Este ensayo se escribe como respuesta y continuación crítica de dos artículos publicados en Hypermedia Magazine: “Del Estrecho de Florida como campo de exterminio” de Antonio José Ponte y “La revolución sin nosotros” de Néstor Díaz de Villegas.
El intercambio entre ambos parecería que gira alrededor de una metáfora y de un pronombre, pero en realidad habla sobre responsabilidades. Díaz de Villegas llama al Estrecho de Florida “nuestro campo de exterminio”; Ponte objeta que el mar, por mortífero que sea, no es un campo de exterminio y pregunta qué significa ese “nuestro”. En su respuesta, Díaz de Villegas sostiene que “el régimen” no existe separado de “nosotros”: fue una creación cubana, familiar y cultural antes de convertirse en una abstracción a la cual endosar todas las culpas.
Hannah Arendt fue una pensadora política germano-estadounidense de origen judío cuya obra examinó el totalitarismo, la condición del refugiado y la responsabilidad individual bajo sistemas autoritarios. Tras huir de la Alemania nazi, dedicó buena parte de su pensamiento a comprender cómo personas ordinarias pueden participar en estructuras de dominación sin renunciar por ello a su responsabilidad moral.
Su conocida expresión “la banalidad del mal” no significa que el mal sea insignificante ni que el burócrata sea inocente, sino que ciertos crímenes pueden ser ejecutados por individuos que sustituyen el juicio propio por clichés, órdenes y procedimientos administrativos. Este ensayo recurre a Arendt con cautela: no para equiparar la Revolución cubana con el nazismo, sino para examinar la relación entre obediencia, responsabilidad personal, apoyo colectivo y poder político.
Las dos intervenciones protegen verdades distintas. Ponte cuestiona la analogía desde su lógica interna: el Estrecho es una ruta de escape, aunque mortal y sometida a la coerción estatal, mientras que un campo de exterminio es una institución concebida para matar; confundirlos, sostiene, oscurece tanto la decisión de huir como las formas concretas en que el régimen controla y explota esa fuga. Díaz de Villegas rechaza la ficción de un poder sin agentes, como si el castrismo hubiera caído sobre Cuba desde otro planeta.
Leídos desde el prisma de Hannah Arendt, ambos argumentos resultan necesarios, pero ninguno basta por sí solo. La verdad factual no debe impedir que preguntemos quién construyó y sostuvo el régimen; la responsabilidad compartida no debe convertirse en culpabilidad colectiva.
Una lectura arendtiana de los primeros años revolucionarios debe situarse justamente entre esos dos peligros. No se trata de declarar vencedor a uno de los articulistas, sino de separar tres planos que su polémica tiende a mezclar: la exactitud de las categorías históricas, la culpa individual por actos determinados y la responsabilidad política por un mundo común.
Ponte tiene razón en lo esencial de su reparo conceptual. Un campo de exterminio no es cualquier lugar donde mueren muchas personas, sino una institución organizada para producir la muerte de poblaciones definidas como objetivo. El Estrecho ha sido ruta de fuga, frontera militarizada y cementerio de innumerables cubanos; en episodios concretos, el Estado ha perseguido, impedido el auxilio o contribuido a desenlaces letales. Nada de ello convierte automáticamente al mar en una cámara de gas. La metáfora intensifica la denuncia, pero también puede sustituir la prueba por la conmoción.
Esta cautela es profundamente arendtiana. Arendt insistió en la verdad factual porque, sin un suelo compartido de hechos, el juicio político queda a merced de la propaganda. Aplicar sus ideas a Cuba no significa ni llamar nazi al castrismo, pero tampoco trivializarlo ni minimizarlo. Las comparaciones solo esclarecen cuando identifican mecanismos limitados; burocracia, obediencia, lenguaje deshumanizador, destrucción del pluralismo; y mantienen visibles las diferencias de intención, escala e instituciones. El neologismo de Díaz de Villegas, “nacionalsocialismo vivíparo”, y cualquier cifra especulativa de muertos exigen demostración histórica; la fuerza literaria no las acredita.
