Hace unos días, el ODC condujo un fructífero intercambio entre Jaime Lucía, uno de los principales gestores de la librería Rafael Alberti en Madrid, e investigadores asociados al Observatorio, de dentro y fuera de la Isla. El encuentro propuso mirar más allá de los espacios físicos concretos para pensar la literatura y el cine como refugios, la conversación como práctica política y la cultura como una forma de aprendizaje democrático. En este rigor, la Alberti es un símbolo de cómo ciertos espacios culturales ayudaron a erosionar el monopolio intelectual del franquismo y, después, a dar densidad social a la democracia.
Con esta, se inaugura una serie de conversaciones que, desde diferentes territorios y perspectivas, ayudan a trazar posibles rutas de la cultura como agente clave en un proceso encaminado al establecimiento de la democracia en Cuba. El ODC tiene entre sus objetivos esenciales el rescate patrimonial y de la memoria histórico-cultural, el fomento de espacios de discusión plurales y de iniciativas independientes de toda forma de adoctrinamiento político, así como el apoyo a artistas en condiciones de vulnerabilidad bajo políticas autoritarias; variables todas indispensables a la hora de pensar un tránsito potautoritario.
Fachada e interior de la Alberti. Imagen: Jot Down (2026).
La experiencia española enseña que la cultura no fue un mero acompañamiento simbólico del proceso posfranquista, sino una infraestructura social que ayudó a reaprender la vida pública. Antes de que hubiera una democracia plena, existieron revistas, editoriales, librerías y otros espacios de sociabilidad que ensayaron formas de pluralismo, de discusión y de pensamiento crítico. En ese contexto, la librería Rafael Alberti de Madrid resulta especialmente reveladora: nació en 1975, sufrió ataques de la extrema derecha por su identificación con una cultura abierta y progresista, y terminó convirtiéndose en un lugar de encuentro ciudadano y literario. En esta ocasión, el Observatorio discute con Jaime Lucía el ejemplo de la Alberti como archivo de la violencia autoritaria y taller de ciudadanía democrática.
Ciudadanía cultural y transición en el tardofranquismo
El tardofranquismo ha estado falsamente asociado a una reproducción pasiva y semiadormecida de una ciudadanía de larga pervivencia dentro de la dictadura. Sin embargo, diversas iniciativas prueban el crecimiento de una conflictividad social notable, alimentada por apoyos crecientes a la oposición pese al aparato represivo, al prestigio ganado por jóvenes intelectuales antifranquistas en esta confrontación, así como por formas de infrapolítica cotidianas que fueron exitosas en erosionar el cerco de la censura y la vigilancia. Así, la democratización española fue en gran medida resultado de una sedimentación cultural, social y de nuevos valores, desde abajo.
Salvando las diferencias de las instituciones que dominaban en España y que dominan en Cuba, se puede decir que los ciudadanos de ambos países padecieron la producción de una cultura oficial, convertida en instrumento de legitimación y control. Aunque en el caso de la primera el protagonismo se debatió entre la Iglesia católica —con un peso decisivo en la enseñanza— y la Falange, en Cuba el extendido aparato informativo y propagandístico, así como la administración dentro del abandono, colman el universo cultural concebido por la estructura autocrática. También comparten ambos países el crecimiento de una disidencia cultural que desbordó, erosionó y ridiculizó ese monopolio simbólico.
En este sentido, una de las primeras reflexiones en del encuentro fue la producción de “espacios libres”, dígase ámbitos de pequeña escala apartados del control directo de los grupos dominantes, donde el cambio cultural precedía o acompañaba a la movilización social, desde la conversación crítica clandestina. Mientras que en España estos eran pequeños marcos de sociabilidad, hoy, en muchos contextos autoritarios o posautoritarios, parte de esa función puede desplazarse a plataformas digitales y a productos que las redes crean (memes, tweets, reels, stickers de mensajería). Sin embargo, aunque estos últimos logran mayor visibilidad, expansión y rapidez, la experiencia española recuerda también que la conversación pública gana densidad cuando logra institucionalizarse en lugares presenciales, incluso más allá de las fronteras del control.
