Artistas cubanos condenados por motivos políticos, variantes represivas

En la noche del 1 de octubre de 2022, ocurrió una manifestación ciudadana en el barrio capitalino de El Vedado, en Cuba. Vecinos de la zona se reunieron después de cinco días sin fluido eléctrico para protestar con calderos, exigiendo respuesta inmediata de las autoridades pertinentes sobre su situación. Agentes de la Seguridad del Estado llegaron al lugar y arremetieron violentamente contra los manifestantes pacíficos. El suceso, que fue cubierto por la agencia de prensa extranjera AFP, dejó el saldo de siete jóvenes detenidos, de los cuales dos fueron liberados algunos días después, Rosmery Almeda Tapia, más conocida como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El resto de los jóvenes: Alejandro Guilleuma Ibáñez, José Adalberto Fernández Cañizares, Cintia Treviño, Frank Artola y Hillary Gutiérrez, fueron juzgados y sentenciados en un tribunal municipal de La Habana. En esta nota de prensa contamos el testimonio de Alejandro Guilleuma, joven músico de treinta y un años, que cumple una pena de 4 años de privación de libertad sin internamiento. También hacemos referencia al caso de José Adalberto Cañizares, artista visual, con el que no hemos podido contactar pero que fue juzgado en similares circunstancias y cumple la misma sanción que Alejandro. 

Guilleuma es vecino de 11 y F, justo el enclave donde comenzó la protesta en el Vedado, pero no estaba en su casa en ese momento, mucho menos fue su gestor, como luego pretendió adjudicársele en el juicio. Se incorpora a ella más tarde, cuando regresaba con varios de sus amigos, José Adalberto entre ellos. En la manifestación habían alrededor de 300 personas, entre quienes protestaban y personas que observaban. La confrontación aumentó con la llegada de los agentes de la Seguridad del Estado y colaboradores enviados por el régimen, que iniciaron a ofender a los vecinos, acusándolos de estar pagados por los Estados Unidos. La participación de Guilleuma y José Adalberto consistió en unirse a los reclamos ciudadanos en base a demandas entre las que figuraban el restablecimiento del servicio eléctrico y la distribución de agua, pero también la libertad para los cubanos. Algunas de sus declaraciones cuentan en el reportaje realizado por AFP. 

Aproximadamente a las 10:00 pm, Alejandro, José Adalberto y el resto de los amigos, decidieron regresar a casa del segundo, cuando fueron interceptados por agentes de la policía política en la esquina de Calzada y F. El aislamiento y la oscuridad del lugar se prestaron para la violencia desmedida desatada sobre los jóvenes, especialmente sobre José Adalberto Cañizares, quien como consecuencia tuvo que recibir atención médica especializada. Alejandro testimonia que un agente no identificado le apretó el cuello tan fuerte que casi lo asfixia, y ante la interpelación de transeúntes de que lo soltara su respuesta fue que si intervenían lo mataba. 

Los cinco jóvenes fueron conducidos a la puerta de la escuela primaria Juan Triana, ubicada frente al Hotel Presidente, mientras esperaban un band de las fuerzas especiales donde se les trasladó hasta la estación policial de Zapata y C. Después de más de una hora encerrados en el calabozo, José Adalberto fue llevado al Hospital Fajardo. A Guilleuma le quitaron la sangre que tenía en el rostro tirándole un cubo de agua arriba. 

Los interrogatorios comenzaron en Zapata y C y se extendieron por horas, antes de ser trasladados al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de La Habana, conocido como 100 y Aldabó. Les retiraron los teléfonos y demás pertenencias. El que dirigió los interrogatorios fue un teniente coronel de la Seguridad del Estado, uniformado, que se identificó con el nombre de Pedro, sin mencionar apellidos. Les incitaron a firmar documentos incriminatorios, pero ellos se negaron. Al llegar a 100 y Aldabó, alrededor de las 3:00 am, les realizaron análisis de sangre, los vistieron de reclusos y los encerraron en celdas con otros detenidos. Hasta ese momento les mantuvieron incomunicados, sin derecho a llamadas telefónicas ni a la primera visita; en el caso de Alejandro, casi una semana después de estar detenido, el viernes 7 octubre, pudo contactar a su familia. El día antes fue llevado a una entrevista con la oficial política de 100 y Aldabó, la cual intentó convencerlo de grabar declaraciones inculpatorias, sobre todo relacionadas con supuestos pagos desde el extranjero, él se negó. 

Alejandro estuvo en 100 y Aldabó treinta y ocho días, y en ese tiempo lo cambiaron de celda alrededor de seis veces, también a cada rato lo levantaban por la madrugada con cualquier pretexto para quebrar su salud mental. En una de las ocasiones en que le realizaron análisis de sangre, Alejandro tuvo un desmayo por desnutrición, luego fue amenazado por contarle a su familia lo sucedido y ellos exigir asistencia médica en su nombre.  Las condiciones sanitarias de las celdas y la calidad de la alimentación eran pésimas. Aun así, Alejandro testimonia que los días cercanos a las visitas los médicos reportaban una subida inexplicable de seis o siete libras de peso corporal.

