El patrimonio cubano, entre fallidas políticas públicas y dinámicas de sobrevivencia popular

El patrimonio cultural cubano ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de bienes arquitectónicos, inscrita en un proceso más amplio de deterioro habitacional urbano. En este contexto, se acumulan incidentes —derrumbes, incendios, ocupaciones informales, abandono prolongado— que no solo afectan viviendas, sino que comprometen gravemente inmuebles de valor histórico y cultural. Casas natales, museos y edificaciones públicas vinculadas a figuras e iniciativas fundacionales de la nación revelan un patrón recurrente: el deterioro comienza con fallas constructivas persistentes y culmina, con frecuencia, en la pérdida funcional o el desahucio definitivo del espacio.

Estos desenlaces no pueden leerse como eventos aislados, sino como resultado de condiciones estructurales. Por un lado, las insuficientes políticas de mantenimiento, conservación y gestión patrimonial; por otro, una creciente dependencia de esquemas de financiamiento externo —especialmente vinculados al turismo— que operan bajo lógicas selectivas y extractivas. Esa combinación ha generado una conservación fragmentaria, donde ciertos enclaves son priorizados mientras amplias zonas patrimoniales quedan expuestas al desgaste. La profundización de la crisis multifactorial —marcada en este caso por escasez de materiales, crisis energética y contracción del turismo urbano— ha intensificado estas dinámicas, agravando las consecuencias del inmovilismo estatal.

En este escenario, el Observatorio de Derechos Culturales considera pertinente examinar algunos de los casos más emblemáticos documentados, poniéndolos en diálogo con el marco jurídico vigente en materia de protección patrimonial. Este contraste permite no solo identificar brechas de implementación, sino también interrogar las implicaciones de la precariedad económica generalizada sobre el ejercicio efectivo de los derechos culturales, en particular el derecho a la memoria, al acceso y a la participación en la vida cultural a través de los inmuebles afectados.

Ruinas del ISDI durante su demolición (2026), Archivo ODC.

En lo que va de año, desde el incendio en la Iglesia de los Padres Escolapios, en Guanabacoa —documentado por el Observatorio^[1]—, hasta el desplome y posterior demolición del antiguo edificio del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDi) en Centro Habana, se hace evidente una tendencia de erosión acelerada del valor institucional, arquitectónico y cultural en la capital y también en el país. Estos sucesos no responden a contingencias aisladas, sino a la convergencia de desatención estatal, presión social y deterioro económico sostenido, que reconfiguran el destino de inmuebles con significación histórica.

El caso de Guanabacoa, junto a otros como el incendio en los predios de la parroquia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, en Centro Habana, evidencia la exposición diferencial del patrimonio material ubicado en zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica. En estos entornos, el compromiso estructural de los inmuebles se combina con condiciones urbanas adversas —hacinamiento, sobrecargas constructivas, ausencia de mantenimiento periódico— que incrementan el riesgo de pérdida. A ello se suma el impacto directo sobre bienes religiosos y comunitarios, cuya destrucción implica no solo daño material, sino interrupción de prácticas culturales y redes de sociabilidad local.

En los últimos años, a este cuadro se suman factores específicos como la acumulación de desechos en áreas próximas a inmuebles patrimoniales, resultado de la casi inexistencia de los servicios públicos de saneamiento. Ante la proliferación de vectores, los propios vecinos han recurrido a la quema de basura como mecanismo de control, generando incendios que, en contextos de alta densidad y deterioro constructivo, pueden propagarse hacia edificaciones colindantes. Este desplazamiento de funciones —del Estado hacia prácticas comunitarias de supervivencia— expone una crisis de gestión urbana, a la vez que sitúa al patrimonio en una zona de riesgo permanente. Se trata de una conservación cultural que depende cada vez menos de políticas públicas y más de dinámicas precarias de contención cotidiana.

En el caso del extinto ISDi, cabe mencionar que, antes de ser derribado completamente, fue saqueado sistemáticamente al quedar sin atención o custodia formal. Una situación aprovechada por personas en las cercanías, para sustraer todo tipo de recursos, desde archivos históricos que formaban parte del patrimonio del instituto hasta muebles y marquetería. Ante la desprotección obvia del inmueble, denuncias varias en redes reclamaron en su momento una intervención estatal que nunca llegó sino para demoler el lugar.

Esto no se reduce a instituciones de valor sociocultural, edificaciones de viviendas de similar significado histórico muestran mayor exposición a estos peligros. Póngase de ejemplo el edificio Arcos, levantado en 1930 dentro de una furnia en el barrio del Vedado. Con más de 70 apartamentos originales, una de las construcciones más curiosas de La Habana se encuentra presenta un avanzado estado de deterioro, solo contenido por la acción atomizada de algunos vecinos.

Edificio Arcos (2026), Archivo ODC.

