La paradoja de la rebeldía

Uno de los fenómenos más complejos en el análisis de los sistemas de partido único es la metamorfosis de su discurso respecto a la disidencia y la protesta social. En el caso de Cuba, el relato fundacional del Estado se cimienta sobre la legitimidad de la insurrección juvenil, la clandestinidad y la beligerancia estudiantil de la década de 1950 contra la dictadura de Fulgencio Batista. Movimientos como el 26 de Julio (M-26-7) o el Directorio Estudiantil Universitario son presentados por la historiografía oficial como el pináculo del heroísmo y el patriotismo.

Sin embargo, ante los estallidos sociales contemporáneos, protagonizados masivamente por las nuevas generaciones del siglo XXI —como las protestas del 11 de julio de 2021 o las manifestaciones de noviembre de ese mismo año—, el discurso del gobierno cubano experimenta un vuelco retórico radical. La juventud que protesta ya no es catalogada como “vanguardia revolucionaria”, sino como “vándalos”, “delincuentes” o “peones” de una guerra no convencional dirigida desde el extranjero.

Antes de 1959, la juventud cubana, nucleada en la Universidad de La Habana y en células clandestinas, apeló a la insurrección armada, el sabotaje urbano, la propaganda ilegal y la huelga general como métodos legítimos para derrocar a un gobierno inconstitucional. El discurso de Fidel Castro en La historia me absolverá (1953) o los manifiestos de José Antonio Echeverría no solo justificaban la alteración del orden público, sino que la elevaban a un deber moral. 

En la narrativa oficial contemporánea, lanzar cócteles molotov contra cuarteles, descarrilar trenes de carga, asesinar a un oficial militar o sabotear el tendido eléctrico —acciones comunes del M-26-7— son catalogadas como actos heroicos de liberación. Los jóvenes de la “Generación del Centenario” poseían, a los ojos de la historia estatal, una agencia política incuestionable, motivada por el dolor de la patria y el ideal democrático.

Sin embargo, cuando los nietos de aquella revolución salen a las calles a protestar por la falta de libertades políticas, el colapso económico y la crisis de servicios básicos, el aparato comunicativo del Estado (representado por los medios oficiales y las intervenciones de los dirigentes) despoja inmediatamente a estos jóvenes de su legitimidad y de su agencia propia. 

El discurso gubernamental frente a las jornadas de protesta recurre a una tríada retórica para descalificar la disidencia: se etiqueta a los manifestantes como “maleantes”, “marginales” o “antisociales”. Al enfocar la narrativa visual y verbal exclusivamente en las vidrieras rotas, el volcado de patrullas o los disturbios aislados, el poder busca vaciar la protesta de su contenido político (la exigencia de libertad y derechos) y reducirla a un problema de orden público, delincuencia común o inestabilidad psiquiátrica.

El oficialismo insiste en que los jóvenes no protestan por un descontento genuino, sino porque son víctimas de una “manipulación mediática en redes sociales” o porque operan como “mercenarios pagados por el imperialismo estadounidense”. Esto anula de raíz la capacidad intelectual y el criterio propio de la juventud cubana actual. 

Mientras que en los años cincuenta el asalto a un cuartel militar era un “glorioso acto de rebeldía”, en la Cuba post-2021 la resistencia pacífica, las consignas o la simple filmación de una protesta con un teléfono celular son procesados bajo cargos de “sedición”, “atentado” o “desacato”, con condenas que emulan o superan las penas dictadas en su día por los tribunales batistianos.

Existe una diferencia fundamental en el entorno institucional de ambas épocas. En la Cuba pre-1959, a pesar de la represión de las fuerzas de la dictadura, existía el principio de la autonomía universitaria. La Universidad de La Habana funcionaba como un santuario político y físico donde el estudiantado podía organizarse, debatir y resguardarse. 

Hoy, la consigna oficial “La universidad es para los revolucionarios” ha institucionalizado la expulsión de profesores y alumnos que muestran un pensamiento crítico. Organizaciones como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), lejos de ser el motor de choque contra el poder que fueron bajo el liderazgo de Echeverría, operan actualmente como correas de transmisión del Partido Comunista para vigilar, neutralizar y repudiar cualquier asomo de disidencia interna.

