En el centro de La Habana, una gigantesca montaña de escombros color arena ocupa toda una manzana. Es todo lo que queda del Instituto Superior de Diseño Industrial: un edificio señorial que, a lo largo de sus 166 años, albergó un club de oficiales españoles, a las fuerzas de ocupación estadounidenses después de 1898, el Ministerio de Salud de Cuba y, finalmente, la escuela de diseño. Declarado inhabitable hace años, sufrió dos derrumbes parciales en 2025. El Estado nunca envió a nadie a repararlo. El pasado febrero, lo que quedaba se vino abajo de repente y sepultó a varias personas que ocupaban el edificio. Cuando lo visité en junio, hombres delgados trepaban por la superficie escarpada y desprendían fragmentos de ladrillo que se llevaban para construir viviendas improvisadas.
Si continúa por su trayectoria actual, Cuba se encamina hacia el destino de la escuela de diseño: lo que le espera es un derrumbe cada vez más acelerado del Estado y la economía. A menos que se revierta pronto este rumbo, reconstruir la isla como un lugar estable, próspero y democrático podría volverse prácticamente imposible.
Hace unos meses, la mayoría de los observadores no esperaba un desmoronamiento gradual. Debido a la amenaza de imponer aranceles, vigente desde febrero, a los países que suministraran petróleo a Cuba, las advertencias del presidente Donald Trump sobre una acción militar y las noticias de conversaciones secretas entre La Habana y Washington, muchos creían inminente un acuerdo para compartir el poder o una operación militar al estilo de Venezuela.
A finales de mayo, aquello parecía menos probable. Para entonces, según el Miami Herald, las conversaciones por canales extraoficiales se habían venido abajo ante la oposición de los republicanos de Florida y el rechazo de La Habana a la oferta de Washington: inversiones y petróleo estadounidenses a cambio de la destitución del presidente Miguel Díaz-Canel y la privatización de la empresa petrolera estatal cubana. La Habana promulgó 176 reformas económicas en junio, que ampliaron el espacio para el sector privado, pero esto no satisfizo a Washington. Aunque permitió que cantidades limitadas de combustible y alimentos estadounidenses llegaran a la isla a través de distribuidores privados, la administración Trump añadió nuevas sanciones contra empresas estatales y funcionarios del régimen. En agosto, el secretario de Estado Marco Rubio dijo a Axios que el horizonte temporal de la política había cambiado, y afirmó que harían falta «paciencia y persistencia» y que el régimen podría sobrevivir hasta 2028 o más allá.
Los comentarios de Rubio admiten varias interpretaciones. Una es que la administración está fanfarroneando. Amenaza con mantener la extraordinaria presión de las sanciones actuales para reanudar las negociaciones estancadas o para despistar al régimen antes de una operación militar. Otra es que, con Estados Unidos involucrado en Irán y ocupado en gestionar Venezuela, Cuba simplemente ha perdido prioridad. La administración ha dejado a la isla conectada a un soporte vital, permitiendo que llegue a las empresas privadas apenas suficiente combustible y comida estadounidenses para evitar la desintegración social, pero, por lo demás, no tiene un nuevo plan. La política hacia Cuba ha quedado en piloto automático. Una tercera interpretación es que la administración ha llegado a la conclusión de que esperar a que el sistema de partido único implosione desde dentro es la única vía viable para cambiar el régimen, aunque sea larga, tortuosa e incierta.
En cualquier caso, lo que no se comprende suficientemente fuera de Cuba es hasta qué punto el derrumbe de la economía y el Estado —provocado por la falta de voluntad reformista del régimen y acelerado por las sanciones estadounidenses— ya está transformando la isla. El Estado, salvo en su capacidad de represión política, se debilita rápidamente. La economía se contrae y se vuelve más desigual, dejando una amplia población marginada demasiado pobre para participar de manera significativa en el nuevo sector privado. La cohesión social se deshilacha y la delincuencia aumenta, mientras la caída de la natalidad y la emigración alteran la demografía cubana.
Todas estas tendencias preceden en años, si no en décadas, al corte del suministro de petróleo extranjero y a las sanciones más recientes, pero ahora cada una parece acelerarse. El peligro es que, cuanto más dure el estancamiento, más se consolidarán como condiciones de partida para cualquier transición futura, reduciendo las posibilidades de que Cuba llegue a ser un país bien gobernado y aumentando, en cambio, la probabilidad de un futuro aún más disfuncional y caótico. Si nada cambia pronto, un gobierno de transición podría encontrarse algún día en la misma situación imposible que los hombres encaramados sobre las ruinas del instituto de diseño: tratando de construir con escombros algo seguro, habitable y duradero.
