El pasado 31 de marzo de 2026, las autoridades cubanas celebraron en redes sociales lo que describieron como una prueba del “reconocimiento internacional al activismo de Cuba en materia de derechos humanos”. Esta postura provino de la aprobación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), de tres resoluciones presentadas por La Habana; entre ellas, una sobre derechos culturales.
El pleno, reunido en su 61.º período de sesiones en Ginebra, secundó al gobierno cubano en el proyecto de resolución A/HRC/61/L.1, que reconoce “la promoción del disfrute de los derechos culturales de todas las personas y el respeto por la diversidad cultural”. Por tanto, la aprobación —sin votación— fue presentada por la diplomacia de la Isla como una victoria geopolítica.[1] Aunque este tipo de resoluciones de mantenimiento y seguimiento de mandatos es rutinario, conviene entender su contexto e implicaciones en materia de acceso a derechos culturales para el pueblo cubano.
En este rigor, el Observatorio de Derechos Culturales parte de dos principios fundamentales. Primero, que el Estado cubano a lo largo de décadas ha implementado tanto un marco normativo como prácticas de facto, de censura y cancelación contra artistas e intelectuales en el país, evidenciando una administración autocrática en materia cultural. Segundo, que el presente mecanismo parte de una puja estratégica de las autoridades cubanas —ya analizada por el ODC— para ganar recursos, reforzar la cooperación internacional y asegurar legitimación ante su administración iliberal.
Delegación cubana ante el CDH. Imagen: Minrex (2026).
El CDH y su “banalidad” autocrática
El instrumento que Cuba utilizó el pasado mes ante la ONU no tiene fuerza vinculante en sentido estricto. Sin embargo, el adelanto en su enunciación “benigna” y en un contexto geopolítico de mayor confrontación con Estados Unidos le confiere legitimidad como “custodio” del derecho que afirma defender y, por tanto, allana el camino para construir consenso ante sus prácticas autoritarias.
Durante el pasado año, Cuba fue construyendo una antesala favorable en el Consejo mediante otras resoluciones, creando un circuito de patrocinio, visibilidad y alianzas que hizo menos costosa su nueva ofensiva diplomática en Ginebra; por ejemplo, la A/HRC/RES/58/11 “Promotion of the enjoyment of the cultural rights of everyone and respect for cultural diversity” (03.04.2025); la A/HRC/RES/59/8 “Human rights and international solidarity” (07.07.2025) y la A/HRC/RES/59/21 “The Social Forum” (08.07.2025). Por tanto, en términos sustantivos, esta no es una estrategia nueva, sino que replica una estructura ya normalizada en resoluciones recientes. La resolución del presente año fue incluso agilizada en la maniobra política de asegurar contactos con las oficinas de la UNESCO en la región, sobre todo en el marco de un escenario posdesastre y de crisis multifactorial, vendido como resultante único del embargo estadounidense.
Este accionar responde al incremento del monitoreo y denuncia sobre violaciones de derechos socioeconómicos en Cuba que organizaciones independientes han logrado posicionar en espacios cancelados por las misiones diplomáticas cubanas. En la Isla, permanecen al menos dos decenas de artistas independientes presos y sancionados sin internamiento, con condenas de hasta 18 años de privación de libertad. A su vez, el Gobierno ha ejecutado sistemáticamente detenciones arbitrarias, exilios asistidos y restricciones de movilidad básicas a artistas y ciudadanos en general que hayan expresado, en público o redes sociales, su crítica al sistema político, alcanzando un número de 1 214 presos políticos y de conciencia.[2]
Las autoridades cubanas aprovechan la “banalidad” del Sistema Internacional, cuya arquitectura jurídica está enfocada en la coexistencia diplomática de Estados soberanos nombrados per se, pero no en la supervisión doméstica, reservada a cada miembro. En este contexto, una resolución sobre derechos culturales propuesta por Cuba es evidencia de un sistema de votación en el que las coaliciones autoritarias tienen suficiente peso para asegurar resultados a conveniencia. Junto a aliados como China, Rusia, Venezuela, Irán y Nicaragua, el país ha formado pactos que, en diferentes mandatos, que votan en conjunto para bloquear resoluciones críticas y reencuadrar el debate.
Este es un mecanismo igualmente perverso en contenido: los Estados más interesados en blindarse contra acusaciones de represión cultural llegan a ser quienes más promueven resoluciones que reafirman el lenguaje universalista de los derechos humanos, vaciado de contenido y convertido en cobertura retórica. Así, este lenguaje, que antes benefició a defensores de derechos, también ofrece un “manual” para actores iliberales que pueden ejercer captura ideológica y disputar su significado operativo.
