar que la precariedad sea el destino de una sociedad ni que su sufrimiento deba ponerse al servicio de una confrontación que no controla ella misma. Significa ir a las causas estructurales de la crisis, reconocer la capacidad de acción de quienes la padecen y construir las condiciones para que esa capacidad deje de consumirse exclusivamente en la supervivencia.
Porque una sociedad puede estar exhausta sin haber perdido toda iniciativa. Puede encontrarse desarticulada sin haber renunciado a transformar su realidad. Incluso puede carecer de un proyecto colectivo consolidado sin que eso signifique que deba aceptar los proyectos que otros pretenden imponerle.
Hallo que el desafío consiste en que la ciudadanía deje de ser únicamente el objeto de las decisiones económicas y de las disputas políticas, para convertirse en participante efectiva de la construcción de su propio futuro. Sería ese el sentido de una radicalidad que no se agota en la denuncia ni necesita convertir al adversario en enemigo absoluto: transformar las condiciones que producen la precariedad y reconstruir la capacidad de una sociedad para decidir, de manera autónoma, plural y democrática, sobre su destino.
Referencias:
Asamblea Nacional del Poder Popular. (2019). Constitución de la República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria n.º 5, 10 de abril de 2019.
Bert Hoffmann, B. (2016). Bureaucratic socialism in reform mode: The changing politics of Cuba’s economic reforms. Third World Quarterly, 37(9), 1730–1748.
Bobes, V. C. (2016). The Struggle for the Cuban Constitution: The State, Society, and the Politics of Reform. Routledge.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. Naciones Unidas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo. Naciones Unidas.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2021). Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba. Naciones Unidas, E/C.12/CUB/CO/3.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2023). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Cuba. Naciones Unidas, A/HRC/54/16.
Crenshaw, E. M., Jenkins, J. C., & Castillejo, A. (2007). State breakdown and the onset of civil war: A test of the “failed state” thesis. Armed Forces & Society, 33(3), 333–358.
Dilla Alfonso, H. (2019). Cuba: La democracia postergada. Editorial Hypermedia.
Domínguez, J. I. (1978). Cuba: Order and Revolution. Harvard University Press.
Espina Prieto, M. P. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. CLACSO.
Espina Prieto, M. P., & Núñez Moreno, L. (2011). Desigualdad y movilidad social en Cuba: Familias, redes y trayectorias. Editorial de Ciencias Sociales.
Freedom House. (2024). Freedom in the World 2024: Cuba. Freedom House.
Granma. (2021, 12 de julio). Intervención del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la televisión nacional.
Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.
Human Rights Watch. (2022). World Report 2022: Cuba. Human Rights Watch.
Instituto Nacional de Estadística e Información. (2023). Anuario Estadístico de Cuba 2022. Oficina Nacional de Estadística e Información.
Instituto Nacional de Estadística e Información. (2024). Anuario Estadístico de Cuba 2023. Oficina Nacional de Estadística e Información.
International Labour Organization. (2024). ILOSTAT Database.
Mesa-Lago, C. (2012). Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y sus efectos. Editorial Colibrí.
Mesa-Lago, C., & Vidal-Alejandro, P. (2019). El impacto en la economía cubana de las reformas de Raúl Castro: 2006–2017. Real Instituto Elcano.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021). Cuba: UN experts condemn crackdown on peaceful protests. Naciones Unidas.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022).
Cuba: UN experts urge release of protesters detained during July 2021 demonstrations. Naciones Unidas.
Organización Internacional para las Migraciones. (2024). World Migration Report 2024. Naciones Unidas.
Pérez-Liñán, A. (2007). Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. Cambridge University Press.
Pérez-Stable, M. (2010). The Cuban Revolution: Origins, Course, and Legacy (3.ª ed.). Oxford University Press.
Procuraduría de los Derechos Humanos de Cuba. (2022). Informe sobre las protestas del 11 de julio de 2021 y la situación de los derechos humanos en Cuba.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022: Tiempos inciertos, vidas inestables. Naciones Unidas.
República de Cuba. (2021). Decreto-Ley 46/2021. Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria n.º 94.
República de Cuba. (2021). Decreto-Ley 48/2021. Del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria n.º 94.
República de Cuba. (2021). Ley 143 del proceso penal. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria n.º 140.
Ritter, A. R. M. (2010). The Cuban Economy. University of Pittsburgh Press.
Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.
Standing, G. (2014). The Precariat Charter: From Denizens to Citizens. Bloomsbury Academic.
United Nations Development Programme. (2023). Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. Naciones Unidas.
United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). Cuba: Operational Data Portal.
United States Department of State. (2023). 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Cuba. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.
V-Dem Institute. (2024). Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot. University of Gothenburg.
Vidal-Alejandro, P. (2021). ¿Qué lugar ocupa el sector privado en la economía cubana? Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana.
World Bank. (2023). World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank.
Zubizarreta, A. (2022). Cuba’s July 11 Protests: Causes, Consequences, and International Responses. Congressional Research Service.
‘En la Voz de Ellas’
Por Jorge De Armas
Una conversación con Iris María Mariño y Daily Fortún sobre periodismo, activismo y la vida de las mujeres en la Cuba actual.
