Introducción
Cuba sigue siendo el régimen autoritario de más larga duración en el hemisferio occidental y una importante preocupación estratégica para Estados Unidos. Más de seis décadas después de la Revolución cubana de 1959, la isla continúa funcionando bajo un sistema político centralizado y de partido único, en el que el Partido Comunista de Cuba (PCC) está constitucionalmente definido como la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Constitución de la República de Cuba, 2019, Art. 5).
El régimen no permite la competencia política y mantiene un estricto control tanto sobre la política como sobre la economía. La organización política independiente está prohibida, la libertad de prensa se encuentra extremadamente restringida, la disidencia es criminalizada y la sociedad civil opera bajo una intensa vigilancia gubernamental (Human Rights Watch, 2024).
El régimen, dirigido ahora por una generación posterior a los Castro, es hoy más frágil que en cualquier otro momento desde el colapso de la Unión Soviética. Cuba atraviesa una grave crisis económica y social, y los acontecimientos recientes, junto con la presión de la Administración Trump, siguen intensificando la incertidumbre ya existente acerca del futuro del régimen.
Un importante punto de inflexión se produjo tras la captura, el 3 de enero de 2026, del presidente venezolano Nicolás Maduro —el aliado regional más cercano de Cuba— por fuerzas estadounidenses (Departamento de Guerra de Estados Unidos, 2026). Como consecuencia, Cuba perdió el suministro de petróleo venezolano y con ello desapareció uno de sus principales salvavidas. Aproximadamente al mismo tiempo, la Administración Trump estableció un mecanismo para imponer aranceles a los bienes procedentes de países que suministraran petróleo a Cuba (La Casa Blanca, 2026). México, que se había convertido en el principal proveedor externo de Cuba a medida que disminuían los suministros venezolanos, redujo posteriormente sus envíos, restringiendo aún más la disponibilidad de combustible y provocando nuevos apagones rotativos e interrupciones de servicios en toda la isla.
Desde enero, la situación en la isla ha continuado deteriorándose. Miguel Díaz-Canel se mantiene en la presidencia, pero su gobierno ha tenido serias dificultades para responder a la profundización de la crisis cubana. Con una economía en colapso, apagones frecuentes, escasez de alimentos y millones de personas abandonando el país, Cuba está entrando en una nueva e incierta etapa (Acosta Rodríguez, 2026; Ewing-Chow, 2026).
Al mismo tiempo, el gobierno ha mostrado escasa disposición a relajar su control político y, en cambio, continúa apoyándose en el Partido Comunista, los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas para mantener la estabilidad. El régimen también se ha inclinado cada vez más hacia Rusia, China, Irán y otros gobiernos contrarios a Estados Unidos en busca de apoyo, pero esas alianzas no han logrado revertir el colapso económico de Cuba ni mejorar las condiciones de vida de la población en la isla. Estas relaciones no han hecho sino profundizar la crisis cubana y generar nuevas preocupaciones en Washington acerca de lo que la inestabilidad de la isla podría significar para Estados Unidos.
Los estadounidenses deben prestar siempre especial atención a los acontecimientos en Cuba. La isla se encuentra a solo 90 millas del estado de Florida, en un punto estratégico del Caribe, lo que la sitúa en una posición privilegiada para vigilar e influir tanto sobre el tráfico marítimo como sobre la actividad aérea en las proximidades del territorio estadounidense. Su estabilidad —o la ausencia de ella— tiene implicaciones directas para la seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad fronteriza, los flujos migratorios, el narcotráfico, los mercados energéticos y, en términos más amplios, la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental.
Más allá de estos desafíos, el régimen cubano ha intentado durante décadas socavar los intereses estadounidenses mediante actividades de espionaje, operaciones de influencia y cooperación con gobiernos extranjeros hostiles, lo cual convierte los acontecimientos en la isla en una cuestión de importancia estratégica para Estados Unidos. Mientras Washington evalúa la mejor manera de reafirmar su liderazgo en el hemisferio y contrarrestar la creciente influencia de adversarios externos, resulta esencial comprender no solo la situación actual del régimen cubano, sino también su probable trayectoria futura.
La Administración Trump ha convertido la restauración de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental en un objetivo de seguridad nacional, y ello exige algo más que reaccionar a las crisis a medida que se producen. Exige hacer frente a los actores extranjeros hostiles que continúan desafiando la influencia y la seguridad de Estados Unidos en todo el hemisferio, entre los cuales Cuba sigue ocupando un lugar destacado.
Bajo lo que se conoce cada vez más como el Corolario Trump o la “Doctrina Donroe”, Estados Unidos ha dejado claro que ya no tolerará que potencias extranjeras hostiles establezcan posiciones militares, de inteligencia o económicas en ningún lugar del continente americano. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump devuelve al país a su concepción tradicional del hemisferio occidental como una zona vital de interés estratégico y enfatiza el compromiso de reducir las presiones migratorias, fortalecer la seguridad regional y contrarrestar la influencia externa hostil cerca de las fronteras estadounidenses (La Casa Blanca, 2025).
Cuba ocupa el centro de ese desafío. La Cuba de hoy no es la Cuba de 1991, ni siquiera la Cuba de 2014. La transición pos-Castro no ha producido una liberalización política, mientras el deterioro económico, el declive demográfico, el creciente descontento y el aumento de las tensiones sociales continúan erosionando los cimientos del régimen. Al mismo tiempo, La Habana ha ampliado su cooperación política, económica, de inteligencia y militar con países como Rusia, China e Irán. Estas relaciones proporcionan a los adversarios de Estados Unidos una mayor presencia en el Caribe y crean oportunidades para ampliar la recopilación de inteligencia, la cooperación militar, las operaciones cibernéticas y la influencia política a solo 90 millas del territorio estadounidense. Como resultado, Cuba se ha convertido en una plataforma desde la cual potencias hostiles proyectan su influencia hacia el hemisferio occidental.
La Administración Trump es consciente de este desafío. En un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en julio de 2026, titulado Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, la Administración documentó la larga historia de espionaje de Cuba contra Estados Unidos y concluyó que el país continúa representando una enorme amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a sus actividades de inteligencia, su apoyo a actores hostiles, sus operaciones de influencia ideológica y sus alianzas con adversarios de Estados Unidos. El informe refleja la posición de la Administración Trump de que Cuba no debe ser tratada simplemente como un Estado autoritario, sino como un desafío estratégico activo en el hemisferio occidental (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
Este documento de base evalúa el estado actual del régimen cubano y los desafíos que plantea para los intereses de Estados Unidos. Una evaluación realista y lúcida de la situación interna de Cuba y de sus alianzas exteriores resulta esencial para la formulación de políticas bien fundamentadas.
Este informe se propone ofrecer ese análisis mediante el examen de las vulnerabilidades actuales del régimen, las presiones a las que se enfrenta y las posibles implicaciones para los intereses estadounidenses en los próximos años. Examina la estructura del poder político bajo el actual presidente Miguel Díaz-Canel y la persistente influencia de la élite de la era castrista; analiza el agravamiento de la crisis económica del país y el continuo éxodo migratorio; y evalúa el aparato de seguridad interna del régimen y sus métodos de control social y político. Asimismo, estudia las principales relaciones exteriores de Cuba, incluidas sus alianzas con Venezuela, México, Rusia, China, Irán y otros actores globales cuyos intereses son hostiles a los de Estados Unidos. En conjunto, estos factores permiten comprender mejor la capacidad de resistencia del régimen cubano, las fuentes de su vulnerabilidad y las posibles consecuencias de esta inestabilidad a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
Contexto histórico y evolución del régimen
El sistema político moderno de Cuba se configuró tras la Revolución cubana de 1959, que llevó al poder a Fidel Castro y a su movimiento revolucionario. En los años siguientes, el nuevo gobierno desmanteló las instituciones democráticas del país, consolidó la autoridad política y estableció un Estado de partido único bajo el PCC (Ancient War History, 2026).
Con el tiempo, el poder político y los mecanismos de sucesión en el liderazgo quedaron concentrados en un reducido círculo de dirigentes revolucionarios, oficiales militares y miembros de la élite del Partido Comunista. Los partidos de oposición fueron prohibidos, los medios de comunicación independientes fueron clausurados o sometidos al control estatal, y la actividad política al margen de las organizaciones autorizadas por el Estado quedó restringida.
A largo plazo, el Estado cubano hizo posible este sistema mediante el desarrollo de un amplio aparato de seguridad interna destinado a vigilar la disidencia, limitar la actividad política independiente y preservar la estabilidad del régimen. Las instituciones que gobiernan Cuba en la actualidad reflejan ese legado.
El resultado es un sistema político que ha mostrado una notable continuidad a pesar de los cambios de liderazgo. Aunque el poder pasó de Fidel Castro a Raúl Castro y posteriormente al presidente Miguel Díaz-Canel, la estructura básica del sistema político se ha mantenido en gran medida intacta y sin modificaciones sustanciales. El Partido Comunista continúa desempeñando un papel dirigente protegido constitucionalmente, mientras sigue sin existir una competencia política significativa (Constitución de la República de Cuba, 2019, Art. 5).
La transferencia de poder que culminó con la llegada de Díaz-Canel a la presidencia no modificó de manera fundamental la estructura existente, sino que preservó el mismo sistema bajo un nuevo liderazgo. En este sentido, la era pos-Castro no ha representado una transición política en ningún sentido sustantivo, sino más bien una sucesión administrada y la continuidad de un sistema concebido para impedir el cambio y conservar los rasgos fundamentales del Estado revolucionario.
Esta trayectoria y sus consecuencias ayudan a explicar los desafíos que enfrenta hoy la isla. Cuba no atraviesa simplemente una recesión económica o una dificultad coyuntural; afronta los efectos acumulados de 67 años de políticas y decisiones que han debilitado la capacidad del Estado para gobernar eficazmente, al tiempo que han dejado un margen muy reducido para cualquier proceso de cambio.
El sistema político cubano
Cuba funciona bajo un sistema político de partido único en el que el Partido Comunista de Cuba (PCC) está constitucionalmente definido como la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Constitución de la República de Cuba, 2019, Art. 5). Ningún otro partido político puede operar legalmente y la oposición política continúa sometida a fuertes restricciones. Los críticos del gobierno, disidentes y activistas se enfrentan al hostigamiento, la detención y el encarcelamiento, mientras los llamados actos de repudio continúan utilizándose para intimidar y silenciar las voces opositoras (Freedom House, 2025).
En Cuba siguen celebrándose elecciones de manera regular, pero estas no constituyen un mecanismo para una competencia política significativa ni para la alternancia en el poder. Los candidatos a la Asamblea Nacional son seleccionados mediante un sistema controlado por organizaciones que operan bajo la orientación del PCC. Como se señaló anteriormente, los partidos de oposición no pueden presentar candidatos, por lo que a los electores se les ofrece, por lo general, un único candidato para cada escaño.
En consecuencia, las elecciones funcionan más como un proceso de ratificación que como una verdadera contienda entre candidatos políticos. Aunque en las elecciones municipales locales puede haber varios candidatos en la boleta, no se permite hacer campaña, y el marco electoral en su conjunto permanece bajo el control de instituciones estatales alineadas con el PCC. El poder político, por tanto, continúa concentrado en un grupo relativamente reducido de funcionarios del Partido, del gobierno y de los organismos de seguridad, con escaso margen para la participación política independiente o para un cambio de liderazgo.
Las elecciones a la Asamblea Nacional de marzo de 2023 constituyen un buen ejemplo de esta estructura. Los 470 candidatos aprobados resultaron electos. Posteriormente, la recién constituida Asamblea Nacional reeligió a Miguel Díaz-Canel como presidente y ratificó en sus cargos a altos funcionarios del gobierno. Tras la votación, Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, agradeció al pueblo cubano su participación “de manera masiva en este proceso electoral de trascendental importancia para el presente y el futuro de la nación”. El presidente Miguel Díaz-Canel también describió el resultado como una victoria para Cuba y calificó los resultados como «un jonrón limpio» (Sherwood, 2023).
Miguel Díaz-Canel continúa ejerciendo formalmente como jefe de Estado y de gobierno de Cuba, pero el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias siguen siendo los pilares centrales del sistema político. El poder y la toma de decisiones se distribuyen entre una red de altos funcionarios del Partido, mandos militares, servicios de seguridad y figuras vinculadas a la era de los Castro. Las Fuerzas Armadas mantienen además una importante influencia sobre amplios sectores de la economía a través del conglomerado militar GAESA, conocido formalmente como Grupo de Administración Empresarial S.A.
Creado originalmente bajo Raúl Castro para apoyar al sector de la defensa cubana, GAESA controla actualmente grandes segmentos del turismo, el comercio minorista, las finanzas, el transporte, la logística y el comercio exterior, lo que lo convierte en una de las instituciones más poderosas de la isla. Estimaciones de economistas y observadores externos indican que controla entre el 40 % y el 70 % de toda la economía cubana, otorgando a las instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas un extraordinario control sobre el funcionamiento del país y el destino de sus recursos (Abi-Habib & Gamio, 2026).
GAESA nunca ha funcionado como una empresa estatal convencional. Sus cargos directivos han sido ocupados durante décadas por altos oficiales militares y por personas pertenecientes o cercanas a la familia Castro, lo que ha garantizado que el control de las mayores empresas del país permanezca en manos del mismo reducido grupo que dirige el sistema político cubano. Durante años estuvo encabezada por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del régimen (EFE/Telemundo 51, 2022). GAESA ha continuado estrechamente vinculada a las redes de poder de la era pos-Castro.
Este férreo control político y económico ha hecho prácticamente imposible el surgimiento de movimientos políticos de oposición. La actividad política al margen de las instituciones autorizadas por el Estado continúa sometida a fuertes restricciones, y las organizaciones independientes de la sociedad civil se enfrentan a una supervisión gubernamental constante (Freedom House, 2025).
Décadas de restricciones a la organización política, la libertad de asociación y la disidencia también han limitado el surgimiento de figuras opositoras o de nuevos movimientos políticos dentro del país. Como resultado, el PCC continúa monopolizando el panorama político cubano, mientras muchas de las figuras opositoras, activistas, empresarios, académicos y voces políticas más destacadas de Cuba se ven obligadas a actuar desde fuera de la isla, particularmente desde las comunidades del exilio en Estados Unidos y Europa (Lachter, 2026).
