En medio del conflicto migratorio entre la Administración Biden y el estado de Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) declaró a Fox News Digital que los agentes no tienen previsto retirar las alambradas colocadas en las ciudades fronterizas.
Estas alambradas, según las autoridades de Texas, se instalaron para intentar frenar la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Sin embargo, la Administración de Biden ha estado luchando legalmente por su retirada, llevando el caso ante el Tribunal Supremo, que falló en una ajustada votación de 5-4 a favor del gobierno federal, permitiendo a los agentes federales retirar las vallas si así lo deciden.
“Mientras este asunto se desarrolla en los tribunales, la relación entre la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el Departamento Militar de Texas (TMD) sigue siendo fuerte”, dijo el funcionario, que habló con Fox News de forma anónima. “Nuestro objetivo es y será siempre la misión de proteger a este país y a su gente. Sobre el terreno, seguimos trabajando junto a estos valiosos socios en ese esfuerzo”.
Según la ley de inmigración, la responsabilidad de la seguridad fronteriza recae en el gobierno federal. Sin embargo, tras tres años de una grave crisis migratoria, el gobernador Abbott declaró a mediados del año pasado una situación de “invasión” que, según explicó en una reciente declaración, otorga a Texas la potestad de proteger sus fronteras por encima de los estatutos federales debido al “abandono” de la Administración Biden.
Tras la declaración, más de 20 estados liderados por republicanos salieron en apoyo de Texas, respaldando la postura de Abbott.
Sin embargo, las disputas entre Texas y el Gobierno federal no parecen afectar a la colaboración entre funcionarios federales y estatales, al menos según el alto funcionario que habló con Fox News.
“En resumen, la Patrulla Fronteriza no tiene planes de retirar la infraestructura de alambre colocada por Texas a lo largo de la frontera. Nuestra postura sigue siendo la misma. Si necesitamos acceder a una zona para una respuesta de emergencia, lo haremos. Cuando eso suceda, nos coordinaremos con Texas DPS y TMD”, concluyó el funcionario.
El gobernador Greg Abbott, actualmente de gira por la India, declaró que está dispuesto a “seguir construyendo estas barreras, con alambre u otros objetos”.
“En lugar de perseguir a los inmigrantes por los delitos federales que cometen al entrar ilegalmente, el presidente Biden ha enviado a sus abogados a los tribunales para demandar a Texas por tomar medidas para proteger la frontera”, escribió el gobernador. Abbott afirma que más de seis millones de personas han entrado ilegalmente en el país en tres años de administración Biden. “Eso es más que la población de 33 estados”, escribió el gobernador, quien afirma, que el presidente ha dado instrucciones al gobierno federal para que no detenga a los migrantes.
Las autoridades de Texas han declarado una invasión y han invocado las leyes constitucionales locales para “defenderse y protegerse”. “Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para defender Texas”, dijo Abbott el viernes. El republicano, firme defensor de las políticas antiinmigración de Trump, afirmó que otros diez estados han enviado Guardias Nacionales a la zona para combatir los cruces ilegales. Según Fox News, 25 gobernadores (todos republicanos) apoyan a Abbott en su pulso con Washington. Uno de ellos, Kristi Noem, de Dakota del Sur, región situada a casi 2000 kilómetros de la frontera, visitó Eagle Pass el viernes.
Algunas voces demócratas han pedido a Biden que haga uso de sus poderes para convertir a la Guardia Nacional de Texas en una fuerza federal. Existen precedentes al respecto. Uno ocurrió en 1957, cuando el presidente Dwight Eisenhower convirtió a los agentes de Arkansas en federales. Esto se debió a las crecientes tensiones raciales causadas por la desegregación de una escuela en Little Rock. El gobernador demócrata del estado, Orval Faubus, se había negado a actuar para evitar más tensiones, pero Washington intervino para hacer cumplir la ley que permitía a los alumnos negros y blancos asistir a las mismas aulas.
Récord de cruces ilegales
En medio de la disputa entre Texas y Washington, la Administración Biden ha hecho público el número de cruces ilegales en diciembre. Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza informaron de 302 034 encuentros (detenciones) en la frontera con México. Se trata de la cifra más alta registrada en un solo mes de la historia.