El deterioro sostenido, impulsado asimismo por la venta ilícita de panteones, la falta de saneamiento y el vandalismo obran similar impacto en la Necrópolis de Cristóbal Colón, otrora considerada el museo al aire libre más grande y preservado de Hispanoamérica, cuyos miles de mausoleos, capillas, panteones, galerías y osarios, con componentes escultóricos, de herrería y vidrio, distinguían por su valor patrimonial.

Capilla Lasa-Baró en avanzado estado de deterioro (2025), Archivo ODC.

En este sentido bien valdría rescatar la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982), que sostiene que los signos visibles de deterioro —una ventana rota, basura acumulada, edificios abandonados— generan un entorno que facilita la expansión de conductas incívicas y delictivas. Allí donde el desorden no atendido comunica ausencia de atención, las normas sociales son espejo de la falta de representatividad de las instituciones, en este caso culturales. Es el caso, por ejemplo, de intervenciones vandálicas en el Parque Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, en Camagüey, que provocaron daños al mobiliario urbano del paseo.

Grafitis en el parque histórico (2026), CiberCuba.

En el caso cubano, esta teoría puede emplearse como un marco interpretativo para comprender cómo el deterioro visible del patrimonio no solo refleja la crisis, sino que también contribuye a reproducir dinámicas de desprotección y desposesión, debilitando el cuidado colectivo de los espacios culturales e incluso generando riesgos letales. Un ejemplo ilustrativo es el de la Casa de las Cariátides, obra del maestro de obras catalán Claudio Muns Piqué a inicios del siglo XX y una de las expresiones modernistas más singulares de Camagüey, adscrita a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Su prolongado estado de depreciación estructural derivó en 2023 en un desenlace fatal, cuando el desprendimiento de un fragmento del inmueble provocó la muerte de un transeúnte, evidenciando cómo la erosión patrimonial también llega a convertirse en un problema de seguridad pública.

Casa de Las Cariátides (circa 1910-1920), detalle (2020).
Fuentes: páginas de Facebook Camagüey en los recuerdos y Camagüey Antiguo.

En la Habana Vieja, el problema adquiere una dimensión adicional: la vivienda se pierde dentro de un espacio patrimonial sometido simultáneamente a turistificación, restauración selectiva y ruina residencial, ya reportado por el ODC.^[2] La propia Oficina del Historiador afirmó en 2018 que su Plan Especial hasta 2030 buscaba conservar el carácter residencial del Centro Histórico, pero una gran parte de los inmuebles del Centro Histórico eran rehabilitados mayoritariamente para usos turísticos o comerciales, mientras que aumentó la degradación del fondo residencial no priorizado. Pero son en las históricas calles de Lamparilla, Compostela, Muralla o Aguiar donde conviven mayor cantidad de edificios patrimoniales, cada vez más intervenidos o abandonados. De hecho, en estas locaciones se repite el patrón de derrumbes graves con consecuencias mortales asociados al compromiso estructural preexistente. Este ha sido el caso de Lamparilla no. 368 (2023), Compostela no. 568 (2025), Habana no. 429 (2015), Ángeles en Monte (2021), entre otros ejemplos donde suman varios heridos y fallecidos.

Fachada art nouveau en deterioro. Fuente: página de Facebook Fotos de La Habana (2020).

Este peligro acecha también la integridad de estructuras públicas como el puente Almendares, una vértebra principal del tráfico capitalino que hace dos años se mantuvo un largo periodo con parte del soporte expuesto. Construida en 1911, esta conexión en la extensión de la calle 23 representa una obra pionera de la ingeniería cubana como uno de los primeros viaductos de hormigón armado en el país. Cuando de viandantes se trata, la calle Monte, otra vía expedita de antiguo esplendor comercial y aristocrático, es otro monumento de la ruina y la inseguridad estructural para su paso. Por tanto, no se trata únicamente de edificaciones específicas, sino de territorios patrimoniales en proceso de descomposición en la capital: como Centro Habana, La Habana Vieja no priorizada, Regla, Guanabacoa; una erosión material de la memoria urbana que se replica en cada cabecera de provincia.

Respaldo jurídico, otra fachada en deterioro

Cuba cuenta con un marco legal, supuestamente amplio, para proteger el patrimonio cultural, que ha sido sistemáticamente revisado por el ODC. La misma Constitución de 2019 establece que el Estado “vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación”. Para ello cuenta con la Ley 155/2022 (Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y Natural) que incorpora incentivos y responsabilidades administrativas en la protección jurídica del patrimonio. Asimismo, el Código Penal (Ley 151/2022) tipifica el daño al patrimonio cultural o natural en su artículo 244 al penalizar los daños a bienes culturales y la extracción ilegal de patrimonio, con penas de multa o cárcel. En adición, el Decreto 118 (1983) regula la protección de monumentos nacionales y locales, así como normas técnicas de conservación históricas, donde los propietarios (estatales o privados) de inmuebles patrimoniales están obligados a mantenerlos en buen estado y a reportar daños, bajo pena de sanciones.

