30 personas han sido acusadas en Cuba por su implicación en el robo de 133 toneladas de pollo, en medio de la grave escasez de alimentos que sufre el país. Las aves, que se sustrajeron de una instalación estatal de La Habana, se vendieron posteriormente en la calle, y los beneficios se utilizaron para adquirir diversos artículos de lujo, como frigoríficos, ordenadores portátiles, televisores y aparatos de aire acondicionado.
El atraco, en el que se robaron 1.660 cajas blancas de pollo, fue retransmitido por la televisión estatal cubana, descubriendo un robo de gran envergadura poco frecuente en un periodo en el que el país, se enfrenta a una importante escasez de artículos de primera necesidad. El pollo estaba inicialmente destinado al sistema de “cartilla de racionamiento” de Cuba, un programa de subvenciones, cuyo objetivo es garantizar que todos los cubanos tengan acceso a alimentos básicos a un coste reducido.
Rigoberto Mustelier, director de la distribuidora gubernamental de alimentos COPMAR, subrayó el impacto del robo, señalando que la cantidad sustraída representaba la ración de pollo de un mes para una provincia de tamaño medio con las actuales tarifas de distribución. Esto se produce en un momento en que la disponibilidad de pollo a través de la cartilla de racionamiento ha disminuido significativamente, como consecuencia de la actual crisis económica, que también ha provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas.
La población cubana ha sentido profundamente la presión económica, ya que la mayoría de los productos subvencionados llegan mucho más tarde de lo previsto. Esto ha obligado a las personas, que ganan un salario medio de 4.209 pesos al mes (14 dólares al cambio informal), a buscar métodos alternativos para mantenerse.
El robo, que las autoridades creen que se produjo entre la medianoche y las 2 de la madrugada, se descubrió a raíz de las fluctuaciones de temperatura en la cámara frigorífica. Las imágenes de vigilancia revelaron posteriormente camiones que transportaban la mercancía robada fuera del lugar. Entre los acusados hay jefes de turno, trabajadores informáticos de la planta, guardias de seguridad y varias personas ajenas a la empresa.
De ser declarados culpables, los sospechosos podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión, lo que refleja la severidad con la que las autoridades cubanas están tratando el caso. Este incidente pone de relieve el aumento de los índices de delincuencia que han acompañado a las dificultades económicas en la era posterior a COVID-19, aunque los robos a gran escala siguen siendo poco frecuentes en la isla.
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