Cómo doblegar a Cuba

En 1960, Washington contempló con estupor cómo el gobierno posrevolucionario de Fidel Castro se apoderaba de empresas y activos que consideraba botín del imperialismo estadounidense derrotado. Entre los mayores premios figuraban dos plantas situadas sobre algunos de los mayores yacimientos de níquel y cobalto del mundo. Estados Unidos había adquirido una de ellas para asegurarse un suministro estratégico de níquel destinado al blindaje y a los motores de aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los revolucionarios carecían de conocimientos técnicos y, poco después, las operaciones empezaron a tambalearse. “La industria minera cubana, prácticamente destruida en los dos primeros años del régimen de Castro”, rezaba un titular de The New York Times de enero de 1961; “las minas están cerradas, las fábricas en silencio”.

El régimen cubano recurrió entonces a su padrino de la Guerra Fría, como hizo en tantos otros ámbitos durante sus primeros años. Ingenieros y especialistas mineros soviéticos reacondicionaron la planta de Niquero y el complejo niquelero de la bahía de Moa, convirtiéndolos en pilares de la economía de la isla y en iconos de la soberanía cubana, financiando centrales eléctricas y programas sociales. Tras el colapso de la Unión Soviética, Castro buscó un salvador sustituto más cercano, con el acuerdo alcanzado en 1994 con Sherritt International, empresa canadiense de extracción y refinado de níquel y cobalto. Cuba aportaba el mineral y la mano de obra. Sherritt ponía el capital, la tecnología de refinado y el acceso a los mercados globales.

Estados Unidos intentó repetidamente cortarle a La Habana esa vía de supervivencia, incluso mediante una ley de la era Bill Clinton que prohibía recuperar beneficios procedentes de propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. Pero el níquel y el cobalto siguieron fluyendo. El níquel —en bruto o semielaborado— fue en 2024 la tercera exportación de Cuba, según el Observatory of Economic Complexity, y China fue su principal destino.

Ahora la administración Trump ha vuelto a poner en el punto de mira esas industrias como parte de su campaña total para doblegar al régimen poscastrista. Otros elementos de esa ofensiva han sido deliberadamente más llamativos. El Departamento de Justicia acusó recientemente a Raúl Castro, de 94 años, hermano y sucesor de Fidel, por el supuesto derribo de avionetas que causó la muerte de tres estadounidenses y un residente en Estados Unidos hace 30 años.

El USS Nimitz, un portaaviones, se ha desplazado al Caribe, igual que el USS Gerald R. Ford se aproximó a Venezuela antes de la caída del dictador Nicolás Maduro. El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó hace poco una visita muy poco habitual a su homólogo de inteligencia en La Habana. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, conmemoró el Día de la Independencia de Cuba con un mensaje en vídeo en español en el que dijo a los cubanos que su gobierno es responsable de sus “penurias inimaginables”.

El golpe que llegó el 1 de mayo —presentado como una orden ejecutiva de apariencia tecnocrática— fue mucho menos vistoso, pero causó un daño más inmediato. El decreto presidencial impuso nuevas sanciones a las empresas que hacen negocios con el régimen, ampliando de forma significativa el embargo integral y acercándolo a los aplicados contra países como Irán, Rusia y Corea del Norte. En el plazo de una semana, Sherritt anunció que disolvería su asociación con la empresa estatal General Nickel Company, poniendo fin a la empresa conjunta Moa Nickel y a otros intereses en generación eléctrica y gas natural.

La decisión de Sherritt auguraba graves problemas para una economía que ya estaba al borde del abismo. Desde hace muchos meses, Estados Unidos viene imponiendo un bloqueo que impide que los envíos de petróleo de Venezuela y México lleguen a Cuba. Las fábricas han quedado paralizadas. El transporte público apenas funciona. Las largas colas para conseguir productos básicos se extienden por La Habana. Los apagones son habituales. El presidente Miguel Díaz-Canel describió las sanciones estadounidenses como un “castigo colectivo” contra el pueblo cubano.

Luego, la semana pasada, Sherritt anunció que solo suspendería su empresa conjunta en Cuba y que estaba negociando la venta de una participación de control en Sherritt a Gillon Capital, al parecer con el beneplácito de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos. Gillon es una firma con sede en Dallas perteneciente a la familia de Ray Washburne, un ejecutivo del sector inmobiliario que sirvió en la primera administración Trump; ninguna de las dos empresas respondió a una solicitud de comentarios.

Si llega a materializarse, esa operación podría cerrar el círculo en la historia de la riqueza mineral de Cuba, al devolver las minas de níquel y cobalto a manos estadounidenses en un momento en que han adquirido una nueva importancia estratégica. Ambos minerales se utilizan en la industria manufacturera, incluida la de teléfonos móviles y baterías para automóviles, y ambos ayudan a explicar por qué la administración Trump está tan empeñada en poner a Cuba de rodillas, de una forma u otra.