El descontento público ha aumentado al mismo ritmo que la crisis económica del país. Según una encuesta de 2025, aproximadamente el 92 % de los encuestados declaró tener una opinión desfavorable del gobierno, mientras que solo un 5 % manifestó una valoración favorable (Observatorio de Derechos Sociales Cuba, 2025). Sin embargo, a pesar de este descontento, el sistema político sigue sin ofrecer vías para que grupos independientes puedan organizarse, competir por el poder o desarrollar alternativas viables al liderazgo existente.
Colapso económico y crisis estructural
La crisis económica de Cuba no surgió de la noche a la mañana. Durante décadas, la economía controlada por el Estado ha padecido baja productividad, una actividad limitada del sector privado y una fuerte dependencia del apoyo extranjero para garantizar alimentos, energía y financiamiento. Con los años, ese apoyo pasó de los subsidios de la Unión Soviética durante la Guerra Fría al petróleo venezolano tras el colapso soviético y, más recientemente, a países como Rusia, China y otros gobiernos hostiles a Estados Unidos.
En los últimos años, estas debilidades estructurales se han visto agravadas por impactos externos como la pandemia de COVID-19, reformas económicas fallidas, crecientes desequilibrios fiscales y monetarios, y la pérdida de socios y fuentes de apoyo en el extranjero.
La economía se contrajo un 10,9 % en 2020, una de las caídas más pronunciadas de América Latina, y desde entonces no ha recuperado los niveles previos a la pandemia (Congressional Research Service, 2022). Los esfuerzos por estabilizar el sistema han resultado, en gran medida, insuficientes. La reforma monetaria de 2021, concebida para eliminar el sistema de doble moneda de Cuba, terminó contribuyendo, en cambio, a la inflación, la escasez y mayores distorsiones del mercado. Las cifras oficiales indicaron que la inflación superó el 30 % en 2023, mientras economistas independientes estimaron aumentos todavía mayores en los mercados de consumo (Vidal Alejandro, 2025).
Las consecuencias de esta crisis son imposibles de ignorar en toda la isla. La escasez de alimentos, combustible, medicamentos y electricidad se ha convertido en algo habitual para la mayoría de los cubanos. Los apagones rotativos son cada vez más frecuentes a medida que disminuyen las reservas de combustible, afectando el transporte, los servicios públicos, la producción industrial y el acceso al agua potable.
En mayo de 2025, el ministro de Energía de Cuba reconoció que el país había agotado gran parte del diésel y el fueloil necesarios para mantener en funcionamiento las centrales eléctricas. En algunas zonas de la isla, los residentes pasan días enteros sin electricidad, lo que dificulta refrigerar alimentos, bombear agua o realizar actividades domésticas básicas. Un residente contó que había comenzado a utilizar su refrigerador como armario porque casi nunca había corriente eléctrica (Acosta Rodríguez, 2026). La crisis se agravó aún más en julio de 2026, cuando Cuba sufrió su tercer apagón nacional en seis meses y el octavo apagón de gran magnitud desde finales de 2024 (The Guardian, 2026).
Los datos sobre los hogares ayudan a ilustrar la gravedad de esta crisis. Según el Observatorio de Derechos Sociales Cuba, aproximadamente el 89 % de las familias cubanas vive en condiciones de pobreza extrema, y una mayoría declara tener dificultades incluso para conseguir productos de primera necesidad (Observatorio de Derechos Sociales Cuba, 2025).
La misma encuesta determinó que cerca de siete de cada diez cubanos han tenido que saltarse comidas porque los alimentos no estaban disponibles o resultaban demasiado costosos. Periodistas cubanos han descrito a familias que sobreviven con una sola comida al día o con cualquier alimento que puedan encontrar o conseguir por sus propios medios, y que recurren a la leña porque el combustible se ha vuelto demasiado caro (Acosta Rodríguez, 2026).
El acceso a la atención médica y a los medicamentos también se ha vuelto cada vez más difícil. El deterioro resulta particularmente llamativo si se tiene en cuenta que Cuba presentó durante décadas su sistema sanitario y sus misiones médicas en el extranjero como uno de los mayores logros del país (Evans, 2026). Durante décadas, La Habana envió a decenas de miles de médicos y otros trabajadores de la salud a distintos países del mundo, obteniendo miles de millones de dólares en ingresos y utilizando lo que llegó a conocerse como “diplomacia médica” para ampliar su influencia internacional.
Hoy, sin embargo, muchos cubanos tienen dificultades para encontrar un médico, obtener medicamentos básicos o recibir atención médica oportuna en sus propias comunidades, mientras los hospitales sufren una grave escasez de personal y un continuo deterioro de sus condiciones. Actualmente, solo el 3 % de los participantes en una encuesta declaró poder obtener de forma constante los medicamentos necesarios a través del sistema estatal de farmacias, mientras numerosos hogares señalaron que se habían visto obligados a prescindir de tratamientos porque los medicamentos no estaban disponibles o eran demasiado caros (Observatorio de Derechos Sociales Cuba, 2025).
Los hospitales también enfrentan escasez de insumos, incluidos productos básicos como antibióticos, jeringuillas y otros materiales esenciales (Ewing-Chow, 2026), lo que obliga a muchas familias a recurrir al mercado negro o a mercados informales (Janetsky, 2022), o simplemente a quedarse sin tratamiento. La escasez de combustible, los equipos obsoletos y la falta de recursos han impedido que muchas ambulancias puedan responder con rapidez a las emergencias, y existen reportes de pacientes que han muerto mientras esperaban una atención que llegó demasiado tarde o que nunca llegó (Havana Times, 2026).
Al mismo tiempo, los salarios y las pensiones no han logrado mantenerse al ritmo del aumento de los precios. El salario mínimo estatal en Cuba es de 2.100 pesos mensuales (Havana Times, 2026), equivalente a menos de 4 dólares según las actuales tasas de cambio del mercado informal, mientras la pensión promedio ronda los 9 dólares mensuales (Moreno, 2026). Con esos ingresos, para muchos cubanos el salario de un mes no alcanza siquiera para cubrir una canasta reducida de alimentos básicos. Además, el deterioro de la libreta de abastecimiento —el sistema estatal de racionamiento que desde la década de 1960 ha proporcionado productos alimenticios básicos— ha dejado a numerosos hogares con un acceso todavía menor a alimentos y bienes esenciales. Como consecuencia, la pobreza se ha hecho cada vez más visible en toda la isla. Cubanos de edad avanzada se han visto obligados a buscar comida en los contenedores de basura (Moreno, 2026), y la mendicidad se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual de la vida cotidiana en el país (Q24N, 2026).
Esta devastadora realidad económica se ha vuelto cada vez más difícil de ocultar, a pesar de los esfuerzos del gobierno. En julio de 2025, la ministra de Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, provocó una amplia indignación al afirmar que en Cuba no había mendigos y que quienes vivían en las calles o pedían dinero lo hacían voluntariamente (BBC News Mundo, 2025).
Sus declaraciones se produjeron en un momento en que la escasez, la pobreza y las personas sin hogar se habían vuelto cada vez más visibles tanto dentro como fuera de la isla y resultaban imposibles de negar. Sus palabras recibieron numerosas críticas y posteriormente fue destituida de su cargo, pero el episodio puso de manifiesto la profunda desconexión entre el discurso oficial del gobierno y la realidad cotidiana de muchos cubanos que enfrentan un deterioro cada vez mayor de sus condiciones de vida, lo que no hizo sino agravar el creciente problema de credibilidad del gobierno cubano.
Existe además una profunda brecha entre las condiciones de vida de los cubanos comunes y los privilegios de los que disfruta la élite gobernante. Mientras la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad forma parte de la vida cotidiana de muchos ciudadanos, las instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas continúan controlando una parte considerable de los recursos económicos del país.
Se estima que GAESA (Abi-Habib & Gamio, 2026) controla al menos el 40 % de la economía nacional (Vidal, 2025), así como el 95 % de todas las transacciones en divisas (Cuba Siglo 21, 2025), y se le atribuyen activos por un valor aproximado de 18.000 millones de dólares (Gamez Torres, 2025). Sus críticos sostienen que esta concentración del poder económico ha permitido que recursos escasos permanezcan en manos de instituciones vinculadas al régimen, incluso mientras el nivel de vida de los cubanos comunes continúa deteriorándose.
En conjunto, estos indicadores apuntan a algo mucho más profundo que una recesión económica pasajera o una contracción temporal. Cuba enfrenta una prolongada crisis estructural que ha reducido el nivel de vida, debilitado los servicios públicos, acelerado la emigración e incrementado la presión social en todo el país. Hasta el momento, el gobierno no ha logrado abordar los problemas de fondo que continúan impulsando este deterioro.
Control social y represión
A pesar del deterioro de las condiciones en Cuba, el gobierno ha mantenido una sólida capacidad para vigilar y controlar la actividad política. Los organismos de la Seguridad del Estado continúan desempeñando un papel central en la gestión de la disidencia, mientras las restricciones legales y administrativas limitan la organización política independiente, las manifestaciones públicas y la actividad de la sociedad civil.
Como se señaló anteriormente, la Constitución identifica al PCC como la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado» (Constitución de la República de Cuba, 2019, Art. 5). Todos los demás partidos políticos son ilegales. Las libertades de expresión, reunión y asociación están fuertemente restringidas. La disidencia política puede ser castigada, y los disidentes son hostigados, detenidos, agredidos físicamente y encarcelados incluso por infracciones menores. Periodistas independientes, activistas, líderes religiosos y figuras de la oposición denuncian regularmente vigilancia, detenciones de corta duración, hostigamiento y restricciones a la libertad de movimiento (Human Rights Watch, 2024). Los actos de repudio, en los que grupos de personas intentan intimidar públicamente y silenciar a los críticos del gobierno, continúan siendo documentados por organizaciones de derechos humanos (Freedom House, 2025).
La capacidad del régimen para mantenerse en el poder depende de algo más que de la policía y los servicios de inteligencia. También se apoya en un amplio sistema de vigilancia vecinal. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), creados en 1960, operan en comunidades de toda la isla y durante décadas han funcionado como los ojos y oídos del gobierno. Estos grupos colaboran con la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior, vigilan los barrios, informan sobre actividades consideradas sospechosas y contribuyen a desalentar la organización política antes de que pueda cobrar fuerza.
El resultado es una sociedad en la que muchos cubanos dan por sentado que están siendo vigilados. La desconfianza está profundamente arraigada, lo que dificulta que los movimientos opositores puedan organizarse incluso cuando el descontento con el gobierno está ampliamente extendido (Pérez, 2026).
El descontento público se ha vuelto cada vez más visible en los últimos años. Las manifestaciones nacionales del 11 de julio de 2021 fueron las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en décadas (Alfonseca, 2021). El gobierno respondió con arrestos masivos y procesos judiciales, y detuvo a cientos de personas en relación con las protestas. Muchas de ellas continúan encarceladas (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2025).
Desde entonces se han producido protestas en distintas partes de la isla, aunque generalmente a menor escala. En mayo de 2026, residentes de varios barrios de La Habana salieron a las calles tras prolongados apagones y el empeoramiento de las condiciones de vida (Sherwood, 2026). El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.133 protestas solo en abril, lo que representó un aumento de casi el 30 % con respecto al mismo mes del año anterior (CiberCuba, 2026). Estas acciones reflejan una creciente frustración ante las condiciones económicas, las fallas de gobernanza y la ausencia de libertad política.
A pesar del carácter mayoritariamente pacífico de muchas de estas manifestaciones, las autoridades han continuado recurriendo a arrestos, detenciones y cargos penales contra los participantes, al tiempo que intensifican la presión sobre los presos políticos, los periodistas independientes (Reporteros Sin Fronteras, 2026), los activistas opositores y las organizaciones de la sociedad civil (Amnistía Internacional, 2025). La organización no gubernamental (ONG) Prisoners Defenders, con sede en Madrid, informa actualmente que, hasta junio de 2026, las autoridades cubanas mantienen encarcelados a 1.281 presos políticos (Prisoners Defenders, s. f.).
Declive demográfico y emigración
Uno de los indicadores más claros de la crisis que atraviesa Cuba es la magnitud de la emigración. En los últimos años, la isla ha experimentado uno de los mayores éxodos de población de su historia, con cientos de miles de cubanos que han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante los últimos años ha llegado a territorio estadounidense una cifra récord de cubanos. Solo en los años fiscales 2022 y 2023, más de 425.000 cubanos fueron registrados en los puertos de entrada de Estados Unidos, incluidos más de 200.000 durante el año fiscal 2023 (Bazail-Eimil, 2023).
La magnitud de esta migración tiene una importancia histórica considerable: durante los años fiscales 2022 y 2023 llegaron a Estados Unidos más cubanos que durante el programa de los Vuelos de la Libertad, mediante el cual aproximadamente 270.000 cubanos arribaron al país a lo largo de unos ocho años, entre 1965 y 1973. Este éxodo reciente también superó el número combinado de cubanos que abandonaron la isla durante el éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994 (Center for Engagement and Advocacy in the Americas, s. f.).
Las consecuencias pueden apreciarse en la rapidez con que se ha reducido la población cubana en un período relativamente corto. De los 11,3 millones de habitantes registrados antes de la pandemia, los datos más recientes, correspondientes a febrero de 2026, indican que la población residente en la isla ha descendido a 8 millones de personas, una cifra que representa la pérdida de casi una cuarta parte de sus habitantes en apenas cuatro años (Aroma de Cuba, 2026).
Aunque la emigración ha sido uno de los principales motores del reciente declive poblacional de Cuba, otras presiones demográficas también han contribuido a agravarlo. El país enfrenta un acelerado envejecimiento de la población, bajas tasas de natalidad y una elevada mortalidad. Según datos oficiales presentados por el gobierno cubano, entre 2020 y 2023 se registraron en Cuba más de 517.000 muertes (CiberCuba, 2024).
El costo de este éxodo es enorme. Cuba está perdiendo precisamente a muchas de las personas que más necesita: ciudadanos en edad laboral, entre ellos médicos, ingenieros, propietarios de negocios y otros profesionales calificados. Cada persona que abandona el país dificulta aún más la reconstrucción de la economía y el sostenimiento de una población cada vez más envejecida. Estas pérdidas también ejercen una presión adicional sobre los servicios públicos y los sistemas de asistencia social.
