Presunta protección cubana a Vladimir Cerrón eleva tensiones diplomáticas entre Perú y Cuba

Crecen las sospechas sobre el paradero y protección de Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, actualmente sentenciado por cargos de corrupción. Ello a raíz de un reportaje de Perú21, que ha intensificado las especulaciones sobre el posible refugio de Cerrón por agentes cubanos.

Vladimir Cerrón Rojas, quien es conocido por sus vínculos educativos e ideológicos con la Cuba de Fidel Castro, donde estudió medicina y forjó sus ideologías políticas, nunca ha dejado de expresar su admiración por el fallecido dictador cubano y su estilo de gobierno. Cerrón, fundador del partido Perú Libre, adoptó un lápiz como símbolo de su partido, una idea que concibió durante su estancia en Cuba.

La preocupación se debe a la posibilidad de que los estrechos vínculos de Cerrón con Cuba puedan dar lugar a injerencias extranjeras en la justicia peruana. El ministro de Asuntos Exteriores, Javier González-Olaechea, ha declarado que, si se demuestra la intervención de un gobierno extranjero, la actuación recomendada implicaría llegar a un nivel de enfriamiento diplomático, con la posibilidad última de romper las relaciones diplomáticas con el país implicado.

La diplomacia suele requerir una mezcla de astucia, prudencia y resolución. Si surgen pruebas de que un gobierno extranjero se inmiscuye en asuntos internos o realiza actividades ilícitas dentro de Perú, como albergar a un prófugo de la justicia, Perú tendría amplia justificación para romper relaciones diplomáticas y exigir el retiro del embajador del país implicado del territorio peruano.

A la luz de estos acontecimientos, el Ejecutivo peruano se ve presionado a informar a la opinión pública si los informes de inteligencia confirman la injerencia cubana en el caso de Vladimir Cerrón. De comprobarse dicha injerencia, sería necesario convocar al polémico embajador cubano, Rafael ‘Gallo’ Zamora, para que brinde las explicaciones necesarias.

Además, el Congreso, en su función fiscalizadora, debería invitar al canciller, al ministro del Interior y al premier Otárola para que informen si un gobierno extranjero está incurriendo en tal nivel de injerencia. Una afrenta de esta magnitud no puede ser pasada por alto, y Perú debe estar preparado para tomar acciones decisivas para proteger su soberanía y la integridad de su sistema judicial, sostienen fuentes del gobierno peruano.




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