Cómo librar una guerra económica

El Foro Económico Mundial de Davos rara vez ha sido escenario de una ruptura geopolítica. Pero este año, el primer ministro canadiense Mark Carney compareció ante los ejecutivos y dignatarios reunidos para declarar el fin de una era. La globalización, con su promesa de cooperación mutuamente beneficiosa, había dado paso a una intensificación de la guerra económica. “Las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que pueden explotarse”, dijo. “No se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación”.

En el relato de Carney, los gigantes están en marcha y apenas dejan al resto otra opción que unirse en defensa propia. Sin embargo, su narrativa, por resonante que resulte, oscurece una realidad más volátil: en esta era de guerra económica, incluso las grandes potencias se sienten cada vez más inseguras. Países grandes y pequeños han despertado a su vulnerabilidad frente a la coerción económica exterior, y el miedo desatado por esa constatación está empujando la política en direcciones inesperadas.

Dos semanas después del discurso de Carney, el vicepresidente estadounidense JD Vance reunió a ministros de más de 50 países en la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos, en un intento de quebrar el monopolio chino sobre los elementos de tierras raras. Días antes, Qiushi, la revista insignia del Partido Comunista Chino, publicó un discurso del líder chino Xi Jinping en el que pedía que el renminbi “alcanzara estatus de moneda de reserva”, mientras los reguladores chinos instaban a los bancos a frenar sus compras de bonos del Tesoro estadounidense. La administración Trump no siente precisamente afinidad por el multilateralismo, y Xi ha abordado desde hace tiempo con cautela la internacionalización del renminbi. Pero tanto para Washington como para Pekín, protegerse del arsenal económico del otro se ha convertido en un imperativo estratégico.

El llamamiento a la acción de Vance y el discurso de Xi ejemplifican los procesos paralelos que están reconfigurando hoy la geoeconomía: una carrera armamentística económica y una pugna por la seguridad económica. Los gobiernos están identificando sus fuentes de capacidad de presión y diseñando nuevas herramientas para emplearlas contra sus rivales; en la práctica, se están armando para una guerra económica. Al mismo tiempo, están levantando fortificaciones frente a las armas económicas que otros podrían utilizar contra ellos.

Estados Unidos carece de un manual de campaña para este nuevo entorno. En las dos últimas décadas, los responsables estadounidenses desarrollaron estrategias de guerra económica para un mundo unipolar. Acostumbrado a jugar al ataque, Washington apenas prestó atención al riesgo de represalias o de ataques por sorpresa. Ese mundo ha quedado atrás. El nuevo se define por la vulnerabilidad mutua, la búsqueda constante de capacidad de presión y el temor permanente a quedar expuesto. Estados Unidos y China poseen los arsenales más formidables, pero, como ha demostrado la guerra en Irán, las potencias menores también pueden imponer costes devastadores a la economía global al convertir en arma los pasos estratégicos. El cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz en los primeros días del conflicto disparó los precios de la energía y obligó a Washington a modificar sus objetivos de guerra. También mostró cómo los adversarios pueden adaptar la lógica de la guerra económica al conflicto cinético, utilizando drones y misiles para moldear el comportamiento de las empresas privadas del mismo modo en que Estados Unidos lo hace con las sanciones financieras.

Librar una guerra económica en este mundo fracturado exigirá que Washington rehaga su enfoque. Debe aprender a desplegar su poder económico sin erosionar sus propios cimientos. Debe reforzar sus vulnerabilidades sin sacrificar crecimiento y prosperidad. Debe gestionar la escalada frente a sus adversarios y coordinarse con sus aliados. De lo contrario, Estados Unidos, desprevenido y mal equipado, quedará atrapado librando la guerra anterior mientras toma forma un nuevo orden económico, un orden mucho menos favorable a los intereses estadounidenses que el anterior.

Anatomía de un paso estratégico

La primera tarea consiste en cartografiar los pasos estratégicos, es decir, las áreas de la economía global más susceptibles de convertirse en armas. Los pasos estratégicos geográficos, como el estrecho de Ormuz, han sido siempre puntos de apoyo del poder. Los pasos estratégicos económicos han cobrado protagonismo más recientemente. La mayoría se formaron en el apogeo de la globalización, cuando las empresas adoptaron cadenas de suministro ajustadas al máximo y un sistema financiero centrado en el dólar en busca de eficiencia. El regreso de la competencia geopolítica ha convertido esas características, concebidas con buenas intenciones, en vulnerabilidades evidentes, a medida que los Estados han aprendido a cortar a sus adversarios el acceso a los pasos estratégicos que controlan.

Pero no toda dependencia económica constituye un paso estratégico. Y si Washington trata cada una de ellas como una amenaza para la seguridad nacional, sacrificará crecimiento y prosperidad sin mejorar materialmente su seguridad. Del mismo modo, los intentos de convertir en arma una ventaja que no constituye un paso estratégico fracasarán, alejando innecesariamente a las empresas de las firmas estadounidenses y debilitando la influencia de Estados Unidos.

