Estados Unidos, en pleno ciclo electoral de 2024, está siendo testigo de un peligroso aumento de las amenazas políticas violentas, que proyecta una larga y ominosa sombra sobre sus instituciones democráticas. Esta tendencia creciente a la intimidación y la agresión no son incidentes aislados, sino una amenaza generalizada que acecha el panorama político de la nación.
En un episodio emblemático de esta creciente amenaza, la casa en Phoenix de Rusty Bowers, ex presidente de la Cámara de Representantes de Arizona y figura clave en la resistencia a los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020, fue invadida por agentes del sheriff tras una falsa denuncia de una bomba de tubo y un homicidio.
Este incidente, conocido como “swatting”, un peligroso engaño destinado a atraer una fuerte respuesta de las fuerzas del orden, forma parte de un patrón de amenazas y tácticas de intimidación dirigidas a funcionarios públicos desde las elecciones de 2020, sostiene The Washington Post. El espectro de los objetivos es amplio y abarca a miembros del Congreso, funcionarios estatales, líderes locales y jueces. En particular, estas amenazas se han intensificado en las últimas semanas, con amenazas de bomba que han provocado evacuaciones en las capitales estatales de todo el país y la detención por parte de las autoridades federales de individuos por intimidar a personalidades públicas, incluido un congresista.
El aumento de este tipo de emergencias tiene un efecto particularmente insidioso en el poder judicial, como se ha visto en el Tribunal Supremo de Wisconsin, que sigue recibiendo amenazas después de apoyar la victoria de Joe Biden, en 2020. La jueza Jill Karofsky, miembro del tribunal, expresó su profunda preocupación por estas amenazas, considerándolas intentos directos de influir en la toma de decisiones judiciales mediante la intimidación.
El fiscal general Merrick Garland ha calificado este crecimiento de las coacciones violentas contra trabajadores y funcionarios públicos de “repunte profundamente preocupante”, destacando las implicaciones que estas amenazas tienen en el funcionamiento de la democracia estadounidense. Estos actos de intimidación suponen un riesgo no sólo para la seguridad de las personas, sino también para la integridad de los procesos democráticos, ya que pueden influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
Expertos como Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, y Lilliana Mason, profesora asociada de la Universidad Johns Hopkins, subrayan las repercusiones a largo plazo de estos incidentes de violencia. Advierten de que el miedo y la intimidación podrían disuadir a las personas de presentarse a cargos públicos o participar en tareas electorales, lo que podría alterar la composición futura de quienes ocupan cargos en Estados Unidos.
La respuesta a esta tendencia creciente de amenazas políticas violentas es fundamental. Supone un importante desafío a los principios de la democracia y el Estado de Derecho en Estados Unidos. Mientras la nación se prepara para otras elecciones, la forma en que se aborden estos incidentes será crucial para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos y la salud e integridad de las instituciones democráticas del país.
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