La República de las Máscaras: el mito de la igualdad y el capitalismo de Estado en Cuba

Introducción

Durante más de seis décadas, el relato oficial de la Revolución Cubana se sostuvo sobre una promesa inamovible: la justicia social y la igualdad de derechos para todos sus ciudadanos. En las tribunas, se condenó con ferocidad al capitalismo, describiéndolo como un sistema cruel donde el acceso a lo más elemental estaba condicionado por el dinero.

Sin embargo, la Cuba del presente ha terminado por convertirse en el reflejo exacto de lo que tanto criticó, pero bajo un formato aún más perverso. Hoy, la retórica del “pueblo soberano” se estrella contra la realidad de un fogón de leña improvisado en un patio de La Habana o Santiago.

Mientras el Estado justifica el desabastecimiento crónico y la desaparición de la canasta básica bajo el eterno escudo del embargo, una realidad paralela emerge en las pantallas de los teléfonos móviles: plataformas digitales vinculadas al entramado estatal ofrecen alimentos y medicinas a precios de primer mundo, siempre y cuando se paguen en dólares desde el extranjero.

La igualdad ya no existe ni como utopía; ha sido reemplazada por una división de clases brutalmente simple: los que tienen familia en el exterior para costear la vida en divisas, y los que están condenados a la subsistencia con un salario o una pensión en pesos cubanos que no vale más que el papel en que está impresa. Este ensayo se adentra en esa gran fiesta de máscaras donde el discurso ideológico ya no es doctrina, sino el disfraz de un pragmatismo económico implacable que ha dejado a los más vulnerables en el más absoluto desamparo.

El trabajo sin valor y la traición al mérito

En una sociedad funcional, el trabajo es el motor de la movilidad social; el estudio, el esfuerzo y la especialización profesional garantizan una vida digna. En la Cuba de hoy, esa lógica elemental ha sido pulverizada. La introducción de la Moneda Libremente Convertible (MLC) y la dolarización encubierta de los servicios básicos han creado una de las distorsiones más perversas del sistema: el Estado cubano exige que sus ciudadanos trabajen por pesos cubanos (CUP), pero estructura la economía para que solo se pueda subsistir con la divisa que entra desde el exterior.

Esta dualidad ha consumado lo que podríamos llamar la traición al mérito. Profesionales que representan la supuesta “vanguardia” del modelo —médicos que salvan vidas bajo condiciones precarias, maestros que educan a las nuevas generaciones sin tiza ni papel, ingenieros que sostienen infraestructuras colapsadas— se han convertido en la nueva clase desposeída. Su salario mensual, pagado en una moneda devaluada que carece de poder adquisitivo real, no es más que una ilusión contable.

Al terminar su jornada laboral, un cirujano cubano gana menos en un mes que lo que cuesta una sola “balita” de gas en las plataformas digitales del gobierno; una maestra de escuela primaria necesita el salario de varios meses solo para comprar un combo de comida básico en internet.

De este modo, la pirámide social se ha invertido de manera humillante. El valor del individuo ya no se mide por su aporte social, su nivel científico o su entrega laboral, sino por su cercanía geográfica al exilio. El trabajo para el Estado se ha transformado en una especie de trabajo forzado o tributo ideológico, un peaje que hay que pagar para mantener las apariencias, mientras la verdadera supervivencia se dirime en la tómbola de las remesas.

Al despojar al salario de su función protectora, el gobierno no solo ha precarizado la vida material de sus profesionales; ha destruido la dignidad del trabajo mismo, demostrando que detrás de la máscara de la “sociedad de los trabajadores”, lo único que realmente sostiene al país es el flujo de dólares de la emigración que tanto se demonizó.

El bloqueo como coartada y el búnker de la élite

Durante décadas, el embargo económico de los Estados Unidos ha sido el núcleo de la narrativa oficial en Cuba; la explicación universal y obligatoria para cada teja rota, cada farmacia vacía y cada apagón. Sin embargo, en la cotidianidad de la Isla, el argumento del “bloqueo” ha dejado de ser una justificación económica para convertirse en un burdo escudo político.

