Desde hace varias semanas hay un rumor por la ciudad que ya es certeza: desde la Unión Eléctrica (UNE) se está lucrando con el servicio de la corriente o, en el mejor de los casos, favoreciendo a determinados clientes por un pago extra al personal. En La Habana, tras el incidente sucedido en Calabazar este mes de julio, hay un sentir de dolor colectivo por el hecho de saber que se está especulando como en los peores tiempos de la Cuban Electric Company.
La crisis eléctrica, que no es un fenómeno nuevo ni mucho menos, no solo pesa en la oscuridad en sí, sino en la certeza amarga de que alguien, desde el mismo interior de la UNE, está capitalizando esa oscuridad. La ciudad (y un día se hablará de los efectos más allá de la capital cubana) vive bajo un régimen de apagones que ya no se explican solo por la falta de combustible o el deterioro de las termoeléctricas, sino por un entramado de prácticas ilegales que desvían la electricidad hacia quienes pueden pagarla en efectivo.
Unos vecinos reportan circuitos con apenas una hora de corriente al día, mientras otros disfrutan de entre seis y ocho horas, como si pertenecieran a otra realidad paralela. Incluso hay sectores que nunca se apagan. En esa desigualdad horaria se dibuja el mapa de un negocio clandestino.
Los relatos de sectores o cuadrantes en barrios como El Vedado, La Víbora o Miramar tienen un patrón: trabajadores vinculados a la red, vehículos de la UNE que llegan de noche y negocios privados que no se apagan cuando el resto de la ciudad se queda ciega. El apagón deja de ser un fenómeno técnico y se convierte en una herramienta de selección: quién se queda sin luz, quién sigue produciendo, quién paga para no sentir el golpe de la crisis.
La UNE, atravesada por los mismos bajos salarios de todo el sector estatal, el descontrol administrativo y la presión constante de mantener un sistema al borde del colapso, se ha convertido en el terreno perfecto para que surjan redes de corrupción. Allí donde la escasez manda, la tentación de convertir el kilowatt en mercancía es demasiado fuerte. Se trafica con lo único que todavía tiene valor inmediato: la posibilidad de cocinar con las ollas arroceras, encender el aire acondicionado o mantener los alimentos frescos en el refrigerador.
No se trata ya del clásico fraude del vecino que pincha la línea con un cable improvisado, algo que siempre funcionó en repartos sobre todo de la periferia, sino de esquemas mucho más sofisticados que van de la manipulación de sistemas informatizados de gestión comercial para reducir consumos registrados, a la alteración de medidores y la priorización ilegal de determinados circuitos o conexiones directas negociadas “por la izquierda”.
El documento deja de reflejar la realidad del consumo y se convierte en un guion reescrito para beneficiar a una lista corta de privilegiados. En ese circuito cerrado, los apagones planificados se “ajustan” según quién pague más. Panaderías, mipymes, talleres y negocios nocturnos se sostienen sobre horas extras de corriente que no aparecen en ninguna rotación.
El robo de corriente adquiere múltiples formas y todas parten de una misma premisa: el poder de decidir qué botón se baja y qué línea se deja viva. Hay casos en que trabajadores de la red han sido sorprendidos vendiendo el suministro como si se tratara de un servicio privado: se apaga una parte de la comunidad para concentrar la carga en los negocios que compran protección al precio de 30,000 pesos mensuales (según información de un propio trabajador de la UNE).
La electricidad poco a poco ha dejado de ser un servicio público para transformarse en un privilegio negociable. Esto tampoco es algo nuevo, como los apagones, solo hay que recurrir al recorte de prensa del periódico Granma del 16 de julio de 1966, que ya se ha vuelto meme, cuyo titular Los apagones: un problema temporal se refería a una situación inconveniente con respecto al fluido eléctrico.
Sobre la base de “roturas” o “trabajo en las calderas” se ha desarrollado una especie de red de tipo casi criminal que viene, además, a fortalecer los ya típicos delitos del robo de breakers, la desaparición de piezas claves de protección y las reconexiones directas sin dispositivos de seguridad porque “no hay recursos para reponer”.
