Cuba, fábrica de disidentes

En Cuba, disentir no siempre ha sido una decisión. Ha sido una consecuencia. No responde a un cálculo político, ni a una militancia organizada. Tiene que ver con la experiencia directa y la necesidad de decir lo que se ve.

Durante años, se ha repetido como un patrón histórico que hoy se presenta de manera abierta en la negación de los presos políticos, en la gestión opaca de liberaciones, en el hostigamiento a quienes protestan y en la salida del país como respuesta individual a un conflicto que lleva años sin resolverse.

Desde los primeros años de la Revolución, el desacuerdo dejó de ser una posibilidad dentro del sistema y pasó a ser considerado una desviación política y moral. La crítica no fue asumida como parte del proceso en un sentido real. Existía y se exigía como “autocrítica”, dirigida desde el poder, donde las responsabilidades se diluían en una colectividad y recaían en niveles intermedios o en la supuesta insuficiencia de la población, nunca en la cúpula, generando una lógica de culpa que obligaba a recomenzar siempre desde abajo.

Fuera de ese marco, la crítica era señal de ruptura, falta de convicción ideológica, desafección. No se trataba únicamente de controlar lo que se decía, sino de establecer un límite claro sobre lo que podía pensarse sin consecuencias.

Esa manera de operar se volvió automática. No hacía falta confrontar ideas para deslegitimarlas; bastaba con sacarlas del marco permitido. Se impuso una lógica de orden, de fijación de posiciones y de alineamientos, hasta que el desacuerdo terminó siendo una forma de exclusión y su control, una forma de funcionamiento.

Hablar en el momento y en el lugar adecuados era una consigna razonable. En la práctica, ese momento no llegaba y ese lugar no existía. Hacerlo en espacios públicos, en reuniones laborales o en grupos era “hacerle el juego al enemigo”, presentado como una amenaza constante que intentaba desacreditar el proyecto.

De ese modo, quedaba regulado lo que podía decirse. La crítica quedaba suspendida hasta perder sentido. Lo que pudo ser preocupación honesta, o intención de mejorar, pasó a ocupar el lugar del enemigo. La crítica no se entendía como diferencia, sino como posición. Quien cuestionaba quedaba reducido a la categoría de contrario.

Para quienes emitían un juicio crítico, aun dentro de lo que se calificaba como “constructivo”, el margen era mínimo. Intelectuales, profesionales, técnicos, profesores y personas comunes que habían apoyado el proceso fueron quedando fuera de lo considerado adecuado, correcto y “comprometido con la causa” por sus ideas, por sus palabras, por no seguir el camino sin someterse a las decisiones.

El espacio se cerraba y las opciones se reducían hasta hacer inviable la permanencia. En ese punto, el exilio aparece como salida ante la imposibilidad de conciliar y hacer convivir ideas y criterios, y no siempre como elección. Ha sido un patrón y, en muchos casos, la única variante para quienes perdían ese margen.

En el presente, reaparece también como una opción que se propone desde el aparato represivo del Estado ante el escarnio público o la amenaza de cárcel, administrada como parte del mismo mecanismo de control que ha regulado históricamente quién puede irse y en qué momento.

En los últimos años, esa secuencia es visible. Voces de la vida cotidiana pasan por el mismo recorrido de exposición, vigilancia, presión, desgaste y salida. Quedarse implica perder trabajo, tensar relaciones, exponerse a campañas difamatorias y a formas de hostigamiento colectivo, como los llamados “mítines de repudio”. Se limita la posibilidad de sostenerse y de comunicarse con amigos y familiares, dentro y fuera del país, hasta impedir una vida normal.

Las alternativas se reducen a pocas: ostracismo, salida del país o cárcel. Quienes permanecen lo hacen en condiciones de vulnerabilidad constante, sin margen real de sustento, lo que termina generando desconexión, desafección y una necesidad persistente de denunciar el acoso y todo aquello que pueda ser objeto de crítica. Nada de esto es aislado.

