La privatización de la supervivencia

En el mes de junio, el gobierno cubano anunció un paquete de 176 nuevas medidas para recuperar la economía. Pero, para la mayoría de la población, no representan nada. La transición hacia una gestión de escasez, la desvinculación salarial y la fragmentación de la seguridad alimentaria han desplazado el riesgo económico del Estado hacia el individuo, creando nuevas jerarquías de vulnerabilidad.

Para comenzar, se debería pensar en el concepto de “pacto social”, que, en la ciencia política clásica —desde Rousseau hasta las teorías contemporáneas del bienestar—, presupone un intercambio de derechos y deberes entre el Estado y el ciudadano. En el contexto cubano, este pacto no fue meramente contractual, sino de carácter existencial: el Estado asumió la responsabilidad absoluta de la provisión de bienes básicos a cambio de la centralización del poder político y de la gestión de los medios de producción.

Dicho de otra manera, en regímenes de planificación centralizada, como Cuba, la legitimidad del Estado no reside solo en la validez de sus procedimientos democráticos o en la solidez de sus instituciones, sino en su capacidad para cumplir con la función ontológica más básica: la garantía de la supervivencia de sus miembros. Desde 1959, los cubanos cedieron su libertad y autonomía al Estado a cambio de la seguridad, orden y protección de sus derechos fundamentales, incluyendo su seguridad biológica. 

Sin embargo, la crisis estructural que atraviesa la nación desde hace años ha forzado la reconfiguración de este modelo. Las reformas han pasado en el último quinquenio por nombres como “Tarea Ordenamiento”, “Reordenamiento”, etc. Ahora, las 176 medidas de ajuste económico no son un conjunto de reformas técnicas destinadas a la estabilización macroeconómica, sino el manifiesto explícito de la ruptura de la promesa estatal, que traslada la supervivencia de la responsabilidad del Estado a la capacidad de agencia individual en un mercado fragmentado, sin garantías y sin devolver las libertades políticas. No es un pacto social debilitado, sino desintegrado desde el minuto en que el Estado y sus funcionarios fueron incapaces de asegurar el acceso regular y suficiente a los nutrientes esenciales para la vida.

Incluso un poco más atrás, las últimas tres décadas evidencian su ruptura sistemática. Por ejemplo, la distribución equitativa de los recursos, que durante años el Estado presentó como una conquista de la justicia social, se ha transformado en un escenario de inseguridad alimentaria crónica. Un fenómeno que no se deriva solo de una consecuencia de factores externos, como el embargo económico estadounidense o la crisis de los proveedores tradicionales; sino que es la prueba del fracaso gubernamental en la gestión de la producción, la distribución y la soberanía alimentaria.

Tampoco la vulnerabilidad debe entenderse solo como la pobreza absoluta, sino como la exposición a riesgos sin mecanismos de mitigación. En el escenario actual, la vulnerabilidad es estructural porque nace de las propias reglas del juego económico impuestas por el Estado: la divergencia entre la inflación de precios de mercado y la rigidez de los salarios estatales.

Para comprender la magnitud de esta ruptura, es imperativo establecer una base conceptual que conecte la ciencia política con la seguridad alimentaria. La teoría del contrato social sugiere que el Estado es un garante de la vida. Si el Estado falla en prevenir la muerte —ya sea por violencia o por inanición—, la obligación de obediencia del ciudadano queda anulada. 

Sin embargo, aunque el concepto de seguridad y soberanía alimentarias están bien definidos por organismos y documentos internacionales, Cuba sigue sosteniendo una falacia conceptual: mientras el discurso estatal promueve una “soberanía alimentaria” basada en la resistencia ideológica, la realidad material muestra una dependencia estructural de las importaciones y una incapacidad para gestionar la producción interna. Esta brecha entre el discurso de soberanía y la realidad de la inseguridad alimentaria constituye el núcleo de la ruptura contractual en lo que al derecho a la alimentación se refiere. El Estado ha fallado en la dimensión de la seguridad y, paradójicamente, ha perdido la soberanía al quedar supeditado a la volatilidad de los mercados internacionales y a la ayuda externa para evitar el colapso nutricional de su población.

No obstante, la ruptura del contrato social en Cuba no puede entenderse sin analizar el colapso del modelo de subsidio externo que sostuvo la estabilidad del régimen durante la era de la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Durante los años 70 y 80, la supuesta seguridad alimentaria no estaba respaldada por una eficiencia productiva interna, sino por una transferencia masiva de valor de los países del bloque socialista. Este modelo permitía una distorsión de los precios internos y una provisión de alimentos básicos a precios simbólicos, lo que mitigaba la necesidad de una productividad agrícola real.

