El pasado 8 de agosto, catorce delegaciones de países miembros y socios de los BRICS cerraron la XI Reunión de Ministros de Cultura del grupo, tras la adopción de la Declaración de Bhopal (India). Representaciones de Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, junto a las naciones socias de Bielorrusia, Cuba, Kazajistán y Tailandia, culminaron un proceso de reuniones ministeriales sobre cultura que se llevaron a cabo desde abril del presente año.
En este marco, el jefe de la delegación cubana, Juan Marsán, retomó uno de los argumentos diplomáticos más persistentes en el discurso exterior del país. Sostuvo que el embargo de Estados Unidos “perjudica el funcionamiento de instituciones culturales y educativas, la actividad de los creadores y la posibilidad de adquirir tecnologías y equipos necesarios para conservar el patrimonio y desarrollar proyectos artísticos”. Al mismo tiempo, presentó la cultura como “pilar de la identidad”, derecho humano y herramienta de paz, inclusión y bienestar. Como tercer punto, abordó la posibilidad de que Cuba ampliara intercambios artísticos y académicos con los BRICS.
Intervención de Marsán en la XI Reunión de Ministros de la Cultura, BRICS. Imagen: Prensa Latina (2026).
Comunión de narrativas con el imaginario político de la precariedad en Cuba
La arquitectura discursiva de la Cumbre la presenta como un espacio orgánico para varios de los postulados ya recurrentes en el mensaje oficial cubano. La presidencia india había colocado el encuentro bajo la consigna de resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad; por su parte, la Declaración de Bhopal priorizaba la economía creativa, la restitución de bienes culturales y la protección de conocimientos tradicionales, entre otros mecanismos “justos y equitativos”.
En medio de una crisis multifactorial, producto de años de medidas personalistas y administraciones fallidas, el imaginario político cubano utiliza la narrativa de sobrevivencia para presentarla como ingenio y creatividad, en aras de defender una soberanía inexistente y, si acaso, enunciada unilateralmente desde el Gobierno. En un momento de insolvencia total, las autoridades cubanas buscan pactos más de subvención que de cooperación; una actitud derivada de un sistema establecido sobre mecanismos neopatrimonialistas y un profundo desinterés gubernamental. En este escenario, el foro no examina la censura oficial ni la necesaria independencia de las instituciones artísticas, mucho menos se pronuncia sobre los artistas que cumplen condena por pedirla. Al contrario, es un ecosistema diplomático cómodo para el gobierno cubano, con un vocabulario dominante sobre la memoria, el patrimonio y la creatividad que dice defender.
El pináculo de la supuesta resistencia cubana es la confrontación histórica contra Estados Unidos; oportuna en un evento que busca recalcular la corrección de fuerzas internacionales hacia un predominio de autocracias, justo frente a la influencia estadounidense. Esta lectura excluyente es la plataforma ideal para Cuba. Sin embargo, si bien las sanciones estadounidenses pueden restringir materialmente el ejercicio de derechos culturales y educativos, es el Estado cubano el que ha perseguido y coartado de manera política, simbólica y jurídica esos mismos derechos desde dentro. Es importante aclarar al respecto que este régimen de sanciones no equivale a una prohibición absoluta de actividades culturales; la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense mantiene autorizaciones generales y diversos programas educativos de la oficialidad cubana se beneficiaron en años pasados de colaboraciones con su supuesto “archienemigo”.
Delegaciones reunidas en BRICS. Imagen: La Jiribilla (2026).
Incluso si se tomara como verdad total la restricción externa de los derechos culturales, ¿cómo justificarían las autoridades de la Isla la defensa declarada de la cultura como “derecho humano esencial” ante la evidencia expuesta por años por el ODC sobre la coerción a la libertad cultural de sus ciudadanos? Para el gobierno cubano, los derechos culturales comienzan donde se canaliza financiamiento para la manutención de instalaciones que su administración no es capaz de resolver y finalizan ante cualquier cuestionamiento de la obra artística al statu quo. Aunque el sujeto del derecho no es el Ministerio de Cultura ni “la nación” entendida como una abstracción estatal, sino el artista y su obra, las políticas culturales en autoritarismos borran esta distinción. Se transforman derechos culturales individuales y colectivos en soberanía cultural del Estado, de manera que una crítica al Gobierno pueda ser presentada como una agresión contra la cultura nacional.
La XI Reunión ofrece así una dinámica estructural que hace posible la legitimación autoritaria. Por un lado, la diplomacia cultural reúne a Estados en igualdad protocolaria y concentra su agenda en postulados vanguardistas y benevolentes; por otro, deja fuera la libertad e independencia frente al Estado. Esta es una puesta en escena ya alertada por el ODC, donde los gobiernos represivos obtienen un espacio en el que pueden presentarse primordialmente como protectores de la culturay no ser criticados como reguladores o censores de sus productores.
El ODC no pretende presentar a los BRICS como un bloque autoritario antioccidental, sería una interpretación pobre. El desarrollo del grupo ha producido una reunión heterogénea de democracias, sistemas híbridos y gobiernos autoritarios; economías con intereses divergentes; aliados de Estados Unidos y adversarios estratégicos de Washington. Esta falta de homogeneidad —incluso sobre puntos puntuales de intervención territorial o influencia ideológica— llega a ser también un atractivo para Cuba, que asegura la entrada a deliberaciones en las que, de otro modo, no estaría invitada. Se debe recordar también que la aproximación institucional de Cuba a los BRICS como país socio se consolidó bajo la presidencia rusa en una cumbre organizada por Moscú, en un momento en que Rusia impulsaba activamente la ampliación del bloque como plataforma de un orden internacional “multipolar”.
