La ciudad de Miami se prepara para establecer una nueva entidad de vigilancia. El comisionado Manolo Reyes encabezó la iniciativa, pidiendo la disolución de la actual Oficina del Auditor General Independiente para dar paso a una Oficina del Inspector General Independiente más potente.
Esta decisión surgió de una turbulenta reunión del gobierno, en la que las acusaciones de corrupción desembocaron en enfrentamientos casi físicos entre funcionarios. A pesar del tumulto, la comisión de Miami aprobó por unanimidad la propuesta de Reyes. Este plan, sujeto a la aprobación de los votantes en las elecciones primarias de agosto, busca enmendar los estatutos de la ciudad para incorporar la nueva oficina del inspector.
Reyes, en declaraciones a WLRN, hizo hincapié en la necesidad de un cambio estructural. El inspector general propuesto tendría amplios poderes, incluida la facultad de investigar cualquier actividad de la administración municipal, incluso a los propios comisionados.
La actual oficina del Auditor General, a pesar de su independencia nominal, depende de la comisión y se limita a realizar auditorías financieras. En cambio, la oficina del Inspector General prevista investigaría la corrupción de forma independiente, con poderes de pesquisa más amplios y potestad de citación.
Esta iniciativa llega en medio de una oleada de acusaciones de corrupción que sacuden el panorama político de Miami. Entre los casos más sonados figuran una sentencia civil de 63,5 millones de dólares contra el comisario Joe Carollo, la detención del excomisario Alex Díaz de la Portilla por soborno y una investigación del FBI sobre el alcalde Francis Suárez.
Reyes, defensor de la transparencia desde su elección en 2017, lamentó el caos de la reciente reunión de la comisión, subrayando la urgente necesidad de un cambio cultural en la gobernanza de la ciudad. Espera que una Oficina del Inspector General Independiente, una vez operativa y aprobada por la Comisión, restaure la confianza pública en sus funcionarios electos.
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