En ese sentido, el Período Especial marcó el primer gran quiebre visible en la confianza entre el ciudadano y el Estado. La desaparición súbita de los subsidios de petróleo, fertilizantes y alimentos obligó al Estado a una impensable gestión de la escasez. La seguridad alimentaria, que hasta entonces había sido un pilar de la legitimidad revolucionaria, se tornó una variable de crisis.

En esos años, la escasez dejó de ser una anomalía para convertirse en una constante estructural. El Estado cubano intentó responder mediante la diversificación de la economía hacia el turismo y las remesas, lo que adicionó otra fisura a la fractura social con la aparición de una dieta diferenciada. Mientras una élite vinculada al Estado y al turismo accedía a productos importados, la mayoría de la población regresaba a una alimentación basada en carbohidratos de baja densidad nutricional. Este fenómeno inició la transformación del contrato social: de un pacto de igualdad en la distribución, se pasó a un sistema de supervivencia desigual donde el acceso a la proteína y los micronutrientes dependía de la capacidad de acceso a divisas extranjeras, un recurso que el Estado controlaba de forma asimétrica.

Por otro lado, el discurso oficial utiliza la “defensa” de la soberanía alimentaria en el país para posicionar la crisis alimentaria no como un fallo de la planificación centralizada, sino como un efecto colateral del bloqueo económico estadounidense. Bajo esta lógica, la soberanía es entendida como una forma de resistencia política: la lucha por producir lo propio para no depender del “imperialismo”.

Sin embargo, la producción nacional revela una profunda paradoja: la soberanía alimentaria requiere autonomía en los medios de producción, capacidad de inversión y eficiencia en el uso de recursos; pero, en Cuba, el sector agropecuario estatal ha sufrido una desarticulación sistémica. La centralización extrema, la burocratización de la gestión de tierras y la falta de incentivos para el productor han conducido a una caída sostenida de la productividad por hectárea.

En primer lugar, aunque se pregona la soberanía, el sector agrícola cubano es profundamente dependiente de la importación de combustibles, fertilizantes químicos y maquinaria. Sin estos insumos externos, la producción nacional es mínima; por tanto, la soberanía es ilusoria. El país es soberano en discurso, pero dependiente en la práctica biológica.

Luego, si bien el Estado ha permitido el crecimiento de los cultivos libres y las granjas de gestión estatal, su incapacidad para cubrir la demanda básica ha forzado al sistema a depender de la pequeña escala privada o de la importación masiva. Esta contradicción debilita la capacidad del Estado para planificar la seguridad alimentaria a largo plazo.

En tercer lugar, la planificación centralizada, diseñada para una economía de escasez controlada, ha demostrado ser incapaz de responder a las fluctuaciones de la demanda y a la logística de distribución en un contexto de crisis energética. La soberanía alimentaria requiere una gestión técnica de la abundancia o, al menos, de la suficiencia; Cuba, sin embargo, gestiona la carencia.

No debe tampoco olvidarse que, en sistemas de planificación centralizada con alta restricción de recursos, la escasez deja de ser un problema puramente logístico para convertirse en una herramienta de gobernanza. En Cuba, la gestión de la carencia no se ha limitado a la distribución de suministros, sino que ha operado como un mecanismo sutil de control social y político.

La lógica de este control se articula a través de la dependencia institucionalizada. Cuando el Estado es el único proveedor —o el principal distribuidor— de bienes esenciales, el acceso a la alimentación se convierte en un mecanismo de arbitraje político. El control no siempre es punitivo o directo, sino que se manifiesta mediante la capacidad de decidir quién accede, a qué, cuándo y a qué precio.

Tanto en el Período Especial como en el último quinquenio, la creación de sistemas de distribución diferenciados aupó una jerarquía entre los ciudadanos, con una sociedad de clases de consumo, en la que la lealtad o la cercanía al aparato estatal facilita la supervivencia. Asimismo, la escasez crónica ha generado un estado de estrés psicosocial constante. La necesidad de dedicar horas diarias a la búsqueda y conservación de alimentos consume el capital cognitivo y el tiempo de la población. Un ciudadano que dedica su energía vital a la supervivencia básica tiene menos capacidad de organización política, protesta social o pensamiento crítico.

Además, el Estado utiliza la escasez para fortalecer la cohesión interna a través del victimismo compartido. Al desplazar la responsabilidad de la falta de alimentos a factores externos, la carencia se transforma en una prueba de resistencia nacional. Así, la falta de comida no es vista como un error de gestión, sino como un combate que justifica la permanencia del modelo vigente. En este sentido, la inseguridad alimentaria no es un fallo del sistema, sino una característica de su funcionamiento para mantener la disciplina social mediante la gestión de la necesidad.