Los datos de encuestas sugieren que el deseo de abandonar el país continúa estando ampliamente extendido. Según el Observatorio de Derechos Sociales Cuba, el 78 % de los encuestados quería emigrar o conocía a alguien que deseaba abandonar el país. La intención de emigrar era particularmente elevada entre los cubanos más jóvenes: el 76 % de los encuestados de entre 18 y 30 años expresó su deseo de marcharse, frente al 61 % de quienes tenían entre 31 y 45 años. Aunque Estados Unidos continuaba siendo el destino preferido para muchos de los encuestados, el 34 % afirmó que emigraría a cualquier país dispuesto a recibirlo, un dato que refleja la profundidad del descontento y la incertidumbre que afrontan numerosos hogares cubanos (Observatorio de Derechos Sociales Cuba, 2025).
Cuba en el escenario global
La política exterior de Cuba ha estado definida de manera constante por su oposición a Estados Unidos. Desde 1959, La Habana ha cultivado relaciones con gobiernos y organizaciones que fortalecen al régimen al tiempo que desafían los intereses estadounidenses y el orden internacional liderado por Occidente. Aunque estas alianzas tienen raíces ideológicas compartidas, también responden a consideraciones pragmáticas y proporcionan a Cuba asistencia económica, cooperación en materia de inteligencia, colaboración militar, respaldo diplomático y cobertura política.
A través de sus relaciones con Venezuela, Rusia, China, Irán y otros gobiernos contrarios a Estados Unidos, La Habana ha conseguido el apoyo necesario para resistir décadas de presión internacional, al tiempo que ha facilitado que potencias hostiles extra hemisféricas amplíen su presencia en el hemisferio occidental. Desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, estas alianzas ofrecen a los adversarios de Estados Unidos oportunidades para proyectar poder, recopilar inteligencia, desafiar la influencia estadounidense y debilitar la seguridad regional.
Las siguientes secciones examinan las principales alianzas estratégicas de Cuba y sus implicaciones para los intereses de Estados Unidos.
Venezuela: el aliado regional más cercano de Cuba
La relación regional más importante de Cuba ha sido, durante mucho tiempo, la que mantiene con Venezuela. Ambos gobiernos han construido una alianza basada en una ideología compartida, la hostilidad hacia Estados Unidos y un interés común por la supervivencia de sus respectivos regímenes.
Los fundamentos de la alianza moderna entre La Habana y Caracas se establecieron durante la década de 1990, cuando ambos países atravesaban crisis de gran magnitud. Cuba luchaba por sobrevivir al impacto económico provocado por el colapso de la Unión Soviética, mientras Venezuela experimentaba una creciente inestabilidad política y el deterioro de su sistema político tradicional (Luis León, 2019). Estas crisis paralelas empujaron a ambos gobiernos hacia una relación mutuamente beneficiosa centrada en la supervivencia del régimen.
Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, esa relación se convirtió en una de las alianzas estratégicas más importantes de Cuba. Venezuela proporcionó a la isla petróleo subsidiado, apoyo financiero y alivio económico en un momento en que Cuba necesitaba asistencia externa tras el colapso del respaldo soviético, que había provocado la profunda crisis económica conocida como el Período Especial (Luis León, 2019). A cambio, Cuba suministró médicos, personal técnico, asesores de inteligencia y asistencia en materia de seguridad, creando una relación que trascendió ampliamente la cooperación diplomática convencional.
La admiración de Chávez por Cuba y por Fidel Castro quedó en evidencia desde los primeros años de su presidencia. En marzo de 2000, durante un acto de recibimiento a trabajadores voluntarios cubanos, declaró: “Cuba es el mar de la felicidad. Hacia allá va Venezuela”. Chávez describió en numerosas ocasiones a Castro como un mentor y consideraba el modelo cubano como un ejemplo que Venezuela debía seguir (News.com.au, 2013).
Durante los últimos quince años, Venezuela y Cuba han continuado siendo estrechos aliados económicos, pero la alianza también evolucionó hasta convertirse en una profunda asociación en materia de seguridad, en la que asesores cubanos desempeñaron un papel importante dentro de los aparatos de inteligencia y seguridad interna venezolanos. Personal de inteligencia cubano contribuyó a entrenar y apoyar instituciones responsables de vigilar la disidencia política, incluidas aquellas que operaban dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, reduciendo así la posibilidad de que los militares se convirtieran en una fuente de oposición a los gobiernos de Chávez y Maduro.
En mayo de 2008, ambos países firmaron un acuerdo de seguridad que permitió a personal de inteligencia cubano participar en la creación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), organismo encargado de vigilar la lealtad de los oficiales militares e investigar posibles amenazas contra el régimen (Chang, 2019).
Para Cuba, el petróleo venezolano constituyó un salvavidas económico fundamental. Para Venezuela, el apoyo cubano ayudó a los gobiernos de Chávez y Maduro a reforzar sus mecanismos de control interno. Este arreglo ha sido descrito como un modelo de «petróleo por represión», según el cual Venezuela intercambiaba petróleo por sistemas de inteligencia, vigilancia y control político diseñados con participación cubana.
Algunas estimaciones indican que Venezuela transfirió a Cuba el equivalente a más de 63.000 millones de dólares desde el año 2000, mientras las redes de seguridad cubanas se integraban profundamente en las instituciones militares, policiales y de inteligencia venezolanas (Miranda Center for Democracy, 2026).
Desde la perspectiva de Estados Unidos, esta relación resulta importante porque vincula a dos regímenes hostiles —uno de ellos situado a menos de 100 millas de Florida— con una red antiestadounidense más amplia en el hemisferio occidental. Durante más de dos décadas, La Habana y Caracas han cooperado para resistir la presión de Estados Unidos, respaldarse política y económicamente y hacer todo lo necesario para contribuir a la permanencia en el poder de sus respectivos regímenes. La alianza también proporcionó a Cuba acceso a energía y recursos financieros, mientras los dirigentes venezolanos dependían de asesores cubanos de inteligencia y seguridad para reforzar el represivo régimen de Maduro.
Los acontecimientos recientes han hecho que esta relación sea aún más importante de observar. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 marcó un punto de inflexión para Cuba, dado que el apoyo venezolano había sido durante años uno de los principales salvavidas de La Habana. Además, desde hacía tiempo se sabía que los vínculos de Maduro con Cuba eran particularmente estrechos. Cuando era joven, pasó un año en Cuba recibiendo formación ideológica. Durante las décadas siguientes desarrolló estrechos vínculos personales, políticos e institucionales con La Habana y se convirtió en uno de los socios más confiables de Cuba dentro del gobierno venezolano (Norman-Diamond, 2026).
Los acontecimientos que rodearon la captura de Maduro también pusieron de manifiesto el alcance de la implicación cubana en Venezuela. Treinta y dos agentes cubanos murieron durante la operación, lo que evidenció hasta qué punto personal cubano se había integrado en el aparato de seguridad venezolano (Rodríguez, 2026). La operación también interrumpió de manera efectiva el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, privando a La Habana de una de sus principales fuentes de apoyo externo. La ruptura de este esquema representa uno de los reveses estratégicos más importantes que Cuba ha sufrido desde el colapso de la Unión Soviética.
México: equilibrio entre sus relaciones con La Habana y Washington
México ocupa un lugar singular en las relaciones exteriores de Cuba. A diferencia de la mayoría de los países del hemisferio occidental, México nunca rompió relaciones diplomáticas con La Habana después de la Revolución cubana. El enfoque particular de México hacia Cuba se remonta a la propia revolución. Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara y otros revolucionarios organizaron y planificaron buena parte de su movimiento mientras vivían en Ciudad de México antes de la revolución de 1959. El papel de México en la historia revolucionaria cubana permaneció conmemorado durante décadas en Ciudad de México mediante un monumento dedicado a Castro y Guevara, que se mantuvo allí hasta 2025 (McDonnell, 2025).
Tras la llegada de Castro al poder, México mantuvo relaciones cordiales con La Habana incluso cuando Estados Unidos y muchos otros países del hemisferio avanzaron hacia el aislamiento del régimen. En 1961, el gobierno mexicano encabezó gestiones en Naciones Unidas para condenar y protestar contra la invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por Estados Unidos, dejando clara su oposición a una intervención directa contra Cuba.
Al año siguiente, durante la confrontación más peligrosa de la Guerra Fría, la Crisis de los Misiles, el presidente mexicano Adolfo López Mateos rechazó la solicitud del presidente estadounidense John F. Kennedy para que México participara en el bloqueo naval de Cuba, a pesar de la presencia de misiles nucleares soviéticos en la isla. México también se negó a respaldar la creciente campaña para aislar a La Habana dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a la fuerte presión de Estados Unidos.
Estos acontecimientos llevaron al presidente Kennedy a posponer una visita oficial de Estado a México, e incluso circularon rumores de que la ayuda exterior estadounidense al país sería suspendida. Pese a ello, México mantuvo esta política durante toda la década de 1960, oponiéndose repetidamente a las sanciones regionales contra Cuba y, en 1964, convirtiéndose en el único miembro de la OEA que rechazó la iniciativa liderada por Estados Unidos para romper relaciones diplomáticas con el régimen de Castro (Familiar-Avalos, 2018).
A pesar de la relación generalmente estrecha entre Cuba y México, periódicamente surgieron tensiones. Documentos de la CIA desclasificados recientemente indican que sucesivos gobiernos mexicanos cooperaron discretamente con los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos para vigilar las actividades diplomáticas cubanas y soviéticas desde finales de la década de 1950 hasta la de 1990 (Dorfman, 2024).
Las relaciones sufrieron una ruptura más visible durante la presidencia de Vicente Fox. En febrero de 2002, Fox realizó una visita oficial a Cuba y, a última hora, se reunió inesperadamente con disidentes y figuras de la oposición, entre ellas Oswaldo Payá, una decisión que irritó al gobierno de Castro (Núñez & Marcial Pérez, 2026). Las tensiones aumentaron todavía más pocas semanas después con la célebre controversia del comes y te vas.
Antes de una cumbre regional en Monterrey, Fox pidió en privado a Fidel Castro que asistiera al encuentro, participara en el almuerzo oficial y se retirara antes de la llegada del presidente estadounidense George W. Bush. Castro hizo pública una grabación de la conversación como prueba de que Fox estaba actuando en nombre de Estados Unidos, en lugar de mantener la tradicional política mexicana de independencia frente a Washington en sus relaciones con Cuba (CNN Español, 2016).
El episodio desencadenó una de las peores disputas diplomáticas entre La Habana y México. Durante el resto de la presidencia de Fox, México se acercó a la posición estadounidense sobre Cuba más que en cualquier otro momento de las décadas anteriores. Entre 2002 y 2005, México respaldó una serie de resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas críticas con el régimen de Castro. La más significativa se produjo en 2004, cuando México emitió el voto decisivo a favor de una resolución que condenaba el encarcelamiento de disidentes políticos en Cuba y obligaba a La Habana a aceptar el escrutinio de un relator de derechos humanos de la ONU (Núñez & Marcial Pérez, 2026). Este período marcó uno de los puntos más bajos de las relaciones modernas entre Cuba y México.
Durante la presidencia de Felipe Calderón, México fue restableciendo gradualmente sus relaciones con Cuba. Calderón participó en la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Venezuela en 2011, y suscribió la Declaración de Caracas, que condenaba el embargo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba durante medio siglo (Franks, 2012).
Este enfoque continuó bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuya administración completó la normalización de las relaciones bilaterales. Peña Nieto viajó a Cuba en enero de 2014 no solo para participar en la cumbre de la CELAC, sino también para reunirse con Raúl y Fidel Castro. La tendencia continuó en 2015, cuando Raúl Castro realizó una visita oficial a México, durante la cual ambos gobiernos destacaron la “hermandad histórica” entre los dos países (Martínez Ahrens, 2015). En noviembre de 2016, apenas unas semanas después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Peña Nieto asistió en La Habana a las honras fúnebres de Fidel Castro (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016).
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la relación de México con Cuba se estrechó todavía más. Su administración amplió la cooperación política con La Habana, proporcionó ayuda humanitaria y se convirtió en un socio económico cada vez más importante para la isla en un momento en que Cuba afrontaba una renovada presión internacional.
En junio de 2022, López Obrador condenó públicamente la decisión de la Administración Biden de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y finalmente se negó a asistir al encuentro como protesta (Sesin, 2022). AMLO reforzó aún más los vínculos mediante una visita oficial a Cuba, durante la cual criticó el embargo estadounidense, amplió la cooperación bilateral y alcanzó acuerdos para contratar personal médico cubano en México (El Comercio, 2022).
Las misiones médicas cubanas en el extranjero se han convertido en uno de los aspectos más controvertidos de la relación entre Cuba y México. Sus críticos sostienen que estos programas funcionan como instrumentos de influencia política y financiación del régimen, más que como iniciativas humanitarias. El médico cubano exiliado Antonio Guedes ha argumentado que las misiones actúan como mecanismos de explotación laboral, propaganda y recopilación de inteligencia, al tiempo que generan ingresos para el gobierno cubano (CiberCuba, 2025).
De manera similar, el senador mexicano Julen Rementería del Puerto describió la contratación de médicos cubanos como un mecanismo para canalizar dinero hacia el régimen cubano y sostuvo que el envío de profesionales de la salud cubanos al extranjero constituye una forma de obtener ingresos para La Habana al tiempo que favorece los intereses políticos del Estado cubano (Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, 2022).
Se estima que Cuba tiene más de 26.000 médicos y enfermeros trabajando en 55 países, una práctica que genera miles de millones de dólares anuales para el régimen cubano, dado que los profesionales participantes reciben únicamente entre el 10 % y el 15 % de los ingresos generados, mientras el gobierno cubano retiene la inmensa mayoría de los fondos (Gamez Torres, 2025). Algunas estimaciones sitúan los ingresos anuales de este programa entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, lo que convierte la exportación de servicios médicos en una de las mayores fuentes de ingresos del régimen cubano, incluso por encima del turismo (Schamis, 2024).
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mantenido en gran medida el enfoque de su predecesor AMLO hacia Cuba, procurando preservar la histórica relación de México con La Habana a pesar de la creciente presión de Washington y de la comunidad internacional. Esa relación afrontó nuevos desafíos en enero de 2026, cuando el presidente Donald Trump anunció medidas contra los países que continuaran suministrando petróleo a Cuba (Planas, 2026), una decisión que afectó directamente a México, que se había convertido en el socio energético más importante de la isla tras el declive del apoyo venezolano.
Aunque México posteriormente suspendió los envíos de petróleo a Cuba, Sheinbaum insistió en que la decisión había sido soberana y no consecuencia de las presiones estadounidenses (Graham, 2026).