Los verdaderos pasos estratégicos comparten tres características. Un solo país o una coalición de aliados estrechos posee una cuota de mercado dominante y concentrada. No hay sustitutos disponibles a corto plazo. Y ese país o coalición puede convertir su posición en arma de forma que imponga una presión asimétrica, infligiendo un daño considerable al objetivo mientras sufre un perjuicio mínimo.

El mero liderazgo no basta. Para controlar un paso estratégico, un país debe rozar el monopolio en el mercado en cuestión. Pensemos en los pasos estratégicos que Washington y Pekín utilizan con más frecuencia. Las sanciones financieras estadounidenses explotan la centralidad del dólar, que se utiliza en casi el 90% de todas las transacciones de divisas. Los controles estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados se apoyan en una dinámica similar: una sola empresa de Silicon Valley, Nvidia, concentra más del 85% del mercado de chips para inteligencia artificial. China, por su parte, refina aproximadamente el 90% de las tierras raras del mundo. En cada uno de esos casos, Estados Unidos o China no son solo líderes de mercado; son, de hecho, casi monopolistas.

Cuando un país no dispone de ese grado de concentración, su capacidad de presión es más limitada. Tomemos el caso de los aranceles estadounidenses, que presionan a países extranjeros al reducir la competitividad de sus exportaciones en el mercado de Estados Unidos. Cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció en abril del año pasado amplios gravámenes sobre casi todos los demás países, afirmó que estos se plegarían a su voluntad porque Estados Unidos tiene “el mercado más grande del mundo”. En términos de escala, Trump tenía razón: Estados Unidos es el mayor importador del planeta. Pero representa solo alrededor del 13% de las importaciones mundiales. Aunque a un país medio se le cerrara por completo el mercado estadounidense, todavía podría vender en casi el 90% de la economía mundial. En los verdaderos pasos estratégicos, la lógica es la inversa. El país que controla suele concentrar cerca del 90% del mercado relevante, de modo que el objetivo apenas conserva acceso a un 10%.

En el puerto de Los Ángeles, California, noviembre de 2025.

Esto ayuda a explicar por qué los aranceles de Trump han fracasado a menudo a la hora de coaccionar a otros países. El año pasado, aunque los aranceles estadounidenses redujeron drásticamente las exportaciones de Brasil y China a Estados Unidos, ambos países tuvieron tanto éxito aumentando sus ventas en otros mercados que acabaron batiendo récords anuales de exportaciones totales.

Incluso si un país concentra una cuota dominante, un mercado no funcionará como paso estratégico a menos que sea casi imposible encontrar sustitutos a corto plazo. Al comienzo de la pandemia de Covid-19, en enero de 2020, por ejemplo, Estados Unidos importaba aproximadamente tres cuartas partes de sus mascarillas médicas de China. Los productores nacionales cubrían menos del 10% de la demanda. Cuando el virus se propagó rápidamente en China, Pekín restringió las exportaciones para garantizar el abastecimiento de su propia población. El resultado fueron estanterías vacías en todo Estados Unidos. La escasez fue tan aguda que las autoridades sanitarias estadounidenses desaconsejaron a los ciudadanos el uso de mascarillas para asegurar el suministro a médicos y enfermeras.

Pero los fabricantes estadounidenses ampliaron la producción con rapidez. Para el verano, había mascarillas en cantidad suficiente para que los gobiernos estatales y locales dictaran mandatos generalizados de uso. En el plazo de un año desde el inicio del brote, las fábricas estadounidenses habían cuadruplicado la producción de mascarillas N95. Aunque China dominaba la producción a comienzos de 2020, las mascarillas no constituían un paso estratégico porque demostraron ser fáciles de sustituir. La misma lógica se aplica a otros bienes relativamente simples y de baja intensidad de capital, como la ropa y el mobiliario. Incluso si un solo país acaparara el mercado de esos productos, le costaría utilizarlos como armas económicas eficaces.

Los productos intensivos en capital, como las tierras raras refinadas, son mucho más difíciles de sustituir. Un proyecto típico de extracción de tierras raras tarda nueve años en entrar en producción. Incluso si la proyección más optimista del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent —según la cual Estados Unidos puede romper en dos años la capacidad de presión china sobre la cadena de suministro de tierras raras— resultara acertada, seguiría siendo mucho tiempo expuesto a la coerción china.

En el caso de los servicios, los efectos de red —por los que el valor de un producto aumenta a medida que crece el número de usuarios— pueden reducir aún más la sustituibilidad. Por eso los servicios financieros estadounidenses constituyen un paso estratégico tan potente. La ubicuidad del dólar hace extraordinariamente difícil crear una alternativa viable.

