La historia de la política es, con frecuencia, la historia de la transferencia de costos. En la teoría de la guerra suele distinguirse entre el “costo político” —la pérdida de prestigio, influencia o poder de los líderes— y el “costo social”, referido al impacto del conflicto sobre la vida de la ciudadanía. Sin embargo, en ambos casos persiste una constante estructural: la capacidad de las clases gobernantes para sustraerse de las privaciones que ellas mismas producen, administran o permiten mediante sus decisiones.
Aunque puedan parecer realidades históricas radicalmente distintas, existen algunas correspondencias estructurales entre el feudalismo europeo y la crisis multidimensional de la Cuba del siglo XXI. El primero se sustentaba en un modelo jerárquico de extracción de recursos, organizado mediante relaciones de vasallaje y orientado, entre otras funciones, al financiamiento de la guerra. El segundo se articula alrededor de una prolongada confrontación política, económica y geopolítica, en la que la población civil ha sido convertida en sujeto pasivo y amortiguador de los costos del conflicto. En ambos casos, la arquitectura del poder protege a las élites de las adversidades generadas por su propia gestión, sus ambiciones políticas o su posición dentro del orden geopolítico.
El vasallaje se basaba, formalmente, en una promesa de protección a cambio de servicios, obediencia y recursos. Sin embargo, cuando la guerra se convertía en un instrumento de expansión territorial o de consolidación de la nobleza, el costo principal no recaía sobre el señor feudal, sino sobre el campesinado, sometido a una creciente extracción de rentas.
En el sistema feudal, la guerra constituía una de las actividades económicas y políticas fundamentales de la clase dominante. La nobleza no producía directamente bienes de consumo, sino que administraba la fuerza militar, la propiedad territorial y los derechos de extracción sobre quienes trabajaban la tierra. Los gastos de armamento, caballos, fortificaciones y mercenarios se financiaban mediante un sistema tributario que trasladaba el peso material del conflicto hacia las capas subordinadas.
El campesino, sometido al régimen señorial, debía realizar trabajo gratuito en las tierras del señor —la corvea—, entregar una parte de su cosecha como tributo en especie y asumir gravámenes extraordinarios cuando el señor feudal entraba en conflicto con otros poderes. No solo veía sus tierras devastadas por las campañas militares o por tácticas de “tierra quemada”; debía, además, producir el excedente necesario para financiar la guerra y reconstruir posteriormente la economía dañada.
El caballero o el señor feudal podía arriesgar su vida en el campo de batalla, pero rara vez ponía en peligro su supervivencia económica en los mismos términos que el campesinado. Incluso cuando la guerra culminaba en derrota, la estructura de la propiedad y las jerarquías sociales tendían a preservarse. El campesino permanecía atado a la tierra y obligado a reconstruir la economía señorial, cubrir las nuevas deudas y restablecer el flujo de tributos.
Siglos después, en el marco de la confrontación del llamado “Estado socialista” cubano con el capitalismo y con la política exterior estadounidense, la política se presenta como un juego de suma cero en el que la población civil funciona como amortiguador de los impactos económicos derivados de las sanciones, el embargo, las crisis de suministro y las decisiones internas.
Si en el feudalismo el costo principal se extraía de la producción agrícola, en la Cuba actual recae sobre la capacidad básica de subsistencia. La guerra ya no adopta la forma de una batalla de espadas, sino la de un prolongado desgaste económico, político y social. La confrontación entre el Gobierno cubano y sus adversarios externos crea un escenario en el que el “combate” se libra, de manera concreta, en las calles, los hospitales y las mesas de los hogares.
Mientras las decisiones sobre la continuidad del modelo político cubano o la intensidad de las medidas de presión internacional se toman en oficinas climatizadas, sedes institucionales y salones de conferencias, la población experimenta la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles; el colapso de las infraestructuras, expresado en apagones prolongados y falta de agua potable; y la erosión del tejido social, cuyo síntoma más visible es una migración masiva motivada por la imposibilidad de sostener en la Isla una vida digna.
Como el campesino feudal, el ciudadano cubano promedio carece de capacidad efectiva para decidir sobre la “estrategia de guerra”, ya se trate de la resistencia estatal o de la presión ejercida desde el exterior. Sin embargo, es quien absorbe el impacto directo de la fricción entre ambos poderes.
