Intimidación transnacional vs. derechos culturales de la diáspora cubana

El pasado 20 de mayo de 2026, en el Centro Universitario Cultural (CUC) —institución privada en Ciudad de México—, tuvo lugar uno de los episodios más reveladores de la extensión transnacional del aparato represivo cubano en territorio latinoamericano con motivo de la proyección del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, de Ernesto Fundora Hernández, producido por Video Vueltas Producciones. El largometraje recorre la vida, obra artística y activismo cívico de Luis Manuel Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro y preso político cubano, a partir de materiales de archivo, entrevistas e imágenes inéditas rodadas en Cuba y México durante 2016-2021, con un corte final completado en Ciudad de México en noviembre de 2025.

La presentación, organizada como espacio de diálogo sobre censura, libertad artística y derechos humanos en Cuba, fue boicoteada antes de su inicio, cuando una quincena de personas —algunas con el rostro cubierto— irrumpió en el recinto de manera coordinada, portando banderas del Partido Comunista de México (PCM), altavoces, palos. El grupo gritó consignas a favor de Fidel y Raúl Castro, así como de Miguel Díaz-Canel; insultos dirigidos a los asistentes (malditos gusanos”, “escoria”, “contrarrevolucionarios”) y contra el protagonista del documental (“abajo el mercenario de Luis Manuel Otero Alcántara”); vocearon lemas de la propaganda cubana (“Cuba sí, yanquis no”); destruyeron carteles promocionales de la cinta; e intentaron impedir tanto el acceso al espacio como el desarrollo de la actividad. La confrontación derivó en agresiones físicas, con al menos tres personas lesionadas, incluido el propio Ernesto Fundora.

Boicot de militantes mexicanos en el CUC. Imagen: página de Facebook de Ernesto Fundora (2026).

El boicot fue denunciado por organizaciones y personalidades del mundo de la cultura y la sociedad civil cubana. A su vez, Fundora calificó a los agresores de “brigadas de choque al estilo estalinista” y anunció que presentaría acciones legales para determinar responsabilidades. Pese al ataque, el equipo invitado confirmó que mantendría las próximas exhibiciones previstas en instituciones culturales y universitarias mexicanas.

El documental: ¿relevancia o culpa política?

La función del 20 de mayo formaba parte del recorrido internacional del documental, estrenado el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana (Miami, USA). Ya había sido proyectado y nominado en espacios de exhibición internacionales, con recepciones positivas a su difusión pública. De hecho, la obra se presenta actualmente en el festival de cine del Latin American Studies Association (París, 2026).

Vandalismo contra los carteles promocionales del documental. Imagen: X: @comunistamexicano (2026).

… Estamos conectados no es una obra de agitación; el proyecto aspira a mostrar dimensiones poco conocidas de LMOA más allá de la confrontación política y de los titulares generados por su encarcelamiento. También refleja la acción cívica desde el arte comunitario y la defensa de la autonomía cultural, fuera de los planteos monolíticos del Estado. En este sentido, la agresión ejercida por los militantes mexicanos evidencia que la violencia no se dirige solamente contra el artista cubano —reconocido por su obra en espacios como Lista TIME 100 (2001), Freedom Award de Freedom House (2022), Premio Impacto Príncipe Claus (2022), Premio Rafto (2024), Premio Václav Havel (2025)— o contra su realizador —Premio Emmy (2009), Mejor Edición Festival de Cine de Baja California (2007), Premio Ases de la crítica periodística” (NY, 1998), entre otros; sino que también resulta un acto contra la memoria y el testimonio cultural del pueblo cubano.

Parte del grupo de agresores mexicanos. Imagen: página de Facebook de Ernesto Fundora (2026).