Anarquía autoritaria
En La Habana escuché un chiste. «En este país solo funcionan dos cosas: el aparato de seguridad del Estado y los hospitales». Era demasiado generoso con los hospitales. En cuanto a la seguridad del Estado, era cierto. La represión es lo único que el Estado cubano todavía hace bien. Esto se debe menos a una aparente abundancia de recursos que a la unidad, enteramente racional, de sus dirigentes. La sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que administra el sistema carcelario del país, está tan deteriorada como cualquier edificio del centro de La Habana, con cartones que tapan ventanas rotas. Pero los generales y los jefes de los servicios de inteligencia saben cuánto perderían con una liberalización política. Si la administración Trump ha intentado convencer a algunos de ellos de que existen salidas, no parece haberlo conseguido. Por eso permanecen unidos, y la capacidad represiva del Estado sigue intacta.
Aunque los cubanos que conocí estaban sorprendentemente dispuestos a criticar al régimen en las esquinas o al alcance del oído de los vecinos, y casi todos lo hacían, ninguno dijo que participaría en una protesta pública, una vía casi segura hacia la detención. Por si alguien lo olvidaba, había patrullas policiales estacionadas frente a las casas de los familiares de líderes de protestas detenidos, a modo de recordatorio ominoso; con el combustible tan escaso, resulta revelador que el régimen todavía consiga la gasolina necesaria para enviarlas allí.
Sin embargo, en todos los demás aspectos, el Estado cubano es más débil de lo que cree la mayoría de los observadores extranjeros: tanto los de derecha, que imaginan un leviatán antiestadounidense, como los de izquierda, que se aferran a la ficción de escuelas y hospitales funcionales. Un diplomático europeo en La Habana me ofreció una descripción mejor: «anarquía autoritaria», un Estado que aún puede sofocar la expresión política, pero cada vez es menos capaz de prestar servicios públicos o impedir el desorden.
«La represión es lo único que el Estado cubano todavía hace bien».
Pensemos en la salud pública, durante mucho tiempo uno de los logros de los que más se enorgullecía el Estado cubano. El acceso a las mejores clínicas siempre dependió de los contactos. Pero hasta comienzos de la década de 2010, los indicadores de salud de la población cubana, sostenidos por médicos bien formados y una generosa inversión pública, estaban entre los mejores de América Latina. Hoy, la mayoría de los hospitales carece de suministros y medicamentos esenciales, lo que obliga a los pacientes a comprar en el mercado negro desde antibióticos hasta sierras de amputación. Aunque muchos médicos hacen cuanto pueden dadas las circunstancias, los salarios públicos, insuficientes para vivir, han hecho cada vez más habitual la aceptación de sobornos. Los estudiantes que se gradúan de Medicina buscan trabajos ajenos a su profesión en el sector privado emergente o emigran. Los resultados son contundentes: la mortalidad infantil, que estuvo entre las más bajas de la región, se ha más que duplicado desde 2018, y han regresado enfermedades transmitidas por mosquitos que el Estado había logrado contener. Solo el chikunguña infectó hasta a un tercio de la población en 2025; también se han disparado los casos de dengue y zika.
La delincuencia violenta, antes casi desconocida en la isla, aumenta con rapidez: otra señal del repliegue errático del Estado. Aunque la falta de estadísticas oficiales fiables dificulta confirmarlo, y aunque Cuba sigue padeciendo mucha menos violencia que varios de sus vecinos, el temor a los robos y las agresiones ha cambiado las rutinas diarias de muchos cubanos. Los habitantes de Cárdenas, una pequeña ciudad a dos horas al este de La Habana, evitan salir a la calle de noche. Presuntamente, grupos de justicieros están detrás de un número creciente de asesinatos de sospechosos de delitos, tanto allí como en la ciudad de Guantánamo (que no debe confundirse con la cercana base militar estadounidense del mismo nombre).
En La Habana se han vuelto comunes los relatos de irrupciones en viviendas para robar paneles solares y tanques de agua, y está muy extendida la percepción de que la policía está cada vez más ausente o es más susceptible a los sobornos. Aunque por ahora la delincuencia está desorganizada —impulsada por la necesidad extrema o la adicción al barato cannabinoide sintético conocido como el químico, que ya está por todas partes en la isla—, fácilmente podría articularse en algo más organizado.
Centrales eléctricas que se caen a pedazos, un curso escolar acortado, los agujeros que los habaneros han abierto en las calles para desviar la escasa agua de la red pública y revenderla o consumirla: el vaciamiento del Estado es visible por todas partes. Los efectos a largo plazo del embargo tienen parte de la culpa, al igual que el corte del suministro de petróleo extranjero desde febrero. Pero nadie obligó a los dirigentes cubanos a destinar, para 2024, 37 veces más inversión pública de capital al turismo, los bienes raíces y la hostelería que a la salud y la educación. Fue una apuesta por las ganancias de un pequeño círculo de allegados al poder, y fracasó. La pregunta ahora es si, después de varios años más de deterioro, el Estado podrá hacer algo en absoluto, incluido mantener el orden público.