Tratándose de José Adalberto, necesitaron neutralizar su voluntad después de la golpiza recibida, por lo que mientras estuvo en 100 y Aldabó le suministraron un tratamiento de pastillas fuertes para los nervios, que lo mantuvo en un estado de somnolencia y confusión mental permanente. Esa medicación, de la que su familia no tuvo conocimiento y que nunca se ha podido conocer con certeza en qué consistió, le provocó episodios de insomnio por varios días cuando fue traslado a la prisión de Valle Grande, expresión evidente de abstinencia a los fármacos ahora suprimidos de golpe. 

Alejandro y José Adalberto coincidieron en la prisión de Valle Grande al principio, mientras estuvieron en las barracas, pero luego los ubicaron en compañías diferentes, Alejandro en la ocho y José en la nueve. De este movimiento tampoco fueron avisadas sus familias, se enteraron por ellos mismos cuando los dejaron llamar por primera vez. Luego las llamadas se regularizaron, unos pocos minutos cada dos días. En Valle Grande estuvieron casi ocho meses. Las condiciones de la prisión eran terribles, marcadas por abundantes cortes de electricidad y alimentación paupérrima. Alejandro sufrió de un dolor de muelas y le retuvieron la asistencia médica hasta que su salud empeoró, en el hospital de la prisión no había medicamentos suficientes ni insumos elementales.  Testimonia que presenció el suicidio de varios muchachos jóvenes que no aguantaron la presión y los malos tratos, la mayoría sin causas anteriores, para él esa fue de las experiencias más traumáticas mientras estuvo encerrado. 

El juicio se celebró entre el 26 y 27 de mayo de 2023, en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana. Alejandro estaba acusado de Desacato, Desorden público y Resistencia. Los testigos de la Fiscalía eran dos militantes del Partido Comunista, a los que ellos no conocían y que mostraron claro desconocimiento sobre los sucesos vinculados a la manifestación por la que eran inculpados. En el acto se habló explícitamente de que se trataba de un evento ejemplarizante, para evitar nuevas protestas callejeras. Nunca se hizo referencia a la golpiza propinada por los agentes de la Seguridad del Estado, ni a las lesiones que José Adalberto sufrió.

Alejandro y José Adalberto son artistas, músico el primero y artista visual el segundo. Durante el tiempo que estuvieron en prisión sus respectivas carreras fueron afectadas, además de que sus vidas corrían peligro cada día. Ambos fueron sentenciados a cuatro años de privación de libertad sin internamiento, mientras Cinthia y Frank recibieron dos años y seis meses sin internamiento y Hillary poco más de un año. Sin embargo, las vidas de todos quedaron marcadas para siempre por ese periodo de tiempo donde fueron blanco de muchas formas de violencia. Sus familias también vivieron un infierno todos esos meses, vigiladas de forma permanente y chantajeadas con empeorar la situación de sus seres queridos.

Actualmente todos tienen una rutina mediante la cual deben ir a firmar al tribunal al menos una vez al mes. Sin embargo, el hostigamiento no se ha detenido. Alejandro ha sido citado sin motivo cierto, solo para intimidarlo o intentar convencerlo de que trabaje para la Seguridad del Estado. La amenaza principal es revocarle la sanción y volver a encerrarlo.

Como parte del acompañamiento a los artistas represaliados por motivos políticos, este Observatorio ha documentado ampliamente el caso del músico Abel Lescay, quien también cumple una sanción sin internamiento, con la misma rutina de presentaciones periódicas ante el Tribunal Municipal Popular ubicado en Bejucal, su pueblo natal. Lescay ha podido seguir haciendo música gracias a su tenacidad, y a la ayuda de muchos amigos, pero la injusticia medró sobre él y provocó, incluso, la pérdida de su carrera en la Universidad de las Artes, esa entre otras numerosas vicisitudes personales y familiares. 

El Observatorio de Derechos Culturales se compromete con el registro y seguimiento de la situación de vulnerabilidad de estos tres jóvenes artistas. Ellos se suman a los quince artistas encarcelados a lo largo de todo el país, por los que sostenemos una campaña de liberación. Todos conforman una comunidad de creadores afectados por las prácticas represivas normalizadas por el Estado cubano para impedir la libertad de expresión a la ciudadanía, en ningún caso pueden contar con un sistema judicial apegado al respeto a las garantías del debido proceso, tampoco con el respaldo de la institución cultural o la mayoría del gremio artístico, los cuales responden al poder político por el goce de beneficios que ofrece el apego irrestricto al discurso oficial.





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