Existe una contradicción insalvable que el pueblo cubano ya no puede ignorar: el mismo gobierno que denuncia la imposibilidad de adquirir insumos básicos debido a las sanciones de Washington, es el que permite y gestiona la importación de contenedores de pollo, plantas eléctricas, vehículos de gama alta y otros artículos desde el propio territorio estadounidense, con la única condición de que el pago se realice en dólares limpios y contantes. El verdadero bloqueo no es geográfico ni aduanero; es estrictamente financiero y selectivo.

Esta realidad pone al descubierto una profunda fractura moral: la existencia de un “apartheid económico” diseñado para captar las divisas del exilio, mientras el cubano de a pie paga el costo físico de la utopía.

El desabastecimiento crónico no afecta a todos por igual. Mientras una madre en el oriente del país pasa la madrugada en vela intentando encender un fogón de leña o carbón húmedo para cocinarle a sus hijos, la oligarquía que toma las decisiones vive en un búnker de privilegios, protegida de los cortes eléctricos por plantas de alta capacidad, con cocinas siempre abastecidas y transportándose en vehículos con combustible garantizado. Para la élite, la crisis es un dato estadístico que se menciona en los discursos; para el pueblo, es una condena diaria que se sufre en el cuerpo.

Así, el discurso de la “resistencia creativa” se revela como una de las máscaras más cínicas del régimen. No se le pide resistencia a la nación entera, se le impone el sacrificio exclusivo a la clase trabajadora y a los jubilados. La cúpula gobernante y sus herederos corporativos no solo no sufren las consecuencias del colapso energético y alimentario, sino que se benefician directamente de él. Convirtieron la escasez en un negocio redondo: al destruir el mercado estatal subsidiado en pesos cubanos, obligaron a la diáspora a convertirse en el verdadero ministerio de seguridad social del país, pagando facturas infladas en dólares a corporaciones opacas, para que sus familiares en la Isla no mueran de hambre o de inanición energética.

En esta retorcida lógica, el sufrimiento del pueblo no es un problema a resolver, sino la materia prima que garantiza el flujo constante de divisas hacia las arcas de una minoría que hace tiempo olvidó lo que significa vivir como un cubano común.

GAESA, las plataformas digitales y la privatización de la soberanía

La mayor estafa de la retórica oficial cubana consiste en hacer creer que el Estado sigue siendo el gran administrador de los bienes públicos, un ente centralizado que distribuye con equidad lo poco que tiene.

La realidad es mucho más cínica: el gobierno cubano ha tercerizado y privatizado de facto sus responsabilidades más elementales. A través de un complejo entramado de corporaciones militares y empresariales —donde el conglomerado GAESA funciona como un Estado dentro del Estado—, la cúpula gobernante ha mudado sus operaciones comerciales hacia el entorno digital transnacional, operando mediante marcas aparentemente independientes como Supermarket23, Katapulk o Bazar Regalo.

Este modelo de negocio funciona bajo una lógica perversa. El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) declara su total incapacidad para abastecer las bodegas de la canasta básica o para garantizar el flujo regular de gas licuado en pesos cubanos, alegando falta de liquidez. Sin embargo, los mismos almacenes que deberían surtir al pueblo aparecen abarrotados en las páginas web de estas corporaciones.

Estas plataformas, registradas en paraísos fiscales o en el extranjero mediante testaferros y figuras vinculadas directamente a la élite del régimen, no sufren el bloqueo ni la escasez. Son el canal idóneo para captar el capital fresco de la emigración, cobrando sobreprecios astronómicos por productos que a menudo se producen o empaquetan dentro de la propia Isla.

Al permitir que la alimentación, el combustible y la salud dependan de corporaciones opacas que operan exclusivamente en divisas, el gobierno ha consumado la máxima traición a su propia base social. Ha convertido los derechos ciudadanos en mercancías de lujo accesibles solo mediante transacciones internacionales.

