La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha puesto de relieve el persistente problema de la corrupción que sigue asolando a Cuba, afectando al tejido de la vida cotidiana y los negocios en el país. El tuit de la FHRC, reconocida defensora de los derechos humanos en la nación insular, llama la atención sobre las ilegalidades generalizadas que no sólo erosionan la confianza en las instituciones públicas, sino que también obstaculizan las libertades económicas de sus ciudadanos.
Según la declaración de la FHRC, la corrupción en Cuba no es una cuestión marginal, sino un problema sistémico que se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad. El Estado cubano, que disfruta de un monopolio abrumador sobre la mayoría de las transacciones comerciales importantes, carece de controles y equilibrios independientes que puedan frenar el abuso de poder por parte de los funcionarios. Esta falta de responsabilidad y transparencia crea un entorno en el que las prácticas ilegales se convierten en la norma y no en la excepción.
Las implicaciones de un problema tan arraigado son profundas. Para el cubano medio, significa que las interacciones cotidianas con los mecanismos estatales a menudo implican navegar a través de una compleja red de corrupción. Esto puede ir desde el soborno para obtener servicios básicos hasta los tratos ilícitos necesarios para obtener bienes que escasean debido al control centralizado del comercio.
Para los empresarios y los inversores internacionales, la corrupción representa una importante barrera de entrada. El monopolio estatal de las grandes transacciones ahoga la competencia y desalienta la inversión privada, crucial para el crecimiento y la diversificación de la economía cubana. El entorno empresarial, contaminado por la corrupción, plantea riesgos que muchos no están dispuestos a asumir, lo que conduce a un estancamiento del desarrollo económico y la innovación.