La Administración Trump también amplió sus esfuerzos por aislar al régimen cubano mediante sanciones adicionales y restricciones de visado dirigidas contra países e individuos involucrados en los programas cubanos de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2025). Sheinbaum ha criticado abiertamente estas medidas, argumentando que México tiene derecho a suministrar combustible a Cuba, ya sea con fines humanitarios o comerciales. Ha calificado de “injustos” los esfuerzos de Trump por aislar económicamente a la isla y ha acusado a Estados Unidos de «asfixiar» a los cubanos mediante las sanciones (Janetsky & Weissert, 2026).
Su administración ha continuado proporcionando ayuda humanitaria a Cuba, incluidos envíos de alimentos y otros suministros, y la propia Sheinbaum incluso ha aportado dinero personal a esa causa. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de México de seguir contratando personal médico cubano a pesar de la creciente presión estadounidense y de la decisión de varios países de la región de poner fin a programas similares (Reuters, 2026).
Esta situación pone de relieve uno de los desacuerdos más persistentes entre Washington y Ciudad de México. Mientras Estados Unidos considera cada vez más que la presión económica y el aislamiento diplomático son herramientas necesarias para hacer frente al régimen cubano, la mayoría de los gobiernos mexicanos han favorecido tradicionalmente el diálogo, la asistencia económica y la cooperación política. Como resultado, Cuba ha seguido siendo una fuente recurrente de tensiones dentro de la relación más amplia entre Estados Unidos y México.
Rusia: de patrocinador soviético a socio estratégico
Rusia es otro de los socios extra hemisféricos más importantes de Cuba. Aunque el colapso de la Unión Soviética privó a La Habana de su principal benefactor económico, los vínculos entre ambos países nunca desaparecieron y se han fortalecido de manera sostenida bajo Vladimir Putin. En los últimos años, Rusia ha proporcionado a Cuba asistencia económica, alivio de deuda, inversiones en infraestructura, cooperación energética, respaldo diplomático y protección política, mientras Cuba le ofrece, a cambio, acceso en materia de inteligencia y una posición estratégica en el Caribe (Brams, 2026).
Desde la perspectiva de Estados Unidos, esta relación resulta especialmente preocupante dado que Cuba se encuentra a menos de 90 millas del estado de Florida. Funcionarios estadounidenses han advertido que la isla sirve cada vez más como plataforma para actividades rusas y chinas de recopilación de inteligencia en el hemisferio occidental (Ward & Bergengruen, 2026), mientras La Habana se ha convertido en uno de los socios políticos más confiables de Moscú en la región durante la guerra de Rusia contra Ucrania (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
Rusia y Cuba comparten una larga historia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética fue el principal patrocinador de Cuba y proporcionó miles de millones de dólares en ayuda, armamento, petróleo y respaldo político, lo que contribuyó a mantener a flote al régimen de Castro durante décadas. A cambio, Cuba se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Moscú en el hemisferio occidental y en una plataforma clave para proyectar la influencia soviética en territorios próximos a Estados Unidos. La relación alcanzó su momento más peligroso durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la Unión Soviética emplazó misiles nucleares en la isla y llevó al mundo más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro momento de la Guerra Fría.
Durante la Guerra Fría, los soviéticos operaron en las afueras de La Habana la enorme instalación de inteligencia de señales de Lourdes, uno de los mayores centros de espionaje extranjero del mundo. La instalación contaba con miles de efectivos y tenía capacidad para interceptar comunicaciones militares, gubernamentales, diplomáticas, satelitales y comerciales de Estados Unidos en gran parte de América del Norte. Durante décadas, la base de Lourdes simbolizó la capacidad de Moscú para proyectar sus recursos de inteligencia hacia el hemisferio occidental desde un emplazamiento situado a solo 90 millas de Estados Unidos (Windrem, 2003).
El colapso de la Unión Soviética en 1991 supuso un golpe devastador para Cuba. De un día para otro, la isla perdió el respaldo económico del que había dependido durante décadas, desencadenando la grave crisis conocida como el Período Especial. Aunque la ayuda rusa prácticamente desapareció, la relación entre La Habana y Moscú nunca se extinguió. Esos vínculos políticos sobrevivieron durante la década de 1990 y más tarde sirvieron de base para una renovada alianza bajo Vladimir Putin.
La relación moderna entre Rusia y Cuba comenzó a recuperarse tras la llegada de Vladimir Putin al poder. Putin visitó Cuba en el año 2000 (Presidencia de Rusia, 2000), dejando clara su intención de reconstruir la influencia rusa en el hemisferio occidental. Durante las dos décadas siguientes, Rusia condonó aproximadamente 32.000 millones de dólares de deuda cubana acumulada durante la era soviética (Ostroukh & de Córdoba, 2014), amplió el comercio y la cooperación en infraestructura, renovó los contactos militares y de inteligencia y terminó por restablecerse como uno de los socios externos más importantes de Cuba.
La relación se profundizó todavía más después de que Miguel Díaz-Canel asumiera la presidencia cubana. Rusia proporcionó créditos, inversiones, combustible, turismo y respaldo diplomático en un momento en que la economía cubana se deterioraba y disminuía la ayuda venezolana. Durante una visita a Moscú en 2018, las conversaciones incluyeron, según diversos reportes, la posibilidad de conceder un crédito ruso de 50 millones de dólares para financiar compras cubanas de equipamiento militar y ampliar la cooperación en defensa, mientras Moscú anunciaba inversiones en infraestructura por cientos de millones de dólares en la isla (Mikelionis, 2018).
Estos esfuerzos reflejaban una estrategia rusa más amplia destinada a reconstruir su influencia en Cuba, y no simplemente a conservar vínculos simbólicos heredados de la Guerra Fría. Las ambiciones de Rusia se extendían además más allá de Cuba, y Moscú ha profundizado su presencia en toda la región. También concedió miles de millones de dólares en créditos para la compra de armamento venezolano, planteó la posibilidad de abrir bases militares rusas en Cuba, Venezuela y Nicaragua (DNA Web Team, 2014) y ha continuado destacando públicamente su cooperación con estos socios a medida que aumentaban las tensiones con Estados Unidos.
La cooperación en materia de seguridad continúa siendo un componente importante de la relación. Buques navales y de inteligencia rusos siguen realizando visitas periódicas a puertos cubanos, entre ellos el buque de inteligencia Viktor Leonov, que atracó en La Habana apenas un día antes de la llegada de la delegación estadounidense encargada de negociar la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en enero de 2015 (RT, 2015). Más recientemente, funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la expansión de las actividades de recopilación de inteligencia de Rusia y China en la isla. Estos acontecimientos han reavivado el temor de que Cuba vuelva a ser utilizada como plataforma para vigilar comunicaciones militares, gubernamentales y comerciales de Estados Unidos (Ward & Bergengruen, 2026).
En los últimos años, Rusia ha adquirido una importancia aún mayor para Cuba a medida que otras fuentes de apoyo de la isla se han debilitado. Funcionarios rusos han prometido ayudar a Cuba a resistir lo que han descrito como el «chantaje y las amenazas» de Estados Unidos y han criticado las sanciones estadounidenses como un intento de estrangular económicamente a la isla (Reuters, 2026; Brams, 2026).
Los dirigentes cubanos han correspondido con un firme respaldo público a Moscú. En 2022, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel se reunieron en Moscú para inaugurar un monumento a Fidel Castro, ocasión que ambos gobiernos utilizaron para destacar el carácter perdurable de la relación. Durante ese mismo encuentro, Díaz-Canel calificó los vínculos entre ambos países de «indestructibles» (Robbio, 2025).
La guerra de Rusia contra Ucrania ha añadido una nueva dimensión a esta relación. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en junio de 2026 determinó que Cuba se ha convertido en uno de los socios más activos de Rusia en el hemisferio occidental y que ha brindado apoyo político, diplomático y militar limitado al esfuerzo bélico ruso (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
Diversos reportes estiman que miles de cubanos se han incorporado a las fuerzas rusas en Ucrania, con cifras que oscilan entre 5.000 y 25.000 ciudadanos cubanos (Barrero, 2025). La preocupación por esta vía de reclutamiento alcanzó tal magnitud que Ucrania anunció en 2025 el cierre de su embajada en La Habana, alegando que Cuba no había hecho lo suficiente para detener el flujo de ciudadanos cubanos que se incorporaban a las fuerzas rusas (Höller, 2025).
Desde la perspectiva de Estados Unidos, la relación entre Cuba y Rusia resulta extremadamente preocupante. Vincula a un régimen ya hostil situado cerca de las costas estadounidenses con uno de los principales adversarios globales de Washington y pone de manifiesto una estrategia más amplia destinada a restablecer la influencia rusa y cultivar socios antiestadounidenses en todo el hemisferio occidental.
Rusia ha identificado repetidamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua como sus principales socios en América Latina y, en 2021, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, describió públicamente a los tres países como aliados clave que afrontaban amenazas externas comunes y prometió mantener el respaldo ruso. Desde entonces, Rusia ha ampliado la cooperación política, militar y de seguridad con los tres gobiernos, reforzando lo que numerosos analistas consideran un bloque antiestadounidense en la región (MercoPress, 2021).
China: competencia estratégica en el hemisferio occidental
China es otro de los socios extra hemisféricos más importantes de Cuba, y ambos países comparten numerosos rasgos. Los dos son regímenes autoritarios de izquierda gobernados por partidos comunistas y consideran a Estados Unidos como su principal amenaza en materia de seguridad.
Al igual que la relación de Cuba con Rusia, sus vínculos con China también tienen raíces en décadas de afinidad ideológica. Sin embargo, a diferencia de Rusia, el interés de China en Cuba no está impulsado principalmente por la ideología, la solidaridad revolucionaria o la nostalgia de la Guerra Fría. El interés chino es mucho más estratégico y responde a la geografía, al potencial valor de inteligencia de la isla y a la competencia estratégica con Estados Unidos. Para China, Cuba ofrece algo que muy pocos países pueden proporcionar: una ubicación a menos de 90 millas de Estados Unidos.
Las relaciones entre La Habana y Pekín no siempre fueron estrechas. Durante buena parte de la Guerra Fría, la ruptura sino-soviética generó tensiones entre ambos gobiernos, especialmente cuando Fidel Castro comenzó a alinear estrechamente a Cuba con la Unión Soviética. Sin embargo, tras el colapso soviético, Cuba comenzó a buscar nuevos socios internacionales, mientras China ya se consolidaba como una gran potencia económica y geopolítica. Desde la década de 1990, ambos países han estrechado sus relaciones, y los vínculos en materia de comercio, infraestructura, tecnología, diplomacia y seguridad han seguido creciendo de manera sostenida (MacDonald, 2024).
Aunque China no ha invertido en Cuba con la misma intensidad que en otros países latinoamericanos, se ha convertido en uno de los socios económicos más importantes de La Habana. China es uno de los principales socios comerciales de Cuba y una fuente muy importante de inversión, financiamiento y asistencia técnica. Empresas chinas han participado en proyectos de infraestructura, transporte, energía y petroquímica en la isla, mientras Pekín ha proporcionado ayuda alimentaria, suministros médicos, créditos y otras formas de apoyo económico.
China también incorporó a Cuba a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2018 y se ha opuesto sistemáticamente al embargo estadounidense contra la isla. Además, China compra a Cuba níquel y zinc, dos minerales cada vez más importantes para las baterías y otras tecnologías vinculadas a la transición energética global. También es conocida por conceder a Cuba préstamos en condiciones favorables y donaciones. En 2022, tras una reunión entre Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel, China acordó proporcionar alivio de deuda y financiamiento adicional en momentos en que la isla atravesaba graves dificultades económicas (Reuters, 2022).
Más allá del comercio, el financiamiento y los proyectos de infraestructura, las empresas chinas han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones de Cuba, incluida la ampliación de las capacidades del gobierno cubano para vigilar a la población.
Compañías como Huawei, TP-Link y ZTE han contribuido a la infraestructura tecnológica de la isla e incluso han suministrado tecnología utilizada por el gobierno cubano para gestionar las redes de comunicaciones y supervisar los flujos de información. Durante las protestas nacionales de julio de 2021, el gobierno cubano utilizó tecnología china para interrumpir el acceso a internet en el país, dificultando la capacidad de la población para comunicarse y organizarse (Lazarus & Ellis, 2021).
La relación también tiene una importante dimensión diplomática. La Habana y Pekín suelen respaldarse mutuamente en foros internacionales y han adoptado posiciones similares en cuestiones relacionadas con la soberanía, las sanciones y el rechazo a la injerencia en los asuntos internos. Cuba ha defendido de manera constante a China en el escenario internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas, donde llegó a presentar, en nombre de 45 países, una declaración conjunta en respaldo de China sobre asuntos sensibles como Xinjiang y los derechos humanos (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2024).
El respaldo diplomático es recíproco. En 2026, el portavoz de la Embajada china, Liu Pengyu, reafirmó el apoyo de Pekín a la «soberanía nacional y la seguridad» de Cuba, criticó las sanciones estadounidenses contra la isla y pidió su eliminación (Phillips, 2026).
Desde la perspectiva de Estados Unidos, el aspecto más significativo de esta relación es el valor estratégico que Cuba ofrece a Pekín. Durante décadas, la proximidad de Cuba a Estados Unidos la ha convertido en un emplazamiento atractivo para la recopilación de inteligencia china, y reportes recientes han generado preocupación ante una posible ampliación de esa presencia. Funcionarios estadounidenses e investigadores independientes han señalado la existencia de instalaciones en Cuba que podrían tener capacidad para monitorear comunicaciones militares, gubernamentales, comerciales, marítimas y aeroespaciales en el sureste de Estados Unidos y el Caribe (Funaiole et al., 2026).
En 2024, investigadores del Center for Strategic and International Studies identificaron varios emplazamientos en Cuba que parecían capaces de apoyar actividades de inteligencia de señales, incluidos algunos con posibles vínculos con China (Funaiole et al., 2025). Un análisis posterior, publicado en 2026, reveló nuevas construcciones y una ampliación de capacidades en algunos de esos lugares, entre ellos el centro de inteligencia de señales de Bejucal, en las afueras de La Habana (Funaiole et al., 2026).
Funcionarios estadounidenses también han advertido que las actividades de inteligencia chinas y rusas en Cuba han aumentado en los últimos años, incrementando la preocupación por la vigilancia de instalaciones militares estadounidenses, infraestructura crítica, tráfico marítimo y actividad aeroespacial en todo el hemisferio occidental (Ward & Bergengruen, 2026).