Para que un mercado funcione como un paso estratégico, el país que lo controla también debe poder utilizarlo para infligir un daño asimétrico. Los aranceles estadounidenses contra Canadá ilustran lo que ocurre cuando el país controlador carece de esa capacidad. Canadá envía más del 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y, debido a la geografía y a la ubicación de infraestructuras fijas como los oleoductos y gasoductos, no puede diversificarse rápidamente fuera del mercado estadounidense. Consciente de ello, Trump ha afirmado que Estados Unidos dispone de una capacidad de presión prácticamente ilimitada sobre Canadá. “No necesitamos nada de lo que ellos tienen”, dijo Trump. “No necesitamos su madera, no necesitamos su energía. Tenemos más que ellos. No necesitamos nada… Pero ellos sí nos necesitan”.

Aunque los aranceles estadounidenses pueden perjudicar de forma sustancial a Canadá, no pueden hacerlo sin infligir al mismo tiempo un daño considerable a Estados Unidos. El economista David Henderson, de la Hoover Institution, ha estimado que un arancel del 25% sobre Canadá costaría a los estadounidenses unos 700 dólares por hogar. También perturbaría la fabricación de automóviles y dispararía los precios de la gasolina y de la electricidad, ya que las refinerías y las redes eléctricas estadounidenses dependen del suministro canadiense. No extraña, por tanto, que la inmensa mayoría de las importaciones procedentes de Canadá quedara exenta del arancel del 25% que Trump impuso poco después de asumir el cargo. En diciembre de 2025, el tipo arancelario efectivo global de Estados Unidos sobre Canadá era de apenas el 3,1%, el más bajo entre los principales socios comerciales de Washington.

Antes de que comenzara en febrero la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, es probable que los responsables estadounidenses interpretaran mal la capacidad de Teherán para utilizar el estrecho de Ormuz como arma asimétrica, lo que les dio una falsa sensación de seguridad. El estrecho es el paso estratégico geográfico más importante del mundo: en un día cualquiera, aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados a escala mundial atraviesa esa vía marítima, y no existen rutas alternativas. Los analistas suponían que Irán no se atrevería a cerrarlo, ya que para ello tendría que desplegar decenas de minas marinas, y además Irán también depende de ese paso para exportar su propio petróleo. Pero Teherán demostró que puede perturbar el estrecho a un coste mucho menor. Al atacar un pequeño número de buques con drones y misiles relativamente baratos, Irán alteró el cálculo del riesgo de la industria naviera mundial. Los petroleros que transportaban crudo iraní siguieron atravesando libremente el estrecho, mientras que los que llevaban petróleo de otros Estados del golfo empezaron a replegarse.

Las tierras raras chinas ofrecen un caso más nítido. En 2024, China obtuvo aproximadamente 3400 millones de dólares por la exportación de elementos y magnetos de tierras raras. Mientras tanto, investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que una interrupción del 30% en el suministro estadounidense del elemento de tierras raras neodimio, por sí sola, reduciría el PIB del país en un 2,2%, es decir, en más de 600.000 millones de dólares. En otras palabras, China tendría que renunciar a no más de un par de miles de millones de dólares en ingresos por exportación para infligir más de medio billón de dólares de daño a la economía estadounidense. Esa asimetría es lo que da fuerza a los controles chinos a la exportación. Y también pone de relieve una realidad más amplia sobre la guerra económica. Cuando tienen elección, los Estados no convierten en arma la interdependencia: convierten en arma la dependencia.

Por qué luchamos

La primera regla de la guerra económica es sencilla: no convertir en arma pasos estratégicos falsos. Pero, incluso si los responsables estadounidenses consiguen atenerse a ella, siguen enfrentándose a un peligroso bucle de retroalimentación. Cada vez que Washington convierte en arma un paso estratégico, otros países toman medidas para protegerse de él. En cada caso concreto, la erosión del poder estadounidense puede ser marginal. Pero, con el tiempo, el efecto acumulado podría reducir la confianza en el dólar y debilitar la demanda de tecnología, energía y otros productos estadounidenses. Estados Unidos necesita un plan para desplegar su capacidad de presión con eficacia sin destruir, en el proceso, esa misma capacidad.

El diseño óptimo de las sanciones, los controles a la exportación y otras medidas económicas depende por completo del objetivo que se pretende alcanzar. A grandes rasgos, estas políticas persiguen tres fines distintos. El menos ambicioso es la estigmatización, lo que los funcionarios estadounidenses llaman señalar y avergonzar. Nadie espera que las sanciones conviertan en santos a dictadores corruptos y violadores de los derechos humanos, pero Washington los sanciona a menudo de todos modos para expresar su desaprobación y satisfacer las demandas políticas de actuar. Las sanciones simbólicas no son intrínsecamente malas, pero tampoco son inocuas. Pueden disuadir a los bancos de operar en países en desarrollo, reduciendo la influencia estadounidense y causando daños humanitarios. Y cuando los responsables estadounidenses las utilizan como arma principal durante una crisis, se arriesgan a transmitir involuntariamente una falta de determinación, al revelar escaso apetito por una confrontación económica más amplia que también podría perjudicar a la economía estadounidense.