En el análisis de los sistemas de conflicto aparece de manera recurrente una “clase de gestión” que opera en una realidad material distinta de la población que administra. En Cuba, esta separación ha producido una estructura en la que la adversidad no funciona de manera democrática: no afecta por igual a todos los actores involucrados. Surge así una forma de inmunidad de clase que se manifiesta en dos polos diferentes: la élite oficialista en la Isla y determinados sectores de la élite política radicada en el exilio.
Dentro del modelo estatal cubano, la crisis económica y la escasez de recursos —agravadas por el embargo, pero también por las decisiones erróneas y persistentes de la gestión interna— funcionan como un filtro que separa a la estructura de mando de la base social. Mientras para el ciudadano común la “guerra política” se traduce en la búsqueda diaria de alimentos, la gestión de los apagones y la imposibilidad de acceder a servicios esenciales, para la clase gobernante el Estado actúa como un mecanismo de blindaje económico.
Este fenómeno se manifiesta mediante la creación de espacios de exclusividad. El acceso a bienes importados, servicios médicos especializados, mecanismos privados o institucionales de seguridad y productos de consumo de alta gama no se rige por el mercado general —inexistente, desabastecido o atravesado por la hiperinflación—, sino por la proximidad al aparato estatal. La estructura de mando opera bajo una lógica de economía de enclave, relativamente aislada del deterioro cotidiano que afecta al resto de la sociedad.
Mientras la población depende de la libreta de abastecimiento, de las remesas familiares o de un mercado informal extremadamente costoso, las élites políticas acceden a redes de suministro protegidas, a menudo vinculadas con sectores estratégicos del Estado. Mientras la vida del cubano medio queda paralizada por la crisis energética, los centros de mando y las zonas residenciales de la alta oficialidad cuentan con mecanismos de redundancia, prioridad y respaldo destinados a garantizar la continuidad de su funcionamiento y confort.
En este sentido, la “resistencia” promovida por el Estado no es una experiencia compartida de manera igualitaria, sino una resistencia de la estructura. El costo del conflicto se externaliza hacia el cuerpo social. El político no experimenta la carencia en los mismos términos que la ciudadanía: la administra.
El fenómeno de la inmunidad de clase se completa al observar el otro polo del conflicto: determinados sectores de la oposición política radicados en el exilio. Aunque estos actores sostienen una retórica de lucha por la soberanía, los derechos y el bienestar del pueblo cubano, existe una brecha material entre buena parte de ese discurso y las condiciones concretas desde las que se formula. La política del exilio suele operar desde entornos de seguridad jurídica, estabilidad institucional y disponibilidad de recursos que la población de la Isla busca desesperadamente.
Esta asimetría genera una paradoja ética y política. Mientras la política en el exilio se libra principalmente en foros internacionales, medios de comunicación, organizaciones, instituciones y campañas electorales desarrolladas en espacios seguros, la acción disidente en la Isla conlleva riesgos reales de encarcelamiento, vigilancia, pérdida del empleo, hostigamiento y persecución.
El punto de convergencia entre la élite oficialista y ciertos sectores de la política del exilio —aunque persigan objetivos opuestos— reside en su capacidad para neutralizar o abstraer el sufrimiento. En ambos casos, el actor político puede situarse en una posición de ventaja estructural desde la cual las variables de la confrontación —sanciones, escasez, represión o aislamiento— no alteran sustancialmente su capacidad de subsistencia ni su nivel de seguridad.
Esta estructura crea un círculo vicioso. Las clases políticas de ambos polos utilizan la continuidad del conflicto para validar su propia relevancia. Para el oficialismo, la confrontación justifica la centralización del poder y la restricción de libertades bajo la premisa de la “defensa nacional”. Para ciertos actores de la oposición en el exilio, el conflicto puede convertirse en fundamento de identidad, influencia, representación y financiamiento. En ambos escenarios, el cubano común corre el riesgo de quedar reducido a una cifra, a una víctima ejemplar o a un símbolo de sufrimiento, sin ser reconocido como sujeto político con capacidad de decisión sobre las estrategias que condicionan su existencia.
Como el campesino feudal que veía cómo sus cosechas financiaban las ambiciones territoriales de un señor que nunca padecía hambre, el ciudadano cubano habita un espacio donde la política se ejerce desde la seguridad, pero se padece desde la precariedad.
En el orden feudal, la supervivencia material de la nobleza dependía de la extracción directa del excedente productivo. El señor capturaba granos, ganado y fuerza de trabajo del campesinado a cambio de una promesa de protección que, con frecuencia, resultaba insuficiente. En el escenario cubano, este mecanismo de extracción se ha desplazado parcialmente de lo material hacia lo simbólico y existencial. Mientras las élites —tanto el bloque oficialista como algunas estructuras de influencia en el exilio— extraen legitimidad política y capital discursivo de la crisis, la base social experimenta una pérdida constante de sus condiciones de vida.