Es una forma de violencia psicológica que se ha normalizado como respuesta legítima frente a quien es marcado como enemigo. Se construye un historial de “acciones delictivas” que justifica detenciones, interrogatorios y vigilancia, y se instala un estado de opinión que legitima el rechazo, el señalamiento y el aislamiento.

La presión alcanza, más allá de la persona, a familiares, amigos y colegas. El mecanismo no solo busca castigar la palabra; busca desajustar vidas, volverlas precarias y quebrar la confianza en poder expresarse, así como en la protección de los seres queridos.

Esa dinámica no se limita a quienes ya han sido señalados. Se reproduce de forma constante en nuevos actores. No se trata de figuras públicas, ni de voces formadas en espacios políticos definidos. Son jóvenes, ciudadanos comunes, creadores, humoristas, periodistas e investigadores, así como personas que empiezan a hablar desde su entorno inmediato, en redes sociales, en la música, en sus propios barrios o centros laborales.

Lo que dicen no responde a un programa ni a una estrategia; nace de la experiencia cotidiana. Y, sin embargo, basta para activar el mismo proceso de vigilancia y control. No hay un límite claro. La crítica, incluso en su forma más básica, es suficiente.

Hay quienes no solo hablan, también actúan. Responden a lo que tienen delante. Acciones simples como cocinar, ayudar, acompañar, sostener. Atender una necesidad concreta se interpreta como confrontación. También ahí aparece la presión, porque aquello que escapa al control se vuelve sospechoso, ilegal, dañino o peligroso.

Quienes actúan de ese modo no quedan al margen, pasan a ser leídos bajo el mismo criterio de disidencia. La autonomía, aunque sea un gesto elemental de ayuda, entra en conflicto con una lógica que no admite nada fuera de su marco.

Durante años, la historia se enseñó como denuncia. A José Martí, con apenas dieciséis años, se le mostraba encadenado en un presidio político, con grillete, como un niño castigado por escribir y pensar.

Esa imagen se repetía en los libros de texto y quedaba en la memoria escolar como prueba de la crueldad del poder colonizador, incapaz de tolerar la palabra, los cambios y los nuevos tiempos. A Martí, a Heredia, a Bonifacio Byrne se les presentaba como víctimas de una tradición de destierro y ruptura, como voces expulsadas por decir lo que el poder de su tiempo no admitía.

Los hechos que rodean el fusilamiento de ocho estudiantes de medicina en la época colonial, acusados de “vandalizar” la tumba de un periodista del poder imperante, también eran repetidos y conmemorados cada año. Del mismo modo, los nombres de jóvenes apresados, torturados o asesinados antes de 1959 se repetían en clases y homenajes.

Esa memoria reforzaba la idea de que la injusticia pertenecía al pasado, que los regímenes que castigaban la palabra y los hechos eran siempre los anteriores y que el presente quedaba fuera de esa lógica.

Hoy, la escena cambia de época, pero no de fondo ni de lugar. Un menor de la misma edad que Martí es detenido por manifestarse, enfermo, sin atención médica, y acusado de vandalismo. No importa el tiempo ni el contexto: es un menor. Sin embargo, se le trata como adulto, como enemigo. No se analiza qué hizo, ni por qué. La lógica de la enseñanza de la historia no alcanza aquí. El mismo sistema que se presenta como garante de la protección a la infancia sostiene una acusación sin matices.

La tumba de un periodista español en la época colonial y la sede del Partido Comunista en una ciudad del país no están tan lejos en su significado. Ambas representan el poder. Pero esa lectura se evita. En su lugar, se impone la del joven delincuente que daña la propiedad estatal. Cualquier otra interpretación queda anulada.

Lo que se enseñó como condena de otros ocurre hoy dentro del país. Se habla de continuidad y la hay, pero no es la de un proceso político, sino una inversión de ese sentido.

El mismo mecanismo que, desde el inicio, convirtió la crítica en desafección, la desafección en contrarrevolución y al que discrepaba en enemigo sigue operando como práctica sostenida que produce disidentes de manera constante.

Esa continuidad no preserva el proceso, constituye su traición histórica.