Un escalón por encima están las medidas concebidas para debilitar a los adversarios negándoles el acceso a tecnología, capital o mercados, como los controles estadounidenses a la exportación de microchips con destino a China. Como explicó el exasesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, su objetivo era mantener “la mayor ventaja posible” para Estados Unidos en la carrera por desarrollar semiconductores avanzados e inteligencia artificial. Tanto bajo la administración Biden como bajo la de Trump, los controles a la exportación constituyeron una estrategia de desgaste, dirigida no a cambiar el comportamiento de Pekín, sino a contener las capacidades tecnológicas de China.

Inspección de una placa de circuito en una fábrica de Dongguan, China, marzo de 2026.

El objetivo más ambicioso es la coerción: utilizar la presión económica para alterar las políticas de otro gobierno. Las sanciones coercitivas pueden adoptar la forma de disuasión (deterrence), es decir, impedir que un país cruce una línea roja, o de compulsión (compellence), obligarlo a cambiar una política ya existente. Las advertencias de la administración Biden en 2022 sobre “consecuencias rápidas y severas” si Rusia invadía Ucrania pretendían ser disuasorias, mientras que la estrategia de “máxima presión” de la administración Trump contra Irán buscaba obligar a Teherán a frenar su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados.

Los responsables políticos estadounidenses rara vez articulan objetivos claros cuando libran una guerra económica. Pero distinguir entre esos objetivos al inicio de cualquier campaña de presión económica debería ser una prioridad, porque pueden empujar la estrategia en direcciones opuestas. Pensemos en una posible invasión china de Taiwán. Si Washington pretende utilizar la guerra económica como un mecanismo de disuasión que solo se activaría si Pekín cruzara un umbral, entonces la estrategia óptima consistiría en acumular capacidad de presión aumentando la dependencia china de la tecnología estadounidense y reservarla. De ese modo, cuando Xi estuviera sopesando si actuar o no, Estados Unidos podría amenazar con un duro golpe económico para disuadirlo. En cambio, si el objetivo es degradar las capacidades chinas y hacer así menos probable una invasión exitosa, la mejor opción sería utilizar esa capacidad de presión ahora, cortando el acceso de China a la tecnología estadounidense antes de que estalle la guerra. Una vez iniciadas las hostilidades, el desgaste económico sirve de poco salvo que el conflicto se prolongue.

Las vacilaciones de la administración Trump respecto a los controles a la exportación resumen el peligro de librar una guerra económica sin un objetivo bien definido. Un sector de la administración, integrado por funcionarios más tradicionalmente halcones, como el secretario de Estado Marco Rubio, ha presionado a favor de restricciones más duras para frenar el avance chino en inteligencia artificial. Otro ha defendido restricciones más laxas para volver a China “adicta” a los chips estadounidenses, en palabras del secretario de Comercio Howard Lutnick. Ambas posturas tienen su lógica; la elección correcta depende del objetivo.

Sea cual sea la meta, rara vez es sensato endurecer las restricciones de manera incremental. Los responsables estadounidenses tienden a seguir este enfoque por cautela, prefiriendo esperar y ver el efecto de las medidas antes de escalar. Pero la presión económica no opera en el vacío. En cuanto se impone una nueva sanción o un nuevo control a la exportación, el país objetivo empieza a adaptarse: desarrolla vías alternativas, cultiva nuevos proveedores e invierte en autosuficiencia. Los países sometidos a una presión considerable están convirtiendo cada vez más su dominio de esas tácticas en una auténtica profesión. Una de las universidades más prestigiosas de Rusia ha lanzado recientemente un máster en evasión de sanciones. Por estas razones, endurecer las medidas paso a paso suele ofrecer rendimientos decrecientes. La presión no aumenta de forma proporcional; en el mejor de los casos, se estanca.

Abandono temerario

Tan importante como desplegar la cantidad adecuada de capacidad de presión en el momento oportuno es preservarla para que siga disponible cuando Estados Unidos más la necesite. Cuanto más convierta Washington en arma un paso estratégico, más fuerte será el incentivo para que otros países reduzcan su dependencia de Estados Unidos, y eso hará que ese paso estratégico sea menos eficaz en el futuro.

A menudo, ese incentivo va más allá de los objetivos inmediatos. Después de que Rusia se anexionara Crimea, en 2014, Washington impuso sanciones a Moscú que bloquearon a empresas rusas el acceso a partes del sistema financiero estadounidense. Pekín extrajo una lección clara: si Washington podía tratar así a Moscú, algún día podría hacer lo mismo con Pekín. Ese episodio impulsó a los dirigentes chinos a desarrollar sistemas de pago propios para reducir la exposición del país a las sanciones financieras estadounidenses. En 2015, China lanzó el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS), diseñado para liquidar transacciones en renminbi sin depender de intermediarios occidentales. Desde entonces, Pekín ha ampliado ese esfuerzo con el lanzamiento de una moneda digital de banco central, el e-CNY, y de mBridge, una plataforma digital de pagos que permite a los bancos centrales liquidar transacciones directamente entre sí.