Un ejemplo de ello fue Ruedo Ibérico, una editorial fundada en París en 1961 por refugiados españoles antifranquistas con el objetivo explícito de sortear la censura española, restablecer la verdad histórica deformada por el régimen y crear una plataforma independiente de reflexión y discusión, que le otorgó lenguaje, materiales y redes de visibilidad con su circulación secreta en la España franquista.
Cuando se instauró la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 (Ley Fraga), la libertad de prensa continuó subordinada dentro del marco cosmovisivo del régimen y, aunque nominalmente desapareció la censura, se mantuvieron mecanismos de castigo penales y administrativos que, de facto, la hicieron más eficiente —menos preventiva y más punitiva—, y autocensora. Aun así, aquel resquicio abrió una oportunidad.
Las revistas satíricas y algunos medios culturales aprovecharon su menor consideración “seria” para forzar los límites de lo decible. Así, dicha prensa fue uno de los laboratorios más visibles de esa desobediencia cultural donde revistas como Hermano Lobo (1972-1976), Por Favor (1974-1978), El Papus (1973-1986) o El Jueves (a partir de 1975) construyeron un relato irreverente, ácido e inmediato de la transición. Lo hicieron primero contra los límites del tardofranquismo y después contra los déficits del propio proceso democratizador. La función pública que la sátira representó en una sociedad anteriormente rígida y necesitada de desplazar una y otra vez las fronteras de la libertad de expresión muestra el hilo conductor que la cultura puede ofrecer en este tipo de evolución sociopolítica.
Portada de Hermano Lobo. Imagen: humoristan.org (2025).
La Alberti como ejemplo de agente cultural movilizador
La librería Rafael Alberti condensa muchas de esas tensiones. Comenzó su actividad en el barrio madrileño de Argüelles en noviembre de 1975. Varias fuentes sitúan su apertura inicial en manos de Enrique Lagunero, hermano de Teodulfo Lagunero, amigo de Rafael Alberti y figura ligada a las redes de apoyo al Partido Comunista de España (PCE) durante la transición. Nació, además, en un momento de altísima violencia política, cuando las librerías eran un blanco privilegiado de la extrema derecha. Entre 1974 y 1976 se contabilizaron más de cien ataques a este tipo de establecimientos; solo en 1975, fueron 42 los casos recogidos por la prensa, que incluyeron pintadas, pedradas, disparos, bombas y cócteles molotov. En ese entonces, la Alberti figuró entre las víctimas más castigadas de Madrid. En consecuencia, durante años, la librería conservó libros quemados e impactos de bala en su carpintería.
A finales de 1979, el negocio pasó a una nueva generación de libreros, entre ellos Lola Larumbe, Santiago González y Jaime Lucía. Bajo su gestión, se consolidó como espacio de programación estable de presentaciones, lecturas y encuentros. Por ejemplo, el proyecto “Encuentros en Alberti” recibió en 2005 el Premio Librero Cultural por haber convertido el espacio en uno de los referentes culturales de Madrid, convocando a autores españoles, latinoamericanos y nuevos creadores. Más tarde, en marzo de 2025, el Instituto Cervantes incluyó a la Alberti junto a varias librerías madrileñas nacidas en la transición, para reivindicar “la importancia de estos establecimientos en la consolidación de la democracia en España”, actuando como foros de debate y resistencia cultural.
Manifestación durante la transición. Imagen: Diario16 (2026).
En este sentido, la experiencia de Jaime Lucía y sus compañeros concentra varias lecciones. La primera, que un proyecto cultural puede nacer en precariedad y aun así volverse decisivo. La segunda, que la librería independiente y los proyectos que pueden gestarse dentro de ella llegan a concebir espacios libres allí donde la conversación pública ha estado secuestrada. La tercera, que sin mediadores culturales no hay democratización profunda, porque la transición hacia ella necesita de una pedagogía democrática, del reaprendizaje tras la doctrina, del ejercicio del desacuerdo civilizado.