El “excedente” extraído ya no es solamente el fruto del trabajo. Es también la resiliencia del ciudadano, su capacidad de soportar la escasez, reorganizar la vida familiar y sobrevivir a la precariedad. Esa capacidad de aguante se convierte en moneda política para sostener narrativas de lucha, resistencia o presión.
La disparidad más crítica entre ambos sistemas se manifiesta en la naturaleza del riesgo asumido por cada estrato social. En el conflicto feudal, el riesgo de la élite era predominantemente territorial, militar o de estatus. Un señor podía perder tierras, prestigio o poder, pero su identidad de clase y su lugar dentro de la jerarquía social tendían a permanecer garantizados.
En la disputa política cubana aparece una asimetría semejante, aunque adaptada a las condiciones contemporáneas. Para las élites, el riesgo suele ser profesional, institucional o reputacional: se juega una posición dentro del aparato estatal, una cuota de influencia, una carrera política o una autoridad moral dentro de una comunidad. Para la base social, en cambio, el riesgo es biológico y existencial. Mientras el político arriesga su narrativa, el ciudadano pone en peligro su integridad física, su nutrición, su estabilidad familiar y sus posibilidades de futuro.
La “batalla” política es, para la élite, un ejercicio de gestión de crisis; para la ciudadanía, una lucha contra la entropía de un sistema incapaz de garantizar servicios básicos. Esta disonancia genera una estructura en la que la élite opera en una zona de baja entropía, caracterizada por una relativa estabilidad funcional, mientras la población habita el espacio de máxima exposición a la crisis.
Los objetivos políticos de ambos polos actúan, por tanto, como motores de un conflicto cuyas consecuencias humanas son radicalmente distintas para quienes lo ejecutan y para quienes lo padecen. La preservación del poder estatal y la presión diplomática orientada a provocar un cambio de régimen persiguen, respectivamente, la continuidad del orden vigente o la instauración de un nuevo orden político. Sin embargo, estas metas de alto nivel tienden a relegar la consecuencia humana inmediata: la desarticulación del tejido social.
Si en el feudalismo la consecuencia directa era la servidumbre y la pérdida de autonomía, en el contexto cubano aparece una creciente usurpación de la agencia económica y una fragmentación de la identidad nacional mediante la migración masiva. El desplazamiento de millones de personas debe entenderse no solo como un fenómeno demográfico, sino como la respuesta de una base social que, al verse transformada en el principal recurso de sacrificio de un conflicto sobre el cual carece de control, busca una salida fuera del marco de la disputa.
Un componente fundamental para preservar esta asimetría es la gestión de la percepción del enemigo. Tanto en el vasallaje feudal como en la polarización política cubana, la estabilidad de las estructuras de poder no depende únicamente del uso de la fuerza, sino de su capacidad para construir una narrativa de “amenaza existencial”. Esta construcción cumple una función específica: deshumanizar al adversario y legitimar la imposición de sacrificios desproporcionados sobre la base social.
En el orden feudal, la amenaza de la invasión extranjera o del “infiel” funcionaba como recurso retórico para justificar la extracción de tributos y la movilización de la mano de obra campesina. Bajo la promesa de protección frente a un enemigo externo omnipresente, el señor feudal lograba presentar la precariedad del campesinado como una contribución necesaria a la seguridad colectiva. El sufrimiento del siervo no se interpretaba como una falla del sistema, sino como una virtud de resistencia frente a la amenaza exterior.
En el contexto cubano contemporáneo, esta lógica se reproduce mediante la construcción de un enemigo binario y absoluto. Para el bloque oficialista, el adversario es el “imperio”, el embargo o la “agresión externa”: una entidad presentada sin matices, cuya existencia permite justificar la escasez, la falta de libertades y el deterioro de los servicios públicos como componentes inevitables de la “resistencia patriótica”. Para las estructuras políticas más polarizadas del exilio, el enemigo es el régimen opresor, concebido en ocasiones de manera igualmente absoluta. En ambos casos, la retórica de la amenaza permite desplazar la discusión sobre la responsabilidad de las élites y convertir la carencia material en una forma de sacrificio político.
La deshumanización transforma al adversario en un ente abstracto y maligno, y produce una consecuencia directa sobre la percepción de las personas concretas. Cuando el conflicto se eleva a la categoría de guerra existencial, la vida cotidiana deja de ser tratada como un ámbito de derechos y se convierte en una variable de combate.