La responsabilidad estatal de garantizar el bienestar mínimo de la población ha sido sustituida por un capitalismo de compadres de corte mafioso, donde el sufrimiento colectivo es el motor que genera ingresos para una oligarquía militar que no rinde cuentas ante ningún parlamento ni tribunal. El ciudadano cubano ya no es el soberano de su patria; ha sido reducido a un rehén económico dentro de su propio país, condicionado a que un tercero, desde el exterior, pague su rescate diario en una plataforma web.

Impunidad jurídica y la última máscara del control

En el plano institucional, el régimen cubano ha edificado un aparato de control que se presenta ante la opinión pública como el guardián de la probidad administrativa y la transparencia. La Contraloría General de la República es el estandarte de este discurso, una entidad encargada teóricamente de auditar, fiscalizar y cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción o desvío de recursos estatales.

Sin embargo, en la práctica, la Contraloría no es más que otra máscara del sistema: un instrumento punitivo diseñado para perseguir las ilegalidades de los de abajo —el desvío de un saco de harina en una panadería estatal o el inventario mal llevado de una bodega— mientras tiene una entrada nula y un acceso estrictamente prohibido a los verdaderos centros del poder económico.

El entramado corporativo que gestiona las plataformas de venta en dólares, los hoteles de lujo y la distribución dolarizada de insumos básicos, como el gas licuado, opera en una dimensión jurídica paralela. Al estar constituidas bajo figuras legales opacas, corporaciones transnacionales o formas de “propiedad particular” registradas en el extranjero, estas entidades quedan fuera del radar de la fiscalización pública nacional.

Ningún auditor de la Contraloría tiene la potestad de cruzar las puertas de GAESA, ni de revisar los flujos de capital que ingresan a cuentas bancarias en paraísos fiscales a través de plataformas como Supermarket23 o Katapulk. Existe un pacto de impunidad institucionalizado: la ley y el control son implacables para el ciudadano común y el pequeño funcionario, pero se detienen en seco ante los negocios de la oligarquía.

Esta inmunidad no es un fallo del sistema, sino una característica de su diseño. Al declarar estos sectores como “estratégicos” o camuflarlos bajo el falso manto de la inversión privada e independiente, la élite gobernante ha privatizado la auditoría de la riqueza nacional.

Mientras la Contraloría exhibe en los medios oficiales sus auditorías a empresas provinciales colapsadas por la miseria, el verdadero desfalco del patrimonio público ocurre a la vista de todos, en bytes y transacciones electrónicas que alimentan el búnker del poder. La Contraloría general, por tanto, no busca erradicar la corrupción, sino monopolizarla y protegerla, asegurando que el Gran Teatro de la Legalidad continúe, mientras la élite opera con la impunidad absoluta de una mafia corporativa.

Los paraísos fiscales del capital estatal cubano

La impunidad de la que gozan estas corporaciones no solo se ampara en el silencio de las leyes nacionales, sino en una compleja infraestructura financiera global diseñada para esconder identidades y evadir auditorías. Mientras el discurso oficial exige al pueblo una “resistencia heroica” frente a las fronteras geográficas, la élite gobernante ha sabido globalizar su patrimonio utilizando los canales más sofisticados del capitalismo transnacional. Investigaciones internacionales y filtraciones globales han demostrado la existencia de decenas de empresas fantasmas o “pantalla” vinculadas a los altos mandos de GAESA y a ministerios clave, registradas en conocidos paraísos fiscales y jurisdicciones de alta opacidad.

El ejemplo histórico y medular de esta red es Panamá. A través de firmas de abogados especializadas en crear sociedades anónimas, representantes y testaferros de la cúpula militar cubana han inscrito por décadas corporaciones como Tecnoimport, Navegación Caribe o entramados financieros que controlan la logística y las importaciones de la isla. Estas empresas panameñas operan como intermediarias: compran productos en el mercado internacional a precio real y luego los revenden a entidades dentro de Cuba con sobreprecios astronómicos, desviando el margen de ganancia hacia cuentas bancarias que escapan al control del Estado cubano.