Ponte también acierta al observar que quien entra en una balsa busca salir de un orden político y alcanzar otro. El mar no es únicamente instrumento del poder: es el espacio peligroso de una decisión de fuga. Sin embargo, su objeción sería incompleta si naturalizara ese peligro. Una frontera puede ser geografía y, a la vez, dispositivo político: cuando un gobierno encarcela a quien intenta partir, abre o cierra las salidas según su conveniencia, hostiga embarcaciones o abandona vidas que podría salvar, incorpora el mar a su repertorio de coerción.
Díaz de Villegas, por su parte, señala un punto que la gramática de Ponte deja abierto: ¿quién es “el régimen”?
Ninguna maquinaria gobierna sin personas. Hubo cubanos que redactaron leyes, organizaron comités, confiscaron propiedades, administraron cárceles, excluyeron colegas, denunciaron vecinos y convirtieron consignas en rutinas. También hubo multitudes que celebraron el nuevo orden. Reducir todo eso a “ellos” puede ser una forma de descargar la propia biografía sobre una entidad impersonal.
Aquí aparece la afinidad más fértil con la lectura arendtiana de Adolf Eichmann. La “banalidad del mal” no significa que sus crímenes fueran pequeños, ni que todo empleado público sea un Eichmann. Arendt describía a un agente plenamente responsable cuya pobreza de juicio se manifestaba en clichés, obediencia y lenguaje administrativo. La burocracia fragmenta la acción, pero no suspende la responsabilidad: detrás del sello, la lista o el expediente hay alguien que decide colaborar.
El “nosotros” de Díaz de Villegas rompe, por tanto, una coartada importante. Pero crea otra si hace de todos los cubanos autores equivalentes del mismo mal. Arendt distinguió la culpa jurídica y moral, la individual y vinculada a actos demostrables, de la responsabilidad política por el mundo compartido. Si todos son culpables, las diferencias entre dirigentes, ejecutores, beneficiarios, conformistas, resistentes y víctimas desaparecen. La culpabilidad colectiva termina siendo paradójicamente indulgente con quienes más poder tuvieron.
La Revolución de 1959 no comenzó como un proyecto comunista inequívoco compartido por todos sus participantes. Contra Batista confluyeron nacionalistas, liberales, católicos, socialistas, estudiantes, trabajadores y sectores empresariales. El nuevo gobierno obtuvo un apoyo popular amplio porque prometía soberanía, justicia social y fin de la corrupción. Negar ese entusiasmo haría incomprensible tanto la rapidez de las transformaciones como la participación de familias semejantes a la descrita por Díaz de Villegas.
Pero la mayoría no decide por sí sola la legitimidad de cada medida. Una sociedad puede aprobar la reforma agraria y tolerar juicios sin garantías; celebrar la soberanía y aceptar la censura; confiar en un liderazgo mientras se destruyen los límites institucionales. El desafío arendtiano surge cuando el vocabulario político reemplaza el juicio particular. “Batistiano”, “gusano”, “contrarrevolucionario” y “traidor” reunieron bajo una identidad condenatoria a represores reales, propietarios afectados, antiguos revolucionarios, creyentes, liberales y ciudadanos que reclamaban elecciones o libertad de expresión.
El funcionario deja entonces de perjudicar a una persona concreta y tramita el caso de un “enemigo”. El vecino no coopera con su exclusión; demuestra “firmeza”. El apoyo inicial explica el contexto de esas decisiones, pero no las absuelve. Incluso aumenta la significación moral de quienes conservaron la capacidad de disentir cuando el consenso hacía costoso decir que no.
La misma diferenciación debe aplicarse a la primera oleada del exilio. Entre quienes salieron después de 1959 había militares y funcionarios de Batista, grandes propietarios y empresarios ligados al orden anterior. El llamado exilio histórico fue desproporcionadamente urbano, blanco, educado y de capas medias y altas. Algunos previeron el giro socialista y se opusieron principalmente para conservar patrimonio, influencia o jerarquía. Presentarlos retrospectivamente como una comunidad democrática sin manchas falsifica la historia.
La oleada, sin embargo, nunca fue homogénea. Conforme el proceso se radicalizó, salieron profesionales, católicos, liberales y antiguos combatientes contra Batista que podían respaldar reformas sociales, pero rechazaban la concentración del poder o la desaparición del pluralismo. El interés económico puede ser moralmente criticable; no equivale por sí solo a delito. Del mismo modo, ser perseguido por el castrismo no borra la complicidad anterior con Batista. El exilio no expide certificados de inocencia.