Estas iniciativas no representan un desafío serio a la primacía del dólar. Pero construir un rival global del sistema de compensación en dólares no es el objetivo de China. Más bien, Pekín busca levantar una infraestructura paralela que pueda ampliarse rápidamente en caso de crisis, una especie de póliza de seguro más que un sustituto directo. CIPS ha crecido con rapidez y cuenta ya con alrededor de 1700 instituciones participantes en más de 120 países: mucho menos que SWIFT, pero lo bastante como para que, si China quedara desconectada del dólar, pudiera sostener la liquidación en renminbi a una escala significativa. El e-CNY y mBridge avanzan en una dirección parecida. Y, pese a la amenaza que estos esfuerzos suponen para la capacidad de presión estadounidense, Washington les ha prestado muy poca atención. Debería tomarse en serio el futuro de los pagos y promover políticas que, por un lado, ralenticen los esfuerzos chinos cuando sea posible y, por otro, modernicen los sistemas occidentales para asegurar que sigan siendo más rápidos, más baratos y más atractivos de usar.

Un desafío más sistémico podría venir de una fuente menos evidente. La internacionalización del renminbi se ve frenada por los controles de capital chinos y por la incertidumbre que supone hacer negocios en un país carente de Estado de derecho. El euro, en cambio, es una moneda convertible y líquida, respaldada por gobiernos democráticos estables. En el ámbito de los pagos, donde la facilidad y la fiabilidad son lo que más cuenta, tiene ventajas claras. El euro es ya la segunda divisa más utilizada en las transacciones de divisas, y los bancos centrales mantienen alrededor del 20% de sus reservas en euros, solo por detrás del dólar, con un 57%.

Al defender una versión digital del euro, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha subrayado que el proyecto es “una declaración política sobre la soberanía de Europa”. La misma lógica está impulsando los esfuerzos, demorados durante mucho tiempo, para unificar el fragmentado mercado de capitales de la UE. A medida que estas iniciativas avancen, el euro podría atraer usuarios más allá de Europa, especialmente a quienes temen que Estados Unidos pueda convertir el dólar en un arma contra ellos.

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, en Bruselas, marzo de 2026.

La consecuencia para los responsables estadounidenses es que, siempre que sea posible, deberían coordinar las sanciones con la UE y otros aliados. Esa coordinación importa no porque sea necesaria para que las sanciones hagan daño —gracias a los pasos estratégicos controlados por Estados Unidos, las medidas unilaterales suelen ser lo bastante potentes—, sino porque impide que el dólar cargue con una prima de riesgo geopolítico frente a otras monedas de reserva. En los tres años posteriores a la congelación, por parte del G-7, de las reservas del banco central ruso en respuesta a la invasión de Ucrania en febrero de 2022, el uso del dólar en los pagos internacionales aumentó y ganó cuota a costa de otras divisas del G-7, entre ellas el euro, la libra y el yen, que fueron percibidas como igualmente susceptibles de ser convertidas en arma.

El problema mayor para Estados Unidos es que buena parte del mundo ha llegado a creer que, tras dos décadas de intensificación bipartidista de la guerra económica, Washington podría acabar convirtiéndolo todo en arma contra todos. La “reducción de riesgos” respecto de Estados Unidos, incluso en ámbitos que Washington todavía no ha explotado, se considera cada vez más una cuestión de sentido común, incluso entre gobiernos que aún no han sido blanco directo. Pensemos en los servicios en la nube, donde los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon, Microsoft, Google y Oracle concentran conjuntamente más del 70% de la cuota mundial de mercado. El temor a que Washington pueda convertir en arma ese dominio ha llevado a gobiernos europeos a financiar stacks tecnológicos nacionales —las capas de hardware y software que sustentan los servicios digitales—, sustituir software estadounidense en organismos sensibles y construir “nubes soberanas” protegidas del alcance de Estados Unidos.

A estas alturas, la administración Trump apenas puede hacer nada para disipar esas inquietudes. Desde que el exsecretario del Tesoro Jack Lew advirtió por primera vez en 2016 contra el “uso excesivo de las sanciones”, responsables estadounidenses de ambos partidos han venido alertando sobre la dependencia de Washington de esa capacidad de presión económica. Incluso el propio Trump dijo durante la campaña de 2024 que esperaba utilizar las sanciones “lo menos posible”. Sin embargo, nada de esa retórica se ha traducido en contención. Cada presidente estadounidense del siglo XXI ha impuesto sanciones a un ritmo aproximadamente doble que su predecesor, y todo indica que esa tendencia continuará.

La única solución viable es levantar salvaguardas legislativas. Las leyes ya vigentes limitan la autoridad presidencial para sancionar alimentos, medicinas y materiales informativos. Pero el presidente sigue conservando una autoridad extraordinariamente amplia para imponer sanciones por casi cualquier motivo. Solo en el último año, Trump ha sancionado al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes y a su esposa por el procesamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro; al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa y a su hijo por su presunta implicación en el narcotráfico internacional; y a varios jueces de la Corte Penal Internacional por investigar y dictar órdenes de detención contra funcionarios israelíes implicados en la guerra de Gaza. En marzo, amenazó con “cortar todo el comercio” con España después de que su gobierno negara al ejército estadounidense acceso a sus bases durante la guerra con Irán. A diferencia de los aranceles que Trump impuso al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y que el Tribunal Supremo anuló en febrero, la mayoría de estas medidas descansan sobre una base jurídica sólida.