Si el enemigo representa una amenaza permanente para la supervivencia de la nación o de la causa, cualquier medida de austeridad extrema, restricción de derechos o privación material puede presentarse como una necesidad táctica. De este modo, el poder intenta que la población no responsabilice a sus líderes por la miseria, sino que interprete su propia precariedad como una trinchera.
La deshumanización del adversario permite que las élites operen dentro de una zona de impunidad moral. El sacrificio de la población deja de ser entendido como un fracaso de la política económica o como una violación de derechos y pasa a representarse como un “costo de guerra” aceptable para evitar la derrota frente al enemigo construido.
Este mecanismo retórico produce, además, un efecto devastador: la ruptura de la solidaridad horizontal entre los integrantes de la base social. Al categorizar a quienes no comparten la narrativa de resistencia como parte del “enemigo”, colaboradores o “traidores”, se destruye la capacidad colectiva de articular demandas comunes.
La deshumanización no se dirige únicamente hacia el enemigo externo, sino que termina permeando la percepción del adversario interno. Esto fragmenta el tejido social, impide que el ciudadano reconozca en el dolor de su vecino una experiencia compartida y lo obliga a verlo como una amenaza, un aliado del enemigo o un obstáculo para la victoria.
En última instancia, esta fragmentación constituye uno de los mayores éxitos de la política de la asimetría. Una población dividida por la sospecha, la polarización y el miedo encuentra mayores dificultades para cuestionar la legitimidad de las élites que, bajo el pretexto de la defensa o la liberación, continúan gestionando sus privilegios a costa del sacrificio ajeno.
La comparación entre el vasallaje y la actualidad del pueblo cubano intenta trascender la mera analogía histórica para proponer una comprensión estructural de la forma en que se reproducen los sistemas de poder en condiciones de extrema asimetría. Al despojar estos fenómenos de su barniz ideológico, emergen tres conclusiones fundamentales que permiten reconsiderar la relación entre estabilidad, conflicto y crisis en sociedades altamente polarizadas.
La primera es que la crisis no constituye necesariamente un estado de falla, sino que puede convertirse en una característica operativa del sistema. Mientras la teoría política clásica concibe el contrato social como un acuerdo de reciprocidad —protección y orden a cambio de obediencia y tributo—, en ambos modelos se observa la desarticulación de esa reciprocidad.
Tanto en el orden feudal como en los sistemas de polarización extrema, el poder deja de garantizar seguridad material o bienestar y ofrece, en su lugar, una forma de “seguridad existencial” basada en el miedo. El contrato social es sustituido por un pacto de supervivencia bajo asedio. En este escenario, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser administrado como recurso de resistencia.
La legitimidad ya no emana de la capacidad del poder para producir bienestar, sino de su capacidad para señalar un enemigo común. De este modo, las élites pueden perpetuar su dominio incluso —y, en determinados casos, especialmente— en condiciones de precariedad extrema.
Una segunda conclusión es la existencia de una asimetría de clase camuflada. La retórica de la igualdad —ya sea la supuesta cohesión orgánica de la sociedad feudal o la igualdad ideológica proclamada por el proyecto revolucionario— funciona como mecanismo de ocultamiento de las jerarquías reales.
Persiste una estructura de casta en la que el acceso a los recursos, la información y el poder no depende del mérito ni de la igualdad formal, sino de la proximidad al centro de mando. La “igualdad” actúa entonces como una herramienta de homogeneización destinada a desarmar la conciencia de clase de la población.
Al imponer una narrativa de identidad colectiva frente a un enemigo externo, se dificulta que la base social identifique la brecha creciente entre la élite que administra la crisis y la población que la padece. La estructura de clases no desaparece: se vuelve menos visible y, precisamente por ello, adquiere una mayor capacidad de reproducción y resistencia frente al cambio.
Por último, resulta necesario abandonar la visión de la crisis cubana como un simple “período de transición” o como un “error de gestión” y comenzar a examinarla como un modelo de gobernanza basado en la administración de la escasez y del conflicto. En los sistemas de alta polarización, la crisis no siempre es un problema que el poder intenta resolver. Puede convertirse en una condición que necesita gestionar para preservar su posición.
La pregunta central, por tanto, no es solamente cuándo terminará la crisis, sino quiénes la utilizan como instrumento de orden, legitimidad e influencia, y quiénes han sido convertidos en sus víctimas necesarias.