Cada componente sustraído es una familia expuesta al riesgo de incendio, cortocircuito, electrocución. Similar al suceso de Calabazar fue lo acontecido en Víbora Park (Arroyo Naranjo), donde los vecinos se dirigieron al intendente y luego al comité municipal del PCC por una supuesta avería que les consumió seis días ininterrumpidos de apagón mientras, a metros cercanos, estaban los negocios cargados de corriente.
No obstante, cuando se habla de “robo de corriente”, la narrativa oficial apunta generalmente al usuario indisciplinado, al ciudadano que se cuelga de la línea o manipula el contador para reducir su pago. Sin embargo, cada vez emergen más evidencias de que una parte significativa de ese fenómeno está incubada dentro de la propia estructura de la UNE. Funcionarios, técnicos, inspectores y operadores aparecen mencionados en procesos judiciales, denuncias vecinales y publicaciones en redes sociales.
Algunos casos han llegado a tribunales: empleados sancionados por manipular registros, otorgar rebajas indebidas, falsificar documentos para justificar consumos irreales. Esos procesos sacan a la luz una realidad incómoda: el robo ya no es solo de corriente, sino de confianza. La figura del “inspector”, que debía velar por el cumplimiento, termina siendo, en ocasiones, el intermediario entre la necesidad desesperada de una familia, la ambición de una mipyme y la fragilidad de un sistema.
La empresa, como institución, se mueve entre dos discursos: el de la lucha contra el fraude y el de la manipulación económica de la crisis energética para justificar más control, más vigilancia y más indisciplina. Mientras tanto, el gobierno anuncia planes de enfrentamiento al delito eléctrico y la población percibe que la aplicación de la ley es selectiva: se castiga al pequeño consumidor, se publican algunos casos ejemplarizantes, pero el tejido profundo de corrupción sigue operando, muchas veces protegido por jerarquías que no aparecen en las notas oficiales.
La crisis energética en Cuba tiene, como mínimo, tres causas evidentes e innegables: termoeléctricas envejecidas y faltas de mantenimiento, ausencia casi total de combustible (empeorado tras la incursión estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero) y dependencia de acuerdos externos que no siempre se cumplen. Sobre ese paisaje estructural se ha levantado un uso político de la escasez. El apagón también se convierte en una herramienta de control social bajo el discurso oficial del sacrificio que se repite. En cualquier caso, la responsabilidad recae en el bloqueo y nunca implica responsabilidad interna.
En La Habana, esa crisis funciona además como coartada perfecta para la discrecionalidad. Cuando el déficit diario de generación se supera y se anuncian “afectaciones” en el servicio, nadie puede verificar desde afuera si la distribución de los cortes responde a criterios técnicos o a favores económicos. Ahí, en esa opacidad, es donde florecen los acuerdos informales: quien controla la lista de circuitos puede decidir qué sector de qué barrio se apaga primero y cuál permanece iluminado. Incluso, como sucedió en el bloque del hospital Freyre de Andrade (más conocido como Emergencias), de un día para otro la corriente desapareció para favorecer a los negocios locales de la calle Carlos III.
La lógica es brutal: todo el país está mal, por tanto, es difícil separar el daño provocado por la crisis real del daño provocado por la corrupción. Las autoridades pueden señalar la falla de una planta, un disparo de frecuencia (DAF) o un accidente en la red. Pero la población solo percibe que las mismas zonas se repiten en la lista de sacrificados, que los mismos negocios se mantienen inmunes. La sospecha de robo se alimenta no solo de pruebas, sino de una honda sensación de desigualdad.
Si uno recorre La Habana de madrugada, puede ver barrios enteros envueltos en la penumbra, donde el único punto de luz es una panadería privada con los hornos encendidos, un bar (el EFE, en 23 y F, por ejemplo) que no apaga la música, o una tienda que sigue refrigerando sus productos. En las azoteas, los vecinos miran hacia esas manchas de claridad con una mezcla de rabia y resignación: sospechan que detrás de cada lámpara encendida hay un acuerdo que ellos no pueden pagar.