Exportar la revolución: las intervenciones globales de Cuba
Desde la Revolución cubana, La Habana ha desarrollado una política exterior agresiva que se ha extendido mucho más allá de la isla. No se ha limitado simplemente a defender su propia revolución, sino que ha intentado exportarla. A pesar de su pequeño tamaño, el gobierno cubano tiene una larga historia de disposición a respaldar regímenes terroristas, gobiernos autoritarios, movimientos revolucionarios e insurgencias armadas en distintas partes del mundo.
Pocos países han proyectado de manera tan agresiva su influencia militar e ideológica más allá de sus propias fronteras. Cuba ha proporcionado regularmente apoyo militar, de inteligencia, financiero y logístico a grupos antiestadounidenses en América Latina, África y Medio Oriente. La Habana presentó con frecuencia estos esfuerzos como actos de solidaridad internacional, pero todos ellos promovieron intereses estratégicos soviéticos, debilitaron gobiernos favorables a Estados Unidos y contribuyeron a expandir la influencia comunista en el extranjero. La larga trayectoria de Cuba y su actual actividad internacional deben considerarse una amenaza para Estados Unidos.
Una de las mayores y más trascendentales intervenciones militares cubanas en el extranjero tuvo lugar en Angola. A partir de 1975, Cuba envió decenas de miles de soldados, junto con tanques, artillería, aeronaves y asesores militares, para respaldar al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), de orientación marxista-leninista y apoyado por la Unión Soviética, durante la guerra civil angoleña (Brazil, s. f.; Kapcia, 2025).
En el momento de mayor despliegue, más de 50.000 efectivos militares cubanos estaban estacionados en Angola. El conflicto evolucionó rápidamente hasta convertirse en una importante guerra por poderes de la Guerra Fría en la que participaron Cuba, la Unión Soviética, Sudáfrica y Estados Unidos, y las fuerzas cubanas desempeñaron un papel decisivo para ayudar al MPLA a conquistar y conservar el poder, contribuyendo al establecimiento de un Estado socialista de partido único alineado con Moscú. Las tropas cubanas permanecieron en Angola durante más de una década, un ejemplo de la disposición de Cuba a proyectar poder militar a miles de kilómetros de sus costas en apoyo de gobiernos comunistas y movimientos revolucionarios en el extranjero.
Cuba también intervino en el Cuerno de África. Durante la guerra del Ogadén entre Etiopía y Somalia, en 1977-1978, La Habana respaldó a Etiopía después de que el gobierno etíope de la época, encabezado por uno de los gobernantes comunistas más represivos de la Guerra Fría, Mengistu Haile Mariam, adoptara el marxismo-leninismo y se alineara con la Unión Soviética. Cuba desplegó aproximadamente entre 15.000 y 17.000 soldados, además de medios militares como unidades blindadas y personal de defensa antiaérea, para combatir del lado etíope, contribuyendo finalmente a la victoria de Etiopía en el conflicto y a la supervivencia de un régimen marxista respaldado por los soviéticos (CIA, 1988; Valenta, 1980).
Esta intervención constituye otro ejemplo de la disposición de Cuba a enviar miles de soldados al otro lado del mundo para exportar su propia ideología revolucionaria y apoyar a otros regímenes comunistas.
Cuba también desempeñó un papel en el conflicto que finalmente condujo a la creación del actual Zimbabue. Durante la guerra de guerrillas de Rodesia, Cuba ayudó a entrenar y respaldar a combatientes guerrilleros vinculados al movimiento ZAPU de Joshua Nkomo, una organización que mantenía estrechos vínculos con la Unión Soviética y otros gobiernos comunistas (Associated Press, 1978).
Según diversos reportes, personal cubano colaboró en programas de entrenamiento en Zambia y Angola y trabajó junto a los soviéticos para apoyar a las fuerzas que combatían con el propósito de derrocar al gobierno de Rodesia. A finales de la década de 1970, la creciente influencia soviética y cubana en el sur de África había alcanzado una magnitud suficiente como para generar una preocupación considerable entre responsables de política exterior estadounidenses e internacionales, que veían la región como otro frente de la lucha global de la Guerra Fría (Ottaway, 1979).
Las intervenciones militares cubanas llegaron incluso a Medio Oriente, prueba de que La Habana no solo estaba dispuesta a respaldar a gobiernos antiestadounidenses y alineados con la Unión Soviética en distintas partes del mundo, sino también a gobiernos hostiles a Israel y a los intereses y aliados de Estados Unidos. Durante y después de la guerra de Yom Kippur de 1973, Cuba envió personal militar a Siria para apoyar a las fuerzas sirias contra Israel. Reportes de la época indican que una brigada blindada cubana fue estacionada en Siria después de la guerra para ayudar a operar tanques T-62 suministrados por la Unión Soviética (Jewish Telegraphic Agency, 1975).
Posteriormente, tropas cubanas se enfrentaron a fuerzas israelíes en los Altos del Golán durante la guerra de desgaste de 1974. Según diversas fuentes, Castro envió alrededor de 1.500 soldados cubanos a los Altos del Golán en apoyo de Siria (Shindler, 2016).
A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, La Habana también entrenó a miles de guerrilleros procedentes de toda América Latina, suministró armas a organizaciones insurgentes y apoyó movimientos armados en países como Venezuela, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú, Nicaragua, El Salvador y Argentina.
Uno de los acontecimientos que mejor demostró la ambición cubana de exportar la revolución a escala global tuvo lugar en enero de 1966, cuando Cuba acogió en La Habana la Conferencia Tricontinental. El encuentro reunió a más de 500 delegados de 82 países, incluidos representantes de gobiernos comunistas, movimientos de liberación nacional, organizaciones revolucionarias y grupos anticoloniales de América Latina, África, Asia y Medio Oriente (Kapcia, 2026).
Castro utilizó el evento para posicionar a Cuba como centro del movimiento revolucionario global, y de él surgió la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), que contribuyó a conectar movimientos revolucionarios de tres continentes mediante propaganda, coordinación política y redes de apoyo. La Conferencia Tricontinental constituyó un punto de inflexión porque marcó el paso de Cuba de limitarse a defender su propia revolución a fomentar y respaldar activamente revoluciones en todo el mundo y organizaciones comprometidas con desafiar la influencia estadounidense y derrocar gobiernos alineados con Occidente.
El apoyo cubano a la violencia revolucionaria también alcanzó al propio territorio de Estados Unidos a través de grupos separatistas puertorriqueños. A partir de la década de 1960, la inteligencia cubana reclutó, entrenó, financió y equipó a militantes que posteriormente formaron o dirigieron organizaciones como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y Los Macheteros. Entre ellos se encontraba Filiberto Ojeda Ríos, quien pasó varios años en Cuba recibiendo entrenamiento militar y de inteligencia antes de regresar a Puerto Rico, donde se convirtió en fundador de las FALN y posteriormente en dirigente de Los Macheteros (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2006).
Estas organizaciones perpetraron atentados con bombas, asesinatos, robos y otros ataques terroristas en Puerto Rico y en el territorio continental de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Uno de los ataques más notorios fue el atentado con bomba contra Fraunces Tavern, en Nueva York, en 1975, que causó cuatro muertos y más de 50 heridos.
El régimen cubano también proporcionó refugio a William «Guillermo» Morales, uno de los principales fabricantes de bombas de las FALN y fugitivo de la justicia estadounidense, quien continúa siendo uno de varios ciudadanos buscados por las autoridades de Estados Unidos que durante décadas han recibido protección en Cuba (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2025).
Posteriormente, en 1983, miembros de Los Macheteros llevaron a cabo el robo de 7,1 millones de dólares a Wells Fargo en Connecticut, uno de los mayores robos de dinero en efectivo de la historia estadounidense. Víctor Gerena, empleado de Wells Fargo que ejecutó desde dentro una parte fundamental del robo, escapó a través de México y las autoridades estadounidenses consideraron ampliamente que había huido a Cuba, donde permaneció durante décadas fuera del alcance de la justicia de Estados Unidos (Fox, 2011).
Estos casos constituyen ejemplos concretos de que la agenda revolucionaria cubana no se limitó a lejanos campos de batalla de la Guerra Fría. Existe un precedente de que esta agenda llegue a ciudades estadounidenses y amenace directamente la vida de ciudadanos de Estados Unidos en su propio territorio.
Cuba siempre ha estado dispuesta a prestar apoyo a una amplia variedad de movimientos revolucionarios e insurgentes mucho más allá de sus fronteras. Durante las últimas seis décadas, los servicios de inteligencia cubanos han entrenado combatientes, suministrado armas, proporcionado financiamiento y ayudado a coordinar operaciones de grupos guerrilleros de izquierda que buscaban derrocar gobiernos alineados con Estados Unidos.
La Habana también construyó estrechas alianzas de seguridad e inteligencia con regímenes antiestadounidenses y se ha posicionado de manera constante como defensora de causas contrarias a Estados Unidos en foros internacionales, al tiempo que promovía iniciativas respaldadas por la Unión Soviética. Ninguna de estas intervenciones ha sido un episodio aislado ni una coincidencia. Forman parte de una política exterior deliberada orientada a socavar a Estados Unidos y exportar la revolución allí donde surjan oportunidades.
Exportar la revolución: las operaciones de influencia política de Cuba
Los esfuerzos de Cuba por exportar la revolución no se han limitado a movimientos armados o intervenciones militares al otro lado del mundo. Durante décadas, el régimen de Castro también trabajó para difundir sus ideas revolucionarias influyendo sobre estudiantes, activistas, intelectuales y futuros dirigentes políticos.
Un ejemplo de ello ocurrió apenas unos meses después de la llegada de Fidel Castro al poder, cuando visitó la Universidad de Harvard en abril de 1959 por invitación de McGeorge Bundy, principal autoridad académica de Harvard, quien posteriormente se convertiría en asesor de Seguridad Nacional del presidente John F. Kennedy. Durante su visita, Castro habló ante un estadio de fútbol repleto de estudiantes universitarios y les dijo: “Aquí es donde se encuentra el verdadero espíritu militar: en los estudiantes, no en los cuarteles” (Gonzalez & Gorka, 2024, p. 92). La visita demostró que, desde los primeros momentos de la revolución, Cuba consideraba a las universidades estadounidenses como una audiencia importante.
Castro puso esta estrategia en práctica casi de inmediato y, en 1960, apenas un año después de llegar al poder, creó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). El ICAP se presenta como una organización cultural y educativa, pero la Administración Trump lo ha descrito como el principal instrumento del régimen cubano para establecer relaciones con activistas extranjeros, universidades, organizaciones sindicales y movimientos políticos, al tiempo que presta apoyo a actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas.
Mediante intercambios académicos, viajes organizados, conferencias y programas de “solidaridad”, el ICAP ha trabajado durante décadas para construir una red favorable al régimen cubano y capaz de contribuir a la promoción de sus intereses. En junio de 2026, el Departamento de Estado sancionó al ICAP y a su agencia de viajes afiliada, Amistur Cuba S.A., precisamente por estos motivos.
El propósito fundamental del ICAP ha sido construir un movimiento internacional favorable a la Revolución cubana. Según el informe del Departamento de Estado de 2026, la organización dedicó décadas a establecer relaciones con grupos que aceptaban la violencia revolucionaria o buscaban socavar las instituciones estadounidenses, entre ellos el Partido Pantera Negra y Weather Underground.
Cuba llegó incluso a proporcionar a determinados activistas viajes, entrenamiento, apoyo político, refugio y acceso directo a funcionarios cubanos, a cambio de que ayudaran a difundir el mensaje revolucionario del régimen cuando regresaran a sus países (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
La Brigada Venceremos ofrece un buen ejemplo de cómo funcionaba este mecanismo en la práctica. A partir de 1969, miles de estadounidenses viajaron a Cuba bajo la bandera de la solidaridad con la revolución de Castro. Trabajaban junto a cubanos, participaban en programas políticos y conocían el país en los términos definidos por el régimen antes de regresar a Estados Unidos.
Algunos de aquellos participantes terminaron ocupando posiciones de notable influencia en la política estadounidense. Antonio Villaraigosa y Karen Bass, por ejemplo, viajaron a Cuba con la Brigada cuando eran jóvenes activistas. Ambos llegarían posteriormente a convertirse en alcaldes de Los Ángeles (Dovere, 2020). Castro estaba jugando a largo plazo: llevar a Cuba a jóvenes estadounidenses prometedores, cultivar relaciones con ellos y enviarlos de regreso con una visión de la revolución que pudieran trasladar durante décadas a las instituciones estadounidenses.
Estas redes se transformaron con el paso del tiempo y posteriormente contribuyeron a dar forma a nuevas organizaciones y grupos de activistas implicados en períodos de agitación interna en Estados Unidos, incluidos activistas de Antifa, así como otros que organizaron o participaron en las manifestaciones posteriores a la muerte de George Floyd y en las recientes protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Suter, 2026).
La red continúa activa. Un ejemplo actual es la National Network on Cuba, una coalición integrada por más de 60 organizaciones estadounidenses que trabaja con el ICAP y hace campaña contra la política de Estados Unidos hacia La Habana. En junio de 2026, el grupo difundió un plan de respuesta rápida que convocaba manifestaciones frente a edificios federales, instalaciones militares, oficinas de reclutamiento y dependencias de ICE en un plazo de 24 horas ante una acción militar estadounidense, efectiva o prevista, contra Cuba.
Según el Departamento de Estado, el objetivo era hacer que cualquier acción de Estados Unidos contra el régimen cubano resultara “política y materialmente costosa” dentro del propio territorio estadounidense (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
Amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos
El poderío militar de Cuba no es lo que hace peligroso al régimen. Durante décadas, La Habana se ha apoyado en el espionaje, las operaciones de inteligencia, la influencia política y la cooperación con gobiernos extranjeros hostiles para promover sus intereses y socavar los de Estados Unidos. La Administración Trump destacó recientemente estas actividades en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que concluyó que Cuba continúa representando una amenaza persistente para la seguridad nacional estadounidense a pesar de su deterioro económico (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
La disposición de Cuba a recurrir a la fuerza militar no se ha limitado a sus actividades en el extranjero, y existen casos ocurridos mucho más cerca de Estados Unidos que afectaron directamente al país. Uno de los incidentes más graves tuvo lugar el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles desarmadas operadas por Hermanos al Rescate, una organización voluntaria con sede en Miami que realizaba regularmente vuelos para localizar y auxiliar a cubanos que intentaban llegar por mar a Estados Unidos. El ataque causó la muerte de cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos.
