Colaboración rusa y autocratización de audiencias en Cuba

El pasado 21 de abril se firmó en La Habana un acuerdo bilateral entre dos grupos televisivos: Canal Habana, por la parte cubana, y la televisora de San Petersburgo, por la parte rusa. El pacto fue anunciado como una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre ambas ciudades y a ampliar la cooperación en el ámbito audiovisual. El convenio fue suscrito por Erduy Varela Cruz, director general de Canal Habana, y Ekaterina Khodarinova, su homóloga en la entidad televisiva de San Petersburgo. En el acto, también participaron representantes del Gobierno de La Habana y de la misión diplomática rusa, quienes convinieron en el intercambio de programas culturales, informativos y deportivos, la producción conjunta de programas de televisión y documentales, así como la organización de pasantías, clases magistrales y otras actividades de formación profesional.

Directivos de Canal Habana firman el acuerdo. Imagen: página oficial de Facebook de Canal Habana (2026).

Este acercamiento cultural no es nuevo, sino que parte de una arquitectura de influencia que Rusia viene desplegando en Cuba y en América Latina mediante medios estatales, programas educativos, cooperación cultural, formación de comunicadores y narrativas compartidas, ya reportada por el ODC. Cabe señalar que este acuerdo nace de dos países cuyos sistemas mediáticos están controlado por el Estado, donde la televisión pública no opera como espacio plural y donde los pactos internacionales en materia cultural rara vez son sometidos a escrutinio público, transparencia contractual o evaluación independiente sobre sus implicaciones.

En este sentido, y desde la perspectiva de los derechos culturales, puede percibirse una vía formal para que contenidos, formatos, narrativas, métodos de producción y redes profesionales reproduzcan metodologías de información y propaganda sin demasiadas fronteras visibles. Esta ambigüedad es precisamente una de las marcas contemporáneas del poder blando autocrático, sobre todo desde la diplomacia cultural. Allí donde antes podía distinguirse la imposición doctrinaria, hoy día la cultura opera como superficie de legitimación (festivales de cine, talleres de periodismo, activismo oficialista, intercambios educativos, cooperación tecnológica) para la construcción compartida de narrativas y actores de influencia iliberal.

Entrada de Canal Habana. Imagen: ODC (2026).

El ODC considera necesario analizar este tipo de cooperación desde el contexto actual de la Isla y sus implicaciones para la audiencia cubana. El Observatorio ha destinado especial atención a la modificación de la ciudadanía cultural dentro de la crisis multifactorial. El país atraviesa una crisis prolongada de recursos, infraestructura, legitimidad y comunicación pública, tanto doméstica como hacia el exterior. Este deterioro aumenta los incentivos para aceptar cooperación externa de aliados estratégicos como Rusia, entre otros países que ofrezcan recursos simbólicos, técnicos y diplomáticos para una narrativa geopolítica afín al gobierno cubano.

Antecedentes y patrón regional

El acuerdo Canal Habana-San Petersburgo se suma a una amplia secuencia en los últimos años, con ensayos de colaboración entre Sputnik y medios oficiales cubanos como Cubadebate. Asimismo, el Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba ha firmado convenios de cooperación con la agencia rusa y anunciado programas y espacios radiales conjuntos, entre otros ejercicios de estrategia mediática y audiovisual. A ello se añade la promoción del idioma ruso en la televisión cubana y el anuncio de su reintroducción como principal lengua extranjera en el sistema educativo.

¿Qué ocurre cuando la diplomacia cultural así diseñada procede de un régimen autoritario, se canaliza a través de medios estatales, se inserta en sistemas comunicativos sin pluralismo real y se vincula a una estrategia internacional de disputa informativa marcada por la desinformación, la guerra narrativa y la defensa de pactos iliberales? ¿Qué tipo de cooperación se está construyendo, con qué niveles de transparencia, bajo qué condiciones editoriales, con qué consecuencias para el derecho ciudadano a recibir información diversa y con qué papel dentro de la estrategia rusa de presencia regional?

En América Latina, esa estrategia se ha desplegado con especial fuerza en países donde los gobiernos mantienen relaciones de alianza política con Moscú o comparten una retórica antioccidental: Cuba, Nicaragua y Venezuela aparecen como nodos principales de esa red. Al menos en los últimos cinco años, Rusia ha reforzado una arquitectura de influencia en la región basada en la presencia de medios como Sputnik, RT en Español y TV BRICS. En paralelo, estos medios persiguen capacitación profesional con el personal destinado al intercambio. Por ejemplo, el Programa RT CompaRTe difundió que había formado a más de 1 000 periodistas y trabajadores de medios de Argentina, México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Guatemala, Panamá y Chile. En investigaciones recientes, los grupos ColombiaCheck y Factchequeado han sostenido, sin embargo, que los talleres estuvieron destinados a “influenciadores” para fortalecer un lado polarizado de la llamada “guerra de información” que, desde La Habana, Caracas y demás gobiernos, dicen sostener contra valores liberales de Occidente.

Influencer oficialista cubano El Necio junto al periodista del Kremlin. Imagen: @TernovskyVictor (2026).

Hablamos de ecosistemas mediáticos de por sí homogenizados, sin transparencia contractual ni revisores plurales. La restricción efectiva de la diversidad asegura en estas confluencias un alineamiento político que erosiona el perfil de sus audiencias a la vez que amplifica una narrativa monolítica, sin dejar de ser atractiva para nuevas generaciones. Es el caso, por ejemplo, de una juventud que retoma cláusulas antimperialistas contra Estados Unidos, pero defiende las ocupaciones del ejército ruso, a fuerza de redefinir narrativas y conceptos ahora sujetos a interpretación. Pongamos, como referencia, que el Estado cubano por décadas persiguió y condenó cualquier alusión al término “sociedad civil” en tanto se refería a activistas, periodistas, artistas independientes, hasta que lo monopolizó para reetiquetarlo desde la movilización de agentes oficialistas y orgánicos a sus mandatos.

