La monarquía republicana

La república democrática más vieja del mundo cumplió 250 años. Su carta fundacional, varios años antes de la constitución que todavía la rige, es la Declaración de Independencia que redactara Thomas Jefferson y que firmaran al pie un grupo de americanos notables, los cuales de ese modo hacían manifiesta su intención de separarse de Gran Bretaña y de su rey, del cual eran súbditos, para emprender un nuevo experimento: una ruta por la que, hasta entonces, no había transitado nadie (con la posible excepción de los Países Bajos cuando se rebelaron contra la tutela de España en el siglo XVI).

Al firmarse esa declaración, el 4 de julio de 1776, la guerra de Independencia ya había durado un año. Comenzó en el verano de 1775 cuando los rebeldes americanos se enfrentaron a las tropas británicas entre Lexington y Concord, Massachussets. Era una revuelta bastante espontánea y popular, surgida de los agravios aducidos por los colonos a quienes el Parlamento de Westminster les imponía impuestos sin que tuvieran representación en ese cuerpo legislativo, pero todavía subsistía, en muchos de ellos, la lealtad raigal hacia el rey, al que aun tenían por árbitro de los derechos.

En un libro extraordinariamente novedoso y lúcido, publicado en 2014, The Royalist Revolution, Eric Nelson propone y prueba que la revolución americana no se libró contra la “tiranía” del rey, como cuentan muchos libros de historia, sino en defensa de la prerrogativa real y en contra del Parlamento que, hacía más de cien años para entonces, había constreñido esa prerrogativa. Algunos de los colonos revolucionarios llegaron a contemplar la idea de invitar a Jorge III a cruzar el Atlántico y convertirse en el líder natural de sus territorios americanos, en abierto desafío a la institución parlamentaria.

Desde luego, el monarca británico, ya sometido a todas las restricciones constitucionales, no estaba en capacidad de aceptar semejante invitación y la ruptura de las Trece Colonias norteamericanas con Gran Bretaña se hizo inevitable, a lo que siguió la guerra que duró otros siete años. Sin embargo, los americanos, al parecer, desconfiaban de un poder colegiado y optaron por la fórmula presidencialista en que, al margen del Congreso, el Presidente, que sería desde luego el jefe del Estado, estaría investido de más amplios poderes que el rey de Inglaterra.

Esos poderes quedarían consagrados en la Constitución de 1787 que, con una veintena de enmiendas, se mantiene hasta el día de hoy. De manera que cuando los defensores de Donald Trump afirman que las despóticas medidas del presidente, que parecen transgredir todos los límites respetados por sus predecesores, se atienen al marco constitucional, están diciendo la verdad. 

El régimen salido de la revolución de las Trece Colonias invistió de inmensos poderes a su primer magistrado, comparables con los que disfrutaban los reyes ingleses antes de la guerra civil que terminó con la deposición y ejecución de Carlos I, solo que, a lo largo de más de dos siglos, ningún presidente —si pasamos por alto algunas excentricidades de Andrew Jackson— intentaría llevar hasta el límite esas atribuciones, dando lugar —conforme a la tradición anglosajona— a una suerte de derecho consuetudinario. Es decir, que se afianzaba en la costumbre, no en la letra de la ley. 

Sucedió lo mismo con la reelección presidencial. La Constitución no prescribía límites a las veces que un presidente podía reelegirse, pero, por bastante más de un siglo, ninguno intentó ir más allá de un segundo período. Esto cambió cuando Franklin D. Roosevelt fue electo cuatro veces consecutivas sin que tal cosa constituyera una infracción, lo cual dio lugar a la XXII Enmienda que restringe el mandato presidencial a dos períodos, ya sean consecutivos o alternos.

Los revolucionarios americanos no le temían tanto a un gobierno fuerte como a la anarquía que podía generarse en la unión de trece colonias con diferentes cultos e ideologías, por lo cual concibieron un poder ejecutivo con bastante latitud, aunque sujeto a los otros poderes del Estado. De ahí por qué, afirma Nelson en la obra ante citada, “en un lado del Atlántico habría reyes sin monarquía; en el otro, monarquía sin reyes”.






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Fueron sus subordinados más fieles los que recibieron la orden de eliminar a Ramiro Valdés. Con la complicidad de su propia familia.

Por Orlando Luis Pardo Lazo