El incidente no fue accidental, ya que poco después el gobierno cubano acusó a la organización de participar en operaciones encubiertas contra el régimen (Humayun, 2026). El hecho se convirtió en una de las confrontaciones más importantes de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de la Guerra Fría y contribuyó a la aprobación de la Ley Helms-Burton, que reforzó las sanciones estadounidenses contra el régimen cubano.
Treinta años después, el derribo continúa siendo un capítulo profundamente doloroso y controvertido en la historia de las relaciones entre ambos países (ABC News, 2026). En mayo de 2026, apenas unos meses después del trigésimo aniversario del incidente, las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Raúl Castro y a otros altos funcionarios cubanos en relación con el ataque de 1996 (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2026).
Poco antes de que se anunciara la acusación contra Castro, las tensiones entre Cuba y Estados Unidos ya habían comenzado a intensificarse. En febrero de 2026, guardafronteras cubanos interceptaron cerca de la costa norte de Cuba una lancha rápida registrada en Florida. Las autoridades cubanas afirmaron que la embarcación transportaba a exiliados cubanos armados que intentaban infiltrarse en la isla (Mazzei et al., 2026). El enfrentamiento derivó en un intercambio de disparos que causó la muerte de cinco cubanoamericanos y dejó varios heridos (CBS News, 2026).
Los servicios de inteligencia cubanos también han demostrado repetidamente su capacidad para penetrar algunas de las áreas más sensibles del gobierno estadounidense. Durante las últimas décadas, la inteligencia cubana ha logrado reclutar y dirigir espías que se infiltraron en el Departamento de Estado, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y otras instituciones clave de seguridad nacional, robando información clasificada, comprometiendo operaciones de inteligencia estadounidenses y perjudicando los intereses del país.
Entre los casos más notorios se encuentra el de Ana Belén Montes, quien pasó diecisiete años espiando para Cuba desde su puesto como una de las principales analistas sobre la isla en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Montes transmitió a La Habana información altamente secreta, reveló la identidad de oficiales estadounidenses encubiertos y comprometió operaciones de inteligencia antes de ser arrestada (Bailey, 2023).
Otros casos incluyen el de Walter Kendall Myers y su esposa, Gwendolyn, quienes pasaron cerca de treinta años proporcionando información clasificada a la inteligencia cubana antes de declararse culpables de conspiración para cometer espionaje (Seattle Times news services, 2010); y el del exembajador Víctor Manuel Rocha, quien admitió haber servido secretamente como agente de Cuba durante décadas mientras ocupaba altos cargos en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional e incluso como embajador de Estados Unidos en Bolivia (Bazail-Eimil, 2023).
En conjunto, estos casos dejan pocas dudas de que los servicios de inteligencia cubanos continúan representando una amenaza persistente y capaz para la seguridad nacional de Estados Unidos (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026).
Otra fuente constante de tensión entre Cuba y Estados Unidos es la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, un territorio de importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a su ubicación y a su papel en el apoyo a operaciones militares y de seguridad estadounidenses en el Caribe. El gobierno cubano lleva décadas exigiendo la devolución de la base y sostiene que Estados Unidos no tiene derecho a permanecer allí (CBS News, 2014).
Cuba fue también el lugar donde se reportaron los primeros casos de lo que posteriormente pasó a conocerse como el Síndrome de La Habana. A partir de 2016, diplomáticos, agentes de inteligencia y otros funcionarios gubernamentales y militares estadounidenses destinados en Cuba comenzaron a reportar una serie inexplicable de síntomas neurológicos, entre ellos dolores de cabeza, mareos, problemas auditivos y de equilibrio, dificultades cognitivas y otras complicaciones de salud. Los incidentes llevaron a Estados Unidos a retirar personal de su embajada, reducir su presencia diplomática en la isla e iniciar múltiples investigaciones.
Aunque la causa exacta continúa siendo objeto de debate, numerosos expertos sostienen que resulta difícil imaginar que incidentes de este tipo pudieran producirse contra diplomáticos extranjeros en uno de los Estados policiales más estrechamente vigilados del mundo sin, al menos, el conocimiento de las autoridades cubanas.
La causa sigue sin esclarecerse. Sin embargo, una evaluación de la inteligencia estadounidense de 2025 reveló que dos agencias de espionaje consideran posible que un actor extranjero haya desarrollado o utilizado un arma capaz de provocar estos misteriosos incidentes de salud (De Luce, 2025). Una de las principales teorías sostiene que pudo haberse empleado algún tipo de dispositivo de energía dirigida o microondas, hipótesis basada parcialmente en las operaciones soviéticas documentadas con microondas contra la Embajada de Estados Unidos en Moscú durante la Guerra Fría, que expusieron durante años a personal estadounidense a radiación electromagnética.
Aunque no se han presentado pruebas concluyentes y hasta hoy nadie ha sido responsabilizado, se estima que hasta 1.500 funcionarios estadounidenses, tanto dentro como fuera del país, han sufrido en los últimos años lesiones cerebrales y otros daños asociados con este llamado Síndrome de La Habana, que comenzó a reportarse en Cuba en 2016 y continúa siendo citado como uno de los episodios más inquietantes de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos (Regenstein, 2024).
Cuba también ha utilizado repetidamente la migración como instrumento de presión en su relación con Estados Unidos. El ejemplo más notable fue el éxodo del Mariel de 1980, cuando Fidel Castro abrió el puerto de Mariel y permitió una salida masiva hacia Estados Unidos. A lo largo de varios meses, aproximadamente 125.000 cubanos llegaron a Florida, desbordando los recursos locales y generando un importante desafío político para la Administración Carter.
Castro también utilizó la crisis migratoria para expulsar del país a delincuentes, pacientes psiquiátricos y otras personas consideradas indeseables por el régimen, convirtiendo de hecho una crisis humanitaria en un instrumento político contra Estados Unidos (Carrillo, 2020).
Una crisis similar se produjo durante la crisis de los balseros de 1994, cuando miles de cubanos huyeron de la isla en balsas improvisadas en medio del colapso de la economía, obligando a Estados Unidos a establecer campamentos de emergencia para migrantes en la Bahía de Guantánamo (University of Miami Libraries, s. f.). Olas migratorias semejantes se han producido durante la actual crisis económica cubana, y más de un millón de personas han abandonado la isla desde mediados de 2021 (Rodríguez Granja, 2025).
Debido a que la Isla se encuentra a solo 90 millas de Florida, la inestabilidad en Cuba puede transformarse rápidamente en una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos. Durante décadas, los dirigentes cubanos han comprendido que los grandes flujos migratorios otorgan a La Habana una capacidad de presión sobre Washington que pocos países del hemisferio pueden reproducir o igualar.
El papel de Cuba en el narcotráfico y las redes criminales
El régimen cubano enfrenta desde hace décadas acusaciones de implicación en el narcotráfico internacional. En una evaluación de 1985, la CIA concluyó que Cuba no se limitaba simplemente a hacer la vista gorda ante el tráfico de drogas, sino que ayudaba activamente a los narcotraficantes. El informe sostenía que altos funcionarios cubanos facilitaban operaciones de narcotráfico y que Fidel Castro probablemente tenía conocimiento de esas actividades y las aprobaba.
En algunos casos, Cuba habría proporcionado a los traficantes acceso a sus aguas territoriales, puertos y espacio aéreo, facilitando así el traslado de drogas hacia Estados Unidos y dificultando la labor de las autoridades estadounidenses para interceptarlas (CIA, 1985; Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 1999).
El asunto atrajo todavía más atención en 1989, cuando el gobierno cubano arrestó y ejecutó al general Arnaldo Ochoa, uno de los dirigentes militares más conocidos del país, junto con varias otras personas acusadas de narcotráfico. El régimen cubano presentó el caso como una demostración de su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas, pero persistieron las sospechas acerca de si otros altos funcionarios del régimen conocían estas actividades, y muchos cuestionaron si Ochoa había sido utilizado como chivo expiatorio.
Informaciones más recientes han seguido generando preocupación acerca del crimen organizado y las redes criminales que operan en Cuba y en torno a la isla. Un informe de 2025 describió a Cuba como un facilitador clave en el desarrollo de redes criminales vinculadas al Cartel de los Soles de Venezuela y sostuvo que La Habana ha utilizado sus relaciones con narcotraficantes, servicios de inteligencia y regímenes aliados para ampliar su influencia en todo el hemisferio occidental.
Informes de este tipo refuerzan preocupaciones de larga data en Washington en el sentido de que el régimen cubano ha considerado, en determinados momentos, las redes criminales no solo como una fuente de ingresos, sino también como una herramienta para promover objetivos políticos y de seguridad en toda América Latina (Center for a Free Cuba et al., 2025).
Enfoques anteriores de Estados Unidos hacia Cuba
Durante la Guerra Fría, Washington trató a Cuba como un aliado comunista de la Unión Soviética y como una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Aunque las políticas variaron con el tiempo, sucesivas administraciones mantuvieron el embargo económico estadounidense como base de su estrategia, al tiempo que permitían cierto comercio humanitario, viajes y contactos entre ciudadanos de ambos países. La ruptura más significativa con esta estrategia de larga data se produjo durante la Administración Obama.
En diciembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció una política de normalización con Cuba después de más de cinco décadas de relaciones tensas. Durante los dos años siguientes, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas, reabrió las embajadas, flexibilizó las restricciones sobre los viajes y las remesas, amplió los vínculos comerciales, retiró a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y promovió una mayor interacción entre los estadounidenses y el pueblo cubano (Casa Blanca de Obama, 2014).
Este proceso tuvo lugar después de aproximadamente 18 meses de negociaciones secretas entre Washington y La Habana, facilitadas por el papa Francisco y el gobierno canadiense, e incluyó incluso un intercambio de prisioneros (Labott, 2014).
La Administración Obama sostuvo que décadas de aislamiento no habían logrado alcanzar los objetivos deseados y que abrir Cuba a un mayor flujo de turismo, comercio y relaciones diplomáticas debilitaría al régimen y crearía las condiciones para una reforma política. Eso no ocurrió. El PCC permaneció en el poder, los presos políticos continuaron tras las rejas, la oposición política independiente siguió enfrentando represión y persistieron las restricciones a las libertades de expresión y asociación.
Para empeorar la situación, buena parte del aumento del turismo y la inversión extranjera se canalizó a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, particularmente GAESA, lo que permitió que instituciones vinculadas al régimen se beneficiaran del incremento de los ingresos procedentes del exterior.
El presidente Donald Trump revirtió en gran medida la política de la Administración Obama cuando inició su primer mandato en 2017. Su administración restableció restricciones a los viajes individuales (Lee, 2019), limitó las remesas (Lee & Weissenstein, 2019), restringió los vuelos comerciales a destinos fuera de La Habana (Franck, 2019) y prohibió a viajeros estadounidenses alojarse en cientos de hoteles y otros negocios vinculados al gobierno cubano, al Partido Comunista y a entidades de propiedad militar como GAESA (Woodyard, 2020).
En enero de 2021, durante sus últimos días en el poder, la Administración Trump volvió a designar a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, revirtiendo la decisión adoptada por la Administración Obama en 2015 (Embajada de Estados Unidos en La Habana, 2021). En lugar de considerar el compromiso económico como un catalizador para la reforma, la Administración Trump adoptó una estrategia orientada a incrementar la presión económica y diplomática sobre el gobierno cubano.
La Administración Biden no regresó por completo a la amplia política de normalización impulsada por la Administración Obama, pero avanzó en una dirección similar en varias áreas. Durante su campaña, el presidente Biden prometió revertir las políticas de Trump hacia Cuba. Sin embargo, una vez en el poder, su administración mantuvo en gran medida el marco existente de sanciones, aunque flexibilizó determinadas restricciones de viaje, alivió las limitaciones sobre las remesas, restableció vuelos comerciales adicionales, amplió la tramitación de visados e incrementó el apoyo al emergente sector privado cubano (Hansler & Liptak, 2022; Landay & Spetalnick, 2022).
Estos cambios tampoco produjeron una liberalización política significativa. El gobierno cubano mantuvo el sistema de partido único, continuó reprimiendo la disidencia y fortaleció aún más sus relaciones con adversarios de Estados Unidos, entre ellos Rusia, China e Irán. Mientras tanto, la crisis económica cubana empeoró a medida que se agravaban la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y las protestas nacionales de julio de 2021 fueron respondidas con arrestos masivos.
El deterioro de las condiciones también contribuyó a la mayor ola migratoria de la historia moderna de Cuba, con más de un millón de cubanos —y, según algunas estimaciones, hasta dos millones— que abandonaron la isla desde 2021 (Rodríguez Granja, 2025). Al igual que durante la Administración Obama, los intentos de suavizar la política estadounidense hacia Cuba no se tradujeron en una mayor libertad política ni en un debilitamiento del control del Partido Comunista sobre el país.
Los acontecimientos recientes durante el segundo mandato del presidente Trump reflejan un renovado énfasis en la seguridad nacional dentro de la política estadounidense hacia Cuba. El 29 de enero de 2026, el presidente Trump promulgó la Orden Ejecutiva 14380, declarando que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (La Casa Blanca, 2026).
La orden declaró una emergencia nacional en virtud de la Ley de Emergencias Nacionales e invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), citando la cooperación cubana en materia de seguridad e inteligencia con países como Rusia, China e Irán, su apoyo a organizaciones como Hamás y Hezbolá y su papel en el debilitamiento de los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental. Asimismo, estableció un marco jurídico que permitía a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de países que suministraran directa o indirectamente petróleo a Cuba, allanando el camino para la actual estrategia de Trump de aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano y limitar las fuentes externas de apoyo al régimen (La Casa Blanca, 2026).
Desafortunadamente, estas medidas no han producido un cambio en el comportamiento de la dirigencia cubana. Sin embargo, las acciones de la Administración Trump sí han mostrado cierto efecto, al dificultar que La Habana obtenga el apoyo externo del que ha dependido durante tanto tiempo. México, que se había convertido en el principal proveedor externo de petróleo de Cuba, redujo sus envíos después de que la administración anunciara la nueva potestad arancelaria, restringiendo todavía más el suministro de combustible en la isla (Planas, 2026).
