Daniel Batlle acierta en un punto esencial: el régimen cubano no se niega a negociar únicamente por cálculos económicos. El Estado revolucionario ha convertido, en efecto, el antiamericanismo en uno de los principios organizadores de su legitimidad. Pero de ese diagnóstico no se desprende la conclusión a la que llega el autor. Su artículo parte de la premisa de que el objetivo de Washington debería seguir siendo persuadir a La Habana para que negocie su propia reforma. Esa premisa pertenece a otra época.
La verdadera pregunta en 2026 ya no es cómo facilitar una transición administrada por el Partido Comunista. La pregunta es si la comunidad internacional debe seguir permitiendo que un régimen que ha demostrado, repetidamente, que convierte cada apertura negociada en una oportunidad para consolidarse, permanezca en el poder.
La historia ofrece una respuesta clara. El deshielo impulsado por Barack Obama no produjo liberalización política, instituciones independientes, elecciones libres, autonomía judicial ni libertad de expresión. Produjo inversiones extranjeras administradas por el aparato militar, mayores ingresos en divisas para el régimen y una renovada legitimidad internacional, todo ello sin una democratización estructural. El Estado cubano aceptó los beneficios mientras rechazaba las obligaciones políticas. No fue una transición. Fue la modernización del autoritarismo. Ese experimento ha agotado ya toda su credibilidad.
Batlle sostiene que Washington debería reducir la presión, aliviar las restricciones con impacto humanitario y permitir que La Habana presente cualquier cambio como una decisión soberana. Pero esa propuesta malinterpreta la naturaleza del sistema cubano. El problema no es la óptica diplomática. El problema es que la élite gobernante en Cuba tiene todos los incentivos para conservar el poder mientras modifica únicamente aquellos elementos indispensables para garantizar su propia supervivencia.
La dirigencia cubana ha pasado casi siete décadas perfeccionando precisamente esa estrategia: adaptación táctica sin rendición política. Todas las reformas económicas han sido reversibles. Todas las aperturas han permanecido subordinadas al monopolio del Partido Comunista. Todas las crisis han desembocado en ajustes administrativos en lugar de rendición democrática de cuentas. ¿Por qué esta vez habría de ser diferente?
El objetivo hoy no es otra “transición” cuidadosamente administrada por el mismo aparato de seguridad que gobierna Cuba desde 1959. El objetivo es la libertad.
La libertad significa sustituir el sistema de partido único por un pluralismo constitucional. Significa desmantelar las estructuras de la represión política, permitir elecciones auténticamente libres, establecer la independencia judicial, proteger la propiedad privada, garantizar la libertad de asociación y devolver la soberanía a los ciudadanos cubanos, en lugar de mantenerla en manos del Estado revolucionario. Eso implica necesariamente un cambio de régimen, no cambios de la mano del régimen.
La expresión “cambio de régimen” se ha vuelto incómoda en numerosos círculos políticos occidentales, en buena medida porque evoca intervenciones fallidas en otros escenarios. Pero Cuba plantea un problema distinto. El propio régimen ha demostrado una y otra vez que no puede democratizarse desde dentro, porque democratizarse exigiría desmontar las mismas instituciones que garantizan su supervivencia.
El temor que expresa Batlle —que una mayor presión refuerce la narrativa del asedio— tampoco constituye una novedad. La Habana ha recurrido a ese discurso bajo las sanciones, durante el deshielo, con administraciones demócratas y republicanas, en medio de crisis económicas y en épocas de mayor acercamiento internacional. La retórica revolucionaria no responde a la política estadounidense; depende de ella. Modificar el lenguaje de Washington nunca ha modificado la lógica interna del régimen. Es hora de invertir ese equilibrio equivocado y que la agenda democratizante de Washington se imponga a los intereses totalitarios de La Habana.
Tampoco deben confundirse las consideraciones humanitarias con las concesiones políticas. El pueblo cubano merece asistencia humanitaria, mayores posibilidades de comunicación con el exterior y todas las herramientas necesarias para que la sociedad civil pueda sobrevivir de manera independiente del Estado. Pero esa ayuda no debe convertirse nuevamente en un mecanismo mediante el cual el régimen obtenga tiempo, recursos y legitimidad internacional mientras posterga una democratización auténtica.
El debate, por tanto, ya no enfrenta simplemente presión y compromiso diplomático. En realidad, enfrenta dos proyectos políticos completamente distintos. Uno busca otra acomodación negociada destinada a preservar la estabilidad mediante una reforma gradual del castrismo. El otro reconoce que el propio castrismo se ha convertido en el principal obstáculo para el futuro democrático de Cuba.
La alternativa de Obama pertenece ya a la historia. Se intentó de buena fe y hoy puede evaluarse a la luz de sus resultados. Esos resultados fueron inequívocos: el régimen salió fortalecido, mientras los ciudadanos cubanos continuaron privados de derechos políticos.
La agenda actual es distinta. Ya no consiste en rescatar a la Revolución de sus propios fracasos ni en diseñar una nueva metamorfosis del castrismo. Consiste en crear las condiciones para que sean los propios cubanos quienes, por fin, dejen atrás décadas de maniobras del castrismo y disfruten de una república democrática.
¿Por qué Cuba no quiere llegar a un acuerdo?
Por Daniel Batlle
Publicado en The Dallas Morning News, el 1o de julio de 2026. Traducción de Hypermedia Magazine.
Daniel Batlle es investigador asociado (Adjunct Fellow) del Hudson Institute. Desempeñó altos cargos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la administración de George W. Bush.