Dentro del propósito de las 176 nuevas reformas se encuentra la estabilización mediante la liberalización de precios o la actualización de los valores de la moneda/subsidios. Sin embargo, esto genera un fenómeno de inflación por desajuste. La estructura salarial estatal es incapaz de competir con la inflación de los precios de mercado; por tanto, mientras las medidas de ajuste buscan la “estabilización macroeconómica” mediante el control de la emisión monetaria, el efecto inmediato es la parálisis del poder adquisitivo de los trabajadores del sector estatal. Como consecuencia, el ciudadano ya no puede comprar lo que produce o lo que el Estado le permite trabajar. El pacto de “trabajo por subsistencia” se rompe porque la subsistencia ya no es alcanzable con el salario estatal.

Explicado de otra manera, los salarios en el sector público se mantienen estáticos o crecen a tasas nominales que no contemplan el incremento de los costos de vida. La liberalización parcial de precios en ciertos sectores de la economía crea una brecha donde los productos alimentarios de primera necesidad (proteínas, carbohidratos complejos, grasas) se comportan como bienes de lujo. Esta asimetría transforma la alimentación en un ejercicio de “economía de supervivencia”, en la que el cubano debe decidir entre la nutrición o el cumplimiento de otras necesidades básicas como medicinas, pago de servicios y otros gastos de vivienda.

De igual modo, estas medidas amplían la brecha en la población, terminando de destruir el ideal de “igualdad social” que sostenía la legitimidad del sistema. La nueva élite está integrada por aquellos con acceso a remesas, negocios privados de alta rentabilidad o trabajos en el exterior; mientras que los trabajadores estatales y jubilados que dependen exclusivamente del sistema de distribución estatal y salarios nominales siguen conformando la población vulnerable. En este sentido, el Estado ha dejado de ser el garante de la equidad y se ha convertido, primero, en un generador y, luego, en un espectador de una desigualdad extrema, pues el pacto social no preveía que el acceso a la alimentación dependiera del origen del ingreso sino de la condición de ciudadano.

Por otra parte, el Estado cubano había asumido hasta este momento el riesgo de la gestión económica; pero, con las nuevas medidas, se observa un proceso de externalización del riesgo. Al fomentar la microempresa y la gestión privada para cubrir su incapacidad de sostener el gasto público en subsidios alimentarios, el Gobierno transfiere la responsabilidad de la escasez al sector privado y al esfuerzo individual. Ahora, si el sector privado no puede producir lo suficiente o los precios son prohibitivos, el Estado ya no responde con “provisión”, sino con la narrativa de “regularización del mercado”. 

Este fenómeno es particularmente peligroso en el contexto cubano, ya que la mayoría de la población carece de un colchón de activos o ahorros que permitan absorber los choques inflacionarios. La consecuencia es la pauperización acelerada de la clase trabajadora, aun cuando es el sector base de legitimidad del sistema.

En este orden de ideas, la eliminación de los subsidios alimentarios concernientes a la libreta de abastecimiento ataca el núcleo del pacto. Dicho mecanismo, que siempre ha formado parte del discurso oficial de mitigación de la pobreza y distribución igualitaria, hace rato que está siendo desmantelado de facto a través de:

• reducción de la dotación calórica: la disminución de la frecuencia y cantidad de los productos asignados reduce la base nutricional mínima necesaria para el desarrollo cognitivo y físico de la población;

• “calidad de la escasez”: no solo disminuye la cantidad, sino que la calidad de los productos disponibles en el mercado estatal se degrada, obligando al consumidor a recurrir al mercado informal; y

• el mercado informal como regulador de supervivencia: al fallar el suministro estatal, los cubanos se ven forzados a acudir a la economía informal o a las mipymes, ambos con precios prohibitivos.

En el mismo momento en que el Gobierno termine de desmantelar el subsidio masivo para intentar sanear las finanzas estatales, está dejando a la población en un estado de incertidumbre nutricional. Así, la inseguridad alimentaria pasa de ser un problema de “distribución” a uno de “capacidad de pago”, generando un fenómeno de desnutrición estructural y erosión de la salud pública. 

¿Qué lealtad le puede deber entonces un ciudadano que no puede comer a un contrato social que incumple su parte más básica?

Mas, si la inseguridad alimentaria es la consecuencia visible, la inestabilidad macroeconómica es la causa estructural. Paradójicamente, las mismas medidas que deberían corregir desequilibrios fiscales exacerban la desigualdad y la desvalorización de la moneda nacional.