La contradicción del discurso oficial cubano reside en su incapacidad para aceptar que las leyes de la dialéctica histórica, que justificaron su propio nacimiento, siguen vigentes. El Estado cubano padece de una amnesia selectiva institucionalizada: celebra los métodos radicales de la juventud del ayer mientras condena y castiga penalmente las demandas pacíficas de la juventud del hoy. 

Al etiquetar sistemáticamente como “delincuentes comunes” a los manifestantes, el poder no solo intenta salvar su hegemonía comunicativa, sino que confiesa su mayor temor: verse reflejado en el espejo de la historia como el propio opresor que una vez juró combatir. La juventud cubana actual, lejos de responder a un libreto extranjero, retoma —irónicamente— la tradición de inconformidad de sus abuelos, demostrando que, cuando las vías institucionales de participación se cierran, la calle se convierte en el único parlamento posible.

Para comprender la dimensión de la criminalización discursiva, es necesario analizar el vocabulario empleado por los principales voceros del Partido Comunista de Cuba (PCC) tras los estallidos sociales. El lenguaje emitido desde el poder no es fortuito; responde a una estrategia de polarización que busca deshumanizar al manifestante y activar a las bases civiles progubernamentales como fuerzas de choque. 

El hito retórico más severo de la historia reciente de la Isla ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel compareció en televisión nacional y pronunció una frase que reconfiguró los límites de la violencia institucionalizada en el país: “La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”.

Esta directriz no solo canceló cualquier posibilidad de diálogo civil o mediación política, sino que transfirió a los ciudadanos la responsabilidad de la represión física. Al emitir una “orden de combate” en un contexto de protesta civil y pacífica, el discurso oficial asimiló las demandas ciudadanas con un acto de guerra invasora. La calle, bajo este precepto, dejó de ser un espacio público y constitucional para convertirse en un teatro de operaciones militares donde el disidente es catalogado automáticamente como un combatiente enemigo.

En sintonía con esta lógica, la retórica del poder ha recurrido históricamente al uso de frases absolutas para anular los matices políticos de la juventud. En un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, Díaz-Canel reforzó esta división al declarar: “Dentro de la Revolución sigue existiendo espacio para todo y para todos, excepto para quienes pretenden destruir el proyecto colectivo”.

El análisis de esta afirmación revela el mecanismo de la exclusión selectiva. Al condicionar la inclusión ciudadana a la lealtad irrestricta al “proyecto colectivo”, el Estado se abroga el derecho de decidir quién es cubano y quién no, privando de sus derechos civiles y políticos a las nuevas generaciones que demandan un cambio de modelo. Cualquier crítica a la gestión económica o a la falta de libertades es empaquetada bajo la etiqueta del “mandato extranjero”, despojando a la juventud de su autenticidad y de sus motivaciones internas (el hambre, los apagones, la falta de futuro).

Por su parte, los medios oficiales y figuras de la vanguardia política han recurrido a una terminología que busca asociar la protesta con la degradación moral y social. Términos como “lumpen-periféricos”, “anexionistas”, “antisociales” y “malnacidos” pueblan las editoriales del diario Granma y los segmentos del Noticiero Nacional de Televisión. 

En una intervención televisiva, Humberto López, uno de los principales voceros mediáticos del gobierno, llegó a afirmar:“No estamos ante jóvenes preocupados por su país; estamos ante operadores pagados, delincuentes comunes que aprovechan las dificultades materiales para sembrar el caos”.

Esto intenta hacer ver que el conflicto se debe a “dificultades materiales” (atribuidas exclusivamente al embargo estadounidense) y “delincuencia común” en un ejercicio de reduccionismo. 

Al negarse a pronunciar las palabras libertad, democracia o derechos en el contexto de las protestas, el aparato de propaganda intenta fijar en el imaginario colectivo la idea de que la juventud cubana actual carece de ideales. Esto marca un contraste absoluto con la narrativa de “mística y civismo” con la que el propio gobierno describe a los jóvenes universitarios que asaltaron con armas el Palacio Presidencial o el Cuartel Moncada en la década de 1950.

En el espejo de la Cuba contemporánea se proyecta la paradoja última del poder totalitario: el régimen que una vez mitificó los cócteles molotov del ayer, hoy tiembla ante los teléfonos celulares del mañana, convertido en la mismísima dictadura que sus fundadores juraron destruir.

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