La agencia federal asegura que se ha registrado una disminución del 50% en los cruces ilegales en lo que va de 2024, según cifras preliminares. Para desalentar los flujos migratorios, la Administración Biden ha reactivado la deportación de inmigrantes irregulares. En el segundo semestre de 2023, unas 472 000 personas fueron devueltas a sus países de origen. Entre ellas había 78 000 inmigrantes que habían cruzado en familia. “La mayoría de las personas encontradas en la frontera sur en los últimos tres años han sido devueltas o expulsadas”, asegura el Gobierno. El número de deportaciones registradas en los últimos seis meses de 2023 supera el total anual de repatriaciones desde 2015.
La Suprema Corte autoriza retirar el alambre de púas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado a los agentes de la Patrulla Fronteriza a retirar el alambre de espino instalado en la frontera con México como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras continúan los recursos legales por parte del Estado.
La decisión de los jueces, tras una votación de 5-4, representa una importante victoria para el presidente Joe Biden en su actual disputa con Abbott sobre la política fronteriza, que se ha recrudecido en los últimos días. Esta escalada se produjo después de que tres migrantes se ahogaran en una sección del Río Grande a la que los agentes federales no podían acceder debido a que las autoridades estatales bloqueaban la zona. Esta situación llevó a la Administración Biden a presionar aún más para que interviniera el Tribunal Supremo.
En respuesta, el Gobernador Abbott emitió un comunicado a través de su secretario de Prensa, afirmando que Texas “continuará luchando para defender la propiedad del estado y su autoridad constitucional para asegurar la frontera.” “La Administración Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriendo las compuertas a los migrantes. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias disuasorias alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace que el trabajo de la Guardia Nacional de Texas y el DPS sea más peligroso y difícil. Este caso está en curso, y el gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y la autoridad constitucional para asegurar la frontera”, dice el comunicado.
El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dejaran de retirar el alambre de espino a lo largo de un pequeño tramo del Río Grande mientras continúa el proceso judicial. El Departamento de Justicia solicitó a principios de enero la intervención de emergencia del Tribunal Supremo para anular ese fallo, lo que consiguió el lunes.
Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh indicaron que habrían rechazado la petición del Gobierno federal.
Steve Vladeck, analista de CNN sobre el Tribunal Supremo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, señaló que, aunque la orden representa una victoria para el Gobierno de Biden, el retraso en su emisión plantea interrogantes de cara al futuro.
“Independientemente de lo que uno piense de la actual política de inmigración, ésta no debería ser tan controvertida como para que los estados no puedan impedir que el gobierno federal haga cumplir la ley. Podemos estar preparando el terreno para que los estados dirigidos por demócratas frustren de forma similar la aplicación de las políticas federales de los presidentes republicanos”, dijo Vladeck. “El hecho de que cuatro jueces hubieran confirmado la orden del tribunal inferior se tomará, con razón o sin ella, como una señal de que algunos de esos antiguos principios de federalismo constitucional pueden estar cambiando en cierta medida”.
Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron que la decisión del tribunal de apelaciones “invierte y pone patas arriba” la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales.
“Si esa orden judicial es confirmada”, subrayó Prelogar, “impedirá que los agentes de la Patrulla Fronteriza cumplan con sus responsabilidades de hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger contra el riesgo de lesiones y muerte, asuntos por los que el gobierno federal, y no Texas, es políticamente responsable.”
Texas presentó una demanda el año pasado para impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran el alambre de espino, argumentando que destruía ilegalmente la propiedad estatal y socavaba la seguridad al ayudar a los migrantes a cruzar la frontera.
El Quinto Circuito está examinando actualmente las cuestiones jurídicas relativas a si el gobierno federal tiene autoridad para cortar el alambre instalado por Texas a orillas del Río Grande. Los alegatos orales del caso están programados para el 7 de febrero.
El estado también instó al Tribunal Supremo a denegar la petición de la Administración Biden, afirmando en documentos judiciales que “no hay base para la intervención de este Tribunal, y menos ahora”.
Los abogados del estado señalaron que después de que la administración Biden presentara su solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo, el tribunal de apelaciones dijo que aceleraría su revisión del caso, una decisión que, según el estado, socavó la necesidad de una acción rápida por parte del más alto tribunal de la nación.
“En cualquier caso, cortar las vallas de Texas para permitir que miles de personas entren en Texas no tiene nada que ver con la inspección, la detención o la expulsión”, escribieron el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros abogados del estado en documentos judiciales.
“Las conclusiones del tribunal de distrito demuestran más que las acciones (de la administración) están tan alejadas de lo que autorizó el Congreso que no tienen nada que ver con la autoridad legal de los demandados”, dijeron al Tribunal.
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