El mismo PCM reivindicó públicamente la acción a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Hoy en Ciudad de México convocaron a una actividad contra el pueblo de Cuba, presentar un documental promoviendo al movimiento contrarrevolucionario de San Isidro. En momentos del bloqueo energético, de movimientos militares de amenazas de intervención, es algo que no podemos permitir”. Además, el grupo justificó sus acciones como cumplimiento de la “Resolución del 2021 del PCM” donde “no permitirán ninguna falta de respeto a Cuba” en su presencia. La declaración incluyó la justificación del uso de la violencia, señalando que su solidaridad no debía limitarse a “palabras y declaraciones”.

Pero, ¿a qué pueblo se refieren los militantes comunistas? ¿De qué forma distinguen entre ofensivo, democrático o civilista en sus operaciones de apoyo al régimen cubano?

Integrantes del PCM. Imagen: X: @comunistamexicano (2026).

La fachada del activismo político como represión transfronteriza y pro-régimen cubano

Varios elementos se conjugan en este acto como un ejercicio extendido del autoritarismo cubano, que replica las grandes dicotomías del discurso desde la Isla. Ciertamente, las expresiones, la metodología y el léxico empleados por los militantes mexicanos parecían sacados directamente del repertorio histórico de los mítines de repudio organizados por el régimen cubano. Asimismo, otras señales evidencian una relevancia jurídica y política aún mayor:

En su comunicado, los comunistas mexicanos invocaron una resolución institucional como fundamento de la acción, lo que descartaría cualquier hipótesis de espontaneidad. La deliberación anticipada y los comentarios posteriores en el perfil del Partido refuerzan la idea de planificación e incitación.

Al justificar que la solidaridad no puede limitarse a lo simbólico, el PCM legitimó explícitamente el uso de la violencia como instrumento político contra ciudadanos que ejercían derechos reconocidos por la Constitución mexicana.

Post que ejemplifica la violencia promovida. Imagen: X: @comunistamexicano (2026).

La identidad política internalizada por el PCM da cuenta de la efectividad del autoritarismo transnacional cubano; sobre todo en la exportación del mito revolucionario y de un modelo de “lucha” implícitamente represor. Con la exportación de antivalores desde la diplomacia cultural, Cuba ha asegurado guardianes de su imagen sin necesidad de cadenas de mando o financiamiento rastreable. Ha bastado con cultivar organizaciones alineadas con su ideología que, por convicción propia, reproducen los métodos represivos del régimen como si fueran actos de civismo y solidaridad internacionalista.

Si bien el ODC ya ha alertado en otras ocasiones sobre la agenda de la embajada cubana en México y su forma de reclutar afectos políticos, este no es el único país latinoamericano propicio para la extensión de esta práctica de control. El gobierno cubano cuenta con una red de organizaciones de solidaridad, históricamente cultivada, en diferentes regiones, que ha demostrado una capacidad de movilización rápida y coordinada cuando los intereses simbólicos de La Habana son “amenazados” por la circulación de una narrativa incómoda. Así, los actos de repudio se suceden allende las fronteras cubanas, doquiera que se encuentren activistas o artistas cubanos cuyas críticas se hagan visibles.

El peligro del acto de repudio como metodología replicable

Los actos de repudio son una práctica sistemática del régimen cubano con décadas de historia, que consisten en la movilización de grupos civiles organizados para hostigar, intimidar, agredir y humillar públicamente a personas consideradas disidentes, opositoras o críticas del orden oficial. Lejos de ser episodios espontáneos, han contribuido a ordenar el espacio público cubano bajo una lógica de vigilancia colectiva, castigo moral y supuesta capacidad popular de enjuiciamiento.

Más que eventos fortuitos, han sido acciones gestadas, instigadas y organizadas por el gobierno cubano dentro de la Isla mediante la presión sobre estructuras locales, centros de trabajo, organizaciones estudiantiles y colectivos subordinados al Partido Comunista de Cuba. Aunque su coordinación puede rastrearse institucionalmente, su operación ha sido tan normalizada que suele presentarse como expresión legítima de “indignación popular”. Esa legitimación descansa en un discurso biopolítico criminalizante y excluyente, que convierte al señalado en enemigo moral, cuerpo sospechoso o amenaza social.