Tampoco la oposición exime del juicio sobre los medios. La CIA entrenó y financió a la Brigada 2506 para Bahía de Cochinos y la Operación Mangosta incluyó propaganda, sabotaje, inteligencia y proyectos de asesinato. Los cubanos que participaron conservaron agencia y responsabilidad; atribuirlo todo a Washington repetiría el traslado de culpa que Díaz de Villegas denuncia. Atacar civiles, practicar terrorismo o respaldar una intervención no se vuelven democráticos por dirigirse contra un gobierno autoritario.
No obstante, juzgar a ambos lados no obliga a igualarlos. El Estado revolucionario controlaba tribunales, policía, cárceles, educación, empleo y medios; su capacidad sistemática de coerción no era la de un grupo clandestino. La agresión exterior ayudó al gobierno a justificar el asedio y el cierre interno radicalizó a parte del exilio. Esa causalidad recíproca no produce absolución: la intervención no legitima la supresión indefinida de derechos, ni la represión autoriza cualquier método de resistencia.
La sugerencia etimológica de Díaz de Villegas; “ex-terminio” como expulsión más allá de los límites de las polis; es más fecunda si se separa del campo nazi. Arendt estudió la condición del refugiado y del apátrida para mostrar que los derechos abstractos se vuelven frágiles cuando una persona pierde la comunidad capaz de garantizarlos.
Su fórmula del “derecho a tener derechos” nombra la pertenencia a un mundo donde la palabra y la acción cuentan. Visto así, el éxodo cubano no necesita ser equiparado al exterminio industrial para constituir una catástrofe política. La expulsión explícita, el hostigamiento, la imposibilidad de regresar, la pérdida de ciudadanía efectiva y la conversión del mar en única salida erosionan la pertenencia común.
El Estrecho puede ser simultáneamente ruta de libertad y archivo de esa desposesión. La precisión de Ponte corrige la metáfora; la intuición de Díaz de Villegas obliga a preguntar por las condiciones políticas que empujaron a tantos hacia ella.
Ponte y Díaz de Villegas pueden leerse, entonces, como custodios de dos límites. El primero recuerda que las palabras históricas no son intercambiables: el Estrecho no es Auschwitz. El segundo recuerda que “el régimen” no es un sujeto mágico: no actúa sin cubanos que lo construyan, administren y normalicen. Arendt permite sostener ambas afirmaciones sin confundirlas.
La investigación que sigue de ahí no pregunta simplemente quién estuvo “con” o “contra” la Revolución. Pregunta quién decidió, qué sabía, cuánto margen tenía para negarse, qué beneficio obtuvo, qué daño causó y qué medios escogió al resistir. Distingue al antiguo represor batistiano del liberal exiliado; al dirigente que ordena del empleado amenazado; al opositor civil del saboteador; a la adhesión temprana basada en esperanzas legítimas de la colaboración posterior con abusos conocidos. Las categorías políticas orientan, pero los actos atribuyen responsabilidad.
Los inicios revolucionarios tampoco caben en el relato de un pueblo engañado desde el primer día, ni en el de una Revolución inocente destruida solamente por sus enemigos. Hubo apoyo genuino, reformas deseadas, privilegios amenazados, autoritarismo creciente, resistencia democrática y violencia contrarrevolucionaria. Comprender esa trama no es perdonar ni equiparar: es impedir que la complejidad sirva para disolver la responsabilidad.
El “nosotros” cubano puede nombrar una responsabilidad política compartida hacia el presente, no una culpa idéntica por el pasado. Incluye a revolucionarios, funcionarios, exiliados, opositores y generaciones posteriores, porque todos heredan un mundo común que exige verdad, juicio y reconstrucción.
El régimen no somos todos en el mismo sentido; pero tampoco existe sin las personas que lo hacen posible. Entre esas dos precisiones comienza un análisis verdaderamente arendtiano que marca el camino a la reconciliación.
Del Estrecho de Florida como campo de exterminio (En respuesta a Néstor Díaz de Villegas)
De contar con pruebas de existencia de campos de exterminio cubanos nada me costaría denunciarlos en toda su responsabilidad.
Ponte dentro del campo de exterminio
El castrismo opera su emborronamiento último no solo entre los observadores más diligentes, sino en el mismo autor del sistema.