En otros barrios, la historia es aún más cruda: transformadores dañados por años de sobrecarga o aceite robado de su interior, comunidades que pasan días completos sin electricidad porque el equipo quedó inservible. La cadena del robo no solo afecta el balance nacional de energía, sino el tejido íntimo de la vida diaria: se echan a perder alimentos, se detiene la producción doméstica, se interrumpe el estudio, se colapsa la comunicación.
A principios del mes de julio, la UNE en La Habana convirtió la gestión electrónica de bloques a circuitos debido a “la compleja situación que enfrenta el país”. Bajo este nuevo modelo, cuyo mapa oficial fue generado por IA y resulta sumamente difícil comprender, hay calles “privilegiadas”, calles “castigadas”, edificios que dependen de la buena voluntad de un técnico para ser conectados y casas que pagan con favores lo que no pueden pagar con dinero. Esa geografía invisible es uno de los efectos más profundos del robo de corriente: convierte la ciudad en un mosaico moral donde cada apagón lleva la marca de una decisión humana.
En este escenario sería fácil reducir todo a una narrativa de buenos y malos: funcionarios corruptos versus pueblo inocente. La realidad es más compleja.
Los factores van desde la pobreza estructural y la inflación hasta el deterioro del salario y la precarización de la vida, que colocan a muchos trabajadores del sector eléctrico en una posición brutal: tienen en las manos un recurso decisivo y, a la vez, el Estado no les garantiza un sustento digno. La tentación de convertir ese poder técnico en ingreso personal está siempre presente.
De otro lado, los habaneros que acceden a esas “negociaciones” también se mueven entre la ética y la desesperación. Un dueño de mipyme que paga para no tener apagones justifica su acción como defensa de su negocio y de los empleos que genera. Un vecino que pide “de favor” que lo conecten antes del resto explica que tiene un enfermo en casa, un niño pequeño o una necesidad urgente.
La frontera entre supervivencia y complicidad se torna difusa. Ese clima emocional es el caldo perfecto para que la UNE, como aparato, se convierta en una suerte de intermediario y juez silencioso del sufrimiento. Mientras se mantiene la retórica de la igualdad y el sacrificio compartido, se han generado grietas por donde se filtra un mercado clandestino de horas de corriente. La crisis, en lugar de ser combatida con transparencia, se aprovecha para ensanchar el margen de maniobra de quienes operan desde las sombras.
Si esta dinámica se mantiene, La Habana corre el riesgo de naturalizar el robo de corriente como parte inevitable de la vida. Los niños crecerán creyendo que es normal que la luz dependa de “a quién conoces”, que el apagón sea un castigo político y que la electricidad no sea un derecho sino un privilegio negociable.
En ese escenario, cualquier intento de reforma técnica del sistema eléctrico nacerá ya contaminado por la desconfianza. Es eso o, como dicen muchos, “volverse fotovoltaicos” y sacrificarse comprando paneles, inversores y desligarse de la UNE. La pérdida más grande no será solo la energía, sino la capacidad de creer en un sistema de servicios públicos.
Cuando el contador deja de ser una medida de consumo y se convierte en un símbolo de desigualdad, el tejido social se fractura. Se rompe la idea de comunidad y la reemplaza la idea de pequeñas islas de ventaja, flotando sobre un mar de apagones. El robo de corriente en La Habana, protagonizado por redes que nacen dentro de la UNE y se alimentan de la crisis, es más que un delito técnico, es una metáfora oscura de cómo se gestiona la escasez y de quién se beneficia del sufrimiento colectivo.
La ciudad, mientras tanto, sigue aprendiendo a vivir entre el chasquido seco del interruptor y el silencio largo de la oscuridad.
Diario de la invasión (IX)
Los 250 años de Estados Unidos eran equivalentes a los cero años que los cubanos hemos vivido en democracia.