El ODC invita a pensar la transición no solo desde los grandes pactos y las instituciones, sino desde la vida cotidiana de los mediadores culturales. Para ello, planteamos la primera de varias preguntas que será nuestro eje principal: ¿Cómo las sociedades que salen de un autoritarismo reconstruyen el tejido de confianza, discusión y transmisión cultural que la censura, el miedo y el monopolio estatal han erosionado por décadas?
Portadas de ABC, El País, Diario 16 y La Vanguardia, del 19 de noviembre de 1976. Imagen: Cadena Ser (2026).
La historia de la Alberti sugiere que ese trabajo pasa por instituciones pequeñas, persistentes y abiertas al barrio: librerías, editoriales, bibliotecas, escuelas, revistas y medios capaces de conectar memoria, presente y futuro. Sin embargo, deberíamos comenzar por reconocer un presente en Cuba que, supuestamente, atenta contra ese florecer. Hablamos del daño psicosocial que sufren los cubanos, mediado por una naturalización forzada de la miseria y el cúmulo de cicatrices en generaciones que han vivido sus vidas en una crisis económica profunda; hablamos también de la indefensión y la desesperanza aprendidas, y de la falta de recursos mínimos para asegurar lo básico para una vida digna. Parece requerir mucha imaginación pensar que una sociedad que ha debido cambiar hábitos y lenguajes según lo dictado por el imaginario oficial pudiera superar la descripción fatal de su presente. Sin embargo, como viene monitoreando el ODC desde hace años, en Cuba se sigue produciendo arte, se sigue defendiendo la cultura y hay una juventud amplia que traza su porvenir independiente de los lineamientos estatales.
En ese caos que generan los cambios necesarios, el ODC comparte otras interrogantes que deberían dar pie a reimaginar el caso cubano. El Observatorio invita así al inicio de un debate colectivo que nos compete a todos en Cuba.
Primero, la experiencia española sugiere que el pluralismo cultural no nace de un decreto, sino de redes institucionales y comunitarias que hagan convivir memoria nacional, conflicto social y acceso a la cultura. En España, librerías, prensa crítica y espacios de encuentro funcionaron como mediadores decisivos entre apertura política y hábito democrático. Tras más de seis décadas de captura discursiva y polarización política, ¿cómo reintroducir democráticamente el pensamiento crítico sin sustituir un canon excluyente por otro?, ¿qué papel deberán tener las escuelas, universidades, bibliotecas, editoriales y medios en una alfabetización cultural posautocrática?
Un segundo aspecto urgente en el desarrollo de la nación cubana es el dilema entre memoria y reconciliación. La reparación cultural exige abrir archivos, devolver voces, contextualizar heridas y permitir el disenso interpretativo sin reimponer un relato único. Pero también incluye ubicar responsabilidades y llamar a contar a una burocracia política expropiadora y extractivista. Una vez alcanzada “la otra orilla”, ¿cómo enseñar fracturas como el exilio, la censura, la vigilancia o la represión sin convertir la memoria en resentimiento perpetuo ni en olvido amnésico? Parte de ello es el exilio que incluso de forma forzada han sufrido artistas, intelectuales, activistas y ciudadanos cubanos en general; cuyas redes son una memoria dolorosa que deberá incluirse en la mediación nacional. ¿Cómo construir formas institucionales y comunitarias de reintegración de obras, archivos y voces desterradas?
Por último, ¿cómo evitar que una nueva circulación de mercancía mediada por la opacidad del poder cubano desemboque en la privatización acelerada del patrimonio o en la captura oligárquica de las industrias culturales? ¿Cómo garantizar que un tránsito democrático, muchas veces de relaciones conflictivas y evasivas, no termine por vender los valores materiales de la nación al mejor postor?
Queda por delante un camino que, como en el caso español, ha requerido décadas de (des)aprendizaje y que continúa hoy día negociando su impronta reciente. La historia de la Rafael Alberti demuestra, por demás, que una librería puede ser también el archivo de la violencia estatal, refugio de una comunidad y laboratorio de una cultura democrática. En una transición, ese papel, como el de otras iniciativas culturales, será central. Principalmente porque la libertad política, junto a leyes e instituciones democráticas, necesita también lugares donde esa libertad se vuelva práctica cotidiana.
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