El camino más largo
La segunda transformación que está rehaciendo Cuba y creando dilemas para una futura transición es económica. La economía se contrae: se ha reducido al menos un 15 por ciento desde 2020, mientras el turismo se desplomaba y los inversionistas extranjeros huían por temor a nuevas sanciones secundarias de Estados Unidos. En respuesta, el régimen ha abierto a regañadientes un espacio para la empresa privada, no porque la mayoría de los funcionarios esté a favor de los mercados, sino porque ha llegado a la conclusión de que cierta actividad de mercado es la única manera de evitar que la isla pase hambre o se rebele. Desde que en 2021 se legalizaron las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMEs, estas han llegado a superar las 10.000 y representan, según estimaciones, el 65 por ciento de todas las ventas minoristas y el 40 por ciento del empleo total. Las reformas de junio ampliaron formalmente las actividades privadas permitidas, aunque las sanciones estadounidenses, la falta de credibilidad del régimen ante los inversionistas nacionales y extranjeros y sus divisiones internas probablemente limitarán su aplicación.
El crecimiento del sector privado ha sido positivo y necesario: ha mantenido al menos algunos estantes abastecidos en medio de la crisis y ha hecho que al menos una parte de la población dependa menos de los salarios públicos, una fuente de influencia para el régimen. La unificación monetaria de 2021 fue otro paso necesario. Pese a su desastrosa ejecución, que destrozó el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, puso fin a un sistema de doble moneda que había distorsionado los precios y ocultado el bajo rendimiento de las empresas estatales.
Pero la forma concreta en que los mercados están echando raíces —con gran parte de la población demasiado pobre para participar de manera significativa, sin Estado de derecho y con una brecha cada vez mayor entre ganadores y perdedores— es perjudicial para el futuro del país. Varios cubanos que conocí dijeron sentirse como si estuvieran viviendo la Rusia de los años noventa: una época de negocios turbios y competencia amañada que no condujo a una prosperidad generalizada, sino al surgimiento de oligarcas y al empobrecimiento masivo. La palabra que más repetían era reparto: un reparto del país. Los allegados al régimen están en posición de obtener los mayores beneficios, y los propietarios de MIPYMEs ya tienen un pie dentro. Mientras tanto, los jóvenes, los ancianos, los trabajadores del sector público y muchos afrocubanos tienen cada vez más dificultades incluso para comer. Como me dijo una cubana: «Tomamos el camino más largo y doloroso hacia el capitalismo latinoamericano».
Cuba está reproduciendo los peores defectos de ciertas economías centroamericanas —diferencias de clase rígidas, amiguismo, dependencia de las remesas y baja productividad—, pero sin el crecimiento comparativamente mayor de estas. Es difícil no advertir la desigualdad creciente: incluso ahora, cuando los apagones duran habitualmente dos o tres días, en los barrios más acomodados hay restaurantes nuevos con generadores que zumban, luces encendidas, DJ en vivo y mesas llenas. A su alrededor se alzan casas a oscuras y se acumula basura sin recoger en la calle. No tenía por qué ser así. La población cubana sigue teniendo un alto nivel educativo, aunque los salarios que pueden pagar las MIPYMEs apartan de sus profesiones a trabajadores cualificados. Una transición hoy todavía podría poner al alcance del país una economía de mercado dinámica y justa. Dentro de dos o tres años más, quizá ya no.
Los que se quedan
La última dimensión del derrumbe de Cuba es la más difícil de medir, pero también aquella que, según me dijeron muchos cubanos, más les preocupa: lo que varios describieron como «deterioro social». Los efectos entrelazados de la emigración masiva, el rápido envejecimiento y una brecha generacional creciente plantean enormes desafíos para el futuro de Cuba.
Desde 2020, la población cubana ha disminuido entre un 13 y un 24 por ciento, según las estimaciones, debido principalmente a una ola migratoria sin precedentes. Dado que entre quienes se marcharon había una proporción especialmente alta de mujeres en edad reproductiva, el envejecimiento de Cuba, que ya era rápido, se ha acelerado. Para 2050, pronostican las autoridades, uno de cada tres cubanos tendrá más de 60 años, frente a uno de cada cuatro en la actualidad. Eso supondría un desafío considerable incluso para un país con una economía sólida y un sistema de pensiones funcional. Para Cuba, podría convertirse en un desafío insuperable.