Para impedir el uso indebido de las sanciones, los legisladores deberían crear zonas más amplias libres de sanciones, designando sectores adicionales vedados a su instrumentalización sin aprobación del Congreso. Un enfoque similar debería limitar la capacidad del presidente para imponer sanciones a aliados de Estados Unidos vinculados por tratados. Ese tipo de frenos institucionales permitiría a Washington seguir utilizando su capacidad de presión cuando fuera necesario, pero evitaría acciones caprichosas que erosionan los cimientos del poder económico estadounidense.

Cuando basta, basta

Unos años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Alfred Harmsworth, propietario del diario británico The Daily Mail, recorrió las ciudades alemanas que se industrializaban a gran velocidad y quedó alarmado por lo que vio. “Cada una de esas chimeneas de fábrica es un cañón apuntando a Inglaterra”, observó en una carta dirigida a uno de sus redactores, “y en muchos casos, uno muy poderoso”.

Muchos estadounidenses que visitan hoy ciudades chinas sienten una inquietud parecida. “China ha alcanzado a Estados Unidos o lo está superando en una variedad de tecnologías, especialmente en la frontera de la IA”, escribieron el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt y su colega Selina Xu tras sus recientes viajes al país. El predominio manufacturero de China y sus capacidades tecnológicas en aceleración, junto con el arsenal económico que Pekín está desarrollando con rapidez, plantean un desafío estratégico formidable para Washington.

En abril de 2025, China demostró la fuerza de esa combinación al imponer estrictos controles a la exportación de tierras raras en un devastador contraataque a los aranceles de Trump. En pocas semanas, las cadenas de suministro estadounidenses empezaron a resentirse. Ford cerró temporalmente una fábrica donde produce su todoterreno Explorer tras quedarse sin imanes de tierras raras, y Raytheon se lanzó a buscar suministros alternativos de un mineral esencial para sus misiles de crucero Tomahawk. La administración Trump acudió apresuradamente a la mesa de negociación y accedió a reducir los aranceles a cambio de una suspensión de las restricciones sobre las tierras raras.

Unos meses después, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos endureció a su vez su normativa de controles a la exportación, Pekín presentó un amplio plan para restringir la venta mundial de productos que contuvieran tierras raras chinas. Esta vez, Washington no solo retiró las medidas que habían provocado la reacción; también empezó a aliviar las restricciones a la venta de los avanzados chips de IA de Nvidia. En un revelador reflejo del cambio en la correlación de fuerzas, Trump empezó a referirse a Estados Unidos y China como el “G-2”.

La crisis de las tierras raras subrayó la importancia de priorizar en la defensa de la seguridad económica estadounidense. En lugar de una política dispersa orientada a relocalizar la producción en una amplia variedad de industrias, Washington debería identificar los ámbitos en los que China ejerce una capacidad de presión significativa sobre Estados Unidos y sus aliados, y mitigarlos mediante una acción colectiva. Más allá de las tierras raras, esa lista incluye pasos estratégicos potentes en las cadenas de suministro de productos farmacéuticos y de tecnologías de energía limpia, especialmente baterías. Cuando Pekín impuso sanciones a Skydio, el mayor fabricante estadounidense de drones, la empresa se vio obligada a racionar las baterías, limitando a sus clientes a una por dron. Los fabricantes chinos de automóviles representan hoy más de tres cuartas partes de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, y BYD ya ha superado a su competidor estadounidense Tesla como la empresa que más eléctricos vende en el mundo.

La administración Trump ha restado importancia a este cambio, poniendo el acento en la abundancia de combustibles fósiles estadounidenses. Es posible que Estados Unidos pueda salir adelante sin una industria nacional sólida de energía limpia. Pero el resto del mundo se está electrificando rápidamente, una tendencia que el encarecimiento del petróleo provocado por la disrupción iraní en el estrecho de Ormuz no hará sino reforzar. Si Washington cede a Pekín el mercado mundial de las tecnologías limpias, estará entregando a China una enorme capacidad de presión económica sobre todos los demás.

Sin embargo, Estados Unidos no necesita sustituir por completo los productos chinos. Una sustitución total sería prohibitivamente cara, lenta y, en última instancia, superflua. Lo que los responsables políticos deberían buscar es establecer fuentes paralelas de suministro que puedan ampliarse con rapidez cuando sea necesario, del mismo modo que China está intentando hacer en el terreno financiero. Washington puede neutralizar la capacidad de presión china en materia de tierras raras, por ejemplo, diversificando el abastecimiento justo lo suficiente como para romper el monopolio de Pekín.