Pero el mapa de la opacidad no se detiene en Centroamérica. La red de GAESA y sus satélites comerciales ha extendido sus tentáculos hacia jurisdicciones de soberanía británica y europea conocidas por su hermetismo bancario y ventajas fiscales, tales como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y el archipiélago de Malta.

Es en estos territorios donde se diluyen las ganancias de las remesas, los cobros por servicios médicos en el exterior y las ventas online de plataformas como Supermarket23 o Katapulk. Al registrar los negocios en estos paraísos, la oligarquía logra un doble propósito: blindar sus fortunas personales ante un eventual cambio político y simular que las empresas que venden el gas licuado o la comida a los cubanos son entidades “extranjeras e independientes”, cuando en realidad el dinero regresa a los bolsillos de la misma minoría que administra la miseria en la Isla.

La retórica de la soberanía nacional muere en las playas del Caribe fiscal, donde el dinero del pueblo cubano se convierte en capital privado y anónimo.

El Secuestro del BFI: El día que los militares confiscaron la banca civil

Si quedaba alguna duda de que Cuba ha dejado de ser una república para convertirse en el feudo de un consorcio militar, el destino del Banco Financiero Internacional (BFI) ofrece la prueba definitiva.

Fundado originalmente como una entidad comercial subordinada a las directrices del Banco Central de Cuba, el BFI era la institución encargada de gestionar las cuentas en divisas de las empresas estatales, las embajadas y los negocios extranjeros en la Isla. Sin embargo, en el año 2016, en una operación quirúrgica y opaca, el control del banco fue transferido en su totalidad al conglomerado militar GAESA.

Este movimiento no fue un simple cambio de administración; fue la privatización de la caja chica de la nación a favor de la élite de verde olivo. Al absorber el BFI, los militares despojaron al Banco Central de Cuba —y por ende, al aparato civil del Estado— de la capacidad de fiscalizar y decidir sobre el uso de la moneda dura que entraba al país.

Desde ese momento, los ingresos por el turismo, las exportaciones clave y los servicios comerciales dejaron de transitar por los canales públicos que financian los presupuestos de salud, educación o la infraestructura civil, como la red de gas licuado y el sistema eléctrico. Todo ese caudal financiero pasó a ser gestionado con criterios de empresa privada por una junta militar que no rinde cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni al pueblo.

La apropiación del BFI desvela la última fase de la mutación del régimen. El dinero depositado allí por empresas extranjeras y entidades estatales quedó atrapado en un corralito financiero institucional, donde solo GAESA decide qué se paga y qué se congela.

Mientras los hospitales públicos carecen de jeringuillas y las termoeléctricas colapsan por falta de inversión, los fondos del BFI —alimentados indirectamente por el esfuerzo de los cubanos y las remesas— se desvían de manera prioritaria a la construcción de hoteles de lujo vacíos y al mantenimiento de las corporaciones transnacionales del régimen.

El secuestro del BFI es la evidencia de que la máscara del “Estado socialista de todo el pueblo” ha sido sustituida por una oligarquía financiera militarizada que ha expropiado, incluso, las propias instituciones bancarias de la nación para su beneficio exclusivo.

El fin de la comedia y los rostros del despojo

Todo baile de disfraces tiene un límite impuesto por el amanecer. En Cuba, el amanecer de la realidad ha terminado por rasgar las telas del teatro político oficial. Tras décadas de discursos inflamados sobre la soberanía, el antiimperialismo y el socialismo igualitario, la cotidianidad del ciudadano de a pie se ha encargado de encender las luces de la sala. Lo que queda a la vista no es una sociedad justa resistiendo con dignidad un asedio externo, sino el escenario grotesco de una estafa histórica.

La “Fiesta de las Máscaras” ha llegado a su fin. Detrás del disfraz del “Estado defensor de los humildes”, hoy se muestran, con total nitidez, los verdaderos rostros de la élite gobernante: el rostro de una oligarquía financiera y militar transnacionalizada que opera con la lógica fría del capitalismo más salvaje y selectivo.