La socialización profesional entre medios rusos y cubanos revela un mecanismo de diplomacia entre ciudades, que son normalmente respaldadas por Estados como forma de acción de política exterior. Así, esta gramática diplomática estuvo acompañada por la entrega de un cargamento humanitario de medicamentos preparado por el Gobierno de San Petersburgo y entregado al Ministerio de Salud cubano. Igualmente, meses antes, se habían promocionado las clases de ruso integradas en la programación televisiva de verano; y, en marzo de 2026, el Ministerio ruso de Educación anunció que ese idioma introducido como primera lengua extranjera en las escuelas cubanas a partir del curso 2026-2027. La propia prensa oficial rusa informó también de la multiplicación de centros de esta lengua en la Isla.

Cobertura de la entrega de medicamentos. Imagen: canal de Telegram: EmbRusCuba (2026).

Mientras IdeasMultimedios agrupa a todos los medios oficialistas que realizan asesinato de reputación a figuras e iniciativas independientes y criminaliza proyectos incómodos, pacta para intercambio profesional y de recursos materiales con Sputnik, haciéndose eco del oficialista ruso. Esta ha sido la misma estrategia en Venezuela (con TeleSUR) y en Nicaragua (con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía y Radio Sandino).

Cinta interactiva de IdeasMultimedios. Imagen: ideasm.cu (2026).

Entre otros acercamientos en la región, destacan los siguientes:

Convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Venezuela, y la Agencia de Noticias rusa Sputnik. Imagen El Nacional (2024).

La pauta regional analizada por el ODC resulta en la combinación de tres mecanismos. Primero, interoperabilidad entre medios estatales y diplomacia: embajadas, ministerios y canales públicos legitiman acuerdos a través de eventos culturales y políticas, a la vez que facilitan acceso a plataformas nacionales. Segundo, pedagogía técnica: talleres sobre periodismo, IA, redes o verificación crean capital profesional, afinidad y dependencia relacional. Tercero, “lavado” narrativo: el mensaje ruso se reempaqueta y reproduce a través de voces locales, de modo que parece orgánico y atractivo para sus audiencias.

Más allá del tipo de acuerdo, sus comportamientos son muy similares:

Anuncios sobre los convenios son mayoritariamente accesibles en posts diplomáticos, canales de Telegram, notas estatales breves o coberturas secundarias; rara vez se publican los textos completos de los convenios, sus anexos técnicos, presupuestos, métricas de distribución o cláusulas de rescisión.
Prácticamente ninguno de los comunicados revisados menciona independencia editorial, protección de datos, conflictos de interés o evaluación de impacto en derechos humanos.
La contraparte rusa suele aportar entrenamiento, tecnología, distribución y narrativa estratégica, lo que le permite fijar agenda con más facilidad que a sus socios locales y deja al descubierto una importante asimetría en la toma de decisiones.

Fuera del eje Cuba-Nicaragua-Venezuela, la estrategia también ha perseguido otros mercados, como Chile, en donde RT en Español ocupó gran parte de una señal de televisión abierta en junio de 2025; acción que activó objeciones políticas y regulatorias que llevaron a su clausura en abril de 2026 por enfrentar “un riesgo a la democracia, la paz y el pluralismo”. Asimismo, en México, el grupo Factchequeado documentó talleres, campañas de promoción y nodos de republicación de contenido ruso.

¿Qué ocurre entonces en países como Cuba, sin un marco regulatorio independiente del Estado que vele por el contenido audiovisual que consume su población; donde la ciudadanía aún no está del todo alfabetizada digitalmente como para filtrar fuentes alternativas y donde la red de propaganda estatal continúa estando sumamente centralizada?

El ODC llama la atención sobre los peligros que representan este tipo de acuerdos en sistemas públicos cerrados o hipercentralizados y con medios estatales directamente implicados en la estrategia geopolítica autocrática. El Observatorio alerta sobre el impacto de la presencia sostenida y privilegiada de un actor estatal extranjero en parrillas públicas, medios y programas escolares, mientras los mecanismos de control cívico, diversidad editorial y crítica independiente permanecen censurados o criminalizados. Además, advierte sobre las ya constatables redes de afinidad, destrezas y circulación que el Kremlin construye desde tácticas rentistas y colonizadoras.

El ODC subraya que este análisis no busca invalidar el valor intrínseco del intercambio cultural ruso; pero superpone su lectura a la defensa de los derechos culturales y a la exigencia de pluralidad y autonomía. Por ello, el Observatorio continúa exigiendo un marco normativo internacional que permita distinguir entre intercambio legítimo e instrumentalización política. Es indispensable que acuerdos de cualquier naturaleza promuevan la diversidad efectiva de voces que permitan ampliar repertorios y autonomía, y garanticen reciprocidad real, así como información contrastable.

El ODC recuerda que los derechos culturales no se reducen al acceso a contenidos ni a la circulación de productos artísticos. Implican diversidad, libertad de creación, participación, autonomía crítica y posibilidad de disputar sentidos en condiciones de pluralidad. Cuando un acuerdo cultural fortalece la capacidad de un Estado extranjero autoritario para intervenir en un espacio público ya cerrado, pareciera aumentar la oferta cultural formal, pero en realidad contribuye a estrechar su recepción. En este sentido, cabe diferenciar entre protección patrimonial y alineamiento político, entre intercambio cultural y consolidación de influencia iliberal.