Aquí, la coordinación con los aliados es indispensable. Una investigación de los economistas Christopher Clayton, Matteo Maggiori y Jesse Schreger ha mostrado que, cuando los países intentan reducir sus vulnerabilidades de forma independiente, corren el riesgo de desencadenar un “bucle fatal de fragmentación”, en el que la salida de cada país de un mercado compartido reduce el valor de ese mercado para quienes permanecen en él, animando a otros a retirarse a su vez. La adopción por parte de Washington de políticas de “Buy American” tanto bajo la administración Biden como bajo la de Trump ilustra cómo los esfuerzos unilaterales por reforzar la seguridad económica pueden volverse contagiosos. En febrero, los dirigentes de la UE impulsaron medidas similares de “Buy European”. Sin coordinación, los aliados corren el riesgo de avanzar sonámbulos hacia una cuasi autarquía que dejaría a todos en peor situación.

La zona comercial para minerales críticos propuesta por la administración Trump representa una vía más prometedora. En virtud de esa iniciativa, la UE, Japón y otros aliados de Estados Unidos fijarían precios mínimos, coordinarían la financiación de proyectos de extracción y procesamiento, y acordarían abastecerse mutuamente de minerales en condiciones estables. Si tuviera éxito, podría servir también de modelo para otros sectores estratégicos. Pero reducir la dependencia es solo una parte de la ecuación. La otra tiene que ver con cómo responden los rivales y con si Estados Unidos puede disuadir una escalada.

¿Quién parpadea primero?

En abril del año pasado, el economista Adam Posen sostuvo en Foreign Affairs que China posee “dominancia de escalada” sobre Estados Unidos en la guerra económica, es decir, que, sea cual sea el arma a la que recurra Washington, Pekín siempre puede empuñar otra más poderosa. Dadas las posiciones de control de China en bienes críticos, concluía Posen, Estados Unidos debería buscar una distensión hasta que logre reducir su dependencia de ellas. La lógica de su argumento —que Estados Unidos no tiene una respuesta a corto plazo frente al arma china de las tierras raras— se ha convertido desde entonces en sabiduría convencional en Washington. Algunos funcionarios de Trump han llegado incluso a invocar la máxima del antiguo dirigente chino Deng Xiaoping, “oculta tu fuerza, espera tu momento”, para describir su justificación a la hora de evitar una confrontación con China.

Sin embargo, esa perspectiva subestima la capacidad de presión de Estados Unidos. Los pasos estratégicos más poderosos de Washington —entre ellos el dólar, la tecnología avanzada de semiconductores y los motores de aviación— son mucho más difíciles de neutralizar que los de China. El procesamiento de tierras raras es intensivo en capital y ambientalmente destructivo, pero la ventaja china no es tecnológicamente insuperable. Y si Estados Unidos consigue mantener su liderazgo en inteligencia artificial, los modelos que producen las empresas de Silicon Valley podrían convertirse en la columna vertebral de los negocios globales, entregando a Washington otro paso estratégico de alcance extraordinario. Aceptar de antemano la inutilidad de librar cualquier forma de guerra económica equivaldría a conceder a Pekín un veto de facto sobre la política estadounidense en lo que el investigador Rush Doshi llama la “década decisiva” de la competencia entre Estados Unidos y China.

Washington puede recuperar el control de su política hacia China estableciendo disuasión, es decir, desarrollando opciones de escalada creíbles que puedan obligar a Pekín a retroceder. Un precedente útil son los controles estadounidenses a la exportación impuestos en 2018 a ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones. Al cortar el acceso de ZTE a insumos críticos, entre ellos los chips de Qualcomm, la primera administración Trump empujó a la empresa al borde del colapso. En cuestión de semanas, ZTE declaró que “las principales actividades operativas de la empresa han cesado”. Solo sobrevivió porque Xi pidió personalmente a Trump una tregua, y Trump se la concedió.

Hoy, como en 2018, Estados Unidos dispone de una capacidad de presión suficiente para plantarle cara a China o a cualquier otro país en un escenario de escalada. Lo que le ha faltado a Washington es voluntad política para absorber dolor económico. Tras las guerras de Afganistán e Irak, sucesivas administraciones estadounidenses llegaron a depender de la guerra económica como alternativa al uso de la fuerza militar, que consideraban demasiado costosa en términos políticos. Ahora, Washington parece no tener estómago ni siquiera para la guerra económica. Los aranceles del segundo mandato de Trump han seguido un patrón familiar: la Casa Blanca retrocede en cuanto caen los mercados o aumentan los temores de recesión. El mundo ha aprendido que el talón de Aquiles de Washington en los conflictos económicos es su escasa tolerancia al dolor.