En lugar de emprender reformas políticas o económicas, el régimen ha seguido recurriendo a la represión interna, a un control estatal más estricto y a una cooperación más profunda con países como Rusia, China e Irán. Sin embargo, las políticas de la Administración Trump han incrementado la presión económica sobre el régimen y han dificultado que La Habana obtenga el apoyo externo del que históricamente ha dependido.
En conjunto, estas experiencias sugieren que la futura política de Estados Unidos hacia Cuba debería evaluarse en función de si promueve los intereses estratégicos estadounidenses. La historia también demuestra que la presión resulta más eficaz cuando está vinculada a objetivos estratégicos claros, en lugar de utilizarse como un fin en sí mismo. El enfoque de la Administración Trump es significativo porque no presenta a Cuba únicamente como un problema aislado de política exterior, sino como parte de una disputa más amplia por la seguridad y la influencia en el hemisferio occidental.
Desde esta perspectiva, la presión estadounidense sobre La Habana debería estar vinculada a objetivos concretos: debilitar el control del Partido Comunista sobre la economía y el sistema político, reducir los ingresos disponibles para las instituciones vinculadas al régimen, impedir que potencias hostiles utilicen Cuba como plataforma en las proximidades de Estados Unidos y crear mejores condiciones para una transición democrática y hacia una economía de mercado.
La experiencia de la última década demuestra que una política más blanda, basada en la apertura y el acercamiento con Cuba, no ha producido ni producirá una liberalización significativa. Por el contrario, estos enfoques solo han proporcionado al régimen un margen de maniobra adicional, mientras las estructuras fundamentales de represión permanecen intactas.
Implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos
Estados Unidos no puede permitirse ignorar a Cuba. Se trata de un régimen hostil situado a solo 90 millas de Florida y con un largo historial de actuación sistemática contra los intereses estadounidenses. Durante décadas, La Habana ha respaldado a gobiernos antiestadounidenses, entrenado movimientos revolucionarios, cooperado con adversarios de Estados Unidos y utilizado su ubicación estratégica en el Caribe para resultar útil a Rusia, China, Venezuela y otras potencias hostiles.
Esto importa porque la debilidad de Cuba, incluso ahora que atraviesa uno de sus momentos de mayor fragilidad en décadas, no la convierte en un actor inofensivo. En muchos sentidos, la posibilidad de un colapso puede hacerla más peligrosa, al volver al régimen todavía más dependiente del apoyo externo de potencias extra hemisféricas como Rusia y China. Esos gobiernos no ayudan a Cuba por caridad ni altruismo. Saben que la isla representa un enclave estratégico en el entorno inmediato de Estados Unidos. La cooperación militar rusa, las actividades de inteligencia chinas y cualquier otra forma de apoyo extranjero al régimen cubano procedente de adversarios de Washington generan implicaciones extremadamente serias para Estados Unidos.
La inmigración ilegal masiva constituye otra área de preocupación. Una y otra vez, Cuba ha demostrado que la inestabilidad en la isla puede convertirse rápidamente en un desafío para Estados Unidos. La seguridad fronteriza ha sido una prioridad de la Administración Trump, lo que hace especialmente importante prestar atención a crisis capaces de desencadenar grandes flujos migratorios hacia territorio estadounidense. Cuba tiene precisamente un largo historial de este tipo de episodios. Durante el éxodo del Mariel de 1980, aproximadamente 125.000 cubanos partieron hacia Estados Unidos en cuestión de meses (Carrillo, 2020).
En 1994, durante la crisis de los balseros, miles de cubanos volvieron a intentar huir de la isla por mar, obligando a Estados Unidos a responder a una importante crisis humanitaria y fronteriza (University of Miami Libraries, s. f.). Más recientemente, cifras récord de cubanos han abandonado la isla durante el actual colapso económico (Rodríguez Granja, 2025).
Estas oleadas migratorias son algo más que tragedias humanitarias. La migración puede ser instrumentalizada o utilizada como mecanismo de presión contra la seguridad fronteriza de Estados Unidos, sus sistemas migratorios y sus comunidades locales, principalmente en Florida, pero también en otras partes del país.
El régimen también ha demostrado estar dispuesto a utilizar la fuerza contra estadounidenses y contra personas vinculadas a Estados Unidos. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 (ABC News, 2026) y el reciente incidente de la lancha rápida en 2026 (CBS News, 2026) son dos ejemplos, pero no los únicos. A ello se suma el papel de Cuba en el narcotráfico y en redes ilícitas que trasladan drogas hacia Estados Unidos, lo que añade otra dimensión de preocupación.
Ya sea mediante la cooperación con cárteles o narcotraficantes, relaciones de inteligencia o el uso de su territorio, estas actividades socavan los esfuerzos antidrogas estadounidenses, fortalecen a organizaciones criminales transnacionales y amenazan la seguridad de comunidades y familias en Estados Unidos.
La Administración Trump ya ha adoptado medidas importantes para aumentar la presión sobre el régimen cubano. En 2026, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las sanciones contra GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que domina buena parte de la economía cubana (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026). El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito a GAESA como un instrumento utilizado por la élite política del régimen para enriquecerse mientras mantiene el control sobre la población (Abi-Habib & Gamio, 2026).
La administración también ha ampliado la presión económica sobre entidades vinculadas al régimen (La Casa Blanca, 2026), ha impulsado cargos penales contra el exdirigente cubano Raúl Castro y otros funcionarios (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2026), ha incrementado el escrutinio de las relaciones de Cuba con Rusia, China y Venezuela, y ha endurecido las restricciones sobre los flujos de energía hacia la isla (Planas, 2026). El presidente Trump llegó a declarar que no habría “más petróleo ni dinero para Cuba: ¡cero!” (Wright, 2026).
Es importante destacar que la administración ha insistido en que su campaña de presión está dirigida contra el régimen cubano y no contra el pueblo cubano. En julio de 2026, Estados Unidos lanzó el primer vuelo humanitario hacia Cuba en el marco de una iniciativa de asistencia de 100 millones de dólares impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio. El envío incluía alimentos, suministros médicos y kits de higiene que fueron distribuidos a través de organizaciones independientes, en lugar del gobierno cubano, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegara directamente a la población sin fortalecer al régimen (Reuters, 2026).
Al mismo tiempo que proporciona apoyo humanitario, la administración ha elevado a Cuba a la categoría de prioridad de seguridad nacional, combinando la ayuda al pueblo cubano con una presión aún mayor sobre el régimen. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, describió recientemente a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional y advirtió que China y Rusia están utilizando la isla para recopilar inteligencia cerca de bases militares estadounidenses (Mancini, 2026).
La inusual visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, en mayo de 2026 también funcionó como una advertencia: Ratcliffe presentó exigencias estadounidenses que enviaron un mensaje claro de que la Administración Trump pretendía aumentar la presión sobre el régimen cubano mediante sanciones más severas y mecanismos de responsabilidad penal contra altos funcionarios cubanos (Gazis, 2026).
La campaña de presión se está ampliando más allá de las sanciones. En agosto, Ratcliffe creó además un nuevo grupo de trabajo sobre Cuba, otra señal de la seriedad con que la administración considera actualmente la amenaza procedente de La Habana. El grupo de trabajo está diseñado para permitir a la agencia destinar con rapidez más recursos financieros, personal y tecnología a las operaciones relacionadas con la isla.
La CIA también está incorporando más agentes y analistas especializados en Cuba, buscando divisiones dentro de la élite gobernante cubana y rastreando las finanzas de altos funcionarios del régimen tanto dentro como fuera del país. Pero quizá la señal más clara del cambio sea la nueva jerarquización de la amenaza en Washington.
Según reportes, la Administración Trump ha convertido a Cuba en un objetivo de inteligencia de “Prioridad 1”, colocándola en la misma categoría que China, Rusia e Irán. Otras agencias de inteligencia estadounidenses también están dedicando una atención creciente a la isla, incluido el uso de satélites para obtener una imagen más precisa de lo que ocurre en el país (Entous, 2026). Después de décadas en las que Cuba fue descendiendo en la lista de preocupaciones de Washington, ha vuelto a ocupar una posición cercana a los primeros lugares.
Esta presión ha preocupado claramente al régimen. En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recurrió a una retórica de confrontación militar, advirtiendo que cualquier acción militar estadounidense “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables” (Zegarra & Oppmann, 2026). Sin embargo, a medida que Cuba continúa profundizando sus vínculos con los adversarios de Estados Unidos y sigue generando mayores preocupaciones en materia migratoria, de seguridad y de inteligencia, la presión sobre el régimen es vista cada vez más por los responsables de la política estadounidense como un componente indispensable de una estrategia de seguridad nacional centrada en proteger los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Recomendaciones de política
Cuba debe ser tratada como un frente central en la lucha de Estados Unidos por reafirmar su control sobre el hemisferio occidental. Una dictadura comunista alineada con Rusia, China, Venezuela e Irán constituye una preocupación de seguridad nacional, y no se le debe permitir actuar sin consecuencias a solo 90 millas de nuestro territorio.
Como parte de una estrategia más amplia para el hemisferio occidental, la Administración Trump debería aplicar una política de máxima presión sobre el régimen. Las siguientes recomendaciones ponen en práctica una estrategia más amplia de America First para el hemisferio occidental: negar a las potencias hostiles una posición estratégica cerca del territorio estadounidense, restaurar la primacía estratégica de Estados Unidos en el Caribe, fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y apoyar una transición hacia una Cuba libre y próspera.
1. Estados Unidos debería restablecer una presencia militar estadounidense permanente en el Carine
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el presidente Trump ha identificado el hemisferio occidental como un interés estratégico vital (La Casa Blanca, 2025). El Departamento de Guerra debería asignar administrativamente al Comando Sur de Estados Unidos fuerzas navales, de la Guardia Costera, de inteligencia, aéreas, cibernéticas y de operaciones especiales dedicadas de manera permanente, en lugar de depender de despliegues temporales procedentes de otros comandos combatientes.
Después de todo, el actual Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) fue conocido originalmente como Comando del Caribe porque entonces, antes de que la atención estratégica se desplazara hacia otras regiones, el Caribe era considerado nuestra tercera frontera. Los desafíos actuales demuestran que Estados Unidos necesita una presencia militar permanente en el Caribe capaz de vigilar las actividades que se originen en Cuba o transiten a través de ella, seguir las operaciones chinas y rusas, interrumpir el narcotráfico, proteger los accesos marítimos y aeroespaciales al territorio nacional, responder rápidamente a crisis regionales y disuadir a potencias hostiles de ampliar su presencia militar y de inteligencia cerca de Estados Unidos.
El Congreso debería reforzar posteriormente esta política autorizando los recursos necesarios y codificando requisitos mínimos de fuerzas para SOUTHCOM, a fin de garantizar su continuidad durante futuras administraciones. Esto aseguraría que el comando disponga siempre de los recursos necesarios para defender los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental y responder con rapidez a las amenazas en nuestro entorno inmediato.
Esto no significa que Estados Unidos necesite construir grandes bases permanentes en Cuba o en otros lugares del Caribe. Más bien, podría limitarse a ampliar acuerdos de acceso, derechos de sobrevuelo y emplazamientos de seguridad cooperativa con socios confiables, a medida que continúen surgiendo en la región gobiernos afines interesados en estrechar los vínculos de seguridad con Estados Unidos. Ello permitiría a las fuerzas estadounidenses desplazarse de manera rápida y eficiente sin necesidad de mantener una gran presencia en cada país.
Si el hemisferio occidental es tan importante para la seguridad estadounidense como Washington afirma ahora, SOUTHCOM no debería verse obligado a operar con recursos y medios temporales o residuales. El entorno inmediato de Estados Unidos merece una presencia de seguridad permanente.
2. Ampliar las designaciones por terrorismo contra el régimen cubano
La Administración Trump ya ha designado a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo (Congressional Research Service, 2025). Ahora debería ordenar al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Comunidad de Inteligencia que evalúen si el PCC, GAESA u otras organizaciones controladas por el régimen cumplen los cuatro criterios establecidos por la legislación estadounidense para ser designadas Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Esa revisión debería examinar las pruebas sobre su participación en actividades terroristas, su apoyo o facilitación de estas, la violencia política, la represión, los ataques contra civiles inocentes y la asistencia a actores hostiles, y determinar si se cumplen los umbrales jurídicos aplicables. El PCC no debería ser tratado como si fuera simplemente otro gobierno autoritario. Se trata de un régimen hostil que ha respaldado a actores violentos, protegido a fugitivos de la justicia estadounidense, trabajado con adversarios de Estados Unidos y contribuido a sostener redes antiestadounidenses en todo el hemisferio.
La administración puede extraer lecciones de los marcos agresivos e interinstitucionales utilizados contra los cárteles mexicanos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hezbolá, Hamás, los hutíes y otras redes hostiles. Su utilidad reside en la posibilidad de combinar las facultades antiterroristas con sanciones financieras, procesos penales, leyes contra el apoyo material, restricciones de visado, bloqueo de activos, herramientas de inteligencia y cualquier otra autoridad legal disponible para aislar al régimen y desmantelar las redes que lo mantienen en el poder.
3. Exponer y expulsar de Cuba a los adversarios de Estados Unidos
La administración debería convertir el fin de la cooperación militar, de inteligencia, cibernética y de vigilancia de Cuba con China, Rusia, Irán y cualquier otra potencia hostil que opere en la isla en una condición no negociable para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Las instalaciones chinas de recopilación de inteligencia deberían ser clausuradas, la cooperación militar rusa debería terminar y toda operación de inteligencia extranjera dirigida contra Estados Unidos debería ser desmantelada y retirada inmediatamente.
La administración debería establecer parámetros claros y verificables para estas acciones e imponer consecuencias crecientes cuando La Habana no los cumpla. Los Departamentos de Estado, Guerra, Tesoro y Comercio, junto con la Comunidad de Inteligencia, deberían coordinar una campaña sostenida destinada a identificar, exponer públicamente e interrumpir las actividades militares, de inteligencia, cibernéticas y de doble uso chinas, rusas, iraníes y de otros actores hostiles que operen desde Cuba.
Sobre la base de los informes exigidos por el Congreso acerca de las actividades rusas y chinas en Cuba (Gertz, 2026), la administración debería publicar periódicamente evaluaciones públicas y no clasificadas sobre la amenaza que representa la actividad extranjera hostil en la isla. Siempre que sea posible, estas evaluaciones deberían documentar las actividades militares, de inteligencia, de infraestructura y económicas extranjeras en Cuba, de modo que los aliados, socios y el pueblo estadounidense comprendan el alcance total de la amenaza.
