Amnistía Internacional (AI) ha publicado su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, en el que centra una atención significativa en las acciones opresivas de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua contra sus disidentes. La ONG acusó a estos gobiernos de graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo “desapariciones forzadas y torturas”.
Venezuela: Un ciclo continuo de represión
En Venezuela, AI destacó la responsabilidad del gobierno en las “desapariciones forzadas y torturas”, prácticas dirigidas principalmente contra los opositores políticos. El informe afirma: “La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de los derechos humanos, forman parte de la política de represión ejercida por el gobierno”, haciendo referencia a múltiples informes de organizaciones no gubernamentales sobre los abusos de las autoridades contra los ciudadanos.
Las víctimas comparecen a menudo ante los tribunales, “acusadas de conspiración y otros cargos relacionados con el terrorismo”, antes de ser “trasladadas a un centro militar o policial” donde “permanecen durante meses, o incluso años, a la espera de juicio.” AI criticó el papel del sistema judicial en “silenciar la disidencia y criminalizar a los defensores de los derechos humanos”. Según el documento, los opositores políticos corren continuamente el riesgo de “detención arbitraria, tortura y otras violaciones de los derechos humanos.”
Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, rebatió recientemente el uso indiscriminado del término “desaparición forzada” cuando se detiene a opositores o activistas, afirmando que el Estado actúa conforme a la ley.
Cuba: Continúa la represión de la disidencia
El informe de AI también condenó la represión continuada en Cuba, donde persisten el acoso, la persecución y el encarcelamiento de activistas y periodistas. AI señaló la falta de una institución nacional de derechos humanos en Cuba que cumpla los Principios de París y criticó a La Habana por no permitir la entrada en el país a organizaciones internacionales de derechos humanos.
La ONG mencionó que, a partir de 2023, continuaron los ataques contra defensores de los derechos humanos, y algunos fueron encarcelados “sin el debido proceso”. Incidentes como la vigilancia de activistas, opositores, periodistas y artistas críticos fueron descritos como “generalizados.”
Destacando casos concretos, AI recordó el encarcelamiento de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo ‘Osorbo’, ambos considerados presos de conciencia, que fueron condenados en 2022 a cinco y nueve años, respectivamente, “sin las debidas garantías” y enfrentándose a “duras condiciones de reclusión”.
Nicaragua: Persistencia de la impunidad
En Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega desde 2007, persiste la impunidad por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado desde abril de 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, concluyó en marzo que había motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel, incluidos el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, habían participado en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
AI instó a la comunidad internacional a investigar estas violaciones y a apoyar a la sociedad civil nicaragüense. A pesar de estos llamamientos, “a finales de 2023 no se había emprendido ninguna investigación, y los delitos seguían impunes”, advirtió AI, destacando las continuas tácticas represivas del gobierno que casi hacían imposible defender los derechos humanos en el país.
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Por Hypermedia
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