La guerra económica no depende solo de qué bando puede infligir el mayor daño al PIB del otro; depende de qué bando tiene mayor capacidad para resistirlo. Washington puede mejorar su resistencia reforzando los puntos de presión internos que con frecuencia provocan una reacción política adversa. El temor a una subida de los precios del petróleo, por ejemplo, ha dificultado las campañas de sanciones contra Rusia e Irán. En marzo, en un intento de bajar los precios del crudo después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, la administración Trump alivió las sanciones sobre el petróleo ruso, concediendo beneficios extraordinarios a Moscú sin arrancarle ninguna concesión sobre Ucrania. También levantó las sanciones sobre unos 140 millones de barriles de petróleo iraní, financiando de hecho a su adversario en plena guerra con el objetivo de abaratar los precios. Reducir la dependencia estadounidense del petróleo podría evitar que los precios en las gasolineras dicten la estrategia de Washington durante las crisis geopolíticas.

Lo más importante es que los presidentes deberían esforzarse más por construir apoyo público cuando libran una guerra económica. Los estadounidenses están mucho más dispuestos a tolerar sacrificios económicos cuando creen que la causa es justa y la estrategia sólida. A veces, los presidentes van por detrás de la opinión pública. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, en 2022, el presidente estadounidense Joe Biden evitó imponer sanciones agresivas al petróleo ruso aunque las encuestas indicaban que la mayoría de los estadounidenses estaba dispuesta a pagar precios más altos por el combustible para castigar a Moscú. Pero, más a menudo, es la opinión pública la que va por detrás de Washington, sobre todo si una administración hace poco por persuadirla. Las amenazas de Trump en enero de imponer aranceles a aliados europeos si Dinamarca no vendía Groenlandia a Estados Unidos chocaron de frente con una amplia oposición pública, limitando la capacidad del presidente para utilizar la presión económica de manera temeraria. Con la guerra de Irán recordando a los estadounidenses el alto coste de la acción militar, los dirigentes electos pueden encontrar más fácil convencer al público de que la guerra económica es una alternativa mejor, incluso cuando implica costes financieros.

Si Washington pretende amenazar con represalias económicas para ayudar a disuadir un ataque chino contra Taiwán, la credibilidad será fundamental. Pekín se hará una pregunta muy simple: ¿está Estados Unidos dispuesto a asumir las consecuencias económicas de una escalada? El último año ha dado a los dirigentes chinos motivos para dudarlo. A menos que esa percepción cambie, podrían concluir que el arsenal económico estadounidense es formidable sobre el papel, pero irrelevante en la práctica.

Pax economica

El orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyó mediante conferencias y acuerdos internacionales —Bretton Woods, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la Organización Mundial del Comercio—. Hoy se está levantando en su lugar una nueva arquitectura, pero, en vez de seguir un plano coherente, se está construyendo mediante intervenciones económicas unilaterales, con cada nueva sanción, arancel, control a la exportación o política industrial añadiendo de manera improvisada otro ladrillo a los cimientos.

Los responsables políticos se preocupan con frecuencia por la fragmentación económica que podría derivarse de ello. En estas mismas páginas, en 2023, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió de que la economía mundial podría dividirse en bloques rivales, revirtiendo décadas de integración. Pero la historia sugiere que los bloques distan mucho de ser el peor desenlace posible. El peligro mayor es la fragmentación caótica, esa carrera de sálvese quien pueda que hizo añicos la economía mundial en la década de 1930 y condujo a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, durante la Guerra Fría, los densos vínculos económicos del bloque occidental hicieron posible la expansión económica más rápida de la historia de Estados Unidos.

La seguridad económica y la prosperidad no son incompatibles. Solo entran en conflicto cuando los países persiguen la seguridad de forma unilateral. Una fragmentación coordinada, en la que Estados Unidos y sus aliados construyan cadenas de suministro de confianza y alineen sanciones y políticas industriales, puede preservar la escala que exigen las economías modernas al tiempo que neutraliza la capacidad de coerción de rivales como China y Rusia.

Del mismo modo que defendió la globalización en la década de 1990, Estados Unidos necesita una visión positiva del nuevo orden económico que aspira a construir. Una alianza de seguridad económica, centrada en afrontar vulnerabilidades compartidas en sectores como los productos farmacéuticos, los minerales críticos, la tecnología de energía limpia y otros ámbitos en los que China controla pasos estratégicos, ofrecería una base sólida. Una economía mundial articulada en bloques podría servir a los intereses tanto de Estados Unidos como de sus socios, siempre que su bloque sea lo bastante amplio y cohesionado.

Estados Unidos inauguró la era de la guerra económica al aprender a convertir en arma los pasos estratégicos. Ahora, otros países han aprendido a hacer lo mismo. Sus ventajas se han erosionado no solo porque otros hayan construido formas rivales de capacidad de presión, sino también porque Washington ha utilizado con demasiada frecuencia sus propias ventajas de manera descuidada. Si quiere prosperar en este período de ruptura y dar forma al orden que surja de él, Washington debe librar la guerra económica de una manera más disciplinada, coordinada y estratégicamente sostenible. La alternativa es deslizarse hacia una fragmentación económica que deje a Estados Unidos menos próspero y menos seguro.

* Sobre el autor:
Edward Fishman es investigador sénior y director del Maurice R. Greenberg Center for Geoeconomics en el Council on Foreign Relations. Es autor de Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare.

* Artículo original: “How to Fight an Economic War”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.