En una medida que podría remodelar el panorama de las pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) en Cuba, Rusia ha propuesto la implementación de su avanzado “super servicio” digital. Boris Titov, defensor del Presidente de Rusia para los Derechos de los Empresarios y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, destacó esta iniciativa en una reciente mesa redonda.
El acto, en el que también participaron representantes del Banco Central de Cuba y del Servicio Tributario, se centró en “compartir experiencias y ampliar las actividades de los servicios rusos en Cuba”. En su intervención, Titov subrayó la situación crítica de las MiPYMES cubanas, que estimó en un 50-70% en la sombra económica, lastradas por el acceso limitado al crédito, los elevados impuestos y los problemas de margen de beneficios debidos a los precios directivos de algunos bienes y a las restricciones salariales en el sector estatal.
Para combatir estos problemas, Titov recomendó adoptar la experiencia rusa en transformación digital, sobre todo en la digitalización de las relaciones entre el Estado y las empresas. El “superservicio” propuesto abarca tres elementos básicos: registro electrónico, informes electrónicos y seguimiento electrónico de los pagos (cajas registradoras en línea).
Titov destacó la importancia de empezar con un registro electrónico de empresas activas, subrayando que este registro debe reflejar la estructura real de la economía y ser gestionable de forma eficiente. Este registro daría acceso inmediato a todas las plataformas del superservicio a las nuevas empresas registradas.
Además, Titov señaló que un sistema funcional requiere una sólida tecnología financiera (fintech). Propuso crear un nuevo banco específico para los servicios a las MiPYMES, posiblemente en asociación con un homólogo ruso.
Esta propuesta marca un movimiento estratégico por parte de Rusia para asumir un papel significativo en la ingeniería financiera y bancaria del sector de las MiPYMES de Cuba. Al sacar de la sombra a una gran parte de estas empresas, Rusia pretende facilitar las reformas de mercado en Cuba, manteniendo al mismo tiempo el control estatal sobre los sectores estratégicos. Esta iniciativa podría conducir a una transformación significativa del panorama económico cubano.
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