Según cualquier cálculo convencional, el régimen cubano debería estar negociando con Estados Unidos. La campaña de la administración Trump para forzar un cambio en la Isla llegó en lo que parecía un momento ideal. Con Nicolás Maduro en una celda, el petróleo venezolano interrumpido, la economía cubana hecha añicos y una acusación federal pendiendo sobre el expresidente Raúl Castro, cabría esperar que La Habana comprendiera la gravedad de su situación. Además, la administración ha exigido reformas, no el fin de la Revolución cubana. Un gobierno que estuviera ponderando su propia supervivencia entablaría conversaciones con Washington.
No lo ha hecho. Aunque La Habana ha recibido a altos funcionarios estadounidenses y ha participado en conversaciones discretas por canales no oficiales, el régimen de Miguel Díaz-Canel se ha negado a ceder mientras continúa encarcelando a los disidentes. Ha anunciado una batería de reformas económicas, pero ha insistido en describirlas como un modo de “perfeccionar la construcción del socialismo” y, en cualquier caso, posee un largo historial de revertir esas reformas tan pronto como disminuye la presión.
Washington ha calificado esas reformas de superficiales, y sus exigencias van mucho más allá de la economía: exige la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento de las operaciones de inteligencia rusas y chinas en la Isla, y avances en las reclamaciones pendientes sobre propiedades confiscadas.
Varios factores pueden explicar esta resistencia. Sin duda, el régimen teme que cualquier tipo de reforma erosione el dominio del Partido Comunista. También puede creer que el presidente Donald Trump ya ha decidido actuar contra él, y la competencia entre las distintas facciones del poder probablemente fomente la inercia.
Pero hay un factor, con demasiada frecuencia pasado por alto, que resulta central para explicar la negativa del régimen a negociar: la profunda doctrina antiestadounidense que constituye el núcleo mismo del sistema. El antiamericanismo de la Revolución cubana opera con enorme fuerza, tanto a nivel individual como institucional, hasta el punto de situar cualquier cooperación con Washington fuera de los límites de lo políticamente aceptable.
Eso es precisamente lo que distingue a Cuba de Venezuela. El chavismo era un movimiento con apenas una generación de existencia, construido sobre la renta petrolera y la lealtad a un líder carismático. La Revolución cubana ha tenido 67 años para institucionalizarse y fusionarse con la identidad nacional. La resistencia frente al “Coloso del Norte” constituye uno de los pilares sobre los que los comunistas cubanos narran su historia y su lugar en el mundo, y sigue siendo una de las últimas fuentes de legitimidad del régimen.
El “bloqueo” estadounidense ocupa el centro de ese relato. Como instrumento de propaganda dirigido al ciudadano común, solo tiene un éxito parcial: la mayoría de los cubanos sabe perfectamente que el embargo no es la causa de su miseria y que la incompetencia del propio régimen desempeña un papel decisivo. Presentar el embargo como “la causa principal” de los problemas de Cuba proporciona al régimen una explicación inmediata para sus fracasos y construye una realidad en la que cualquier acercamiento a Washington deja de ser pragmatismo para convertirse en una capitulación ante el enemigo. Ni siquiera es necesario que un solo miembro de la élite crea sinceramente esa doctrina para que esta funcione: su propósito es menos convencer que disciplinar.
Es cierto que el régimen ha negociado anteriormente, cuando aceptó el deshielo impulsado por el presidente Barack Obama en 2014. Pero aquel deshielo demuestra muy poco: Washington no exigió ningún cambio significativo, el régimen no concedió ninguno y simplemente aprovechó la apertura en su propio beneficio. También resulta tentador pensar que las conversaciones recientes sugieren cierta disposición a alcanzar un acuerdo, quizá incluso la existencia de alguna figura reformista dentro del sistema. Pero, aunque Estados Unidos hubiera identificado a una Delcy Rodríguez cubana, esa persona tendría que sobrevivir el tiempo suficiente para conseguir algo. En Cuba, el funcionario que públicamente queda señalado como el hombre de Washington no se convierte en un agente de transición. Se convierte en un traidor y es tratado como tal.
¿Qué podría hacer Washington de manera diferente? El defecto más profundo de la estrategia actual es que intensificar la presión y estrangular el suministro de combustible refuerza la mentalidad de plaza sitiada dentro del régimen y probablemente reduce el ya escaso margen existente para entablar conversaciones de fondo.
Una estrategia más inteligente aliviaría la presión humanitaria y encontraría una vía —posiblemente mediante la mediación de un tercero como el Vaticano— que permitiera al régimen presentar los cambios como una decisión soberana propia, y no como una capitulación ante Estados Unidos.
Incluso si Washington hiciera todo correctamente, seguiría enfrentándose a enormes dificultades. Los hombres que controlan los servicios de seguridad cubanos y la economía administrada por los militares son quienes más tienen que perder con cualquier apertura auténtica, y la doctrina antiestadounidense es precisamente el mecanismo que les permite revestir ese interés personal de una apariencia de causa superior.
Cuba necesita cambios con urgencia, y es digno de reconocimiento que el presidente Trump esté decidido a aliviar el sufrimiento provocado por 67 años de mal gobierno. Sin embargo, la estrategia actual de Washington termina reforzando el relato más antiguo del régimen y facilita demasiado su negativa a negociar. Tal vez aún exista una estrecha ventana de oportunidad, pero es posible que el momento en el que una estrategia más sutil habría podido funcionar ya haya quedado atrás.
Diario de la invasión (VI)
Fueron sus subordinados más fieles los que recibieron la orden de eliminar a Ramiro Valdés. Con la complicidad de su propia familia.