En el contexto actual, la inflación no es solo un fenómeno monetario derivado del exceso de oferta de dinero; es una inflación por costos y por devaluación. Las medidas de ajuste fiscal, al intentar reducir el déficit estatal, han limitado la capacidad de inversión en la producción nacional, lo que perpetúa la dependencia de las importaciones: la baja producción nacional obliga a importar alimentos y bienes básicos, para lo cual las divisas son imprescindibles; a su vez, la necesidad de divisas para importar presiona el tipo de cambio en el mercado informal; por consiguiente, el aumento del costo de la divisa se traslada de inmediato al precio de los productos en el mercado interno, erosionando el valor de la moneda nacional. 

En este escenario, la inflación actúa como un “impuesto regresivo” que castiga con mayor severidad a quienes no poseen activos en moneda extranjera, lo que constituye la mayor parte de la población trabajadora.

Dentro de las medidas, uno de los aspectos más críticos es la consolidación de una economía de dos velocidades: la coexistencia de un sector estatal con salarios en moneda nacional y de un sector privado/informal movido por divisas. Semejante dualidad genera serios efectos disruptivos; a saber:

• El valor del trabajo ya no se mide por la productividad o el tiempo empleado, sino por la capacidad de la actividad para captar divisas. Esto desincentiva la labor en sectores estratégicos del Estado (educación, salud, administración pública) y fomenta la fuga de capital humano hacia sectores de servicios de alto valor percibido en divisas.

• El ascenso social ya no depende del mérito académico o del esfuerzo laboral dentro de las estructuras estatales, sino de la cercanía o acceso a los flujos de divisas.

• Cuando el Estado no puede garantizar la estabilidad del valor de la moneda en la que paga los salarios, pierde su función primordial de regulador económico y garante de la equidad.

Por otra parte, para reducir el déficit, las nuevas medidas recortan diversos subsidios y gastos públicos. No obstante, este recorte reduce el consumo interno y, por ende, la recaudación fiscal derivada de la actividad económica. El resultado es un ciclo de estancamiento que conlleva a un mayor déficit relativo. Esta dinámica sugiere que las medidas de ajuste son más bien de carácter reactivo y no estructural. Se están aplicando parches de austeridad para gestionar la escasez, pero no se están abordando las causas de la baja productividad que originan el déficit.

No menos importante resulta la pérdida de la función de reserva de valor de la moneda nacional, derivada de la inestabilidad. Los cubanos han dejado de ahorrar en pesos cubanos no por elección, sino por supervivencia. Un fenómeno de desmonetización de facto que indica el movimiento de la economía hacia un modelo de trueque o de uso exclusivo de divisas, lo que deja al Estado sin control sobre la masa monetaria y su capacidad de política económica.

En síntesis, la inseguridad alimentaria ha alterado el contrato social. El escenario para el modelo cubano se encuentra en una encrucijada histórica:

• Si se mantiene la rigidez del modelo de planificación centralizada y la resistencia a las reformas estructurales del sector agropecuario, la inseguridad alimentaria continuará profundizándose. Esto llevará a una descapitalización humana irreversible, donde la población restante será incapaz de sostener la infraestructura básica, resultando en una crisis de subsistencia permanente y en una dependencia absoluta de las remesas externas.

• Un intento de transición hacia un modelo de economía mixta, donde se otorgue mayor autonomía a los productores locales y se desregule el mercado de alimentos, requiere una voluntad política de ceder control, lo cual es altamente improbable bajo la estructura actual. De lograrse, podría estabilizar el suministro, pero generaría tensiones sociales debido a la desigualdad de ingresos que el mercado produciría.

• La acumulación de tensiones derivadas de la escasez y el colapso de la capacidad de gestión estatal podrían resultar en una transformación radical del modelo político-económico, impulsada no por una reforma planificada, sino por la presión de una sociedad civil que ya no puede sostener el costo biológico del sistema vigente.

La supervivencia de la nación cubana, en su configuración actual, parece estar condicionada a su capacidad para resolver la paradoja de su gestión de recursos: un sistema que busca el control total sobre la vida de sus ciudadanos, pero que ha perdido el control sobre la capacidad de mantenerlos con vida. 

El país se encuentra en un punto de inflexión estructural y la constante fluctuación de precios, la incertidumbre cambiaria y la inseguridad alimentaria generan un estado de ansiedad social crónica. El pacto social no se restaurará únicamente con ajustes fiscales o control de la emisión monetaria. Requiere un cambio de paradigma que priorice, como mínimo, la producción y la autonomía sobre la ideología y el control centralizado, y, sobre todo, que sea capaz de conectar las políticas estatales con la realidad material de la población de modo que garantice todos sus derechos.

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