Trump no ha estado buscando tanto normalizar las relaciones con el régimen poscastrista como forzar una rendición condicionada. Ratcliffe dejó claro ese punto ante los cubanos la semana pasada, mientras el presidente, Rubio y varios miembros del equipo de política exterior de más alto nivel de la administración cenaban costillas de ternera crujientes y pato asado en Pekín. La misión del director de la CIA en La Habana consistía en “transmitir personalmente el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a implicarse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba introduce cambios fundamentales”, me dijo un funcionario de la CIA. Ratcliffe advirtió también que las amenazas de Trump debían considerarse creíbles; la implicación era que, si el ejército estadounidense había podido sacar a Maduro de su casa en Caracas, podía hacer lo mismo con dirigentes en La Habana. El portaaviones estadounidense que ahora merodea por el Caribe actúa como recordatorio constante.

Como en el caso de Venezuela, Estados Unidos ve a Cuba como un enclave indeseable de influencia rusa y china, no tanto como una reliquia de la Guerra Fría sino como una amenaza actual para la seguridad nacional situada a 90 millas de la costa de Florida. Las conversaciones de Ratcliffe se desarrollaron “con el telón de fondo de que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”, dijo el funcionario de la CIA.

La presión sobre las operaciones cubanas de níquel y cobalto encaja en otro ámbito de rivalidad geopolítica: la carrera por dominar los minerales críticos. China va muy por delante y utiliza su poder de mercado para dictar las reglas globales. La administración Trump está intentando reducir la dependencia estadounidense de los suministros chinos mediante sanciones, controles a la exportación y una agresiva estructura arancelaria, así como imponiendo duras penalizaciones a las empresas que dependen de tecnología china. Todo ello forma parte de un esfuerzo más amplio por persuadir a los países ricos en minerales de América Latina, África y el Sudeste Asiático para que redirijan hacia Estados Unidos las cadenas de suministro de minerales críticos. Diversificarse lejos de China suele ser una condición para acceder a los mercados y a la financiación estadounidenses.

El secretario del Interior, Doug Burgum, está en el centro de esta iniciativa. En una respuesta escrita, me dijo que a Estados Unidos le gustaría establecer con Cuba una asociación en materia de minerales críticos que pudiera crear oportunidades económicas para “el pueblo estadounidense y el cubano”. Pero añadió: “La trayectoria económica de Cuba no cambiará mientras quienes hoy la dirigen sigan en el poder.”

Durante décadas, la tierra roja que rodea la localidad de Moa, en el oriente cubano, alimentó a la Revolución cubana. El emplazamiento de la empresa conjunta con Sherritt conserva todavía reservas para casi un cuarto de siglo, según estimaciones de la propia compañía. Lo que esas riquezas impulsen a continuación puede depender del destino de Sherritt y de su empresa mixta, pero, en teoría, Cuba podría convertirse en una pieza importante de la estrategia de Washington para contrarrestar a Pekín. Un acuerdo de este tipo también podría allanar el camino a otras empresas estadounidenses; varios funcionarios de Estados Unidos me dijeron que Trump está fascinado por las oportunidades que una Cuba dócil podría ofrecer a los negocios nacionales, del mismo modo que ocurrió en la época de Fulgencio Batista, en los años previos a la revolución de 1959.

Pero La Habana también podría tener alguna capacidad de presión. La administración Trump ha hecho saltar por los aires el negocio de una empresa canadiense para apretar aún más las tuercas al régimen. Pero Cuba podría sentirse tentada de responder ofreciendo participaciones de una de sus joyas de la corona a un aliado, o al menos amenazando con hacerlo. “Esta es una buena oportunidad para que China y Rusia vuelvan a entrar en escena”, me dijo Diego von Vacano, profesor de Ciencia Política y especialista en América Latina de la Texas A&M University. En ese caso, la administración Trump podría descubrir que su empeño por humillar a un pequeño régimen vecino termina dando una ventaja adicional a sus principales adversarios en una batalla mucho más amplia e importante.

* Sobre la autora:
Vivian Salama es redactora de plantilla de The Atlantic. Anteriormente trabajó en The Wall Street Journal, donde, en su etapa más reciente, cubrió la Casa Blanca. Buena parte de su carrera anterior transcurrió en el extranjero como corresponsal internacional, incluido su trabajo como jefa de la oficina de Bagdad para The Associated Press, y ha informado desde más de 85 países. Vivian es también abogada y miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.

* Artículo original: “How to Break Cuba”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.