Hasta que estas actividades hayan sido terminadas de manera verificable, Estados Unidos debería continuar imponiendo costos diplomáticos, económicos y de inteligencia tanto al régimen cubano como a los gobiernos extranjeros responsables. No debería tolerarse ninguna presencia militar o de inteligencia hostil cerca del territorio estadounidense.
4. Impedir que Cuba coopere con los adversarios de Estados Unidos
La administración debería exigir que Cuba ponga fin a todas sus operaciones de seguridad en el extranjero. Debería retirar inmediatamente a su personal militar, de inteligencia y de seguridad de Venezuela, Nicaragua y de cualquier otro país donde contribuya a mantener en el poder a gobiernos autoritarios.
La Habana ha pasado décadas exportando represión e inestabilidad por todo el hemisferio. Estados Unidos debería dejar claro que, mientras no haya terminado cada despliegue cubano de seguridad en el extranjero, no solo no habrá alivio de sanciones, ampliación del compromiso diplomático ni esfuerzos de normalización, sino que todas las opciones militares permanecerán sobre la mesa.
El cierre total de todas las instalaciones chinas de inteligencia de señales (SIGINT), junto con el fin de la cooperación de inteligencia asociada, debe constituir una condición previa para cualquier normalización. Si Cuba se niega, Estados Unidos debería seguir reforzando las sanciones selectivas, ampliando la recopilación de inteligencia, exponiendo públicamente las actividades malignas cubanas y extranjeras e interrumpiendo las redes financieras y de seguridad que las sostienen.
La administración también debería continuar trabajando para cortar las redes extranjeras financieras, de inteligencia y de seguridad que permiten a Cuba respaldar a gobiernos autoritarios en todo el hemisferio.
5. Fortalecer la contrainteligencia estadounidense frente a Cuba
La administración debería ordenar al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Comunidad de Inteligencia que otorguen mayor prioridad de contrainteligencia a las actividades de la inteligencia cubana dentro de Estados Unidos. Durante décadas, el régimen cubano ha utilizado el espionaje y las operaciones de influencia para recopilar información, reclutar fuentes, penetrar instituciones estadounidenses y promover sus intereses en detrimento de los de Estados Unidos.
Como concluyó recientemente la Administración Trump, estas actividades siguen constituyendo una preocupación activa para la seguridad nacional (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2026). La administración debería evaluar si las actuales capacidades de contrainteligencia reflejan adecuadamente el alcance y la sofisticación de la amenaza cubana y corregir cualquier deficiencia que sea identificada.
Esto debería incluir la ampliación del intercambio de inteligencia entre agencias federales, una mejor coordinación de las investigaciones relacionadas con la inteligencia cubana, la asignación de recursos adicionales de contrainteligencia para vigilar sus actividades, un escrutinio riguroso de los programas de intercambio e influencia patrocinados por el gobierno cubano y la investigación y desarticulación agresivas de las operaciones de inteligencia cubanas dirigidas contra Estados Unidos.
6. Romper el control del Partido Comunista sobre Cuba
La Administración Trump debería dejar claro que no habrá una verdadera normalización con Cuba hasta que el régimen renuncie a su control sobre la economía del país. El primer paso debe ser el desmantelamiento de GAESA. Sus hoteles, bancos, puertos, cadenas minoristas y otras empresas estatales deberían ser retirados del control militar y vendidos mediante subasta pública u otro proceso abierto y transparente de privatización, administrado por Estados Unidos y con salvaguardias destinadas a impedir que antiguos funcionarios del régimen y otros actores políticamente conectados adquieran un control desproporcionado.
El objetivo debería ser construir una verdadera economía de mercado en la que los cubanos puedan poseer empresas capaces de generar riqueza. Los cubanos, los exiliados cubanos y las empresas estadounidenses deberían poder invertir en la reconstrucción de la isla, pero gobiernos hostiles como China, Rusia e Irán deberían tener prohibido adquirir activos estratégicos.
Lo mismo se aplica al PCC. Sectores estratégicos como los puertos, las telecomunicaciones, la infraestructura energética, los aeropuertos y las redes logísticas críticas nunca deberían quedar bajo el control de gobiernos extranjeros hostiles ni de sus empresas estatales. Mientras estos actores controlen la economía, los tribunales, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y todas las principales instituciones del país, Cuba nunca será libre. Cualquier camino hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos debería exigir el desmantelamiento tanto de GAESA como del Partido Comunista y su sustitución por instituciones democráticas, elecciones libres y una economía de mercado competitiva.
7. Aumentar la presión económica
La Administración Trump ha demostrado que está dispuesta a asfixiar la economía cubana. Esa presión debería seguir aumentando con el objetivo de privar de recursos al régimen y a las instituciones que lo sostienen, al tiempo que aumenta la capacidad de presión para lograr reformas políticas, y no confiando únicamente en las penurias económicas para forzar la salida del PCC del poder.
Las sanciones contra GAESA, los altos funcionarios del Partido Comunista y todas las empresas controladas por el régimen que mantienen viva la dictadura deberían ampliarse. Estados Unidos debería ir aún más lejos e imponer duras sanciones secundarias a bancos, empresas y gobiernos extranjeros que continúen haciendo negocios con el régimen o manteniéndolo a flote, ya se encuentren en China, Rusia, Venezuela, Canadá, México o cualquier otro lugar.
Los Departamentos de Estado, Tesoro y Comercio también deberían publicar informes periódicos que identifiquen a los bancos, empresas y gobiernos extranjeros que continúen financiando o facilitando negocios con el régimen cubano. Exponer públicamente estas redes aumentará el costo económico y reputacional de apoyar a La Habana.
Ningún país debería poder contribuir a sostener esta dictadura comunista que busca perjudicar a Estados Unidos. El mensaje es sencillo: no habrá un alivio significativo de las sanciones hasta que Cuba celebre elecciones libres y justas, libere a todos los presos políticos, legalice los partidos de oposición, proteja una prensa libre y comience una transición hacia una economía de mercado. Cuba nunca será readmitida plenamente en la comunidad democrática y económica de las Américas mientras el PCC permanezca en el poder.
8. Exigir elecciones libres y una auténtica reforma democrática
La administración debería dejar claro que no habrá normalización de las relaciones hasta que Cuba celebre elecciones justas, libres y supervisadas internacionalmente. La administración debería anunciar públicamente esta política y comunicarla de manera sistemática, dejando claro que no habrá alivio de sanciones ni una normalización más amplia hasta que se cumplan estas condiciones.
Para que ello ocurra, Cuba deberá legalizar los partidos de oposición, liberar a todos los presos políticos, restablecer un poder judicial independiente y avanzar hacia la protección de las libertades de expresión, religión y prensa. Cada paso hacia unas mejores relaciones debería estar vinculado a reformas democráticas medibles y visibles.
Cualquier intento del régimen de ofrecer reformas superficiales manteniendo al PCC en el poder debe considerarse inaceptable. Estas reformas incluyen una reforma constitucional, porque una normalización a largo plazo no puede producirse mientras siga vigente la actual Constitución comunista de Cuba.
Cualquier futura Constitución debería ser redactada por el pueblo cubano mediante un proceso libre y democrático y aprobada en un referendo nacional. Como mínimo, debería garantizar elecciones libres, separación de poderes, un poder judicial independiente, sólidas protecciones de la propiedad privada, libre empresa, libertad de expresión y religión, y salvaguardias constitucionales que impidan el regreso del PCC. Si el régimen se niega, la administración debería redoblar la ampliación de sanciones y la presión diplomática hasta que se produzca un cambio real.
9. Exigir responsabilidades por los abusos del pasado
Como parte de cualquier proceso de normalización, el gobierno cubano debería estar obligado a adoptar medidas concretas y verificables para abordar décadas de represión política y abusos de derechos humanos. Como mínimo indispensable, La Habana debería estar obligada a devolver a todos los fugitivos reclamados por Estados Unidos y cooperar plenamente con las solicitudes de extradición pendientes; liberar inmediatamente a todos los presos políticos; cerrar las prisiones y centros de detención utilizados para encarcelar a disidentes políticos o críticos del régimen; y abrir los archivos del Partido Comunista, del Ministerio del Interior y de los servicios de inteligencia cubanos para que las víctimas y sus familiares puedan conocer la verdad sobre décadas de represión.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras organizaciones de vigilancia vecinal utilizadas para controlar e intimidar a los cubanos comunes deberían también ser desmantelados como parte de cualquier transición democrática. Los exiliados cubanos y sus descendientes deberían tener igualmente garantizado el derecho a recuperar su ciudadanía, obtener pasaportes cubanos y acceder a archivos gubernamentales y documentos de propiedad que les pertenezcan a ellos o a sus familias.
10. Ayudar a romper el monopolio informativo del régimen cubano y modernizar la ofensiva informativa de Estados Unidos contra el régimen
El Partido Comunista se ha mantenido en el poder durante décadas, en gran medida, porque ha controlado lo que los cubanos pueden leer, ver, escuchar y decir. Esto debe terminar de una vez por todas. Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo herramientas como Radio Martí y TV Martí para desafiar ese monopolio y proporcionar al pueblo cubano noticias e información sin censura que el régimen se niega a permitir (Congressional Research Service, 1994).
La Administración Trump hizo bien en combatir el despilfarro y la ineficiencia de estos programas, pero su misión esencial sigue siendo importante. En lugar de limitarse a restaurar el antiguo modelo, la administración debería preservar los aspectos de estos programas que fueron eficaces y sustituir los obsoletos por una iniciativa informativa más ágil y centrada prioritariamente en lo digital, diseñada específicamente para llegar al pueblo cubano a través de redes sociales, podcasts, plataformas móviles, tecnologías contra la censura y otras herramientas que resulten más difíciles de bloquear por el régimen.
La administración también podría ampliar el apoyo a comunicaciones seguras, tecnologías contra la censura, iniciativas de libertad digital y organizaciones independientes de la sociedad civil que expongan la corrupción del régimen y contrarresten la propaganda del Partido Comunista. La Administración Trump ha trabajado intensamente para reducir el gasto en programas ineficaces de ayuda exterior y podría redirigir parte de esos ahorros hacia comunicaciones estratégicas que promuevan directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Facilitar el acceso a información veraz será mucho menos costoso que afrontar las consecuencias de un régimen comunista más fuerte respaldado por China, Rusia, Irán y Venezuela. El dinero invertido en debilitar a uno de los adversarios más antiguos de Estados Unidos, situado a solo 90 millas de nuestras costas, es dinero bien empleado.
11. Exigir que Cuba se incorpore al marco de seguridad hemisférica liderado por Estados Unidos
Si Cuba quiere normalizar sus relaciones con Estados Unidos y con buena parte del resto del hemisferio, primero debe demostrar que está dispuesta a contribuir a la seguridad regional en lugar de socavarla. Como primer paso, la administración debería exigir que Cuba ponga fin a todo apoyo al narcotráfico, a la cooperación de inteligencia hostil y a la subversión regional.
Un gobierno cubano de transición o democrático debería reanudar posteriormente la cooperación antidrogas y policial con Estados Unidos y con socios democráticos de todo el hemisferio. A medida que esa cooperación se desarrolle y Cuba demuestre su fiabilidad como socio regional de seguridad, la participación formal en iniciativas como la Coalición Estadounidense contra los Cárteles (ACCC) (Departamento de Guerra de Estados Unidos, 2026) debería convertirse en una condición para una normalización más profunda.
Durante 67 años, Cuba ha apoyado y facilitado las actividades de muchos de los mismos actores criminales y autoritarios que amenazan la seguridad en todo el hemisferio. No solo debería esperarse que Cuba deje de formar parte del problema, sino también que contribuya a encontrar una solución para poder beneficiarse de unas relaciones normalizadas.
12. Mantener sobre la mesa todos los instrumentos legales del poder estadounidense
Finalmente, la administración debería continuar utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, entre ellas la diplomacia, el poder militar, la inteligencia, los instrumentos financieros, las fuerzas del orden, las capacidades cibernéticas, las comunicaciones estratégicas, los controles de exportación y las sanciones.
Cuba nunca debería creer que puede cooperar con los adversarios de Estados Unidos sin sufrir consecuencias. Aunque la fuerza militar debe seguir siendo siempre el último recurso, la administración no debería descartar ninguna opción legal que sea necesaria para proteger el territorio nacional, eliminar de Cuba capacidades militares o de inteligencia extranjeras hostiles, o defender a los ciudadanos y los intereses estadounidenses. Estados Unidos debe dejar claro que ninguna opción está excluida.
Conclusión
Cuba está entrando en uno de los períodos más inciertos de su historia moderna. El régimen se encuentra sometido a presiones desde todos los frentes. Su economía está colapsando, su población disminuye, sus aliados son más débiles que en el pasado y millones de cubanos han perdido la esperanza de que la situación vaya a mejorar. Sin embargo, una Cuba más débil no significa automáticamente un hemisferio occidental más seguro. La historia demuestra que los regímenes autoritarios sometidos a presión suelen volverse más impredecibles, más represivos y más dependientes del apoyo externo, a menudo procedente de potencias extranjeras hostiles.
Para Estados Unidos, Cuba no es simplemente otro asunto de política exterior. Es una dictadura comunista situada a menos de 100 millas de nuestras costas que continúa colaborando con los adversarios de Estados Unidos, alimentando la inestabilidad en la región y generando desafíos que terminan alcanzando nuestras propias fronteras. Ignorar estas realidades no hará que desaparezcan.
La Administración Trump ya ha comenzado a cambiar de rumbo al restablecer la presión sobre el régimen y tratar el hemisferio occidental como una prioridad central de seguridad nacional. Ese enfoque debería continuar con el objetivo de privar al régimen del dinero, las alianzas y el margen de acción de los que ha dependido durante décadas, al tiempo que se deja claro que existe un camino hacia un futuro diferente si Cuba decide emprenderlo.
El objetivo es sencillo: expulsar de Cuba a los adversarios de Estados Unidos, romper el monopolio del poder del Partido Comunista, restablecer elecciones libres y una economía de mercado, y garantizar que la isla nunca vuelva a ser utilizada como plataforma para amenazar a Estados Unidos. Una Cuba libre, estable y democrática beneficiaría no solo al pueblo cubano, sino también a la seguridad y la prosperidad de todo el hemisferio occidental.
* Informe de investigación de la Iniciativa para el Hemisferio Occidental, 19 de agosto de 2026 (Traducción de Hypermedia Magazine).
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