La emigración también ha vaciado profesiones enteras, dejando los hospitales sin trabajadores sanitarios, las escuelas sin maestros e incluso las iglesias sin sacerdotes y pastores, a una escala nunca antes vista por los cubanos. Varios cubanos de mediana edad señalaron la diferencia con el Período Especial de los años noventa, cuando la pérdida de la ayuda y el comercio soviéticos redujo la economía alrededor de un 35 por ciento, pero se marcharon muchos menos médicos y maestros. La isla estaba arruinada entonces, pero los hospitales y las escuelas seguían funcionando. Ya no es así. También se ha ensanchado la brecha entre los cubanos que tienen familiares en el extranjero (y remesas con las que iniciar negocios) y quienes carecen de esos vínculos, entre estos últimos una proporción especialmente alta de afrocubanos.
Vivir sin suficientes alimentos, energía o medicamentos también está cobrando un precio psicológico. Los jóvenes pagan el precio más alto, en especial aquellos cuyos padres están en el extranjero y que crecen con más hambre y más excluidos que las generaciones anteriores. Pero el costo afecta a todos. «Esto no es resiliencia», me dijo un hombre en La Habana, refiriéndose al cliché de que los cubanos tienen un don especial para soportar las dificultades. «La gente puede adaptarse a cualquier cosa. Nos transformamos para conseguir sobrevivir a este proceso, pero es una degradación».
El precio de la demora
Cuando los vecinos de Cuba en el Caribe y Centroamérica comenzaron sus transiciones a la democracia hace 40 o 50 años, pocos esperaban que tuvieran éxito. La mayoría eran mucho más pobres, sus economías funcionaban mucho peor y eran más desiguales que hoy. Y, sin embargo, demostraron que unas condiciones iniciales desfavorables no determinan el destino: la mayoría se democratizó y vio crecer y estabilizarse sus economías. Cuba también podría hacerlo.
Pero cuanto más dure el estancamiento actual, más se desvanecerá esa posibilidad. Mantener el nivel actual de presión puede hacer que el régimen implosione, o puede que no. Lo que sin duda hará, si se prolonga un año más o más tiempo, es volver a Cuba cada vez más ingobernable, gobierne quien gobierne.
Es posible que la administración Trump no haya sopesado ese peligro o que lo haya considerado un costo aceptable para forzar una apertura política. Llama la atención que algunos cubanos comunes hayan llegado al mismo cálculo. Muchos de los que conocí no creían que las sanciones estadounidenses fueran las principales responsables de la crisis actual. Para ellos, que las sanciones continuaran o desaparecieran importaba mucho menos que la continuidad o la salida del régimen, pues a su juicio este tenía una responsabilidad mayor en la ruina de la economía. Una nueva encuesta representativa a escala nacional de AmericasBarometer muestra algo parecido: el 74 por ciento de los encuestados culpó al gobierno cubano de la crisis actual, mientras que solo el 16 por ciento culpó a Estados Unidos.
Dicho esto, los riesgos de mantener indefinidamente la presión actual son inmensos. Para ambos países, podría decirse que nada sería peor que una espiral de violencia criminal e ingobernabilidad caótica en la isla. Una presión máxima prolongada también eleva el costo de una eventual reparación, y una Cuba posterior a la transición dispondrá de medios limitados para financiar la reconstrucción. Reconstruir únicamente la red eléctrica cubana, que se deteriora más con cada nuevo apagón, costará unos 8.000 millones de dólares, según las estimaciones. El país podría tardar años en recuperar el acceso al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales. Dado el cansancio de la opinión pública estadounidense ante la reconstrucción de países en el extranjero, es improbable que el Congreso cubra entretanto esa carencia.
El rumbo opuesto tiene sus propios costos. Quienes proponen la normalización y el levantamiento del embargo sin cambios políticos significativos deben ser sinceros sobre lo que eso implica: aceptar que los cubanos, contra su voluntad, sigan viviendo bajo un régimen que se enriquece mientras mantiene a los ciudadanos lo bastante pobres como para controlarlos. No deberían hacerse ilusiones de que los dirigentes cubanos, con menos sanciones, serán capaces de reconstruir las instituciones estatales, reducir la desigualdad o restaurar la cohesión social. El objetivo de la dirigencia es permanecer en el poder.
Quizá todavía sea posible una tercera vía: una nueva oferta de alivio selectivo de las sanciones, centrada en mitigar la crisis humanitaria, a cambio de reformas políticas y económicas concretas que puedan debilitar el control del régimen. Aunque La Habana haya rechazado antes acuerdos de este tipo, vale la pena intentarlo. Pero, sea cual sea el camino que elija Washington, debe tener en cuenta los costos de la demora, que ya son altos y no dejan de aumentar.
* Artículo original: “Cuba’s Point of No Return”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
Del Estrecho de Florida como campo de exterminio (En respuesta a Néstor Díaz de Villegas)
De contar con pruebas de existencia de campos de exterminio cubanos nada me costaría denunciarlos en toda su responsabilidad.
Ponte dentro del campo de exterminio
El castrismo opera su emborronamiento último no solo entre los observadores más diligentes, sino en el mismo autor del sistema.