Según varios estudios, espacios como el CDH presentan importantes desafíos democráticos ante el avance de lo que dan en llamar “derecho internacional autoritario”.[3] La propia historia reciente de este organismo ofrece precedentes donde coaliciones lideradas por Estados con expedientes restrictivos impulsaron marcos que, pareciendo neutrales, facilitaron lecturas excluyentes en su adopción doméstica. Por ejemplo, la resolución A/HRC/RES/26/11, “Protection of the family”, copatrocinada entre otros por China y la Federación Rusa, llegó a promover perspectivas conservadoras y protectoras de una idea normativa de familia, poniendo en conflicto los derechos humanos de los individuos que la componen. Tanto en derecho a la familia como en derecho cultural, entre otros vinculantes, se registra la corrosión sistemática de instituciones y prácticas, junto con la expansión de discursos de gobernanza que normalizan sus controles.
En suma, las Naciones Unidas, sus agencias y consejos, no parecen haber tomado medidas eficientes para prevenir la captura de consenso por parte de Estados que persiguen agendas políticas autocráticas. Si bien dialogar con actores guiados por lógicas autoritarias es inevitable en espacios de debate e implementación interna de los derechos humanos, su inclusión en marcos legales pone en riesgo los propios estándares que estas instituciones buscan defender y proteger. Son pocos los mecanismos formales en el CDH que impiden que un Estado que encarcela artistas proponga resoluciones sobre libertad cultural; que un Estado que censura la prensa lidere resoluciones sobre acceso a la información; o que un Estado que viola el derecho de reunión, y persiga incluso las redes sociales, presente resoluciones sobre participación en la vida pública. La lógica del organismo asume que los Estados miembros gozan de igual legitimidad moral, lo que, en un contexto de repliegue democrático, se convierte en un mecanismo de impunidad.
De esta manera, aun cuando Cuba restringe sistemáticamente la libertad cultural doméstica y no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —evitando incorporarlo a su sistema jurídico—, puede utilizar el multilateralismo de derechos humanos que el cónclave le ofrece como un instrumento en beneficio defensivo y ofensivo: mientras se blinda de la crítica internacional, instrumentaliza la gramática de derechos y reescribe valores democráticos desde su cosmovisión. Aprovechando la nueva plataforma que le ha dado el endurecimiento de la política estadounidense —recurso histórico en la narrativa de país asfixiado desde fuera—, el gobierno cubano intenta así desatender reclamos de organizaciones como PEN International, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el propio Observatorio de Derechos Culturales; entre otras iniciativas que han presentado en instancias semejantes informes, con independencia del Estado cubano, que confirman la falta de derechos en la Isla.
Canciller cubano en la ONU. Imagen: CubaInformación (2025).
El ODC ha expuesto en otros estudios cómo el “affordance” de este lenguaje llega a captar voluntades importantes; sobre todo de un activismo contrahegemónico internacional, recurrente en el apoyo a autocracias. Asimismo, amplifica una “diversidad cultural” con mayorías transregionales, sumando incluso Estados democráticos, que llegan a normalizar la manipulación de la memoria y la identidad colectiva, el despojo del patrimonio nacional, la toma de decisiones personalista, conservadora y jerárquica, y el control extremo sobre toda forma de autonomía cultural.
En este marco, el ODC otorga atención especial a las recomendaciones de política pública y de gobernanza multilateral que puedan socavar de manera dirigida y sistemática las prácticas que sostienen el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, considera que las acciones de Estados como el cubano pueden catalogarse de perturbadoras sobre elementos centrales de las estructuras constitucionales transnacionales o globales del derecho internacional. Sobre todo, en un contexto de profundización del autoritarismo, este impacto se ve especialmente agravado de forma sinérgica.
Por tanto, el ODC sugiere condicionar el apoyo en coaliciones internacionales a compromisos verificables como referencias explícitas a libertades habilitantes, seguimiento de casos históricos y exigencia de cooperación con mecanismos alternativos. El Observatorio considera pertinente, además, promover declaraciones interpretativas públicas, patrocinios de eventos paralelos con sociedad civil independiente y monitoreo de expresiones domésticas, en aras de hacer verdaderamente eficientes los márgenes del Sistema Internacional.
Notas:
[1] https://cubaminrex.cu/es/aprueba-consejo-de-derechos-humanos-resolucion-presentada-por-cuba-en-defensa-del-derecho-la.
[2] https://www.prisonersdefenders.org/2026/03/12/con-28-nuevos-presos-politicos-en-febrero-la-represion-es-el-ultimo-recurso-del-regimen-contra-el-deseo-generalizado-de-libertad/.
[3] https://www.cambridge.org/core/journals/global-constitutionalism/article/abs/double-bind-at-the-un-western-actors-russia-and-the-traditionalist-agenda/FA07569467BF47076BFCF08F74261386; https://resolve.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/article/harder-times-for-human-rights-advocacy-in-global-governance-ideological-capture-and-illiberal-interests/DCEE052026355949BF168D63BCD51F28.