Son los rostros de quienes predican el sacrificio en pesos cubanos mientras acumulan dividendos en dólares; de quienes condenan el bloqueo en las Naciones Unidas mientras importan contenedores desde Estados Unidos para abastecer sus tiendas exclusivas; de quienes exigen “resistencia creativa” a un anciano que busca leña para cocinar, mientras blindan sus fortunas en el Banco Financiero Internacional y en los paraísos fiscales de Panamá o Malta.

No hay error de cálculo ni ineficiencia ingenua en la crisis cubana; hay un diseño premeditado de despojo. Vender la comida a través de plataformas opacas en el extranjero no es una alternativa de urgencia, es la consumación de un modelo donde el cubano que trabaja dentro de la Isla ha dejado de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un rehén.

Quienes hoy dirigen el país han privatizado el bienestar y dolarizado la supervivencia, traicionando el pacto social y moral con su propio pueblo. Al final, la mayor mentira que intentaron vender como verdad —la de una sociedad sin clases— se ha desmoronado bajo el peso de su propia perversión, dejando al descubierto una verdad innegable: en la Cuba del presente, la máscara de la ideología solo sirve para ocultar el rostro implacable de la opresión económica.

Fuentes consultadas

Investigaciones sobre GAESA y las Plataformas de Venta en Dólares (Supermarket23 y Katapulk)

Proyecto Inventario. Las tiendas virtuales en divisas y la red transnacional de remesas a Cuba. (Análisis detallado sobre el funcionamiento de pasarelas de pago y corporaciones intermediarias en el extranjero).

El Toque. ¿Quiénes están detrás de Supermarket23? El entramado corporativo que vende en dólares a los cubanos. (Investigación periodística que desglosa los registros comerciales en Canadá, España y Estados Unidos vinculados a funcionarios del MINCEX).

CubaData. Encuestas de consumo y remesas en Cuba: La brecha de la desigualdad. (Estudios estadísticos que demuestran cómo la dolarización ha marginado a la población que depende de salarios estatales).

El Banco Financiero Internacional (BFI) y la Militarización de la Economía

Mesa-Lago, Carmelo. La Economía de Cuba después de la Tarea Ordenamiento: Colapso, dolarización y exclusión social. Madrid: Editorial Verbum. (Análisis macroeconómico de uno de los economistas más prestigiosos sobre Cuba, detallando la pérdida de soberanía del Banco Central frente a las FAR).

Vidal Alejandro, Pavel. La dualidad monetaria y el secuestro del BFI por el holding militar. (Ensayos de economía cubana donde se analiza el impacto institucional de traspasar el Banco Financiero Internacional al control exclusivo de GAESA en 2016).

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Listado de Entidades Cubanas Restringidas. (Registro público oficial donde se sanciona al BFI y a las dependencias de GAESA por operar como corporaciones militares privadas fuera del presupuesto del Estado civil cubano).

Filtraciones Globales y Paraísos Fiscales (Panamá, Malta, Islas Vírgenes)

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). The Panama Papers (Papeles de Panamá) y The Pandora Papers (Papeles de Pandora). (Bases de datos y reportajes de investigación global que revelaron decenas de empresas pantalla y sociedades anónimas registradas a nombre de intermediarios de GAESA, el grupo comercial Tecnoimport y la corporación Cimex).

Connectas. La ruta del dinero verde olivo: Sociedades opacas del gobierno cubano en Europa y el Caribe. (Reportaje de investigación que mapea el flujo de divisas desde las tiendas MLC y plataformas de remesas hacia cuentas bancarias en Malta y Suiza).

Informes sobre Derechos Económicos y Sociales y Pérdida del Poder Adquisitivo

Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba. Madrid. (Estadísticas anuales verificadas que demuestran que más del 80% de la población cubana vive en la pobreza extrema debido a que las pensiones y salarios estatales no cubren la canasta básica de alimentos ni los servicios básicos energéticos).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de los Derechos Humanos en Cuba: Pobreza, desabastecimiento y el derecho a la alimentación. Organización de los Estados Americanos (OEA).