Sin embargo, la no separación de poderes en Cuba y el divorcio de compromisos interinstitucionales para con lo público generan todo tipo de vacíos legales donde el Estado siempre queda protegido vs. la acción social es rápidamente criminalizada. Tampoco existe transparencia respecto a inspecciones técnicas ni mecanismos de exigibilidad para familias de bajos presupuestos, quienes claramente no pueden afrontar la conservación activa sin apoyo de la administración oficial.

La crisis multifactorial que atraviesa el país ha reducido de forma drástica los recursos destinados a la restauración cultural, al tiempo que incrementa los riesgos asociados a la desprotección institucional. El deterioro avanzado de la infraestructura urbana, la inseguridad hídrica, el estado precario del alumbrado público, junto a los cortes de electricidad y las fluctuaciones de voltaje, configuran un entorno especialmente crítico para edificaciones de valor patrimonial, muchas de ellas ya sobrehabitadas y estructuralmente comprometidas. A ello se suman recortes presupuestarios sostenidos que aceleran la degradación del parque construido antiguo, mientras la burocratización de los procesos de intervención contribuye a consolidar un abandono de carácter crónico.

Este escenario plantea tensiones difíciles de resolver. ¿Cómo abordar la crisis habitacional sin comprometer la protección patrimonial, en contextos donde las familias temen reasentamientos periféricos que fragmentan sus redes comunitarias o la conversión de sus viviendas en activos turísticos? ¿De qué manera sostener una educación cívica orientada a la conservación cultural cuando no existen garantías mínimas de protección social y fallan servicios esenciales como el acceso estable a electricidad y agua potable? ¿Hasta qué punto es legítimo trasladar responsabilidades de saneamiento —propias de la gestión pública— a comunidades que carecen de recursos materiales para asumirlas?

Perspectiva comparativa y derechos culturales en la comunidad

En contextos de crisis la pérdida patrimonial no es un fenómeno exclusivo de Cuba. Por ejemplo, la crisis económica en Venezuela estuvo asociada por más de una década, a saqueos de museos y deterioro de inmuebles históricos, la crisis griega post-2008 implicó recortes en conservación. La literatura académica de gestión cultural subraya que, sin una política pública sostenida, los patrimonios se convierten en “víctimas colaterales” de la crisis socioeconómica. Así, la pérdida de patrimonio vulnera el derecho humano a la cultura de las comunidades afectadas, por la vía de la pérdida de memoria histórica y de espacios de identidad local. Pero el caso cubano debe analizarse más allá de este marco comparativo, hacia la combinación de escasez crónica, rigidez legal y desatención estatal. En este contexto son las comunidades locales las que sufren directamente: vecinos desalojados pierden sus hogares, transeúntes y familias se exponen a riesgos que atentan contra su integridad física, y barrios completos pierden su identidad colectiva.

El cine Esmeralda junto a otro edificio ruinoso, Centro Habana (2025), Archivo ODC.

El ODC llama la atención sobre el impacto de la crisis multifactorial en el ya deteriorado sistema de preservación patrimonial. Si bien existe un marco legal formal para proteger el patrimonio, éste no ha sido aplicado más allá del cabildeo de inversión y asistencia extranjera, mostrando la falta de compromiso del Gobierno y su propensión a escaquearse de responsabilidades cuando de los social se trata, para delegarlas a socios extranjeros o a los cubanos de a pie, el colectivo de dolientes que puede mantener realmente vivos estos espacios urbanos.

Las investigaciones de los casos demuestran que la mayoría de los incidentes obedeció a causas estructurales previsibles (estado ruinoso, falta de inspecciones, demoras en acciones administrativas) que podrían haberse evitado. Las estrategias de prevención han sido igualmente insuficientes, incluso ante reclamos y denuncias de la sociedad civil.

En este rigor, el ODC considera de extrema urgencia fortalecer la institucionalidad patrimonial desde la sociedad, con participación ciudadana que llegue a monitorear el estado de bienes históricos y denunciar riesgos. Igualmente exige declaraciones transparentes sobre fondos de rescate otorgados por cooperaciones con UNESCO, entre otras entidades y empresas, que promuevan la revisión y evaluación de las obras.

El ODC sugiere igualmente abordar de manera digna e interseccional, la educación y sensibilización sobre el patrimonio en la identidad nacional, considerando un punto en extremo vulnerable la difícil situación que enfrentan cotidianamente los cubanos en la Isla. Recuerda, además, que en el diseño de cualquier plan patrimonial, se prioriza el derecho al acceso comunitario, algo que si bien ha estado contemplado en los proyectos dentro de las Oficinas del Historiador en el país, no ha tenido igual dinámica a la hora de su mantenimiento. Finalmente, la conservación del patrimonio no puede verse como un lujo en crisis, sino como una obligación estatal y un motor de cohesión social y económica para una nación que aspira a tener un desarrollo más allá del estancamiento actual.

Notas:
^[1] https://hypermediamagazine.com/sociedad/el-destino-del-patrimonio-religioso-en-cuba-un-problema-de-derechos-culturales/
^[2] https://hypermediamagazine.com/sociedad/licitaciones-en-malecon-control-rentista-de-la-gestion-del-patrimonio/