Actos de repudio frente a la Embajada de Perú en Cuba en 1980. Imagen: DDC.

Esta supuesta superioridad moral desplaza la responsabilidad de quienes hostigan. Incluso cuando se emplea violencia verbal, se profieren amenazas o se dañan físicamente cuerpos, viviendas y propiedades, el acto se enuncia como legítimo, necesario o incluso deseable. La violencia aparece así recubierta de civismo: no como agresión, sino como defensa del orden revolucionario. Y es justo este repertorio el que reproduce el PCM contra cubanos que, en teoría, comparten el mismo espacio democrático que sus militantes.

Como forma de “activismo político”, un acto de repudio constituye una acción colectiva de hostigamiento y castigo público contra una persona o grupo señalado como enemigo político o social. Opera como una especie de linchamiento simbólico y material en el que se habilitan prácticas de acoso en espacios públicos y privados, insultos, amenazas, daños a bienes y agresiones físicas. Su objetivo no es debatir ni persuadir, sino disciplinar, aislar y expulsar del espacio común a quienes son marcados como ilegítimos.

Sin embargo, en México, este fenómeno adquiere una dimensión particular, ya que este país alberga una significativa comunidad de exiliados y migrantes cubanos, mientras el régimen cubano se ha encargado históricamente de conservar allí aliados políticos de alto perfil. Este contexto facilita que grupos provenientes de organizaciones como el PCM actúen como correa de transmisión del aparato represivo cubano en suelo mexicano, violando los derechos de los ciudadanos cubanos residentes en el país centroamericano.

El fenómeno, no obstante, no deja de ser irónico. Los cubanos dentro de Cuba no pueden ni siquiera imaginar la capacidad de articulación política que el PCM disfruta en México en nombre del gobierno cubano; en tanto los que residen en México no podrían replicar una acción semejante contra ciudadanos mexicanos sin enfrentar consecuencias legales, institucionales y sociales inmediatas. En esa asimetría se revela una paradoja central: la autocracia cubana logra proyectar repertorios de represión más allá de sus fronteras sin asumir formalmente responsabilidad por ellos, mientras sus operadores locales los presentan como expresiones autónomas de militancia o solidaridad política.

Esta dicotomía expone, por un lado, la capacidad del régimen de La Habana para externalizar prácticas de intimidación y disciplinamiento mediante actores afines; y, por otro, la profunda vulnerabilidad de los cubanos que son alcanzados por ese mecanismo, incluso fuera del territorio nacional. Allí donde deberían encontrar garantías democráticas, protección institucional y libertad cultural, vuelven a ser expuestos a formas de criminalización pública que reproducen la lógica represiva de la que muchos huyeron. Además, estos fenómenos polarizan a la sociedad y naturalizan la confrontación física como consecuencia esperable del debate político, algo cada vez más presente en un activismo internacional orgánico con los postulados y metodologías de La Habana.

Acto de repudio en La Habana. Imagen: El Toque (2018).

El ODC advierte que lo sucedido en Ciudad de México constituye una violación grave y multiescalada de derechos fundamentales. El hostigamiento organizado contra artistas, periodistas, activistas, investigadores o ciudadanos críticos constituye una forma de violencia política que vulnera la libertad de expresión, el derecho a la participación cultural, la integridad personal y la posibilidad misma de deliberación democrática.

Resulta especialmente grave que estos repertorios de disciplinamiento, históricamente utilizados dentro de Cuba para producir miedo, aislamiento y obediencia, sean trasladados a contextos donde la comunidad cubana debería encontrar protección institucional y garantías ciudadanas. El ODC recuerda que la diáspora no puede convertirse en una extensión del campo represivo del Estado cubano ni en un territorio disponible para la intimidación transnacional. Frente a estos hechos, corresponde a las instituciones culturales, académicas, diplomáticas y de derechos humanos reconocer la gravedad del fenómeno, proteger a las víctimas y rechazar toda forma de violencia política encubierta bajo el lenguaje de la solidaridad ideológica o del activismo partidista.