Si la adhesión en los BRICS no exige convergencia democrática, el foro resulta atractivo para gobiernos que desean cooperación, financiación, reconocimiento o visibilidad internacional sin someterse a mecanismos políticos comparables a los de organizaciones cuya pertenencia está vinculada, al menos formalmente, a cláusulas democráticas. La Habana no necesita, por tanto, persuadir a todos los participantes de que su sistema político es deseable. Le basta con insertar su narrativa dentro de un consenso más amplio en torno a la soberanía, el rechazo de medidas coercitivas unilaterales, el multilateralismo y la necesidad de equilibrar el peso de Occidente. A su vez, se ubica dentro del paraguas del denominador común de la organización; a saber: la aspiración a aumentar el peso de los países no occidentales en las instituciones internacionales y reducir la concentración de poder en estructuras dominadas por Estados Unidos y Europa.
Miguel Díaz-Canel solicita en su momento la incorporación de Cuba al grupo. Imagen: Radio Miraflores (2024).
Desarrollo de concilio cultural como poder blando en los BRICS
Una breve mirada hacia la diplomacia cultural de los BRICS puede mostrar una evolución hacia una red más estructurada y recurrente de festivales, reuniones ministeriales y mecanismos de cooperación destinados a desarrollar poder blando y a reequilibrar las narrativas globales. Así, la cultura se convierte en excusa, bandera y dimensión institucional de su proyección internacional. Ejemplo de esta retórica tuvo lugar recientemente durante la presidencia brasileña de 2025, cuando el Ministerio de Cultura de Brasil presentó el trabajo cultural de los BRICS como un instrumento para fortalecer el multilateralismo y permitir que los países del Sur Global proyectaran mayor capacidad de concertación. El tema general del pasado año buscó aunar esfuerzos para convertir la cultura en un eje estructural de la cooperación multilateral, al mismo nivel que los establecidos en las ramas de salud, economía, ciencia o educación.
Luiz Inacio Lula da Silva durante una rueda de prensa en la reunión de los BRICS. Imagen: El País (2025).
Ninguna de esas posiciones es, en sí misma, autoritaria. La restitución del patrimonio colonial, la diversidad cultural, la remuneración de los creadores y una mayor representación del Sur Global pueden constituir una demanda legítima con objetivos compatibles con un orden democrático y de derechos humanos. Pero la heterogeneidad de esta constelación de países es su principal debilidad. En el seno de los BRICS conviven democracias liberales y dictaduras con distintas prioridades y reivindicaciones, así como intereses nacionales ambivalentes.
El peso del expansionismo totalitario de Moscú y Pekín y sus acólitos es la mayor muestra. En este (des)balance, conceptos legítimos como soberanía, descolonización, identidad, tradición, no injerencia, se convierten en un vocabulario de blindaje de políticas culturales iliberales que buscan la instrumentalización de la cultura para fijar interpretaciones oficiales de la historia, fortalecer valores definidos por el poder, polarizar el espacio cultural, amplificar narrativas políticamente convenientes, y reducir el espacio disponible para el disenso.
La capacidad de atracción internacional no es propiedad exclusiva de un signo ideológico, los regímenes autoritarios también intentan generar legitimidad, modelos imitables y redes de afinidad mediante narrativas sobre soberanía, estabilidad, valores tradicionales, modernización o resistencia al predominio occidental. Esa atracción depende tanto de la estrategia del régimen emisor como de las preferencias de las audiencias a las que se dirige. En este caso, una ciudadanía cultural creciente, proclive al activismo político, que encuentra atractiva la no alineación con políticas dominantes y que se funda en la doctrina antimperialista.
En ese sentido, Cuba no necesita exportar su línea dura, sino una interpretación menos ambiciosa, donde la crítica exterior se equipara fácilmente con dominación y las preguntas sobre libertad individual quedan subordinadas a soberanía, identidad y justicia internacional. Pero la Isla no es el único caso; miembros permanentes arrojan similares contradicciones maquilladas en la diplomacia cultural:
Los casos no son equivalentes, pero la convivencia de lo descrito más arriba, bajo una arquitectura diplomática basada en soberanía, consenso y “respeto mutuo”, genera una consecuencia institucional de permisibilidad. Los mecanismos internos que dieron paso a acuerdos como el Registro Voluntario de Artistas evidencian esa ambivalencia. Si bien se promete como una herramienta útil para circulación profesional y oportunidades transfronterizas, tal como explicó Nueva Delhi, desde una perspectiva de derechos culturales, la cuestión decisiva sería quién puede incorporarse, bajo qué criterios y con qué garantías. Un mecanismo de intercambio entre Estados solo amplía verdaderamente la libertad cultural cuando también es accesible a creadores independientes, críticos y no alineados con sus autoridades nacionales; algo que es aún una quimera en varios de los países firmantes.
El ODC alerta sobre el contexto diplomático en los BRICS, que, si bien no favorece una doctrina cultural autoritaria única, permite una amplia coexistencia de regímenes políticos, reduce los incentivos para que un Estado cuestione la política interna de otro y facilita la influencia iliberal en otros territorios. Un gobierno no puede reclamar pluralismo internacional y negarlo a nivel nacional; no puede exigir que Washington respete su soberanía mientras niega la de sus artistas; no puede defender la diversidad de civilizaciones al mismo tiempo que limita la diversidad de discursos dentro de sus fronteras. Los dos planos, descolonización exterior y libertad interior, no se sustituyen entre sí.
El ODC recuerda que un derecho cultural invocado frente a una potencia extranjera no puede dejar de ser igualmente exigible frente al propio Estado. Una política de derechos culturales coherente debe rechazar este falso dilema, debiendo confirmar a todos los gobiernos —occidentales o no— que la soberanía cultural pertenece a las personas, no a los ministerios que hablan en su nombre.
